Política turbia, agua dulce

 

En forma desarticulada, espacios políticos de Chubut deciden estrategias de regulación económico-financiera del agua dulce que modifican la configuración del territorio. La Legislatura discute en comisiones un proyecto de ley para recuperar el pleno dominio de las aguas de la cuenca del río Futaleufú, que alimenta la presa hidroeléctrica del mismo nombre, cuya producción es clave para el funcionamiento de la planta industrial de Aluar S.A. Esa cuenca también nutre las tierras con las mejores pasturas para la ganadería extensiva, lodges de pesca privados y urbanizaciones VIP de una codiciada porción de la Cordillera patagónica.

La provincia aprobó este año la realización de una presa en las nacientes del río Senguer, unos kilómetros al sur de Futaleufú, que cuenta con financiamiento aprobado de la Nación. Aguas abajo, ese mismo río languidece acaparado por el grupo Bulgheroni y las prácticas depredadoras de los hidrocarburos en la zona de Sarmiento, entre otras. La imagen del lecho desértico del lago Colhué Huapi, que fue el quinto más grande del país, es un documento indiscutible de políticas implementadas desde el Estado que pretenden enmascararse con los efectos del cambio climático global, que agrava las condiciones.

Hace menos de un año, en un momento crítico del fenómeno general de la mega-sequía y la crisis hídrica, el gobierno provincial reconoció que no mide ni cobra el uso de agua superficial y subterránea que otorga a todo emprendimiento económico (ganadero, forestal, turístico, agrario, industrial). El acaparamiento y desvío de cursos de agua públicas por parte del capital privado son tantos y sostenidos en el tiempo que constituye una forma ad hoc de capitalización de algunos suelos, en perjuicio de otros, lo que está ampliamente documentado.

El agua y el suelo son articuladores del territorio y de las vidas en esos espacios, lo que ni siquiera se soslaya en los fundamentos de los proyectos legislativos aprobados ni en discusión. Las cuentas públicas provinciales en constante crisis y la necesidad de recursos para el próximo proceso electoral parecen ser el motor que impulsan los reclamos del gobernador Mariano Arcioni. La provincia reclamó el pago de regalías hidroeléctricas mal liquidadas entre 2017 y mediados de 2021. Por otra parte, el proyecto de ley sobre la cuenca Futaleufú prevé reclamar otro paquete de regalías adeudadas. Esas acreencias permiten colorear un discurso federal.

 

 

 

 

 

 

Tiempo de descuento

En junio de 2025 vence el contrato de adjudicación en favor de Hidroeléctrica Futaleufú S.A., que accedió durante el proceso de desguace y privatización del Estado nacional de los '90. El control de la empresa lo tiene Aluminio Argentino S.A.I.C. (Aluar) con el 60,20% del paquete accionario. El Estado de Chubut mantiene el 33,51 % del paquete original del 39% y capitales minoritarios representan el 6,29%.

El complejo no sólo garantiza la cantidad de energía que requiere Aluar para su actividad en Puerto Madryn, sino que desde hace 28 se la provee a tarifa subsidiada. Alberto Eduardo Martínez Costa, del grupo Aluar, es el presidente del directorio. La provincia tiene un solo vocal en minoría, de acuerdo a la información pública que ofreció Aluar a la Comisión Nacional de Valores.

El grupo Madanes Quintanilla, que está entre las familias más ricas de la Argentina, es el propietario de la producción monopólica de aluminio. Su papel en la industria lo convirtió en un actor político central en Chubut, de perfil más discreto que Pan American Energy (PAE), del grupo Bulgheroni. Así es que un debate amplio sobre el proyecto de “reprovincialización” de los recursos estratégicos de la cuenca del Futaleufú necesariamente implica discutir la alianza estratégica de sectores gobernantes con el grupo Madanes Quintanilla, lo que la administración Arcioni por el momento quiere evitar.

 

 

 

 

 

El Frente de Todos, a través de sus diputados de la Cordillera, discutió el último mes un proyecto de 73 artículos que reúne medidas de distinta naturaleza. En lo sustancial, pretende que la provincia asuma “en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre las aguas públicas destinadas a la utilización a la generación hidroeléctrica, así como cualquier otro tipo de contrato de uso o concesión de generación hidroeléctrica otorgado o aprobado por el Estado Nacional”. De ser así, requerirá que Chubut alcance “un acuerdo con la Nación Argentina destinado a la transferencia a la jurisdicción provincial las concesiones del uso y generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del río Futaleufú”.

Una reforma de fondo sobre la propiedad del recurso originario repercutirá en la empresa que tiene la concesión vigente, en la que el Estado provincial mantiene acciones. La propuesta original incluyó la posibilidad que la provincia venda, ceda, transfiera o transforme su paquete accionario en Futaleufú y, en caso de venta, destine el 10% del monto a aliviar las cuentas de la obra social estatal. Fabricio Petrakosky, presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas y de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, cuestionó públicamente que pretendiera venderse ese paquete a la propia Aluar.

Uno de los legisladores autores del proyecto aseguró que se retiró el artículo más controvertido, tal como consta en la versión que surgió del debate en comisiones al que accedimos. Por su parte, los titulares de dos de las cooperativas de servicios públicos más importantes de Chubut reclamaron la creación de una empresa provincial de energía, tanto para reorganizar el sector como para proteger a la mayoría de las entidades distribuidoras locales que mantienen una deuda millonaria con la mayorista Cammesa.

El proyecto que trata la Legislatura se popularizó como de “renta hídrica”, la que no se definió en los fundamentos y confundió en el articulado con la renta hidroeléctrica. Tampoco se acompañó con estudios económicos financieros sobre los alcances en las regalías del rubro y en las coparticipaciones a municipios, cuyo régimen pretende modificar a favor de municipios y departamentos de la Cordillera que contienen la cuenca hídrica del Futaleufú. En general, la noción de renta hídrica se refiere a la renta particular de la agricultura bajo riego del capitalismo agrario industrial, especialmente en la etapa de la expansión de los agronegocios, que no es el caso que debate Chubut.

 

 

 

 

 

 

Territorio fragmentado

El conglomerado urbano-industrial de Comodoro Rivadavia, con su urbanización de descanso marítima Rada Tilly, consume y demanda grandes cantidades de agua dulce tanto para consumo humano como para el complejo de los hidrocarburos y el puerto. La cuenca mediterránea de los lagos Muster y Colhué Huapi, donde desagua el río Senguer, fue desangrada para este fin. Con un lago seco y el otro por debajo de las medias históricas y en descenso, la administración Arcioni ahora explotará las nacientes del río Senguer para dar respuesta a la industria de los hidrocarburos, así como a la ciudad que mayor población concentra en la provincia. Es decir, al mayor distrito electoral.

A fines del año pasado, el Grupo Técnico del Comité de Cuenca del Río Chubut publicó el informe “Emergencia Hídrica 2021-2022: Situación socio-ambiental de las cuencas de los ríos Chubut y Senguer”, que convoca a pensar estrategias con consensos más amplios. Sin embargo, en abril la provincia firmó con la Nación el acuerdo para la realización de la presa nacimiento del río Senguer. En junio, la Legislatura aprobó una ley con dos artículos; por el primero refrendó el acuerdo con Nación y, por el segundo, el pago por expropiación de tierras para la obra a Senguer S.C.A., propiedad de Francisco, Carlos y Antonio Campos Braun en la zona del lago Fontana.

 

 

 

Más que el oro

“El agua vale más que el oro”, es la consigna que popularizó el movimiento social que a nivel provincial resiste la megaminería contaminante. Estos proyectos generados desde las clases dirigentes desconocen ese planteo y no lo discuten, como si no fueran afectaciones del mismo territorio.

El agua dulce es un bien escaso a nivel global. Por tanto, su disponibilidad y condiciones de acceso están en conflicto o, al menos, en tensión entre fuerzas desiguales por el control real de este bien de la naturaleza.

 

 

 

 

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