Pesados contra el agua pesada

 

El Estado nacional y el provincial son igualmente responsables de la paralización de la planta industrial de agua pesada (PIAP) emplazada en Arroyito, a 55 kilómetros al sur de la ciudad de Neuquén, cuyo desmantelamiento por goteo golpea tanto a sus trabajadores como al complejo tecnológico nuclear argentino. Una amenaza de bomba y un corte general al suministro de energía eléctrica se combinaron en mayo de 2017 para paralizar la planta productora de agua pesada, única en el mundo por sus características tecnológicas y estratégica para garantizar un plan de energía autónomo.

La letra chica de los acuerdos internacionales de Macri se plasma en decisiones político-administrativas que las organizaciones de los trabajadores estatales analizan, para confrontar con las burocracias estatales y las dirigencias políticas locales que garantizan la implementación del modelo neoliberal. Después de la última medida de fuerza en la planta, el Ejecutivo neuquino dispuso una conciliación obligatoria para sacar el conflicto de la ruta y abrió una mesa de diálogo que el propio gobierno dejó desierta diez días atrás.

 

 

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), integrada en un 51% por el Estado de Neuquén y 49% de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la que opera la PIAP. El viernes 5 de julio la empresa liquidó el 50% de los haberes de junio, sin que haya fecha de cancelación de lo que resta, según la información que manejan los representantes de ATE.

En la crisis de la PIAP se palpan varios elementos y rasgos de esta etapa del modelo neoliberal en el voraz despliegue en el territorio y el control de los bienes de la naturaleza:

• La redefinición de los términos de la alianza estratégica de Argentina con China;
• La readeacuación de la matriz energética nacional (con el virtual desmantelamiento del complejo tecnológico nuclear) de acuerdo a las alianzas internacionales de la administración Macri;
• La materialización en el territorio de la tensión EE.UU.-China;
• La transferencia estructural de recursos públicos a las empresas privadas que explotan hidrocarburos;
• La subordinación de las políticas públicas a las estrategias de los capitales transnacionales, aún en medidas domésticas cotidianas; y,
• Los puestos de trabajo industrial altamente especializados como ofrenda de sacrificio.

 

 

Crisis laboral y crisis empresaria

Los trabajadores estatales nucleados en ATE plantean la confrontación más clara al modelo de vaciamiento de la ENSI/PIAP. “Nunca estuvimos tan mal, ni siquiera en los '90”, resumió Pablo Sosa, de la junta interna de la planta. Junto a Héctor Méndez, secretario de la junta interna, y Cristian Salas, delegado de sector, analizamos el desarrollo del conflicto el último año.

La empresa estatal se creó en 1989 y empezó a operar cuatro años después. En el '95 recibió un duro golpe en el marco de las privatizaciones y reforma estructural del Estado implementada por Menem. El 2009 fue el período de mayor producción con la reactivación de Atucha y Atucha II, alcanzando la planta de personal a un@s 600 trabajador@s.

Tiene dos unidades de negocios, la PIAP articulada por la CONEA y la de servicios a las petroleras. Los servicios no sólo ocupan la mayor mano de obra en este momento, sin problemas salariales, sino que impidió la liquidación de la empresa. El directorio de ENSI está integrado por dos representantes por Neuquén y dos por Nación. En algún momento evaluaron presentar el preventivo de crisis, paso previo a la liquidación. La opción se descartó por los compromisos contractuales vigentes con las petroleras para la operación y mantenimiento de plantas de gas y petróleo. Total Austral, Pluspetrol, Geopark e YPF tienen contratos vigentes. Ocupa 530 trabajadores el acuerdo con la Total y 250 el de Pluspetrol, mientras que en la PIAP se mantienen 260, panorama que da cuenta tanto del tablero de negocios como de la fragilidad laboral en que queda el grupo más chico en la planta que no produce desde 2017.

El último mes los trabajadores ocuparon la planta de Arroyito durante una semana por la retención indebida de haberes. Hasta la facturación a las petroleras se resintió, golpe gremial que llevó a la provincia a dictar la conciliación obligatoria, medida que no correspondía según ATE, por lo que no la acataron. La provincia ofreció una pinza: mandó a la policía a la ruta y convocó a una mesa de diálogo, la primera vez que funcionarios públicos parecían reconocen la necesidad de hablar con los trabajadores.

 

 

Juan Hurtado (de la secretaría de Trabajo) y Gabriel Ranucci (del ministerio de Energía) faltaron a la reunión prevista para fines de junio, mostrando cuál es su vocación de diálogo. Manuel María Ramón Gschwind, un histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino, es directivo de la ENSI. Durante la última medida de fuerza mostró también su idea de diálogo, haciendo innumerables llamadas telefónicas. El pago salarial por goteo fue arrancado por la medida de fuerza, no por la voluntad de diálogo.

Ni la masa salarial de la PIAP ni los gastos fijos están contemplados en el último presupuesto de la CONEA. En enero del año pasado comenzó a hacerse crónico el incumplimiento del convenio de trabajo. En febrero de este año Cammesa le cortó el suministro de energía eléctrica a la planta industrial por falta de pago de una deuda acumulada de unos 160 millones de pesos. A partir de entonces el proveedor es el EPEN, empresa provincial estatal, que debe estar absorbiendo la deuda en un acuerdo tácito del gobierno de Omar Gutiérrez (MPN) de no cuestionar la crisis y cumplir estrictamente con las petroleras.

 

 

Horizontes

El horizonte laboral es el más concreto y más precarizado; el de la empresa el más difuso y acechado por presuntos capitales de inversión que ven la oportunidad de hacerse con la millonaria capacidad instalada. En definitiva, hoy ENSI tiene dinero para pagar retiros voluntarios pero no para los salarios. La oferta a los trabajadores es:

• Retiro voluntario, con montos irrisorios respecto a lo que correspondería a un despido (un sueldo neto por antigüedad y obra social por seis meses);
• Reubicación en un yacimiento nuevo de la PECOM que está por entrar en producción renunciando a la ENSI sin retiro voluntario;
• Pase a servicios de las petroleras; y/o
• Permanecer en planta como plantel de conservación para un eventual proyecto de reconversión de la PIAP y de producir al menos para stock de las plantas en funcionamiento en Zárate.

En el último año y medio, representantes de capitales chinos y mexicanos visitaron Arroyito, que tuvo una inversión inicial de 1.000 millones de dólares, aumentada con innovaciones y reformas posteriores. Sólo existen versiones de los cinco supuestos interesados en invertir para la reconversión hacia la producción de fertilizantes.

Vaciada la mesa de diálogo, los trabajadores exigen ahora una reunión con el gobernador Gutiérrez, aunque arrastran la experiencia de la reunión de setiembre del año pasado cuando se impusieron los gestos teatrales de Gschwind ante Alejandro Monteiro, presidente de ENSI y ministro de Energía y Recursos Naturales; y Mariano Gaido, ministro de Trabajo y Seguridad Social.

La dirigencia neuquina y la burocracia estatal transmiten al conjunto de la sociedad la idea que será la inercia la que conduzca este conflicto, como si nuestro espacio de vida no fuera escenario de disputas de distinta naturaleza en la que la población local está directamente involucrada.

El gobierno nacional canceló el acuerdo de construcción de una central nuclear para China que requería de la PIAP producir 600 o más toneladas de agua pesada, lo que arrojaba una proyección de casi diez años de trabajo. Después de los cabildeos, acordó una central que desconoce y posterga la tecnología para la que por décadas se preparó el complejo industrial argentino. Por lo bajo, otros recortes de personal sugieren alcances más profundos de la subordinación a la hegemonía norteamericana, que tiene en la mira también al Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, instalación de la CONEA en Río Negro, a 65 kilómetros de Bariloche.

Después de varios años y pasos previos, en 2014 se firmó el acuerdo de cooperación entre Argentina y República Popular China para la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en Neuquén. Durante la administración Macri se conoció el proyecto de emplazamiento de una base “humanitaria” norteamericana en un predio ubicado en cercanías del parque industrial de la ciudad.

El destino de la PIAP se juega, necesariamente, en tensión con los realineamientos internacionales mientras a las dirigencias políticas locales sólo se les ocurre gritar, golpear la mesa y mandar a desalojar los piquetes.

 

 

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