Poner límites a la codicia

 

El Primer Ministro británico Boris Johnson atribuyó el éxito de las vacunas contra el Covid-19 a “la codicia del capitalismo” (theguardian.com 24 3 2021). Sintetizaba así ante sus correligionarios una creencia firmemente arraigada en el mundo corporativo, que convierte la búsqueda de ganancias sin límites en el motor del progreso tecnológico y del desarrollo de las sociedades. La pandemia, sin embargo, ha desnudado la falsedad de estos supuestos al mostrar que la codicia atenta contra el Bien Común y contribuye a su destrucción.

Maximizar ganancias implica imponer los intereses de un sector de la sociedad por encima de los del conjunto, anulando así los procesos de conciliación y articulación de intereses distintos que permiten consensuar un crecimiento económico que beneficie a toda la sociedad. Esto condena a las sociedades a una creciente inestabilidad social y política. Esta es tal vez la principal lección que nos deja la pandemia, una lección que desborda al campo de la salud e ilumina las intolerancias y antagonismos que hoy impregnan todos los aspectos de la vida social y empujan al mundo hacia una situación cada vez más conflictiva.

La pandemia expone a diario la irracionalidad del comportamiento de las corporaciones farmacéuticas, que por maximizar sus ganancias obstruyen la posibilidad de ponerle fin. En un principio la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha un programa, el COVAX, que tenía por objetivo asegurar una rápida colaboración e intercambio entre todos los países en lo que hace a la propiedad intelectual, conocimiento y datos de las vacunas contra el Covid-19 y una equitativa distribución de las mismas en el mundo. Sin embargo, hacia el mes de mayo los países con menores ingresos habían recibido sólo el 0,3% de la oferta de vacunas existentes. Se estima que a este ritmo necesitarán 57 años para lograr su inmunidad, brindando así un campo fértil para nuevas mutaciones más letales del virus, imposibles de ser contenidas con las vacunas existentes. Esto ocurre porque las corporaciones se oponen a dar acceso a las patentes que monopolizan e impiden la producción masiva y rápida de las vacunas. Santifican su poder monopólico, alegando que las patentes y los altos precios de los medicamentos incentivan la innovación tecnológica. Los hechos, sin embargo, las contradicen. La producción de las vacunas contra el Covid-19 ha sido fuertemente financiada por el gobierno norteamericano, y la inversión en Investigación y Desarrollo de las corporaciones entre 2009 y 2018 ha sido escasa y substancialmente inferior a los montos que invirtieron en la compra de sus propias acciones y en la distribución de sus dividendos (nakedcapitalism.com 7 12 2019). Asimismo, mientras aumentaban los precios de los medicamentos destinaban buena parte de los fondos para Investigación y Desarrollo a “buscar formas de suprimir la competencia” (Drug Price Investigation, oversight.house.gov 7 2021) Así, en la práctica obstaculizaron el desarrollo tecnológico competitivo.

Esta irracionalidad de un capitalismo dominado por una codicia que se institucionaliza en la maximización de ganancias ha derivado en una crisis sistémica que desborda al campo de la salud y aparece a nivel de la economía y de las finanzas globales. Tanto en el centro como en la periferia del capitalismo los países están atrapados en una lógica que reproduce el endeudamiento ilimitado, el desempleo y la pobreza, y que deriva en estancamiento económico y creciente inestabilidad política y social.

 

 

Endeudamiento ilimitado y estancamiento económico

La política de facilitación monetaria con tasas de interés cercanas a cero, seguida por los principales bancos centrales del mundo desde 2008, derivó en un endeudamiento global que llegaba a principios de 2020 a los 268 billones (trillions) de dólares y representaba 335% del PBI global (zerohedge.com 9 8 2021). Esto último muestra que el crecimiento económico sólo es posible a costa de un mayor endeudamiento. Así, mientras las hojas contables de los cuatro bancos centrales crecen en forma parabólica, la deuda global crece exponencialmente.

En los Estados Unidos la deuda pública asciende hoy a 28 billones (trillions) de dólares y las familias están endeudados en unos 15 billones (trillions) de dólares. En el último trimestre la deuda de los consumidores registró su mayor crecimiento nominal desde 2007 y el mayor crecimiento porcentual de los últimos 7 años y medio (cnn.com 3 8 2021). Como ocurriera en la crisis financiera de 2008, las deudas hipotecarias son el principal factor del endeudamiento de las familias: 10,44 billones (trillions). A diferencia de entonces, la mecha que puede detonar este endeudamiento ya está prendida: hay 2 millones de deudores que entrarán en default en pocos meses, cuando se acaben los programas otorgados el año pasado para mitigar el peso del endeudamiento durante la pandemia. Recientemente Joe Biden ha postergado esta deuda para un sector reducido de la población, pero la legalidad de la medida es cuestionada (cnn.com 28 7 2021).

Los estímulos dados para mitigar el impacto de la pandemia han engendrado un ahorro que, en un 70%, ha ido a parar a los bolsillos del 20% de la población que concentra los mayores ingresos. Es decir, se ha esfumado por los vericuetos de la enorme desigualdad social existente. Al mismo tiempo, los sectores con menores ingresos han registrado niveles de ahorro menores a los que tenían en la pre-pandemia (Oxford Economics, cnbc.com 3 8 2021). Esto tiende a indicar que la desigualdad económica impide un desarrollo armónico y obliga a hacer cambios drásticos tendientes a incentivar la demanda de la población.

 

 

Los límites a la expansión de la demanda

En las últimas décadas la economía norteamericana se ha caracterizado por un fuerte crecimiento de la concentración económica, acompañada por la incorporación de tecnologías que sustituyen fuerza de trabajo por bienes de capital. Esto ha impactado sobre el mercado de trabajo dando lugar a una precarización creciente de la fuerza de trabajo, a una escasa generación de nuevo empleo de calidad y a tiempo completo, y a un estancamiento y deterioro de los salarios. La pandemia ha agravado la situación provocando un rápido y masivo desempleo. Esta emergencia ha impulsado un cambio de las políticas que ahora proponen las autoridades para enfrentar la crisis en los países centrales.

En efecto, el FMI y las autoridades monetarias de los países desarrollados han sustituido las tradicionales políticas de “austeridad fiscal” que hoy exigen a los países periféricos ante la crisis económica, para proponer en su lugar masivos estímulos destinados a fomentar la demanda de consumo. El gobierno de Biden intenta estimular la generación de empleo y el mejoramiento de los salarios, mientras la Reserva Federal minimiza la posibilidad de inflación y se ha comprometido a mantener su política de facilitación monetaria a tasas cercanas a cero, hasta tanto se reactive el mercado de trabajo.

Los estímulos otorgados durante la pandemia provocaron recientemente un aumento del empleo, llevando la tasa de desempleo a su nivel más bajo en pandemia (5,4%). Sin embargo, el 60% de los nuevos empleos disponibles corresponden a trabajos precarios y de ingresos muy bajos (zerohedge.com 6 8 2021). Esto tiende a mostrar que desempleo y subempleo son rasgos estructurales que sólo desaparecerán a partir de políticas dirigidas a poner fin a la concentración económica y a la desigualdad social. Algunos fenómenos apuntan en esta dirección:

• Menos del 50% de la población en edad de trabajar tiene hoy un empleo a tiempo completo (com 8 8 2021).
• El salario mínimo se mantiene a nivel nacional en los niveles que tenía en 2009. En la campaña electoral Biden prometió cambiar esta situación. Sin embargo, no ha podido superar la firme resistencia que oponen las corporaciones y los legisladores de los dos partidos en el Congreso.
• La existencia y difusión generalizada de contratos de trabajo “no competitivos” (non-compete agreements). Se trata de verdaderos “contratos de servidumbre” que fijan al trabajador a su puesto y le impiden buscar otras oportunidades en empresas del mismo ramo, o iniciar por su cuenta un emprendimiento considerado competitivo por la empresa que lo ha conchabado. Originados en los sectores tecnológicos, estos contratos pretendían impedir que se “transfiriesen conocimientos valiosos” de las empresas tecnológicas a sus rivales. Al impedir la movilidad han afectado negativamente al nivel de los salarios en todo el mercado de trabajo. Hoy estos contratos se han generalizado a toda la economía, castigando especialmente a los sectores de menores ingresos. Se estima que entre un 27,8% y un 46,5% de los trabajadores del sector privado se encuentran bajo este régimen. Es decir, entre 36 y 60 millones de trabajadores estarían trabajando bajo estas condiciones (epi-org 10 12 2019). Biden firmó recientemente un decreto convocando a limitar estos acuerdos, pero es sólo una recomendación y no tiene fuerza de ley.

 

 

Endeudamiento ilimitado, pobreza estructural y chicana política

A lo largo de las últimas décadas, la matriz productiva de la Argentina ha generado una creciente concentración económica en sectores claves de la economía y un mercado de trabajo industrial notablemente restrictivo. Una de las consecuencias de estos fenómenos ha sido la aparición de una pobreza estructural que, agravada en lo que va de este siglo, golpea ahora a más del 40% de la población. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo agroindustrial exportador y extractivista se enraíza y avanza en su control de los recursos naturales y de las divisas del país. La situación ha conformado una paradoja explosiva: mientras el desempleo, la pobreza y el hambre sacuden a más del 40% de la población y a la mayoría de los niños y jóvenes, un puñado de monopolios locales y extranjeros se enriquecen manipulando las divisas que obtienen exportando bienes que podrían alimentar a 400 millones de personas.

En este contexto, el desempleo, la pobreza y la indigencia no se pueden resolver con planes sociales y tarjetas alimentarias. Esta verdad de Perogrullo hoy sangra a raudales pero no logra marcar ni el tono ni el rumbo de una campaña electoral que se arrastra en el barro de las fake news, las chicanas, la alcahuetería, los insultos personales y por sobre todas las cosas el fomento del odio al “pobrismo”, que con su mera presencia enardece a los que controlan el verdadero poder económico y político, y han utilizado desde un inicio cualquier medio para impedir que el Frente de Todos introduzca cambios sustanciales al rumbo del país.

De ahí la importancia de plantear un debate serio que desenmascare las razones por las que estamos donde estamos y por cuánto tiempo podremos impedir la desintegración nacional si seguimos por este rumbo. No basta con desenmascarar al macrismo y mostrar cómo esta tribu constituye una verdadera asociación ilícita para destruir al país y enriquecer a unos pocos. Tampoco basta con reiterar que “la pandemia agravó todo”. Esas son verdades inamovibles que hay que completar marcando políticas concretas, desde lo micro a lo macro, que permitan salir de este pantano.

La inflación ha superado ampliamente las expectativas del ministro de Economía y ha consolidado las pérdidas ocurridas en el valor del salario real de los últimos cuatro años. En los últimos seis meses el precio de los alimentos ha crecido más que el índice de inflación. Esto muestra la codicia de los formadores de precio y la incapacidad del gobierno para controlar la inflación. En este contexto, no puede extrañar que los dirigentes de los movimientos sociales de distinto signo político se indignen porque la ayuda alimentaria no cubre la mitad del valor de la canasta básica, y reclamen al unísono su sustitución por trabajos dignos. Estos movimientos son los sujetos del cambio que se avecina en el mundo. Desconocerlos y/o ningunearlos no sólo es miope, es éticamente incorrecto y políticamente un error descomunal, pues la legitimidad y estabilidad política del proyecto de inclusión social depende estrechamente del apoyo de estos sectores sociales.

Algunos creen que no hay recursos para invertir en ellos y que es más urgente cerrar rápidamente el acuerdo con el FMI. Tiene razón Máximo Kirchner al cuestionar tanto apuro, pues “esto implica menor inversión en el desarrollo humano” (lpo.com 12 8 2021). Este apuro tal vez explique la inmovilidad del Banco Central frente a la montaña de dinero que acaparan y empollan a diario los bancos en materia de intereses de las Leliqs y pases bancarios. ¿Por qué no poner límites a esta codicia, obligándolos a crear un fondo especial de crédito subsidiado para impulsar la creación de cooperativas de los movimientos sociales en distintas áreas vinculadas a la producción y servicios?

Las medidas que el Banco Central tomó esta semana para impedir el negocio de las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y sus clientes fugando divisas y evadiendo impuestos con el rulo mágico de los dólares financieros (CCL) son muy loables. Llama la atención, sin embargo, que estas prácticas pudiesen prosperar bajo la atenta mirada del Banco Central. Pareciera que esta mirada se pierde en la pulseada diaria para pisar al dólar y pierde de vista la madre de todas las batallas: desmontar la dolarización de la economía. Hoy el rol del dólar como moneda internacional de reserva empieza a ser cuestionado en el mundo. Esto abre el espacio que necesitamos para conformar una moneda alternativa al peso y basada en nuestros recursos naturales. Esto permitirá empezar a desdolarizar nuestra economía. A esto se suma la necesidad de revisar críticamente la matriz industrial que tenemos, algo urgente ante el avance incontenible la digitalización: la industria que hoy es incapaz de generar nuevo empleo y depende enormemente de tecnología importada, fenómeno que se presta para la especulación cambiaria y la sobrefacturación de importaciones. Estos problemas, que se agravan con la digitalización, han marcado a fuego nuestro pasado, explican la pobreza estructural y amenazan nuestro futuro como Nación. No podemos seguir ignorándolos.

 

 

 

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