Por la canaleta de la soja

 

En el gobierno nacional creen que con palos y zanahorias podrán domar al poder económico, convencerlo de que no habrá una devaluación en lo inminente y que si todes juntes van de la mano se podrá llegar al invierno de 2023 con el gasoducto Néstor Kirchner en funcionamiento. Ganar tiempo es lo más heterodoxo que puede conseguirse en el paño de la política local. Un integrante del equipo económico lo graficó de la siguiente manera: “Todos atrás y Dios de nueve (en otros tiempos hubiera sido Avanti Morocha)”. Dios, en este caso, sería el gasoducto que le permitirá al país ahorrar miles de millones de dólares en importaciones energéticas. El tema nodal en esta historia es que el gobierno carece de los palos. Sale al ruedo a pura zanahoria. Y el poder económico lo sabe.

Previo a que se implementara el dólar soja, el equipo económico de Sergio Massa había acordado de palabra con las empresas nucleadas en la CIARA-CEC, es decir las grandes exportadoras e industrializadoras de cereales y oleaginosas, que durante 60 días dejarían de operar a través del contado con liquidación o dólar MEP, dos mecanismos para dolarizar excedentes y sacar el dinero fuera del país. Con este núcleo de poder, nunca es un pacto de caballeros.

Las operaciones fuertes a través del CCL y MEP fueron advertidas el miércoles 14 de septiembre. Tras las primeras subas de los dólares paralelos, que volvieron a ensanchar la brecha con el tipo de cambio oficial, existió pleno consenso dentro del equipo económico –esto incluía al propio Massa y el titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce– de sacar del juego a las cerealeras que por otra canilla se venían beneficiando con el dólar soja.

Las cerealeras ya liquidaron más de 5.000 millones de dólares a partir de operaciones de compra-venta de una soja que venía atrasada. ¿Qué quiere decir esto? Como si hubiera sido una operación concertada, tanto los grandes productores como la industria forzaron al gobierno a cederles los 200 pesos por dólar por los granos que se habían guardado, porque podían hacerlo. Según cálculos de la Sociedad Rural Argentina, había 7 millones de toneladas en manos de acopios y exportadoras pero sin precio a fijar. El beneficio para la cadena de la soja se traduce en casi 250.000 millones de pesos extras, una vez descontadas las retenciones.

“Los que están comprando dólares son los acopios y algunas cooperativas”, sostenía la semana pasada Gustavo Idígoras, titular de la CIARA-CEC, además de aclarar que las exportadoras estaban excluidas de operar en el MEP. En el juego de las zanahorias y escarbadientes, cualquiera puede decir cualquier cosa.

“Nadie quiere los pesos” es otra de las frases que se escuchan dentro del Banco Central, aunque otros defienden con uñas y dientes que con las altísimas tasas de interés para las inversiones en moneda local podría revertirse esa idea. Con el listado de empresas que estaban dolarizándose vía CCL y MEP sobre la mesa, se decidió excluir de la operatoria a todos los beneficiarios del dólar soja. “Tanto sociedades como personas humanas estaban operando”, aclararon desde el entorno de Miguel Pesce.

¿Y quiénes jugaron al dólar bolsa? ¿Los chacareros que no sabían armar un plazo fijo y por eso rechazaron el esquema 70-30? ¿O los grandes jugadores del mercado, exportadores, grandes acopios ligados a la exportación y grupos de siembra, ávidos en maniobras financieras ligadas a su negocio?

El lunes a la noche, luego de que se informara desde el Banco Central la restricción para realizar operaciones por los canales financieros mencionados –resolución que salió con las firmas de dos directores que responden directamente a Massa: Lisandro Cleri y Pablo Manuel Carreras Mayer–, la Mesa de Enlace bramó. Y el ministro de Economía acató. Quien hizo de vocero fue Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, al informar que se excluiría de la restricción a los productores que con mucho esfuerzo estaban acompañando la medida del dólar soja (sic). La palabra productor puede ser una entelequia si no se la dimensiona. Los que estaban dolarizándose eran los grandes jugadores, empresas y personas de carne y hueso.

Agrupaditos

Los escarbadientes del gobierno quedan a la vista cuando las cerealeras ven el negocio de pagar más de 300 pesos por dólar para sacar el dinero fuera del país. Y podrían gastar mucho más. Cristina Fernández de Kirchner diría que es el problema del bimonetarismo. Otros, que no hay ni habrá zanahorias que alcancen para domar al poder económico. Siempre irán por más. El gobierno –y en este caso puntual el Frente de Todos– le tiene demasiado respeto y miedo a la Mesa de Enlace, que suele bramar por los intereses de los grandes sectores concentrados que se escudan debajo de esas cuatro patas.

La cadena de la soja está manejada por un reducido número de empresas, ya sea en la producción primaria, acopios o exportación. Si bien Agricultura cuenta con el registro de 57.780 productores, solamente el 10% de ellos concentra el 56% de la producción. Los dueños de los granos se cuentan con la mano.

En su reciente informe “Soja, el yuyo maldito”, el Centro de Estudios Agrarios (CEA) diseccionó, nuevamente, la estructura del complejo sojero:

Existen diez empresas que concentran la siembra, tanto con campos propios como bajo un esquema de arrendamiento.

 

 

Otras diez sociedades aglutinan a los acopiadores, con puntos de contacto con los grandes grupos de siembra.

 

 

Y luego están las ocho principales sociedades que exportan aceite y harina de soja. Hay jugadores que se repiten en los diferentes eslabones.

 

 

El pacto de caballeros incumplido se firmó de palabra con la CIARA-CEC. Entonces, las empresas que dolarizaron sus excedentes –con una apuesta a la brecha cambiaria y el rechazo hacia las cuentas “dólar linked” para guardar sus pesos en plazo fijo ajustado por la variación del tipo de cambio oficial– pueden encontrarse entre las siguientes: MSU, Molino Agro, LDC, ACA, Viterra, AGD, CHS, Glencore, Bunge, ADM, COFCO, Lartirigoyen, Buyatti, AFA, TCMAS, Amaggi, GEAR, Cantabria SA, Andreoli, Zeni, entre otras.

 

Contratos

El esquema 70-30 que había ideado el BCRA fue rechazado de plano por la Mesa de Enlace. El argumento era que resultaba muy difícil para un chacarero abrir una cuenta en pesos (“dólar linked”), adquirir dólares físicos por otro lado al valor del solidario y así. Pero ahora resulta que serían los chacareros los que aprendieron a operar a través del CCL y MEP con la contratación de una Agente de Liquidación y Compensación (ALyC). Poco probable.

Según los datos públicos sobre las operaciones a través del dólar soja, la comercialización se dividió de la siguiente manera. El total de operaciones reflejadas en el sistema SIO Granos al 22 de septiembre dio cuenta de la concreción de 32.211 contratos por un total de 8.333.852 toneladas de soja.

De este resultado, solamente un 6% de las operaciones, es decir 1.842 contratos, concentró el 55% del volumen comercializado (4,6 millones de toneladas). Este análisis incluye solamente los contratos que superan las 1.000 toneladas cada uno. Pero si se aproxima la lupa, el dato que surge es que el 0,6% de las operaciones (198 contratos) manejó el 23% de todo lo comercializado con 1,9 millones de toneladas. Este último guarismo incluye exclusivamente contratos que arrancan de las 5.000 toneladas cada uno.

Efectivamente, fueron los grandes jugadores del mercado los que pudieron guardarse la soja, apostar a una devaluación, negociar y conseguir un tipo de cambio diferencial por una ventana de 30 días por los granos que ya tenían, y luego volver a apostar a una devaluación al dolarizar sus excedentes vía el MEP o el CCL y ensanchar la brecha con el tipo de cambio oficial.

Para atrás

No hay soluciones mágicas. Esa es otra de las frases más repetidas dentro del Frente de Todos. Hay que ser realistas, explican. La inflación viaja para ubicarse en el 100% hacia fin de año y las anclas que aparecen son “la no devaluación, la protección del peso con tasas de interés que puedan ganarle a la inflación y acuerdos de precios y salarios”, enumeran. Enfriar la economía sería parte del menú.

El jueves, el INDEC difundió el informe sobre distribución del ingreso. El coeficiente de Gini mejoró en relación al segundo trimestre de 2021 pero todo indica que durante la segunda parte del año los indicadores sociales se harán eco de la escalada inflacionaria. Para atacar una pobreza del 40% el país necesitaría crecer como mínimo entre un 3 y 4% de manera permanente. Y mejorar la regresiva distribución del ingreso.

En el Presupuesto 2023 se fijó un horizonte de crecimiento del 2% (es el anhelo del FMI), movilizado por las exportaciones y en menor medida la inversión. Y dentro del comercio exterior, tendría un rol más destacado el complejo cerealero, según un análisis del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). “Todos atrás y Dios de nueve”. Dios también podría ser la teoría del derrame.

El desempleo se ubicó al primer semestre del año en el 6,9% de la población, resultado que fue traccionado por la creación de puestos de trabajo precarios, cuentapropistas o simplemente asalariados que no cuentan con protección social. El 61,7% de la población económicamente activa recibió un ingreso promedio de 66.552 pesos.

Efectivamente, la crisis es de ingresos. El coeficiente de Gini mejora porque la vara está muy baja. Allí ganó el neoliberalismo y el proyecto de licuación de salarios del gobierno de Cambiemos, situación que no fue revertida durante la actual gestión del Frente de Todos.

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