POLILADRIS

 

El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán está imputado como jefe de una organización narcocriminal integrada por cincuenta personas, sus secretarios, comisarios, policías y abogados. La dimensión de la causa refleja nuevas relaciones en los subsuelos de la democracia, con una escalada en un ciclo de diez años en el que aparecen funcionarios que pasaron de otorgar coberturas y zonas liberadas a engarzar a una red con una sucesión de muertes escabrosas y prácticas de sicariato, como el fusilamiento a plena luz del día de Diego Xavier Guastini, acribillado un día después de las elecciones del año pasado. Guastini estaba hablando. Era imputado en varias investigaciones. Hablaba de lavado de dinero, del contrabando de divisas y de la red de actores ligados al financiamiento, la lógica y la seguridad de clanes de narcotráfico. Un testimonio clave, en su última declaración entregó los datos para cerrar la causa Scapolán. Una estructura que esta semana salió a defenderse.

 

 

 

 

Scapolán arremetió. Hubo una feroz embestida contra su acusador, el fiscal federal Fernando Domínguez. Hubo notas en los medios y una presentación en la causa. En la causa apareció el abogado Marcelo Alejandro D'Angelo, director del departamento de Legales del ministerio de Seguridad durante la gestión de Cristian Ritondo. En los medios, Domínguez fue denunciado como encubridor de bandas y, a través de una carambola, asociado a la figura de Elisa Carrió. Sin embargo, Domínguez lleva dos décadas investigando a las bandas y las estructuras policiales y judiciales y territoriales de la provincia de Buenos Aires que las sostuvieron. Él fue quien descubrió a los autores del crimen de dos paramilitares colombianos en el primer gran caso de características narco en el shopping Unicenter de Martínez, en 2008, y acusó por el encubrimiento al entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo y su estructura de secretarios. La furiosa pero torpe respuesta de Scapolán sólo refleja la supervivencia del viejo esquema de alianzas que primero sostuvo a Novo, y ahora a su figura de recambio: Scapolán. Y un nombre: Sergio Massa.

Ya en el año 2013, Horacio Verbitsky presentó la santa alianza de intendentes en el cordón norte de la provincia de Buenos Aires y un sistema de protecciones del sistema de Justicia. “Desde Tigre hasta Pilar funciona una santa alianza de intendentes, narcos, fiscales y policías, cuya figura principal es Novo y su protector político Massa”, escribió entonces el director de este Cohete. “El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en Capital Federal. Todos sus intendentes integran el Frente Renovador de Massa, pese al origen político distinto de cada uno: el primo inteligente de Maurizio Macrì, Jorge, en Vicente López; el radical Gustavo Posse en San Isidro; el vecinalista ex PRO, Luis Andreotti, en San Fernando; el propio Massa en Tigre, y el ex duhaldista de Pilar, Humberto Zúccaro. Varios de ellos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido. Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos”.

 

 

 

 

La caída

Claudio Scapolán ahora es fiscal del Departamento del Crimen de San Isidro. Un departamento que se fragmentó y cambió de nombre en el año 2016. Hasta entonces, era jefe de la poderosa Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro con jurisdicción en los municipios de la santa alianza y mandato tanto en causas de drogas como de administración pública. Pero ese año cambiaron las cosas.

Julio Novo aún era fiscal general. Desde 2007 estaba en ascenso. Primero, con el caso de María Marta García Belsunce. Y un año más tarde con la investigación de Unicenter durante la cual puso y sacó fiscales a su antojo, con el primer recambio del fiscal Diego Grau cuando se aproximaba a la pista correcta. La conducta fue reprochada tempranamente por el plenario de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que lo acusó de haber instaurado “estructuras tenebrosas” y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de sus fiscales. En 2016, Arroyo Salgado lo procesó por encubrimiento a pedido de Domínguez. Novo pidió licencia. Y debió irse con una renuncia dos años más tarde, en 2018, cuando la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento. Para entonces, ya no estaba la figura que lo había sostenido desde la Procuración: María del Carmen Falbo había sido reemplazada por Julio Conte Grand.

Scapolán sufría su propia embestida. En diciembre de 2013 ordenó un operativo al que invitó al entonces gobernador Daniel Scioli a hacerse fotos en una quinta de Moreno. La quinta tenía un parque imponente con una pileta en diagonal y dos leones blancos hechos en moldura. El operativo tomó ese nombre: Leones blancos.

 

 

 

Scapolán mostró ante las cámaras bolsas con media tonelada de cocaína. Detuvo a moradoras, incautó la droga y se llevó máquinas selladoras. Con él había un grupo de policías de la Departamental de Investigaciones Anti-Drogas de Quilmes, que ese día se robaron hasta las macetas de la casa. En 2016, el año de la caída de Novo, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín anuló Leones Blancos, absolvió a los acusados y ordenó investigar al fiscal y a los policías con un fallo que es origen de la causa investigada por Domínguez. El operativo había sido armado, se había fraguado un llamado al 911, los policías habían llegado al lugar con un dato de Guastini y se habían quedado con la mitad de la carga, otra media tonelada de cocaína, parte revendida en Santa Clara del Mar.

 

 

 

 

En ese contexto, se desarmó la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de Scapolán. Y en su lugar se crearon dos departamentos. El área de Estupefacientes y el Departamento del Crimen. La separación nunca quedó clara porque todo funcionaba en el mismo edificio. Técnicamente Scapolán abandonó las investigaciones de drogas, pero quedó a cargo de las denuncias por defraudación al Estado de los funcionarios públicos de la zona. Es decir, los intendentes. Esa relación funcional explica el crecimiento y ascenso que él mismo tuvo entre los jefes territoriales de la zona. Como también dijo Horacio Verbistky en estos años, la Ley 13.274 sancionada en 2004 descentralizó las fiscalías provinciales con una lógica que las municipalizó. El artículo 11 facultó al Ministerio Público a establecer convenios con los municipios donde iban a radicarse las delegaciones de Ayudantes fiscales para la provisión de espacios físicos, pero también recursos humanos y materiales necesarios el funcionamiento. Los municipios así sostienen financieramente a quienes deben controlarlos.

Tras el robo a la casa de Massa en 2013, Scapolán recibió la denuncia de la esposa de la persona condenada por el robo. La mujer dijo que le habían desvalijado la casa. Y acusó al fiscal por haber archivado la causa. Una denuncia a la que luego se sumó Elisa Carrió, que siempre dijo que en realidad nadie quería que se investigara ese robo.

 

 

Palabras, palabras, palabras

Hoy Scapolán no está detenido porque tiene fueros. Arroyo Salgado ordenó la indagatoria y el 31 de julio dispuso la prohibición de salida del país. El 1° de agosto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense a pedido de la Procuración lo sacó de funciones con una licencia de 90 días sin goce de sueldo, con la sola disidencia de Eduardo De Lázzari. En el escrito, Conte Grand retomó aquella resolución de 2007 sobre las estructuras tenebrosas. Y dijo que era inadmisible la continuidad en el cargo hasta la resolución del jury, al considerar que incurrió en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del servicio de Administración de Justicia, tornando inadmisible su permanencia en las funciones.

Este martes 11 de agosto hizo lo propio el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia, compuesto por representantes de la Corte, Ministerio Público y Senado. En la primera sesión virtual de la pandemia dejó integrado el jurado que evaluará la acusación. De esta manera, cobró nuevo impulso el trámite iniciado en diciembre pero suspendido cuando Conte Grand pidió más elementos. Entre uno y otro momento, hubo imputaciones y detenciones, pero sobre todo una posición del procurador que cambió. Tuvo todos los elementos sobre Scapolán en la mesa desde noviembre de 2016 cuando ingresó al cargo. Primero por el fallo de San Martín de ese año, pero además porque un funcionario judicial de San Isidro le entregó en sus manos personalmente ese fallo para mostrarle la dimensión de un ciclo que recién ahora empieza a cortarse.

 

 

 

 

Esto también ocurre con el fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, acusado y procesado en causas de lesa humanidad y aún en funciones. Y es completamente distinto a lo que hizo con el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari, con licencia forzada desde el 17 de julio. Ferrari denunció al Procurador por integrar una red con el fiscal general adjunto Sebastián Scalera, también de Lomas, para iniciar investigaciones con objeto de “inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP (causas) con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios”. El ahora fiscal general licenciado es muy cuestionado por prácticas abusivas en la fiscalía. Pero su apartamiento se incorporó como preocupación a un informe que le elevó la Comisión Provincial por la Memoria.

 

 

Los malos y los malos

Los defensores suelen marcar linajes de sus defendidos. Y Scapolán tiene los suyos. Uno apareció en la tele: Felix Linfante. Linfante y Alberto Faes fueron abogados de Alberto Artemio Rossi, el arquitecto del bunker que el ex Presidente Carlos Menem construyó en Anillaco. En 2016 estaba casado con una hermana de Juliana Awada. El periodista Miguel Jorquera escribió que buscaba acceder a una licitación lanzada por su cuñado y recordó en ese contexto su historia como protagonista de un escándalo que primero lo tuvo como prófugo y luego como detenido, por trasladar residuos tóxicos desde Bahía Blanca hasta Mozanbique con socios que se formaron como gerentes en las empresas de Alfredo Yabrán y declamaban sus vínculos con el traficante de armas sirio Monser Al Kassar.

El otro abogado actúa como co-defensor: Marcelo Alejandro D'Angelo. Como se dijo, viene de la estructura de Ritondo. Fue jefe del departamento legal primero en la Legislatura porteña y luego en el ministerio de seguridad bonaerense a donde pertenecen los policías involucrados en la causa contra Scapolán. D'Angelo también es socio en defensas de Marcelo Hugo Rocchetti, ex jefe de gabinete del ministerio de Ritondo. En marzo de 2019, ambos aparecían como defensores del Cabo Primero de la Prefectura, Francisco Javier Pintos, el más comprometido en el asesinato de Rafael Nahuel, según explicó el periodista Santiago Rey en El Destape.

 

 

 

 

Ellos le imputan a Domínguez entre otros casos, su intervención en el caso Perez Corradi. Las acusaciones contra Domínguez fueron difundidas con llamativa insistencia en las señales de cable América24 y C5N. En ambos casos a pedido directo de Sergio Massa.

 

 

La violencia

El 10 de febrero de 2016, un juzgado de garantías de Tigre a pedido de un fiscal allanó la casa de la primera esposa de Ivar Pérez Corradi en Don Torcuato, por una denuncia anónima que hoy se sabe fue de la AFI. En el operativo estuvieron el Grupo Halcón y agentes de la AFI. Tiraron gases. Apuntaron a los tres niños a la cabeza, rompieron colchones, hirieron a un perro y mataron a otro. La jueza María Servini de Cubría denunció la ilegalidad del procedimiento. Tigre no tenía jurisdicción en la investigación que llevaban adelante dos juzgados federales. Pero además el allanamiento había frustrado una entrega negociada que estaba llevando adelante Ivar Perez Corradi desde la Triple Frontera. Domínguez investigó la denuncia de Servini de Cubría. Y procesó a fiscal y juez de garantías. Hoy esa causa también es retomada por Scapolán en su escalada contra el fiscal federal. Lo acusa de proteger bandas de narcotráfico y perseguir a los que hacen bien su tarea.

 

Es urgente

Hoy San Isidro está desentrañando una escabrosa organización con prácticas narcocriminales en la estructura del Estado. Son hilos de una telaraña que muestran la vigencia en la oscuridad de una suerte de Estado paralelo que es preciso, casi urgente, desentrañar antes de que sea tarde. Si esto no para, dicen allí, en dos años estaremos en México. Porque el sicariato como forma de acción expresa una nueva lógica de la política que también aparece en Rosario.

 

 

 

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