Perros asesinos en el Borda

 

J.M. estaba internado en el Servicio 15 del Hospital Borda. Cinco perros lo atacaron, el último viernes, mientras caminaba por el parque del predio cerca de la zona del Centro Cultural del Borda. Lo trasladaron al hospital Penna pero ya era tarde. Murió a las pocas horas. Desde hace muchos años que lxs trabajadores del manicomio más grande de la ciudad de Buenos Aires vienen denunciando la presencia de animales en el lugar. Las autoridades suelen advertir al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur que se encarga de sacar a perros y gatos. Sin embargo, la pandemia puso en pausa muchas de las medidas de cuidados y seguridad en los neuropsiquiátricos. La muerte de J.M. es la muestra de la desidia absoluta en la que viven las personas internas en manicomios.

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio distintos organismos de derechos humanos han alertado sobre la situación de los manicomios en este nuevo contexto y la profundización del abandono preexistente. El 28 de abril el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había denunciado públicamente la presencia de animales en un comunicado donde enlistaban la falta de insumos para enfrentar la situación epidemiológica y las precarias condiciones de seguridad, escasa limpieza y deterioro de los tratamientos.

El 7 de mayo el CELS presentó un amparo colectivo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por la situación de gravedad estructural en la que se encuentran las personas internadas en los hospitales psiquiátricos públicos Borda, Moyano, Alvear y Tobar García, en el contexto de la actual pandemia. El amparo quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, que una semana después hizo lugar a la medida cautelar. Instó al gobierno porteño a proveer equipos de protección e insumos para prevenir y evitar la propagación del Covid-19 en los psiquiátricos de la Ciudad. También ordenó la realización de protocolos de actuación específicos.

Sin embargo, la jueza desatendió los alertas sobre la presencia de animales. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dijo que no existían tales jaurías.

“Por último, y en relación a la jaurías de perros reseñadas en el escrito de inicio, considerando que dicha circunstancia no ha sido acreditada, y que no existen a la fecha conclusiones médicas que permitan afirmar que la presencia de animales intensifica los riesgos de contagio, hágase saber a la actora que deberá acompañar las constancias pertinentes que acrediten la existencia de dicha situación, a fin de reevaluarse, en caso de corresponder, la pertinencia de dicha requisitoria”, respondió en la cautelar a la que tuvo acceso LATFEM.

“Las personas encerradas en estos lugares están bajo tutela estatal, por lo tanto, el deber de cuidado es una obligación irrenunciable. Las autoridades políticas y las del Hospital Borda son responsables por este gravísimo hecho que deberá investigarse de acuerdo a los estándares del Órgano de Revisión Nacional sobre las muertes ocurridas en contexto de encierro psiquiátrico. Al respecto, el organismo ofició a las autoridades y solicitó medidas preventivas y reparatorias urgentes”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado.

“La desidia que atraviesa nuestro hospital viene de larga data. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a mostrar la peor cara de la salud pública en el distrito más rico de la Argentina. La problemática con los perros no es algo nuevo para nosotrxs, que somos quienes llevamos adelante las actividades cotidianas dentro de la institución”, señalaron en un pronunciamiento desde la Junta Interna ATE – Hospital Borda. “Todos los años se realizan las gestiones correspondientes, para que el Pasteur concurra a la institución y retire a los canes. Creemos que ante la situación sanitaria que estamos viviendo, no dieron los plazos para realizar dichas acciones y hoy tenemos que lamentar un fallecimiento”, agregaron.

No es la primera vez que una jauría ataca y mata a pacientes de hospitales psiquiátricos en la Argentina: en 2008 ocurrió en la colonia Domingo Cabred, en la localidad de Open Door. Un paciente psiquiátrico murió tras ser atacado por perros salvajes que le devoraron el cuello, los testículos y brazos, mientras deambulaba por el parque. En 2015 en Uruguay otro hombre murió en Colonia Etchepare.

 

 

Una década en deuda con la salud mental

En la Argentina, 12.035 personas viven distribuidxs en los 162 manicomios públicos y privados del país. Estas personas pasan períodos mucho más prolongados que una cuarentena: un promedio de tiempo de encierro de 8,2 años, que aumenta a 12,5 en el sector público, según el Censo Nacional de Salud Mental de 2019.

Las personas bajo encierro psiquiátrico son un grupo de alto riesgo ante el eventual contagio del Covid-19. En general, son mayores de 65 años, presentan patologías previas (diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias). Y, a la vez, consumen altas dosis de medicación psicofarmacológica. La mayoría de estos tratamientos van deteriorando su salud.

En espejo con lo que sucede con los geriátricos y las cárceles, basta que sople un viento fuerte para que la inmunidad de estos lugares se derrumbe. En Uruguay, el caso del Hospital Vilardebó, el único hospital psiquiátrico con referencia de pacientes agudos, es una muestra de lo que puede pasar si el coronavirus traspasa las fronteras de un manicomio si no se toman medidas de cuidado serias y la única alternativa es más encierro. Allí se confirmó el primer caso de Covid-19 el 5 de abril. Se trataba de un paciente psiquiátrico con síntomas respiratorios. La propagación siguió la vorágine del riesgo expandido: 25 casos en los primeros días que se duplicaron a la semana y los contagios siguen en ascenso. Es que las personas que viven bajo encierro psiquiátrico pueden quedarse estrictamente encerradas pero lxs trabajadores de la salud, trabajadores sociales, profesionales, personal de limpieza, cocina y un largo etcétera entran y salen de esos lugares como personal esencial. En el Hospital Moyano, por caso, trabajan mil personas apróximadamente.

Los cuidados que se desplegaron para esta población son más frágiles que los contornos rígidos que marcan el ritmo de sus rutinas. En tiempos donde lavarse las manos es la esperanza de supervivencia, en las salas del Hospital Moyano, por ejemplo, no hay jabón ni toallas descartables. Y hay servicios de internación que pueden pasar doce horas sin una limpieza en profundidad ya que el trabajo de limpieza se encuentra tercerizado en una empresa privada y el horario es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, las personas internadas pasan 12 horas en lugares en los que no hay limpieza ni ventilación adecuada. La lavandina nunca alcanza y el alcohol solo es para lxs trabajadores.

A comienzos de abril, médicos y profesionales de la salud presentaron amparos por la ausencia de recursos mínimos para trabajar de manera segura. Fueron favorables y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activó algunos recursos para lxs trabajadorxs pero muy poco para las usuarias.

Hace una década la Ley Nacional de Salud Mental dispuso la sustitución del modelo manicomial por uno de salud mental comunitaria, que respete los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y garantice su vida independiente y su inclusión social. Así como estos lugares no deberían existir en la Argentina, la muerte de J.M. también podría haberse evitado.

 

 

 

 

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