Perdiendo El Norte

 

El poder mediático judicial actúa incansablemente para esmerilar al gobierno provincial y nacional. Trabajan en esa línea medios como Clarín, La Nación, Infobae y también el diario El Norte de la ciudad de San Nicolás, en manos de la familia Passaglia, que gobierna ese distrito y que responde a Cambiemos. El diario decidió desprestigiar la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno de Axel Kicillof desde el Hospital San Felipe. Lo hizo con la ayuda de la fiscal Verónica Marcantonio, prima hermana del periodista del diario Guillermo Insúa. Marcantonio actuó de oficio a partir de trascendidos sobre supuestos “vacunados VIP” y allanó el efector de salud provincial obteniendo el listado de vacunados. Luego declinó continuar con la investigación porque entendió que la competencia podría ser federal. La supuesta investigación del diario se encontró con el escollo de no poder acceder a los listados confidenciales. El propio Insúa lo explicó a Perfil diciendo que “la investigación periodística se topa con esta barrera, necesitamos que algún fiscal se haga cargo del asunto y fue la doctora Verónica Marcantonio que de oficio se hizo cargo de esta causa”. No explicó si oficiaba como prima o como fiscal dispuesta a esmerilar, porque hay privilegios que no se revelan.

 

 

 

Marcantonio allanó el Hospital el 23 de febrero. Según explicó en el noticiero local que ofrece Cablevisión-Clarín, supo del tema por los medios y su decisión de actuar de oficio tuvo el respaldo de la fiscal general interina de San Nicolás, Sandra Bicetti. Agregó que Bicetti había estado en comunicación con la fiscalía federal “porque en principio las dos entendemos que esto puede ser un delito federal” aunque desde fiscalía federal le expresaron que no iban a intervenir porque nada había hasta el momento. Ante la pregunta del periodista si constituía esto un delito, Marcantonio respondió que no. Pero volvió con la idea de que podía ser un delito federal. No es delito pero podría serlo, expresa la pescadora de oficio.

 

 

 

 

Sandra y Verónica contra los privilegiados

Bicetti ocupa la fiscalía general de San Nicolás en forma provisoria luego de la jubilación de Héctor Tanús. Su designación es producto de un acuerdo político entre los Passaglia, el procurador general Julio Conte Grand y el entonces senador radical nicoleño Julio Marcelo Dileo, miembro del Consejo de la Magistratura. La carrera de Marcantonio, en tanto, es fruto de los oficios de su madre, que como relatora de la Cámara Penal acomodó a sus hijos en el Poder Judicial. Verónica entró como empleada muy joven, mientras estudiaba derecho. Una vez que se recibió de abogada consiguió el nombramiento como fiscal. Sobre su especialización en la tarea de investigación y juicio de delitos vinculados a la Ley 23.737 de comercialización de estupefacientes, Marcantonio contó orgullosa haber asistido a los cursos brindados por la Embajada de Estados Unidos, como publicamos en El Cohete.

En octubre del año pasado, la fiscal provisional Bicetti daba cuenta de su lucha contra los privilegios. En un audio se puede escuchar al secretario de la fiscalía general, Nicolás Barile, solicitando a un efectivo policial de nombre Esteban por el robo de una moto al sobrino de Bicetti. Ante ese pedido, que reveló el medio Prensa Libre, vino la respuesta del Jefe Departamental de la Policía de Seguridad, el comisario inspector Gabriel Cabral, soldado heroico, que para ganar puntos con la fiscal general envió un mensaje a su personal expresando que recompensaría con 15 días de franco a quien recuperara la moto.

 

 

Por orden del procurador Conte Grand, en 2019, ante la necesidad de mostrar efectividad en un año electoral, Bicetti dispuso la creación de la policía judicial designando al mando al hasta entonces secretario e instructor judicial Juan Francisco de la Torre. En abril, desde la fiscalía general le notificaron a De la Torre que Marcantonio lo había denunciado penalmente porque una pareja que comercializaba sustancias ilícitas lo había mencionado como quien brindaba información alertando sobre los allanamientos. La causa terminó en Pergamino y recayó en el fiscal Nelson Mastorchio, ex secretario de seguridad de la municipalidad colocado allí por el ex senador Dileo. A De la Torre le facturaron su trabajo en la causa que tramitaba en la fiscalía de Patricio Mujica Díaz, iniciada por él en 2016, en la que investigaba al cuñado de Dileo, Iván Barbotto, por comercialización de drogas. La mujer que había señalado a De la Torre como quien avisaba de los allanamientos declaró luego que Macantonio la había inducido para que lo nombrara pero que quien avisaba era en realidad un tal Gabriel Sánchez. El procurador Conte Grand suspendió en sus funciones a De la Torre, que ahora cobra un porcentaje reducido de haberes y enfrenta esa causa penal armada.

Agustín Dileo, sobrino del ex senador, es abogado y trabajaba en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de San Pedro. Cuando Biccetti quedó a cargo en forma interina de la fiscalía general, allí aterrizó Agustín. Su lugar en la UFI 11, lo cubrió un fiscal de otra unidad que al cabo de un tiempo terminó agotado y con tratamiento psiquiátrico. Todo un despropósito en favor de un familiar de Julio Dileo, que la colocó en ese lugar. Actualmente Agustín Dileo pasó a cumplir funciones en el juzgado de garantías 1 a cargo de Román Parodi, quien llegó a ese lugar con el apoyo del ex senador Dileo. Parodi fue quien dio el visto bueno para el allanamiento en el Hospital San Felipe. Las heroínas fiscales Sandra y Verónica, que desconocen privilegios, salieron de oficio en búsqueda del posible delito de privilegiados con el garante Parodi. Las chanchadas que comete el Poder Judicial por estos lares pueden corregirse si el Gobierno provincial concluye el concurso para la designación del fiscal general del departamento judicial de San Nicolás.

 

Sin Norte

Fernando Daniel Curas es el nuevo director del diario El Norte de San Nicolás. Fue director de comunicación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del macrismo durante 2018 y 2019. En los medios comerciales capitalinos se desempeñó en radio Rivadavia, en radio Uno, con Ari Paluch, en La Red con Facundo Pastor y Jonathan Viale. En la televisión su paso fue por América 24 con Mauro Viale y Matías Tombolini, en la web con Maximiliano Montenegro y también realizó suplencias en TN. Trabajó en la campaña de las elecciones de 2017 como jefe de prensa de Tombolini. Desde el diario que ahora dirige se apuntó a la campaña de vacunación que se realiza en el hospital. El atajo que tomaron en la supuesta investigación fue ignorar a quiénes abarcaba la campaña optativa de vacunación. El gobierno de Kicillof dispuso para la inscripción de una página web sencilla y estableció cinco grupos prioritarios: personal de salud, docentes, personal de seguridad, mayores de 60 años y adultos de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes. El Norte instaló la idea de que si no se habían vacunado todos los médicos del nosocomio era irregular que lo hubieran hecho personas ajenas a la profesión, aunque no pensaron en la diferencia entre médicos y personal de la salud, que abarca a trabajadores y profesionales de distintas áreas, como los abogados que trabajan para sanatorios u obras sociales. También olvidaron la desconfianza en la vacuna que instalaron los medios masivos. Una explicación clara la brindó el Gobernador en un reportaje en C5N:

 

 

Una vez armada la campaña de desprestigio con la nota que El Norte publicó el 7 de marzo, el portal Infabae, de Daniel Hadad, se encargó de amplificarla, apuntando al Hospital San Felipe. “Esta semana circuló la imagen de un joven de 22 años llamado Enrique Nervo, militante de La Cámpora, quien el 1º de marzo compartió en la red Facebook el momento posterior a recibir la vacuna Covishield del laboratorio AstraZeneca”, describieron desde El Norte. El joven estigmatizado trabaja por la tardes en una heladería pero en las mañanas en el área de logística del San Felipe, por lo que fue inoculado como personal del Hospital. Nervo contó para esta nota que está abocado a la tarea logística en el vacunatorio que funciona en la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad.

También, apuntaron a Osvaldo Nuciari, padre de Brenda, directora adjunta del Hospital. Osvaldo es proveedor del nosocomio de medicamentos oncológicos desde mucho antes de que su hija ocupe ese cargo, por lo tanto forma parte de los trabajadores de la salud. Infobae señaló a Paola Enrico, concejala por el Frente de Todos de la ciudad. Lo que no dijeron es que como odontóloga forma parte del personal de salud. Era necesario marcarla como vacunada VIP para estigmatizar su militancia y pertenencia política.

Entre los nombrados por El Norte están los abogados que trabajan para diferentes efectores de salud u obras sociales, incluidos dentro de los grupos que pueden acceder a la vacuna. José Aroza se registró en la web a fines de enero “esperando que se inscribieran y se vacunaran personas con más riesgo, porque está claro que yo soy personal de salud no esencial, con muchísimo menos riesgo que otros”, dijo ante la consulta para esta nota. Aroza recibió la primera dosis el 8 de febrero y la segunda el 3 de marzo. Mencionado en la radio local Net y el diario El Norte, el abogado envió carta documento solicitando derecho a réplica. En la radio le otorgaron el espacio y la servilletita de papel para sacarse el barro arrojado. Reconocieron que Aroza no había cometido ningún ilícito pero insistieron en que no era ético que con 64 años y sin riesgo extremo se hubiera vacunado antes que personas de mayor edad. El diario que lo bautizó como “vacunado VIP” no le otorgó derecho a réplica. “Es una operación política que apunta a desacreditar al plan de vacunación, al gobierno provincial y nacional. Apuntan a la dirección del Hospital San Felipe y a algunos militantes, porque no tiene ningún objeto que me hayan nombrado más que por mi pertenencia política”, señaló Aroza.

También Eduardo Feinmann participó de la ampliación de la campaña en medios nacionales. “Mai Echaniz. Es hija de un director, dicen, de cine K (sic). Que hizo la película de Milagro Sala ¡Pero Mai se vacunó! ¡No tienen cara! ¡No se les mueve un pelo de vergüenza y te muestran ahí el certificado de vacunación!”, señaló con traje de indignado desde el canal de La Nación. Mai es Mailén, es trabajadora de la educación, enseña música en un jardín y por ende pertenece a uno de los grupos a los que está destinada la vacunación optativa.

“Cuando una persona tan nefasta como Feinmann te nombra en su canal primero te cagas de risa, después te da mucha bronca y al final te cagas de risa otra vez”, escribió desde su cuenta en Facebook. “Porque sabemos cómo son, que arman circos para la gilada, que omiten lo más importante (lo que hace que caigan todas sus especulaciones), que es el hecho de que soy docente de Música y que me llegó el turno al igual que todas mis compañeras del jardín. Sin mencionar que mi viejo no está vacunado, entonces ¿cuál es la lógica? ¿dónde está el sentido? Nada, no hay chequeo”. Su padre Marcelo realizó el documental de Milagro Sala en San Nicolás, uno de los tantos documentales sobre la dirigente social jujeña.

La carrera política de Ismael Passaglia comenzó a partir de su función de director del Hospital San Felipe, donde construyó una buena imagen en la ciudad que le permitió ser intendente. Cuando decidió pasarse a las filas de Cambiemos no existieron cambios que afectaran su estructura de poder, que creció. En mayo de 2017 Passaglia fue nombrado por María Eugenia Vidal al frente del Instituto de la Vivienda y quedó su hijo Manuel en la intendencia. Passaglia concurría una vez a la semana al Instituto. 5.000 viviendas quedaron a medio camino. Los certificados de obra que estaban en marcha se dejaron de pagar a partir de agosto de 2019, generando que el gobierno de Kicillof se encontrara en diciembre con las obras caídas. Abrir muchos frentes de trabajo sin concluir fue la característica de su espantosa gestión. En San Nicolás había cuatro autos del Instituto de la Vivienda que Passaglia dejó en su ciudad y tarjetas-vale de nafta a disposición. Durante su gestión se ejecutaron más viviendas en San Nicolás que en La Matanza. Su manejo en el Instituto fue netamente familiar. Si bien concurría una vez por semana, era su hijo Santiago –diputado bonaerense–el que manejaba el Instituto de la Vivienda. Aunque costó, la nueva administración pudo recuperar los autos.

Al asumir Kicillof la gobernación, Passaglia vio que se afectaba su poder en el territorio. Perdió el control de los puertos y el efector de salud. El ataque de su diario tiene también esa explicación. “Los medios colocan así a la comunicación ante su contradicción más fundamental: que siendo ella patrimonio colectivo de toda la Humanidad, de la cual ningún hombre puede ser excluido, sean los instrumentos que la sirven objeto de la propiedad privada”, escribió Camilo Taufic, destacado periodista, profesor, investigador y consultor en comunicaciones, en su libro Periodismo y lucha de clases. “En la sociedad de clases, históricamente hablando, los medios más desarrollados en cada época han estado siempre en manos de la clase dominante, que los ha usado al servicio de sus propios fines”, añadió. Nada de eso parece haber cambiado.

 

 

 

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