Poner la tapa

 

Tres tapas con el diseño de la revista Time sintetizaron buena parte de las tempestades que desata el Presidente Donald Trump, desde que ordenó aplastar por la violencia las protestas por la situación de las minorías étnicas y económicas en Estados Unidos.

La primera, que abre esta nota, es un ingenioso diseño, que convierte el perfil de Trump en el bigote de Hitler, con perdón de los burócratas argentinos de pro de la DAIA, para quienes afirmar que la prensa comercial argentina crea realidad igual que el Völkischer Beobachter de la Alemania nazi es banalizar el holocausto (tema que el ex juez Raúl Zaffaroni nunca mencionó), pero decir que las medidas de prevención y ayuda de la infectadura convierten Villa Azul en el ghetto de Varsovia, no merece comentario ni reproche.

La segunda utiliza la marca de la revista como parte de una frase dedicada al Presidente: Time to go,  u "Hora de irse".

 

 

 

La tercera reproduce una portada que la revista publicó durante la represión y los disturbios de 1968, pero tacha la fecha y la substituye, primero por 2015 y luego por 2020.

Ninguna de las tres es verdadera. La de Hitler tiene ya varios años de antigüedad y le valió un premio en el Festival Internacional de Caricaturas en Knokke-Heist (Bélgica) al diseñador Luc Descheemaeker, en cuyo blog hay muchas más asociaciones entre ambos líderes.

 

 

 

Entre todas ellas, la más impresionante es la representación que el artista hace del refugio de Trump en el bunker subterráneo de la Casa Blanca, que sólo se había activado en septiembre de 2001.

 

 

 

La tapa de Time sobre la represión a la minoría afroamericana es la que más se aproxima a la realidad. En 2015 Time repitió la tapa de 47 años atrás. Perfectamente podría haberlo hecho ahora, cuando la extensión e intensidad de las protestas supera todo lo conocido, y lo mismo ocurre con la respuesta institucional.

 

 

 

Hay una cuestión estructural, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca. Según el National Police Violence Map, de las 1099 personas que perdieron la vida a manos de la policía en 2019, el 24% era afrodescendiente, en tanto que este grupo constituye el 13% del total de la población de ese país. Muchos departamentos policiales locales se han militarizado fuertemente y el uso de equipamiento de tipo militar SWAT es desproporcionadamente utilizado contra grupos históricamente marginados. El 42% de las personas afectadas por un despliegue de SWAT para ejecutar una orden de registro son negras y el 12% latinas.

La probabilidad de que un hombre negro sea asesinado por la policía triplica la de un hombre blanco, la de un hombre hispano la duplica. Una persona afroamericana desarmada tiene 3,49 veces más probabilidad de ser baleada por la policía, que una persona blanca desarmada. El racismo en cada etapa del proceso de justicia penal tiende a crear un círculo vicioso, donde las desigualdades en el control policial, los arrestos y la detención preventiva generan disparidades en las acusaciones y condenas.

Entre las novedades más notables que se han apreciado en estos días debe computarse la magnitud y la composición de las multitudes. Son las manifestaciones más numerosas y extendidas de la historia, en 650 ciudades de los 50 estados, que se mantuvieron a pesar del toque de queda. También es destacable que no asisten sólo negros, también latinos y blancos, en su mayoría jóvenes pero también ancianos, como el hombre de 75 años que dos policías de Buffalo tiraron de espaldas al suelo y debió ser internado con lesiones graves. Otra imagen impensable en 1968 y en 2015 es la cantidad de policías blancos que repudiaron el asesinato, hincándose de rodillas con sus uniformes y sus armas, en el gesto que viralizaron varios jugadores negros de beisbol y de fútbol mientras se cantaba el himno.

 

 

 

La orden de Trump de recurrir a la Guardia Nacional y al Ejército para reprimir a los pequeños grupos de saqueadores pronto mostró su intencionalidad, cuando las tropas dispersaron con gases a manifestantes pacíficos en las cercanías de la Casa Blanca, sobrevolados por un helicóptero militar: el Presidente quería caminar un par de cuadras sin sobresaltos hasta la iglesia episcopal de Saint John que había sido chamuscada en los disturbios del día anterior. Allí se tomó una foto, biblia en mano, para epitomizar su cruzada. Lo acompañaron en su caminata el ministro de Defensa Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mark Alexander Milley. En una videoconferencia con gobernadores, Esper los había instado a facilitar la tarea de la Guardia Nacional en el campo de batalla.

Las repercusiones tampoco tuvieron precedentes. La obispa episcopal Mariann Budde fulminó a Trump: "Utilizó la Biblia, el más sagrado texto de la tradición judeocristiana, y una de las iglesias de mi diócesis, sin avisarnos siquiera, como telón de fondo de un mensaje opuesto a las enseñanzas de Jesús y a todo lo que defiende nuestra iglesia”.  Agregó que "no vino a rezar; no lamentó la muerte de George Floyd ni reconoció la agonía colectiva de las personas de color en nuestro país. No intentó sanar ni calmar a nuestra tierra perturbada. Todo lo que ha dicho y hecho es para inflamar la violencia. Necesitamos un liderazgo moral y él ha hecho todo lo posible para dividirnos".

 

 

 

 

Menos previsible era que el ministro de Defensa Esper ordenara una investigación por el uso del helicóptero, se disculpara por haberse referido a territorio estadounidense como "campo de batalla" y se manifestara opuesto al uso de Fuerzas Armadas para reprimir a manifestantes. Esto se debe a la durísima crítica que tanto él como Milley y el propio Trump recibieron de 89 ex ministros y viceministros de Defensa (como Jim Mattis, Ash Carter y William Perry) y ex jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (como Martin Dempsey, Mike Mullen y Richard Myers).

En la última edición del Newyorker, el más importante corresponsal de guerra de su generación, Dexter Filkins, multipremiado por sus coberturas de las excursiones bélicas de su país en Irak y Afganistán, escribió que antes de la caminata hacia la iglesia, Milley discutió a los gritos con Trump por la propuesta de utilizar militares en una tarea que, habría dicho el general, corresponde a la policía.  Con la familiaridad que le dan sus constantes misiones en Medio Oriente, Filkins habló con numerosos militares y transmitió la inquietud que le comunicaron sobre la posibilidad de que Trump utilice a los militares en la campaña electoral. Con una lógica que es difícil de entender aquí, pero obvia allí, ese uso consistiría en ordenar el retiro de tropas de Afganistán, Japón o Corea, orden que los militares deberían obedecer. Esta semana hubo un anticipo cuando Trump dispuso reducir a un tercio la presencia militar en Alemania. Esto, dicen los retirados que hablaron con Filkins, dejaría a los aliados en la estacada y fortalecería a los enemigos. 

Pero el principal temor que le transmitieron es que si en noviembre perdiera la elección ante Joe Biden, Trump se negara a dejar la Casa Blanca y llamara en su auxilio a la Guardia Nacional de estados cuyos gobernadores le fueran leales. Este escenario que hasta hace poco hubiera parecido de ciencia ficción, hoy se discute abiertamente en los medios del establishment, aunque sea del establishment de la progresista ciudad de Nueva York.

Jim Mattis, que fue ministro del propio Trump y que nunca se caracterizó por ser una paloma, dijo que “es el primer Presidente de mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera finge intentarlo. En cambio, trata de dividirnos. Estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro. Podemos unirnos sin él, aprovechando las fortalezas inherentes a nuestra sociedad civil. Esto no será fácil, como los últimos días han demostrado, pero se lo debemos a nuestros conciudadanos, a las generaciones pasadas que se desangraron para defender nuestra promesa, y a nuestros hijos”. El texto de los 89 afirma que los pocos Presidentes que en el pasado convocaron a las Fuerzas Armadas a prestar apoyo a la policía en situaciones de crisis nacional, como Ulysses S. Grant, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, "lo hicieron para defender los derechos de los ciudadanos, no para violarlos". Llegan a decir que el juramento de defender la Constitución que ellos prestaron, igual que el Presidente y todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ya fueran republicanos, demócratas e independientes, "fue traicionado por el Presidente, cuando amenazó con ordenar a los militares la violación de los derechos de sus conciudadanos". Además de "ser innecesario, el uso de las Fuerzas Armadas para aplastar las protestas en todo el país, también sería torpe. Esta no es la misión a la que se comprometieron: enfrentar a los enemigos de la nación y asegurar, no pisotear, los derechos y libertades de nuestros compatriotas". La inaudita declaración concluye que como dirigentes de la Defensa, comprometidos con la Constitución, la libertad y la justicia para todos los estadounidenses, "exhortamos al Presidente a que abandone de inmediato sus planes de enviar a personal militar en actividad a distintas ciudades en tareas de seguridad, o de emplear a esas u otras fuerzas, ya sean militares o policiales, en formas que socaven los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas están siempre dispuestos a acudir en defensa de la Nación. Pero jamás deben ser empleados para violar los derechos de aquellos a quienes juraron proteger".

 

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