Por fin, jueces que nos representen
Los operadores de Macri pisan fuerte en el fuero laboral y reavivan el conflicto en Télam
Mauricio Macri prometió en 2017 durante un seminario en el Colegio de Abogados de Buenos Aires que si sus intereses no eran escuchados en el Poder Judicial, el gobierno estaba decidido a “buscar jueces que nos representen”. Aquella máxima parece alcanzar su apogeo en el conflicto sindical que envuelve desde hace 8 meses a la agencia de noticias Télam (357 despidos).
Primero, el gobierno buscó recusar a los jueces que dictaron fallos en favor de los trabajadores, pero fracasó. Luego les promovió juicio político, pero el movimiento no alcanzó para imponer un régimen de obediencia plena. Por eso ahora, a través de operadores que llevan el inconfundible sello de la Casa Rosada, se propone apartar a los jueces naturales que deben confirmar la reinstalación de los trabajadores de Telam despedidos. Una fenomenal presión se desarrolla en estas horas, bajo la aparente calma de los feriados de carnaval, y tiene dos protagonistas excluyentes: un mensajero con el sello del Cardenal Newman y un camarista con cuentas impagas con el poder.
Uno es el abogado Juan José Etala, al que se lo ve visitar sin permiso los despachos de los jueces laborales inaccesibles para el abogado de a pie. No transita el matiz. Se complace con la prepotencia de portar el mensaje oficial. A él le toca avisar cuando una causa laboral (y casi siempre sindical) tiene un interés personal del Presidente Macri. Lo ayudan los simbolismos: la liturgia del Colegio Cardenal Newman; su tránsito por la Comisión Directiva de Boca; los partidos de truco de fin de semana con los hombres del poder y la amistad reconocida con el Presidente. Esa prosapia pesa más que otros datos igualmente reveladores: su lugar como asesor permanente de la Unión Industrial Argentina; el portfolio de clientes del estudio Salvat, Etala & Saraví; sus deberes bien cumplidos en la Universidad Católica; sus consejos para atacar a los metrodelegados; o los múltiples cargos que acumula en la ahora Secretaría de Trabajo como consejero para lograr, con gambitos legales, la reforma laboral que el gobierno no pudo hacer avanzar en el parlamento. Con ese plafón, Etala develó el año pasado su irreverencia y anunció, en un escrito oficial, que nada le importaban los fallos judiciales que reincorporaban a trabajadores de Télam. Por cada juez que reincorpore a un trabajador, Télam despedirá a otro. No fue un off. Es el mensaje que quiso dejar en las actas del entonces Ministerio de Trabajo.
La otra pieza esencial del rompecabezas es el juez Luis Alberto Catardo, que desde este año ocupa la estratégica presidencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su fama en el fuero laboral es antigua y siempre fue proclive a escuchar la necesidad oficial o patronal, pero ahora es el mejor pagador de una deuda que le envidian hasta los jueces federales: el gobierno le otorgó el acuerdo del Senado para eximirlo de la jubilación obligatoria establecida a los 75 años. Así Catardo impulsa, en forma extraoficial, pero confirmada a este medio por más cinco jueces de la Cámara del Trabajo de diferentes salas, que sus pares ofrezcan algún gesto al gobierno en el sensible caso de Télam.
La necesidad –que ilustra en off el propio Catardo- es sencilla de comprender. Télam despidió a 357 trabajadores el 26 de junio de 2018. Todos aquellos que promovieron medidas cautelares a través del Sindicato de Prensa de Buenos Aires obtuvieron su reinstalación. La agencia sufrió 119 días de huelga en el que es, ahora, el paro más largo de la historia del gremio de prensa. Las reinstalaciones fueron ordenadas por el juez Ricardo Tatarsky, a cargo del juzgado Nacional del Trabajo Nro. 22 y confirmada por la Sala V de la Cámara, que tiene como titulares a Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo. Pero los camaristas formalmente se pronunciaron sólo sobre cinco casos y deben resolver en los próximos días cerca de 160 reinstalaciones más.
Etala recusó a Arias Gibert y Rodríguez Brunengo, a los que acusó de parcialidad en favor de los trabajadores de Télam, pero sus colegas de la Sala VI de la Cámara del Trabajo le explicaron que su disconformidad con la sentencia no era un motivo jurídico razonable para desplazar a un magistrado. Etala entonces fue por más y promovió el juicio político de los dos camaristas y allí encontró algún sustento: la arena del Consejo en volátil según el tiempo político y ningún expediente se cierra sólo por razones jurídicas. Esa amenaza latente dio un marco.
Y ahora, a través de Catardo, la orden es despojar a Rodríguez Brunengo y Arias Gibert del tratamiento de las causas de Télam. Algunos camaristas ya observaron con preocupación la falta de prolijidad de la maniobra: los jueces de la Sala V ya habían realizado actos que implicaban aceptar de facto su competencia en el conflicto y la avanzada, que entienden tardía, los deja expuestos ante la precariedad jurídica del movimiento. El argumento es que los juicios de los trabajadores de Télam “no tienen conexidad” unos con otros y los jueces deben sortearse en cada caso, pero ya varias Salas de la Cámara le hicieron saber a la presidencia que no aceptarán que les arrojen el expediente de ese modo ni pagarán el costo de compromisos ajenos.
Esa tensión crece mientras se espera el miércoles el retorno de los días hábiles judiciales y mientras se avizora que nada de lo que ocurra en estas horas apacibles tenga el sigilo asegurado luego de la inusual trascendencia pública que tuvo, en 2018, el conflicto de Télam que incluyó adhesiones impensadas para un conflicto sindical (Mirtha Legrand, Mario Pergolini, Nelson Castro…).
En diciembre, un foro de abogados laboralistas que incluyó a asesores de sindicatos combativos, de los Gordos, de las tres CTA, abogados independientes y hasta un ex ministro de Trabajo del menemismo, advirtieron en un llamativo documento (por sus rasgos de unidad) que el gobierno pretendía “neutralizar” y “desmantelar a la Justicia Nacional del Trabajo”. Los trabajadores de Télam lo están viviendo en carne propia.
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