Poca tierra, mucha deuda (ajena)

 

La Justicia de Neuquén ordenó el remate de una fracción de territorio de una comunidad mapuche de Bariloche para pagar una deuda de honorarios de un abogado inversionista a un estudio jurídico de San Martín de los Andes, por hechos totalmente ajenos y desconocidos por esa comunidad asentada a metros de la costa sur del lago Nahuel Huapi. Al mismo tiempo, un banco privado reclama esa fracción por una hipoteca impaga del mismo inversor inmobiliario. El caso permite ponerle cifras a las maniobras de especulación inmobiliaria, uno de los aspectos más esquivos para documentar.

La comunidad Carriqueo sufrió el despojo de aproximadamente dos hectáreas de su territorio tradicional por parte de la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB), que avanzó durante la última dictadura cívico-militar, escrituró a su nombre décadas después y vendió a un comerciante local. La cadena de reventas llegó al Fideicomiso Desarrollando Patagonia, que compró a través de Rodrigo Andrés Segovia, abogado con operaciones inmobiliarias en Villa La Angostura e intervención en una empresa de servicios petroleros en Vaca Muerta, entre otros negocios.

El estudio Burgenik, Bertero & Asociados, de San Martín de los Andes, reclamó judicialmente a Segovia una deuda de más de 10 millones y medio de pesos por honorarios por su intervención en la demanda civil de un desarrollador inmobiliario de esa localidad cordillerana contra Segovia. Para cobrar su deuda firme desde 2019, el estudio pidió a la Justicia rematar específicamente ese lote (y no cualquier otro bien del acreedor), que ni siquiera está inscripto a nombre de Segovia, sino del fideicomiso para el que lo compró.

Esa misma tierra también la quiere el Banco Macro S.A. Está atravesada por el arroyo Gutiérrez y ubicada sobre la avenida Bustillo, de alto valor en el mercado inmobiliario. Segovia puso esa propiedad del Fideicomiso Desarrollando Patagonia como garantía para un préstamo de 320.000 dólares, que tomó Proideas S.A. para proyectos no identificados. Proideas era una de las firmas que impulsó un desarrollo urbanístico de 620 hectáreas en la ladera del cerro Bayo y costa del río Bonito en Villa La Angostura, que no prosperó por el alto impacto ambiental negativo. En 2015, el Banco Macro consiguió la ejecución hipotecaria vía judicial del lote de Bariloche, lo que choca con la decisión de la Justicia neuquina de 2021 a favor de los abogados locales.

Por su parte, la lofche (comunidad) Carriqueo sostiene la ocupación territorial en total desconocimiento de las maniobras financieras y legales que se realizan con su lugar. En agosto del año pasado recién supieron que un juez de Bariloche, a pedido de otro neuquino, dispuso el remate de sus tierras. La medida todavía no tiene fecha ni martillero público designado, informó Matías Schraer, abogado de Carriqueo.

 

 

 

Cadena uno

Fernando Raúl Vienna, desarrollador inmobiliario de San Martín de los Andes, en 2012 le pagó 1.652.000 pesos a Segovia (en representación del Fideicomiso Desarrollando Patagonia) por la fracción de Bariloche, según consta en la documentación pública del expediente judicial. Segovia debía levantar la hipoteca que mantenía con el Macro y escriturar a nombre de Vienna. Ante el incumplimiento, el comprador se reunió en Bariloche con Daniel Blousson, quien acudió como parte del fideicomiso. Luego la gestión para escriturar a su nombre fracasa, siempre según la versión que convalidó la justicia local.

En representación de Vienna, el estudio Burgenik inició la demanda civil y logró el embargo preventivo del lote, el mismo que también estaba en juego en la causa del Macro contra Proideas S.A. y Fideicomiso Desarrollando Patagonia sobre la ejecución hipotecaria iniciada en 2013 ante el Juzgado Nacional en lo Civil 66, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En julio de 2018, el juez Joaquín Cosentino de Junín de los Andes falló a favor de Vienna, fijando la deuda de Segovia en 75.000 dólares, a los que sumó algo más de tres millones de pesos por los intereses por mora.

En todo ese proceso, ni el juzgado ni las partes localizaron a Segovia para notificarlo en Villa La Angostura. Rarísimo, ya que Segovia otorgó poder a los abogados del estudio Burgenik para que actúen en otra demanda civil, también por derechos sobre una tierra.

De la causa Vienna quedó pendiente el pago de los honorarios a sus abogados, quienes reclamaron por vía judicial y lograron el remate judicial para cobrarse algo más de 8 millones de pesos por honorarios y otros dos más por los intereses.

 

 

 

Cadena dos

En 2010, Banco Macro S.A. otorgó un crédito de 320.000 dólares a Proideas S.A. para el que Segovia actuó como garante hipotecario y fiador con el lote de Villa Moreno, Bariloche. En representación de Proideas intervino Martín Oscar Gol Parés, de acuerdo a la copia del contrato de crédito con garantía hipotecaria aportado por el Macro a la Justicia neuquina. En ese momento, Gol Parés y Segovia coincidían en Cerro Bayo S.A., el centro de esquí de Villa La Angostura que pretendía hacer una mini-ciudad en alta montaña.

Segovia compró el lote para el fideicomiso a Martín Febus, comerciante de Bariloche, quien a su vez lo compró a la CEB en 2008.

Ninguna de las dos cadenas de negocios es de conocimiento de la comunidad, aseguró Susana Rosas, lonko de Carriqueo.

 

 

 

 

 

Amenazas a la ocupación tradicional

Hasta la década del '70, los padres de Susana sembraban alevinos en una laguna artificial, junto a los galpones de la leña que hacían para uso familiar y provisión a vecinos del lugar. La CEB avanzó sobre ese lugar, arrasó con la laguna y cercó unas dos hectáreas para montar una fábrica de columnas de cemento. Con máquinas pesadas destruyeron todo, recordó Susana. Hoy ese lugar es un cementerio de chatarra a cielo abierto, resumió.

 

 

 

 

 

 

Con la venta a Febus no terminaron los problemas, ya que le desmantelaba la toma de agua constantemente. Es un conocido comerciante del kilómetro 15.

Los abuelos de Susana se asentaron en el lugar a principios de la década del '30. Después empezó el acaparamiento de la unidad del Ejército, que mantiene litigios con todas las comunidades de la zona (Celestino Quijada, Tambo Báez, Millalonco-Ranquehue, Tripay Antû). Entre 1995 y 2012, Carriqueo estuvo bajo la presión del Estado nacional en un expediente de desalojo por presunta usurpación.

 

 

 

 

Las ventas, reventas e hipotecas son un capítulo diferente, con otros actores, en la lucha de esta comunidad por el derecho al territorio tradicional.

 

 

 

 

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