Poder parecerse

 

El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, se caracteriza por la cooptación y la manipulación posterior del Estado, y sus dispositivos de producción cultural apuntan a la consecución de su objetivo central: apropiación de renta y maximización de ganancias. En su declinación neoliberal ya no es preciso que el capital —en sus modos de conformación y de despliegue ilícito— mantenga una relación de externalidad respecto del Estado; más bien articula con él un vínculo de interioridad que le insufla legalidad y esta se convierte en una de sus máscaras.

En el gobierno macrista —en tanto terminal política de poderes económicos concentrados, de la oligarquía local en alianza con los organismos multilaterales de crédito internacionales y de otras investiduras oscuras— hizo síntoma con la utilización de todas las reparticiones del Estado para espiar (i)legalmente, perseguir opositores políticos, gremiales y sociales, y disciplinar a la sociedad ante la inminente oposición a su política económica de exclusión. Ese uso instrumental del aparato estatal tuvo por fin ese objetivo disciplinador por medio del accionar persecutorio, además de brindar una pantalla de legalidad a la terminal política cuyo modus operandi se corresponde con el de una organización criminal de tipo mafioso.

El Poder Judicial —en tanto poder constituido del Estado y dedicado a administrar justicia por función constitucional— fue (y es) el que consagró y legalizó la persecución a través de causas armadas que proveyeron el ropaje de legalidad al accionar ilegal e ilegítimo de los poderes fácticos y su representación política.

La consolidación de la guerra jurídica en tanto instrumento persecutorio responde a un fenómeno que tiene sus capas: incide en el debilitamiento de la política en tanto herramienta de transformación, visibilización, resolución de conflictos e intereses antagónicos; aplasta —casi hasta su supresión— la heterogeneidad político-social con el argumento falaz de la objetividad legal y procesal de un juicio; y puesto que el Poder Judicial encubre intereses corporativos, incumple de hecho la publicidad de sus actos, replica una lógica endogámica que impide su democratización (configura el espacio cerrado de la famiglia judicial), disimula su falta de fiscalización y repele la interpelación social. Esta caracterización —y la configuración ilegal que el accionar de un segmento significativo del Poder Judicial asumió a lo largo del gobierno cambiemita y después— requiere convocar la categoría sociopolítica “mafia” para explicar sus despliegues y operatorias, pues sus pautas de funcionamiento son similares a ese tipo de organizaciones criminales.

Las mafias son poderes ancestrales y sus primeros conflictos los tuvieron con una parte del Estado: el Poder Judicial. Las organizaciones mafiosas hallaron en el diseño estatal el principal obstáculo para su desarrollo económico, social y político. De aquí desciende que lo conocen bien, saben cómo funciona y cómo colonizarlo para que actúe en su favor. Ambos poderes comparten una misma ley: la de la omertà. Es la ley de silencio de las mafias. Palabra derivada probablemente de ominità (hombredad), sinónimo de virilidad. Es posible que sobre esa base se acuñó omertà. Otra hipótesis es que derivaría de humilitas, que en los dialectos meridionales de Italia daría umirtà (humildad), sinónimo de discreción. Finalmente, podría descender de Hómēros, una variante jónica del eólico Homaros, con el significado de rehén, prenda o garantía. En lo que a la mafia concierne, la omertà está representada por el respeto irrestricto e incondicional al no develamiento de las lógicas y el código que la aglutina, mientras que en el Poder Judicial se manifiesta por medio de la inviabilidad real de denuncias intra-poder, por la impermeabilidad a la interpelación social, a través del lenguaje hermético, por medio de la ausencia de explicación atendible ante la denegatoria de derechos y garantías y las sentencias arbitrarias.

Son modos de ir consolidando ese silencio y la preservación de la famiglia judicial. La forma de ausencia de fundamentación tanto en procesos como en sentencias arbitrarias, la denegación de pruebas, la negación oblicua de garantías constitucionales, son dimensiones que integran el silencio que asume el Poder Judicial. Hay más: cuando la ley se aparta de los hechos y deja de ser herramienta más o menos objetiva y universal en la mediación de conflictos interpersonales o con el Estado, emerge la violencia como forma de silenciamiento y resolución de conflictos.

En la Argentina el Poder Judicial —un segmento significativo— se ocupa de canalizar esa violencia. Aquí emerge otro punto de coincidencia con el poder mafioso, que se estructura alrededor de la violencia. La educación mafiosa tiene éxito cuando psicológica y materialmente predomina la violencia en todas las expresiones de la vida, de la cotidiana a la colectiva, de la comida familiar a la socialización, del esparcimiento a la actividad política. El predominio de la violencia que hace a la cultura mafiosa expresa también una concepción particular del poder: una fría voluntad que se especifica como forma de indiferencia hacia la otredad.

Todo esto explica —en parte— la nueva arremetida judicial-política que se está desplegando en la Argentina. Son las investiduras oscuras de un Estado mafioso alejado apenas del poder representativo que además del Poder Judicial cuenta con la permanente agitación mediático-manipulatoria para efectivizar la proscripción popular y el naufragio de una memoria nacional y latinoamericana de lucha y emancipación.

 

 

 

 

 

 

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