Por la espada o por la deuda

 

La dupla que administra la economía nacional, Luis Caputo y su socio en la Consultora Anker Latinoamérica, Santiago Bausili, no consigue dólares de ninguna manera, el fracaso del Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales) por el que pensaban que ingresarían al sistema financiero argentino unos 2.000 millones de dólares antes del 30 de septiembre de 2024 no está dando los resultados esperados, cuando a fines de agosto los dólares depositados en las cuentas especiales abiertas a tal efecto no alcanzan los 100 millones de dólares, y demuestra que los residentes argentinos que tienen capitales fugados por 448.184 millones de dólares según el INDEC [1] no confían en el gobierno de Milei.

El cuadro se agrava sideralmente cuando existen importantes vencimientos de deuda hasta fin de año (al 31 de enero de 2025 vencen títulos de deuda por 4.500 millones de dólares y hasta el fin del mandato de Milei, en diciembre de 2027, los vencimientos de la deuda suman 65.397 millones de dólares).

La Argentina fue calificada por el JP Morgan con una tasa de riesgo país en torno a los 1.500 puntos, cuando a Brasil le confieren una tasa de riesgo país de 200 puntos, a Paraguay de 180 puntos, y a Perú, Chile y Uruguay por debajo de 150 puntos. El presidente del JP Morgan en la región es Facundo Gómez Minujín, que es a su vez el presidente de la Cámara de Comercio Estados Unidos-Argentina (AmCham). En su página oficial, AmCham dice que la conforman 622 empresas, que emplean directamente a 360.000 personas y que representan el 18,6% del PBI, que abonan el 38% de la recaudación fiscal, que significan el 24% de las importaciones y el 28% de las exportaciones. Lo que no dicen, pero es obvio, es que en todas ellas son socios o los financian los grandes fondos de inversión con sede en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Es más, los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock y Vanguard.

Teóricamente, esos fondos que tienen su casa central en los Estados Unidos han contratado más de una vez a Anker Latinoamérica para que los asesore en la región, y que debe ser la razón por la cual sus socios-dueños administran las finanzas públicas del país.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quién viajó el lunes 15 de julio de 2024 a Nueva York para tratar de tranquilizar a los fondos de inversiones, de pensión, bancos, compañías de seguro, etc., que tienen bonos argentinos y miran con preocupación la dificultad del gobierno de sumar reservas para pagar esas tenencias, dijo allí:

• Que el crawling peg (devaluación a los saltos) iba a ser del 2% o 3% mensual, siempre menor que la inflación medida por el IPC del INDEC, dado que la mayoría de los títulos de deuda en pesos están ajustados por esa tasa.
• Que el BCRA iba a vender dólares en el Contado Con Liqui (CCL) a cambio de los títulos de deuda.
• Y reconoció, en gráficos y tablas que no presenta el BCRA en nuestro país, que al realizar ambas operaciones reseñadas, para fin de año, las reservas netas del Central son negativas en 3.300 millones de dólares.

El día 27 de agosto de 2024, Valdimir Werning volvió a hablar en inglés, esta vez en el Consejo Empresarial (The Business Council [2]) en Washington y sostuvo que apuntan a remover las restricciones cambiarias sin un salto devaluatorio y a que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón”.

Que están trabajando en acortar los plazos para el pago de las importaciones, en reducir desde el 2 de septiembre de 2024 el Impuesto PAIS (del 17,5% a 7,5%) para importaciones y fletes, a la vez que resulta indispensable aumentar la tasa de inversión y que lo debe hacer el sector privado, principalmente las grandes inversiones (RIGI mediante [3]).

Y a pesar de que reconoció que el Estado nacional no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda, afirmó que se compensa para las empresas por “los sólidos balances corporativos que mantienen un acceso fluido al financiamiento externo”.

Es claro que el gobierno sigue apostando a la deflación con el esquema ortodoxo fiscal (tener superávit primario, aunque se frene la obra pública, se reduzcan o quiten subsidios a la energía y al transporte, se le pague una miseria a los jubilados y pensionados, etc.) y monetario (emitir lo menos posible) e interviniendo en el mercado cambiario para bajar los dólares libres. Pero también es más que claro que la caja en divisas que tiene el Banco Central es exigua. Si no hay ingreso de más dólares, ¿cuán negativas podrían resultar las reservas netas del BCRA a fin de este año 2024?

Se genera una dicotomía entre los fuertes vencimientos de deuda y la falta de financiamiento, que explica la preocupación del mercado financiero y que es el fundamento por el que la tasa de riesgo país siga en la zona de los 1.500 puntos. Con ese nivel de riesgo, que marca la sobretasa que debe pagar la Argentina para conseguir financiamiento, al gobierno se le hace difícil, por no decir imposible, conseguir dólares. Está atado a que los bonistas (y los principales son los de los Estados Unidos) refinancien sus vencimientos.

Y solo lo harán si pueden cambiar sus acreencias por activos y recursos naturales que la Argentina tiene en abundancia y que le hace decir al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc R. Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.

Esos grandes capitales estadounidenses ya tienen en la Argentina las leyes y decretos reglamentarios para cambiar los títulos de deuda por nuestros activos y nuestros recursos naturales.

Ejemplo de lo que decimos: el Instituto Baker de la Universidad Rice, el principal centro de estudios sobre hidrocarburos a nivel mundial, que fue creado en 1993 por el republicano James Baker, ex jefe de Gabinete y ex secretario del Tesoro y de Comercio durante las presidencias de Ronald Reagan y George H. Bush (padre), organizó una reunión a mediados de agosto de 2024 en Houston, Estados Unidos, con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. También se hicieron presentes Sergio Tomás Massa y Horacio Rodríguez Larreta, a quienes, en el año 2023, Marc R. Stanley les pidió que se unieran en una sola fórmula electoral. La pregunta obligada es: ¿a qué fueron?, ¿qué se trató?, y lo más importante, ¿qué se acordó?

Rusia, que es miembro del protocolo de estudio de 1959 de la Antártida y ha llevado a cabo programas de mapeo y sondeo de la geología antártica, tanto terrestre como submarina, indica que sus navíos de investigación habrían descubierto en el polo sur reservas de hidrocarburos equivalentes a 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad aproximadamente diez veces mayor que la producción total del Mar del Norte en cincuenta años. Estudio que comunicó BRICS News, el canal oficial del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Según el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección al Medioambiente, firmado en 1959 por los siete países que reclaman territorio propio sobre la Antártida (Argentina, Chile, Nueva Zelandia, Australia, Reino Unido, Francia y Noruega), más Estados Unidos, Bélgica, Japón, Sudáfrica y Rusia, está prohibida cualquier tipo de explotación sobre minerales, no así la investigación científica. Ese tratado vence en el año 2048.

 

 

En síntesis

En el complejo marco descripto, la Argentina es deudora con los “bonistas” y con el FMI de una deuda no investigada. ¿Cómo puede ser que la deuda bruta pase de 222.703 millones de dólares de diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024 y no se informe en qué se gastó? Un gobierno que dice creer en el libre mercado apátrida acepta la deuda dejada por Cambiemos y por el Frente de Todos, convirtiendo en deuda pública (bonos del Tesoro de la Nación) el déficit fiscal de 2023 y las Leliq y demás pasivos remunerados del BCRA.

Por supuesto, dicha deuda es funcional a los acreedores que van a emplear esos títulos al 100% de su valor nominal, aunque la cotización de mercado es en torno al 55-60% de su valor, para considerarlo capital del RIGI.

Y esa es la fortaleza de este gobierno, que ya ha perdido respaldo de la población y de los empresarios locales que venden en el mercado interno, ante un consumo global que decrece día tras día. Población que ahora sí percibe que el ajuste fiscal y económico no es para equilibrar las cuentas o la macro economía, sino para que queden saldos para pagar los servicios de la deuda y que se reduzca el mercado interno para aumentar los saldos exportables. El hambre y la depresión económica son objetivos buscados por el gobierno de Milei.

Por eso, en la ley 27.742 y en el decreto reglamentario de la ley, que se hizo por partes, y el viernes 23 de agosto de 2024 mediante el decreto 749/2024 la reglamentación del RIGI, priorizan las ventas al exterior de nuestros recursos naturales (agua, petróleo, gas, oro, hierro, minerales raros, litio, etc.) sin obligación de autoabastecer el mercado interno e incluso se le da la prioridad a la utilización de dichos recursos naturales al emprendimiento constituido en VPU (Vehículos de Proyecto Único), donde la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía de la Nación.

Para pagar una deuda que no se sabe a ciencia cierta cómo se generó y a quiénes benefició y beneficia, se le miente a la población sobre la necesidad de que vengan los capitales a explotar nuestros recursos, que no le pertenecen a esta administración, sino al pueblo argentino y especialmente a las generaciones venideras, al futuro de la patria.

Eso sí, una vez apropiados de todo, la tasa de riesgo país va a descender, y pasaremos de bandera de remate a bandera blanca, como afirmaba John Adams, Presidente de los Estados Unidos entre 1797 y 1801: “A los pueblos se los domina por la espada o por la deuda”.

 

 

 

 

[1] "Posición de inversión internacional de residentes argentinos", P. 24,  Cuentas Internacionales, Vol 8, N.º 2 Primer Trimestre 2024, INDEC. A su vezm la exteriorización de activos en el “blanqueo” del gobierno de Macri fue de 116.800 millones de dólares y permitió que ingresaran al país 9.522 millones de dólares.

[2] El Consejo Empresarial es una asociación de los directores ejecutivos de las empresas comerciales más importantes de los Estados Unidos, conformada por 200 miembros. La membresía es personal, no corporativa, y sólo se puede obtener por invitación.

[3] Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que hace que principalmente la minería y el petróleo, que están operados por grupos concentrados locales y del extranjero, gocen de un sistema impositivo y laboral totalmente separado del resto del país. Un enclave en la Argentina que no está obligado a liquidar las divisas que obtengan de sus exportaciones a partir del quinto año, y cuentan con estabilidad fiscal por 30 años.

 

 

 

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