Ponerle Coto a la violencia

 

Fue asesinado a golpes por robar mercadería. No deberían necesitarse aditivos contextuales. Si la senilidad, si el hambre, si la crisis, si los chocolates. Importa, en cambio, detenerse en los actores del acto inhumano: una empresa poderosa, un agente de seguridad privada y un empleado de caja. También en la lógica de la violencia empresarial que siempre se descubre pese a todo y en uno de sus mecanismos privilegiados para llevarla adelante: las agencias de seguridad privada.

El caso no sorprende, aunque por supuesto lastima. En los últimos cuatro años hemos visto amplificarse la caja de resonancia de la violencia institucional, que ha estado exacerbada, avalada y premiada como política de gobierno. En esta línea, el asesinato de un jubilado que intentó robar mercadería del supermercado Coto puede intentar explicarse, con parcial razón y evidente mala leche, diciendo que no hubo intención de matarlo. Peor aún, puede tratar de justificarse la reacción de la seguridad en tanto castigo o como respuesta legítima porque la persona perseguida les arrojó la botella de vidrio que se llevaba sin pagar. Estertores de la maliciosa Doctrina Bullrich.

Desde otro lugar, existen interpretaciones del hecho que ofrecen mayor sentido a lo ocurrido. Se puede explicar que la saña de los empleados proviene de una cadena extorsiva y perversa del management empresarial (si falta mercadería, los empleados deben pagarlas de su bolsillo y pueden recibir sanciones y se les da vía libre para desarrollar brutales métodos de castigo). También puede subrayarse la característica especialísima del poderoso en cuestión: un multimillonario de 77 años procesado por tener un polvorín ilegal en la casa central de su emblemática cadena de supermercados (granadas, variedad de armas de guerra, municiones, cascos, chalecos, etc.).

Complejizando esta última línea de razonamientos, conviene aprovechar la oportunidad para explayarse sobre una de las vías de esta manifiesta violencia de los poderosos.

 

 

 

 

 

Nuevo proletariado, miedo y lucro

El de Federico Lorenc Valcarce quizás sea el único estudio existente que profundiza integralmente sobre la mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina. Este investigador independiente del CONICET se ha planteado conocer qué servicios ofrecen y cómo se compone el negocio de la seguridad privada en la Argentina e intenta desandar algunos prejuicios constituidos sobre esta actividad, sobre todo el que señala a todos los vigiladores como personas feas, sucias y malas, que recaen en este mercado laboral luego de ser exoneradas de las fuerzas armadas o de seguridad.

De aquí se desprende su importante aporte al conocimiento sobre esta actividad: quienes se emplean en estas agencias componen una nueva fracción del proletariado nacional que suma actualmente unos 150.000 trabajadores a la población activa, la mayoría hombres de escaso capital escolar, que provienen de puestos subordinados en el mercado laboral o que se inician directamente en el trabajo en este sector. Se trata de un oficio menos penoso que un trabajo industrial, más seguro, con estabilidad, al que puede acceder una persona sin instrucción, formación profesional ni capital.

Por otro lado, Lorenc Valcarce analiza las características y servicios que ofrecen estas agencias. Existe un núcleo de grandes empresas en ámbitos más populosos y otras pequeñas en localidades más chicas, algunas con miles de trabajadores y otras con apenas algunas decenas, con nichos de servicios especializados, precios donde se ponen en juego la competencia económica y también competencias políticas y culturales.

La actividad puede definirse en términos genéricos como la práctica social de observar los movimientos de las cosas y las personas, a partir de la presencia de personal especializado o medios técnicos monitoreados a distancia, para la prevención de delitos y daños involuntarios al patrimonio y para el mantenimiento del orden. En términos estrictos, estas agencias ofrecen servicios de control de accesos, custodia de personas y mercancías, seguridad electrónica y transporte de valores, monitoreo y sistemas de alarmas, control de trabajadores y protección de bienes en los establecimientos laborales.

En un debate sobre el sentido del crecimiento de esta actividad, Lorenc Valcarce define a la seguridad privada más como complementaria que como sustitutiva de la seguridad pública. Explica que el capital encontró en las últimas dos décadas del siglo pasado un nicho de rentabilidad vacío y con altos retornos, de hipersecuritización asociada a la formación de una cultura del miedo entre la gente. Antes que socavar la seguridad pública, dice, esta actividad crea territorios sobreasegurados.

 

 

El origen espurio

El estudio de Lorenc Valcarce enriquece el conocimiento pero no clausura los debates. Los prejuicios deben someterse a examen para explicar su origen, identificar sus desviaciones y subrayar lo que todavía tienen para decir. Porque en definitiva, ¿qué tienen en común los matones de una fábrica que apalean a un trabajador en la primera mitad del siglo XX, los agentes de seguridad que participan del terrorismo estatal-empresarial durante la última dictadura y un agente de seguridad y un empleado de Coto que arremeten en la actualidad contra un consumidor desesperado? Por fuera del aprovechamiento mercantil, ¿no une acaso estas experiencias represivas un ejercicio privado y discrecional de la violencia supuestamente monopolizada de modo legítimo por el Estado?

En distintas investigaciones históricas se han puesto de relieve este tipo de violencia del privado poderoso durante la primera mitad del siglo XX. Diego Ceruso en La izquierda en las fábricas, María Ester Rapalo en Patrones y obreros y Nicolás Iñigo Carrera en La otra estrategia, por citar ejemplos conocidos, revelan distintos episodios donde matones pagados por los patrones arremeten contra trabajadores que se organizaban sindical y políticamente antes del surgimiento del peronismo. Por ejemplo, Marcelino Sandoval era un temido y reputado mayordomo que oficiaba de jefe de una guardia privada de La Forestal en la década de 1910, acusada de maltratar y asesinar trabajadores, y que estuvo en primera fila cuando se produjo la masacre a manos de una policía montada provincial financiada por la empresa taninera.

Para las décadas de 1960 y 1970, la violencia empresarial que se ejercía mediante la represión estatal o directamente con empleados de la empresa, comienza a enseñar rastros de tercerización. El tema merece estudios específicos. Hasta tanto no existan, podemos indicar estas décadas como las del origen del negocio de la seguridad privada. Su primera función habría sido el disciplinamiento y la protección fabril. Esto surge de las investigaciones realizadas en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, donde para estos años son identificadas distintas agencias de seguridad (incluidas grandes sociedades anónimas) habilitadas por la policía y encabezadas por ex jerarcas militares, que actúan como policías fabriles en grandes establecimientos laborales (estatales y privados). Lo interesante más allá de su rol vinculado a la represión estatal ilegal, era observar las tareas de disciplinamiento fabril efectuadas, desarrollando sistemas y métodos de castigo similares a las justicias señoriales del feudalismo, apenas simulando las formalidades del capitalismo moderno.

En un diario local de Quilmes del año 1977, se informaba sobre el discurso del general de brigada Juan Bautista Sasiaiñ en el Batallón de Arsenales 601, frente a empresarios industriales locales. Textualmente, luego de invitarlos a ganar menos y distribuir más, Sasiaiñ les dice a los empresarios: “Tienen que realizar inteligencia y enfrentar violentamente las presiones, amenazas y sabotajes (…) si ellos (“los subversivos”) clandestinamente me infiltran un individuo en la fábrica ustedes clandestinamente por qué no infiltran su propia tropa en la fábrica”. “Tiene que crearse el cuerpo de confidentes –agrega—, que además de trabajar en el torno empiecen a estudiar y ver quiénes son los posibles subversivos, con la particularidad de que deben saber que las fuerzas armadas no pueden ni están capacitadas como para poner un hombre en la fábrica, háganlo ustedes”.

Este general que llegó a ser detenido y procesado por delitos de lesa humanidad antes de fallecer, expresaba en aquel entonces con esta arenga la emergencia de un núcleo de rentabilidad, disciplinamiento laboral y violencia empresarial, que se asociaba fácilmente con agencias de seguridad privadas que actuaban por lógica en aquellos tiempos bajo hipótesis de las doctrinas de seguridad nacional y lucha contrarrevolucionaria vigentes.

 

 

Conflicto, lógica y responsabilidad

Nada de esto explica el asesinato de Vicente Ferrer en un supermercado de San Telmo a manos de un empleado y un custodio de Coto. Sí ayuda a comprender la trama y la lógica de una actividad que nace y se desarrolla –más allá de los grises de toda realidad— por y para el provecho de los poderosos privados.

Al atacar el núcleo del prejuicio sobre el nuevo proletariado de la seguridad privada, Lorenc Valcarce no necesita negar la presencia de militares y policías retirados o exonerados en estas agencias. Lo que parece producirse entre la época originaria y la actualidad es un desplazamiento propio del desarrollo y crecimiento de la actividad. Mientras la masa de vigiladores se compone de sujetos descartados del mercado laboral o que hacen su primera experiencia laboral, en las jerarquías se sigue encontrando el lazo con las fuerzas militares y de seguridad.

Esta división del trabajo, fragmentación y diferencia de extracción social, tiene también su historia. Como en toda actividad bajo las reglas del capitalismo, es creado el asalariado, emergen las diferencias, el conflicto y la organización. En 1971, los trabajadores de la vigilancia se agrupan en el sindicato Unión de Trabajadores de la Vigilancia y al año siguiente se organizan los empresarios en la Cámara Empresarial de Vigilantes. En 1974 aparece el primer conflicto abierto, el paro, las solicitadas gremiales.

 

 

El Ministerio de Trabajo está repleto de expedientes de conflicto por condiciones de trabajo y remuneraciones entre patrones y trabajadores en esta industria. Actualmente los trabajadores de la seguridad privada que custodian la construcción de las represas La Barrancosa-Cóndor Cliff en el río Santa Cruz se muestran alzados a un camión de combustible exigiendo que se dé marcha atrás con los despidos y que se retiren los policías contratados para ejercer la custodia.

 

 

La responsabilidad de la empresa Coto en el asesinato del anciano no está en duda. Acá intentamos complejizar y comprender la lógica de la violencia privada ejercida que organiza el hecho. Para entender por qué específicamente los empleados de Coto (el cajero y el custodio de la seguridad privada) se transforman en eslabones de esa violencia es necesario adentrarse en el campo de la política y la ideología en las relaciones laborales y en la vida social. Hay que explicar los mecanismos mediante los cuales la empresa logra conquistar los corazones de la fuerza de trabajo que contrata. En julio de 1974, en pleno conflicto laboral, los agentes de seguridad reclamaban mejores salarios y condiciones laborales y se quejaban porque había “demasiadas botas en las agencias como para que funcionen normalmente respetando a los trabajadores”. Su secretario general llegaba a explicar: “Otro de los problemas que afrontan los trabajadores de la seguridad es, si se quiere, moral; nuestra función es muy ingrata: de repente, un obrero se lleva, digamos, una tuerca de una fábrica yanqui y nosotros tenemos que controlarlo, agarrarlo y, en definitiva, salvarle la plata a los yanquis y no a nuestros compañeros trabajadores”.

Que no se dude que entre los custodios y los trabajadores de Coto también se puede encontrar la resistencia y el repudio a esta violencia empresarial.

 

 

 

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