POR FIN, UN JUEZ

 

A 47 años del asesinato de los sacerdotes y seminaristas católicos de la orden de los palotinos Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Dufau, Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976, en la iglesia porteña de San Patricio, el juez federal Daniel Rafecas se hará cargo de la investigación. Los tres primeros eran sacerdotes, Barbeito y Barletti, seminaristas.

Rafecas recibió la causa de su colega Ariel Lijo, quien la había instruido porque en el juzgado federal N° 12, que atiende en forma interina, se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y el testimonio de un par de sobrevivientes de ese campo de concentración hacía pensar que su personal había intervenido en el episodio. Inicialmente habían sido procesados más de una docena de marinos, entre ellos Jorge Acosta, Alfredo Astiz y Antonio Pernías, pero luego Lijo descartó esa posibilidad, y en cambio apuntó hacia la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, Coordina. Lijo al declinar su competencia, y Rafecas al aceptarla, coincidieron en que la masacre de San Patricio tenía características similares a las de otras actuaciones de Coordinación Federal, que ingresaban a sangre y fuego y no dejaban sobrevivientes, mientras los marinos procuraban capturar con vida a sus víctimas, para interrogarlas bajo torturas en la ESMA.

Rafecas tiene a su cargo la investigación de los delitos cometidos en jurisdicción de la Zona I de Seguridad, que correspondía al Cuerpo I de Ejército, y las fuerzas que de él dependían. Como se trata de la jurisdicción más extensa del país, el juez dividió la investigación por campo de concentración, que es una unidad más fácil de manejar. Uno de los primeros juicios correspondientes a esa jurisdicción, conocido como circuito Camps, se realizó en La Plata y culminó hace once años con la condena, entre otros, del comisario Miguel Etchecolatz, del cura Christian von Wernich y del ex ministro de Justicia de la dictadura Jaime Lamont Smart. Otros centros investigados y elevados a juicio por Rafecas fueron el circuito Atlético, Banco, Olimpo, el Vesubio, las brigadas de la Fuerza Aérea en Morón y Palomar. Entre los responsables que procesó y detuvo, por los secuestros y desaparición de  Patricia Roisimblit (hija de la vicepresidente de Abuelas de Plaza de Mayo) y su pareja José Manuel Pérez Rojo, está el ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Omar Graffigna, quien había sido absuelto en el juicio a los ex Comandantes de 1985.

La hipótesis de Rafecas es que el asesinato de los palotinos fue uno de los crímenes cometidos por los federales, en represalia por el atentado del 2 de julio de 1976 en el comedor de la SSF. En este sentido, cita las declaraciones del Inspector de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, quien era ayudante  del Ministro del Interior, Albano Eduardo Harguindeguy y de Armando Víctor Luchina, quien prestaba funciones en la Guardia de Prevención del edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal. Fernández entregó al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la agenda telefónica de uno de los sacerdotes, que estaba en el Ministerio del Interior. Luchina escuchó de la SSF adjudicarse la autoría de los crímenes, aunque no precisó quiénes habrían sido los autores materiales de la masacre. Sólo mencionó a un "grupo operativo elite de noche". Además, en una de las habitaciones de la casa parroquial apareció una pintada que decía: "Por los camaradas dinamitados de seg. Federal – Venceremos – Viva la Patria".

Rafecas también tomó en cuenta diversos cables de los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Uno de ellos, que aportó el abogado Pablo Llonto, dice que "fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada. La Policía creía que los dos seminaristas estaban relacionados con el movimiento tercermundista de sacerdotes, que tiene sedes cerca de la iglesia, por lo tanto, se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio".

Entre las primeras medidas de prueba, Rafecas y su secretario Diego Perone solicitaron un relevamiento de información sobre el episodio a la Agencia Federal de Inteligencia, a la Comisión Bonaerense de la Memoria, al Archivo Nacional de la Memoria, a la morgue judicial sobre las autopsias realizadas en la misma semana de julio de 1976, a la Policía Federal, a los Ministerios de Seguridad y de Defensa, al Registro Nacional de las Personas, a la parroquia de San Patricio y al juzgado de Lijo.

 

 

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