Por el techo, a la calle

 

Desde hace años la falta de vivienda ocupa un lugar central en el debate político europeo, agravada en particular en los últimos meses en países como España, Portugal y Grecia, entre otros.

Según cifras de organizaciones sindicales españolas, el panorama es desolador: hay en el continente europeo 11 millones de viviendas vacías, 29 millones de hogares que residen en inmuebles literalmente inhabitables y 1.3 millones de personas sin siquiera un techo.

La reciente crisis del costo de vida exacerbó este problema, que viene de lejos, como admite el Parlamento Europeo en un estudio publicado en octubre. Las causas son varias: el aumento del costo de la construcción, así como de los intereses hipotecarios. Esto, y el consiguiente congelamiento de la edificación residencial, dificultan el acceso a la propiedad inmobiliaria. Situación que se agrava porque los inversores utilizan la vivienda como medio de inversión — instrumento de especulación, sostienen los analistas críticos. Adicionalmente, los alquileres en muchas ciudades europeas han aumentado, en parte debido a la mayor demanda de contratos de corta duración, como los de fines turísticos.

 

 

 

 

Malestar social también en aumento

Tras una multitudinaria protesta en Madrid el 13 de octubre, el sábado 19 fue el turno de Valencia, cuando la plataforma Valencia se ahoga movilizó miles de manifestantes. El día siguiente sucedió algo parecido en las Islas Canarias; fue en este último lugar, justo medio año antes, que miles de personas también se pronunciaron en la calle contra el turismo masivo, uno de los factores esenciales de esta crisis de vivienda. Un reciente artículo del cotidiano español El País señala que en se ha pasado de construir 600.000 viviendas antes de la crisis de 2008 a 90.000 en la actualidad. Y puntualiza que “la crisis de la vivienda que ha acorralado a los ciudadanos y ha hecho estallar el malestar social se explica, en gran medida, por un gigantesco desequilibrio entre la oferta y la demanda: hay muchas menos casas disponibles de las que se necesitan. Esa tensión presiona los precios al alza».

Según el portal inmobiliario Idealista, citado en un reciente análisis de swissinfo.ch, en España el precio del metro cuadrado de alquiler aumentó un 82% durante los últimos diez años. A un ritmo cinco veces superior al del salario medio, que creció tan solo un 17% (datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística). Con respecto a las familias de menores recursos, dicho análisis concluye que encontrar un sitio para vivir se ha convertido en misión imposible debido a la escasez de vivienda. Se trata de un problema acuciante si se tiene en cuenta que la vivienda residencial apenas constituye un 2,5% del volumen inmobiliario en su totalidad, un porcentaje mucho menor que el 9,3% promedio en el resto de la Unión Europea (UE).

Ante la falta de respuestas efectivas de parte del gobierno, este movimiento promovido por sindicatos de inquilinas e inquilinos, así como asociaciones ciudadanas afines anticipa que continuará e incluso multiplicará la protesta, amenazando incluso con llegar a la huelga —es decir, el no pago—, de los alquileres sino hay respuestas gubernativas concretas y a corto plazo. Málaga para vivir se movilizará en esa ciudad sureña el 9 de noviembre, día en que también los sevillanos se lanzarán a la calle para exigir que no se concedan nuevas autorizaciones para departamentos turísticos en la ciudad y que se recuperen para uso familiar miles de inmuebles que hoy albergan exclusivamente turistas. El 23 del mismo mes será el turno de Barcelona, donde a pesar de una pequeña caída del precio del alquiler durante el segundo trimestre del año, los convocantes exigen una reducción drástica del 50%.

En Portugal, el malestar inmobiliario continúa ocupando la primera plana de la agenda social. El 28 de septiembre salieron a la calle miles de personas en 22 ciudades convocadas por diversas organizaciones, entre ellas la plataforma Porta a Porta (Puerta a Puerta), la cual considera que esta crisis no es coyuntural sino “crónica y estructural”. La realidad de la crisis es innegable, al punto que aun el nada progresista Foro Económico Mundial reconoció, por ejemplo, que en Lisboa, la capital, el costo de la vivienda aumentó un 120% entre 2012 y 2022 y el alquiler más del 30% el último lustro. Mientras tanto, los niveles de ingreso se han mantenido relativamente estables, lo que castiga el poder adquisitivo de la población.

Ante esta ola de protestas, el gobierno conservador portugués anunció la construcción de 33.000 viviendas de aquí al año 2030 con un costo de 2.000 millones de euros. Decisión considerada tibia e insuficiente por los sectores críticos que insisten en sus dos reivindicaciones centrales: techo digno para todo el mundo y viviendas disponibles urgentemente y a precios asequibles.

 

 

 

 

Problema continental

La UE considera que casi el 6% de los habitantes de Portugal no ha podido pagar regularmente su alquiler en los últimos 12 meses. Porcentaje que alcanza el 9% en España y estalla con un 17,7% en Grecia, 16,7% en Francia y más de 10% en los Países Bajos. En los países de la Unión, la media de personas con problemas para pagar su alquiler en los últimos meses es del 6,3%. Situación que afecta, esencialmente, a la juventud y a las personas con salarios bajos.

Según Business Insider España, sitio especializado en temas económicos, “el de la vivienda no es un drama exclusivo de España; lo sufren grandes ciudades en toda Europa”. Tomándose como referencia el índice del costo del alquiler elaborado por la plataforma especializada Housing Anywhere, Madrid se encuentra a la cabeza del ranking continental. De hecho, el alquiler de un inmueble en la capital española costó en septiembre un 17% más que un año antes (107% más que hace 10 años). Esto significa que los inquilinos tienen que pagar 233 euros más al mes por un alquiler promedio de aproximadamente 1.600 euros. En Barcelona también se aproxima a esa cantidad, y en Valencia a 1.450 euros. En Europa, solo Roma (con un incremento del 28,2% el último año) y La Haya (21,9%) superan a Madrid. 

En una conferencia del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en Bruselas el pasado abril, esta organización ya había advertido sobre el preocupante agravamiento de la crisis de la vivienda y sus efectos secundarios. “Cada vez son más los europeos preocupados ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento digno y asequible”, apuntó el CESE. Los riesgos derivados se expresan en alojamientos deficientes, presión financiera e inseguridad en materia de vivienda e incluso la amenaza de perderla. Según el CESE, una vivienda inasequible puede afectar la salud y el bienestar de las personas, provocar desigualdad en las condiciones de vida y causar mayores costes sanitarios, menor productividad y más daños medioambientales.

Por su parte, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), una agencia de la UE, constata que la crisis de la vivienda en esa región afecta especialmente a la juventud porque le dificulta dejar el hogar familiar. Y señala que la edad a partir de la cual al menos el 50% de las personas dejan el domicilio paterno-materno ha pasado de 26 años en 2007 a 28 en 2019. Entre 2010 y 2019, España, Croacia, Italia, Chipre, Bélgica, Grecia e Irlanda registraron el mayor aumento del número de personas de 25 a 34 años que siguen viviendo con sus padres.

Además, entre 2010 y 2022 el alquiler residencial en la UE aumentó un 18%, mientras que el precio de una vivienda creció un 47%. A fines de ese periodo, el 10,6% de la población urbana de la UE vivía en hogares que dedicaban a la vivienda más del 40% de sus ingresos disponibles, frontera límite que define la caída en una situación social frágil.

Parece que las altas esferas han escuchado el mensaje, aunque por el momento las respuestas han sido, fundamentalmente, retóricas e institucionales, sin efectos positivos inmediatos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acaba de crear la cartera de Energía y Vivienda y nominado al danés Dan Jorgensen para hacerse cargo de la misma. Jorgensen, uno de los 25 comisarios o ministros que en noviembre deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, tiene el mandato de elaborar un plan de vivienda asequible y una nueva estrategia destinada a impulsar la oferta inmobiliaria, reducir los costos de construcción y mejorar la productividad y el comportamiento medioambiental del sector. Debido a que el presupuesto a largo plazo de la UE se negociará recién en 2027, y a que esta cartera aun no cuenta con fondos substanciales propios, Jorgensen deberá buscar formas de ayudar a los Estados miembros para que dupliquen su inversión en vivienda asequible en el contexto de la política de Cohesión Europea. Y deberá colaborar con el Banco Europeo de Inversiones para que se priorice una vivienda asequible y sostenible. Sin embargo, este reto parece lejos de ganado en un continente que necesitaría entre 50.000 y 57.000 millones de euros anuales, durante varios años, para resolver su aguda crisis habitacional.

 

 

 

 

Alternativas posibles

Además de las recientes protestas que siguen ganado amplitud en diversos países de la Unión Europea demandando cambios de fondo en la política global de la vivienda, varios actores de la sociedad civil se han estado movilizando en búsqueda de propuestas alternativas para paliar el impacto de las crisis.

Los primeros días de octubre, en ocasión del décimo aniversario de CoHabitat, se reunieron en Ginebra, Suiza, representantes de una media centena de organizaciones y mundo académico de diversos países. CoHabitat es una red internacional que reúne a numerosas asociaciones comunitarias que abogan por el derecho a la vivienda y procuran asegurar soluciones colectivas y no especulativas en ese sector.

En el marco de esta celebración se otorgó el Premio Mundial del Habitat 2023-2024 a cuatro experiencias innovadoras. Dos de las iniciativas premiadas se encuentran fuera de Europa y recibieron la presea en oro: un Centro Urbano de Jakarta, Indonesia, el cual organiza y defiende a los vecinos de kampungs, barrios informales de esa megápolis, y la Federación Senegalesa de Habitantes, la cual promueve soluciones colectivas para casi 2 millones de habitantes en barrios populares de la capital, Dakar, víctimas de continuas inundaciones.

Las dos instituciones europeas que recibieron el Premio Plateado son la Cooperativa catalana Sostre Cívic y la Cooperativa suiza La Cigüe, en Ginebra. La primera es promotora de 17 proyectos para 236 viviendas y, junto con otras organizaciones aliadas, se presenta como una alternativa realista, durable y ética a la propiedad individual y el mercado. Aspira a que en 30 años el 10% de las viviendas en Cataluña sean gestionadas por cooperativas. La segunda, constituye un esfuerzo participativo, independiente y sin fines de lucro, que desde 1986 les ofrece a los estudiantes de esa ciudad la opción de un cuarto, generalmente en inmuebles compartidos en barrios populares.

El acceso a la vivienda constituye un derecho humano esencial. Las Naciones Unidas reconocen que toda persona tiene el derecho a una vivienda adecuada y que el Estado debe adoptar medidas razonables, dentro de los recursos de que dispone, para lograr la realización progresiva del mismo. Sin embargo, en un sistema global regido por el mercado y en naciones donde el Estado Social va cayendo al abismo, la lógica se confunde y los conceptos se diluyen. Es así como la vivienda pierde su sustancia de derecho y se convierte, predominantemente, en una mercancía más. Las crecientes movilizaciones europeas, así como en otras zonas del mundo, por una vivienda asequible y digna, no hacen más que reactualizar el debate de fondo y reubicar la brújula social. Y recuerdan que el techo en las ciudades, como la tierra en la campaña, constituyen columnas, soportes y raíces mismas de la vida humana. Por el techo, a la calle.

 

 

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