¿Por dónde es la salida?
Una crisis financiera y política distinta a las de 1980, 1989 y 2001
En 1980 el modelo de valorización financiera implementado por José Alfredo Martínez de Hoz mostraba todas sus falencias. En un marco de desregulación, endeudamiento y apertura económica que aumentaba gravemente la vulnerabilidad externa del país, las expectativas inflacionarias crecieron de manera imparable hasta que en abril de 1981 el proceso se desmadró, dando lugar a una megadevaluación que alcanzó el 225 % en todo el año, con durísimas consecuencias sociales.
En ese momento la bota del terrorismo de Estado impedía cualquier posibilidad de un rumbo alternativo para el país, cuyo destino se dirimía en las internas de la Junta Militar. Pero igualmente la crisis financiera dio lugar al crecimiento de la resistencia contra la dictadura.
En 1988 el Plan Primavera se pensó como una forma de posponer la crisis económica inminente hasta después de las elecciones presidenciales, que fueron adelantadas para mayo del año siguiente. Sin embargo ese programa no pudo frenar las expectativas devaluacionistas, que desde enero del '89 iniciaron un sendero vertiginoso, hasta desatar el proceso inflacionario más importante de la historia argentina, que superó el 3000 % en un año.
En aquella oportunidad sí existió una alternativa política, porque el peronismo fue capaz de construir una candidatura nacional que levantaba en su campaña un programa de rechazo al ajuste. Sin embargo, como sabemos, el pronunciado éxito de ese programa en las urnas no fue un obstáculo para que Menem lo traicionara en toda la línea, a poco de andar. Algo similar ocurrió en Brasil y Ecuador en tiempos más recientes.
En 2001 la recesión iniciada al final del segundo gobierno menemista se había convertido en un laberinto sin salida para la Alianza: la necesidad de un endeudamiento creciente producía más ajuste fiscal, que a su vez retroalimentaba la recesión y por tanto el endeudamiento, y todo comenzaba de nuevo, pero en un escalón inferior. El resultado conocido fue el default de diciembre de 2001 y la megadevaluación de salida de la Convertibilidad.
Esa vez tampoco existió una alternativa política. Las elecciones legislativas de octubre de 2001, recordadas por el masivo “voto bronca”, expresaron con claridad la bancarrota del bipartidismo noventista, y a la vez la ausencia de una alternativa emergente que pudiera capitalizar la situación. Solo a posteriori, desde 2003 en adelante, se fue construyendo el kirchnerismo como esa fuerza que no había surgido previamente.
Es decir que en las tres grandes crisis del régimen de valorización financiera argentino, por distintos motivos, no existió una fuerza política en condiciones de defender una interpretación diferente de las razones que condujeron al país al desastre, ni de proponer una salida antagónica a la crisis. O dicho de otra forma, las ideas neoliberales cada cierta cantidad de tiempo fracasan, pero al mismo tiempo hasta ahora habían conseguido una hegemonía de tal magnitud que otras alternativas no conseguían convertirse en opciones viables.
En esas condiciones, la crisis no podía resolverse de manera democrática, porque o bien no había alternativa o bien votar por una propuesta o por otra conducía a un resultado similar, dando lugar a una fuerte crisis de representatividad. Todo indica que llegamos al contexto actual en una situación diferente.
Una oportunidad inédita
Si por un lado resulta deprimente en términos históricos que nuestro país haya vuelto a encaminarse hacia una crisis financiera y esté atravesando otra megadevaluación, por otro lado es significativo que la situación política sea diferente de las anteriores.
El proceso político nacional-popular en el que desembocaron los gobierno de Néstor y CFK dejó al desnudo conflictos y contradicciones que se habían mantenido oscurecidos por décadas, durante el reinado del pensamiento único propio del régimen de valorización financiera. Alrededor de esos antagonismos se reestructuró el sistema político del país, en un esquema de polarización que reproduce en el terreno político la polarización vigente en la sociedad.
Eso permite que, a diferencia de 2001, la crisis económica hacia la que nos dirigimos tenga la posibilidad de ser procesada socialmente de manera democrática, expresando esencialmente dos bloques: por un lado el de la profundización del ajuste, de acuerdo a las recetas del FMI, que actualmente expresa Cambiemos pero que, eventualmente, podría expresar otra coalición de recambio con sectores dialoguistas del peronismo; por otro lado una opción de rechazo del programa neoliberal y por lo tanto de las recetas del FMI, que está aún por conformarse política y socialmente, pero que tiene un liderazgo claro en CFK.
¿Es posible que nuestro sistema democrático soporte esta discusión? ¿O se terminarán imponiendo formas de proscripción y de violencia, como otras veces en nuestra historia? ¿Permitirán los grandes grupos económicos, el capital financiero extranjero, las entidades agropecuarias o el propio FMI un escenario democrático de ese tipo? ¿Qué tensiones financieras y/o inflacionarias podrían darse ante una situación política así?
A lo mejor se puede creer que se trata de preguntas un tanto exageradas, pero nuestra historia muestra ejemplos para todos los gustos, incluso descartando el recurso más frecuente que fue el de los golpes militares: golpes de mercado, proscripciones políticas, fraudes electorales, etc. Y quien crea que todo eso es verdad pero quedó en el pasado, no tiene más que dirigir la atención al presente brasileño, donde todas esas opciones parecen estar sobre la mesa ante el obstinado apoyo popular que mantiene Lula.
Tampoco conviene descartar la posibilidad de que existan intentos del poder económico más similares a los del '89: que la coalición opositora esté conducida por un sector que, después de ganar las elecciones, acuerde con el FMI y traicione el mandato popular. En efecto, las presiones para cualquier gobierno que llegue al poder después de Macri serán muy grandes, debido a la “pesada herencia” que encontrará. No es descabellado imaginar que en lugar de un programa económico entregado a Bunge y Born, haya quien pueda apostar por un programa económico de Clarín y Techint.
Al mismo tiempo, si una fuerza opositora consigue sortear todos los obstáculos y llegar al gobierno, tendrá menos compromisos con el poder económico y político que los que tenía Néstor Kirchner en 2003, por lo que en cierta forma será más libre para respaldarse en la movilización popular.
En general los gobiernos de la primera oleada popular latinoamericana del siglo XXI arribaron al poder político debiendo hacer fuertes concesiones. Sus conflictos con las oligarquías locales y el poder imperial se desarrollaron durante sus mandatos, muchas veces de maneras sorpresivas o no planificadas. Un eventual regreso de esas fuerzas al poder sería duramente enfrentado por los poderes fácticos, pero nadie podría decir que sus políticas no habrían sido plebiscitadas democráticamente.
Lejos de las discusiones de nombres y apellidos, en la construcción de una fuerza popular unitaria y la elección de una candidatura opositora se juega este trasfondo.
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