Plantar bandera

 

Con su habitual grandilocuencia, el Presidente Javier Milei declaró por decreto al 2024 como “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”, membrete que repetirán los documentos oficiales de la administración pública bajo su órbita.

Son tres consignas permanentes de un gobierno cuyo primer bimestre ha ido dejando claro que la interpretación debe ser restrictiva: qué se defiende y para quiénes es la cuestión. Mientras el decreto saluda a la Vida, la ministra Patricia Bullrich habilita a las fuerzas de seguridad a disparar contra personas sin dar la voz de alto. Ninguna fuente oficial ha aclarado cómo se defiende a la Libertad reprimiendo la protesta o pretendiendo limitar el ejercicio del derecho de reunión en lugares públicos a tres personas, de acuerdo a la redacción original del extinto proyecto de ley Ómnibus.

Lo mismo ocurre con la declarada defensa del derecho de Propiedad, cuando amplios sectores de la población se ven sometidos a un escenario en que confluyen un elevado costo de vida, la merma de ingresos, el encarecimiento de insumos y créditos, y el re-direccionamiento regresivo de los recursos públicos.

Los antecedentes históricos dibujan el futuro inmediato, como recordó recientemente la referente rural Lucy de Cornelís en un video en que destaca que el nuevo gobierno pone en riesgo no sólo a las tierras de pequeños y medianos productores –como ocurrió durante el menemismo– sino también a la noción misma de soberanía.

Hace casi tres décadas, en junio de 1995, Lucy de Cornelís dio desde La Pampa el impulso inicial para la formación del Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, que batalló contra el riesgo de remate que se cernía sobre 14 millones de hectáreas de la pequeña y mediana producción rural. Sólo en el territorio pampeano, recuerda hoy De Cornelís, la situación comprometía a 10.000 chacareros. El endeudamiento bancario del sector había crecido al calor de la convertibilidad.

La acción era simple: el grupo de mujeres se organizaba para presentarse en los sitios y horarios pautados para los remates, e impedía pacíficamente que se concretasen, cantando el Himno ante cada apertura de ofertas del martillero. En paralelo, reclamaban a los gobiernos provinciales y al nacional y soportaban el destrato de la Sociedad Rural, que nunca las admitió como representantes sectoriales. Pino Solanas incluyó la historia del Movimiento en su película La dignidad de los nadies.

El reclamo de fondo recién halló respuesta cuando Néstor Kirchner las escuchó, en una fría y lluviosa noche en que lo esperaron en el ingreso a la Casa Rosada. El Presidente las hizo pasar, conversó y se comprometió con ellas e instruyó a Felisa Miceli, entonces titular del Banco Nación, para que se refinanciaran las deudas bancarias por créditos contraídos, recalculando plazos y adecuando los pagos a los rindes de producción obtenidos.

Hace poco menos de dos años, en una entrevista que concedió al diario pampeano La Arena, De Cornelís lamentó constatar que algunos de los beneficiarios de aquella medida, “por vergüenza o porque están en otra línea política, no quieren decir que gracias a un gobierno popular salvaron sus campos”. Ya le había dicho algo parecido a Clarín, en el crítico julio de 2008.

El arribo de una nueva y feroz expresión neoliberal induce a pensar que tampoco existe un registro de las razones por las que una porción importante del agro había llegado a tal ahogo.

 

La fiesta de los grandes bonetes

Desde La Pampa, De Cornelís dice a El Cohete que el cuadro actual es aún peor que aquel que enfrentó a fines del siglo pasado junto a las Mujeres Agropecuarias en Lucha. “Estamos azoradas”, refiere sobre cómo recibe el grupo cada acción del gobierno que acaba de cumplir dos meses.

El escenario, describe, reúne factores de impacto inmediato sobre el sector más expuesto de la producción rural: el incremento del combustible y los insumos a valor dólar, la dificultad del acceso o pago de créditos y el permanente sobrevuelo de intereses y capitales extranjeros. Por otra parte, si se concretase la amenaza de privatización del Banco Nación, tampoco estaría disponible la llave con que Kirchner destrabó la angustiante situación por la que entre 1995 y 2005 reclamaban las Mujeres Agropecuarias en Lucha. “¿Quién va a ayudar? ¿Los bancos privados?”, señala.

“Muchos productores están ya entregados. Las grandes corporaciones, que tienen 70.000 hectáreas o más, no tienen problema. Al contrario, porque van a quedarse con tierras baratas”, diferencia. En contraste, se pregunta: “Quienes sean expulsados, ¿adónde irán? ¿A las ciudades, donde no hay nada para trabajar?”

En efecto, incluso antes del desembarco anarco-capitalista de diciembre el desempleo se mantenía en el orden del 6% de la población económicamente activa, pero el porcentual se cuadruplicaba si en el cálculo se incluía a quienes debían buscar un segundo trabajo o pretendían cambiar el que tenían.

En cuanto al sector agropecuario, los censos nacionales que el INDEC recogió en las últimas tres décadas y media exponen una marcada tendencia a la concentración. En 1988 la región pampeana –que incluye a la zona núcleo– contaba con casi 180.000 explotaciones agropecuarias. En 2002, luego de diez años de convertibilidad, su número se había contraído a poco más de 126.000.

En 2008 quedó inconcluso un nuevo censo nacional agropecuario, porque en aquel otoño creció el conflicto en torno a la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de granos. La medida del actual presidente de la UCR y entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, quedó en la memoria colectiva por su número: “La (resolución) 125”. Menos citada es la que en julio de 2015 se numeró con el 126 y se convirtió en una excepción en materia de políticas públicas, al diagramar un programa de subsidios para los pequeños productores de granos. El esquema era también redistributivo al interior del segmento, porque preveía escalas con montos inversamente proporcionales a los volúmenes de producción.

Esa política no tuvo continuidad cuando Mauricio Macri reemplazó a Cristina Fernández, y la fugaz experiencia no alcanzó a morigerar los efectos de un cuarto de siglo. En 2022 se publicaron los resultados definitivos del censo que el INDEC recogió en los campos argentinos en 2018. En los tres lustros transcurridos desde el último relevamiento que pudo completarse, la concentración continuó con paso firme y la región pampeana tenía poco más de 91.000 explotaciones agropecuarias, contra las ya reseñadas 180.000 de 1988. El grado de contracción se verifica en las cuatro provincias que la componen.

 

Clama el viento, ruge el mar

“Para los pequeños y medianos productores está muy complicado, y se va a agravar si se concreta la extranjerización de las tierras, que como consecuencia traerá el problema alimentario”, advierte De Cornelís.

Para la histórica referente, la soberanía sobre las tierras no es una cuestión menor. “La soberanía alimentaria está en peligro, y esto es lo más profundo de todo lo malo que (el gobierno de Milei) quiere hacer. Si no tenemos Patria, soberanía ni bandera, ¿qué somos? Tenemos que estar en la calle para defender lo que es nuestro, lo que nuestros patriotas y gauchos defendieron con su sangre”, reclama.

La derogación de la ley 26.337, que Milei incluyó en su DNU 70/23, es una invitación a la extranjerización masiva y rápida de la tierra: para el relevamiento de 2015, ninguna provincia argentina estaba cerca de tocar el límite de 15% que la ley había estipulado en 2011 para la tenencia extranjera del conjunto de su territorio, aunque sí existían departamentos o partidos que lo excedían. Eliminar el tope descubre la cuantía y velocidad de lo pretendido, que se conjuga con la licuadora de salarios en pesos. La derogación de la ley deja a merced de intereses foráneos zonas estratégicas antes vedadas a capitales extranjeros, como las ribereñas de cuerpos de agua o las ubicadas en frontera.

En coincidencia con el llamamiento de De Cornelís, quienes ya se pusieron al frente de la defensa de la soberanía son aquellos que saben qué es defenderla: el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y nulidad del decreto 70/23, cuyos artículos “ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”.

Increíblemente, el juez Alberto Recondo contradijo lo dispuesto por su colega Ernesto Kreplak y negó al grupo de veteranos de guerra interés legítimo o afectación especial para cuestionar en los estrados una medida que amenaza la soberanía que defendieron hace cuatro décadas.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí