Péguele al más débil

 

Una ofensiva política y judicial se desató contra una familia de pequeños productores ganaderos que ocupa el campo en el que la provincia de Neuquén pretende emplazar un proyecto de tratamiento de residuos domiciliarios sin su consentimiento, a pesar de que lo ocupan desde hace 55 años. La subsecretaría de Medioambiente y dos empresas contratadas por ese organismo denunciaron penalmente a un miembro de la familia Soto Villagra por presunta turbación de la posesión de la tierra donde él mismo se crió y trabaja con animales. La Justicia lo condenó en primera instancia por haber tratado de impedir en octubre del año pasado que maquinaria pesada entrara al pequeño campo ubicado en Pampa Alicurá, sobre la ruta nacional 237, a unos 85 kilómetros al sur de Piedra del Águila. La intendencia de San Martín de los Andes, a cargo de Brunilda Rebolledo (Movimiento Popular Neuquino), parece la destinataria inmediata de los beneficios de la ofensiva, aunque los alcances y motivaciones de fondo todavía están por verse.

Hace exactamente un año Marcelo Soto advirtió que máquinas pesadas trabajaban dentro del campo que ocupaba junto a su madre Marta Villagra y sus hermanos. Cambió el candado de la tranquera de acceso y denunció el caso ante la comisaría de Piedra del Águila. También entregó copia de la llave nueva al responsable de la Corporación Forestal Neuquén SA (Corfone), ya que esta empresa de capitales mixtos usa la servidumbre de paso desde hace años para acceder a una plantación de pinos en un campo propiedad de YPF SA.

La provincia ya había armado una pinza institucional para despojar a Soto Villagra de 54 o 70 hectáreas —según distintos documentos oficiales—, para emplazar el proyecto Girsu del sur para la deposición final de los residuos domiciliarios de las localidades de Villa Pehuenia, Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Piedra del Aguila, Villa Traful y Villa La Angostura. El campo de estepa alta es de 984 hectáreas, a las que quedó reducido después de perder las mejores tierras junto al río Limay cuando se realizó la represa hidroeléctrica Alicurá, sin recibir ningún tipo de compensación. La familia tiene documentada su presencia en esa tierra fiscal desde 1964, con expediente administrativo de solicitud de compra desde 1975 con sucesivos y renovados pedidos con cada nueva gestión de gobierno.

 

 

Pinza institucional

La provincia cercó a Soto Villagra a través de dos organismos diferentes y una SA, centralizados en un mismo ministerio. Con fecha 2 de octubre de 2018, la dirección provincial de Tierras, dependiente de la secretaría de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, resolvió disponer de 54 hectáreas de la parcela familiar para desarrollar el proyecto Girsu, argumentando que doce días antes había hecho una inspección al lugar en la que constató que no había ni pobladores ni trabajos. A la vez, en esa misma resolución, dice que San Martín de los Andes debe ser el primer municipio que lleve residuos al lugar porque una orden judicial le impide seguir haciéndolo en el basurero ubicado dentro de su propio ejido. Menciona, además, que existe una servidumbre de paso de acceso a una forestación de Corfone, que puede ser usada para llegar a una cantera abandonada por la ex Hidronor que realizó la obra de la hidroeléctrica.

El 3 de octubre ingresó al campo con maquinarias la empresa Soil SRL contratada por el Estado. Al día siguiente por la mañana, Soto denunció el caso en comisaría y cambió el candado; por la tarde, Fernando Domínguez, director provincial de Tierras, dejó su despacho en la capital provincial e inició la causa por presunta turbación de la posesión en Piedra del Águila.

En los días siguientes se sumaron otras denuncias contra Soto a través de Cristian Marchena, socio gerente de la empresa de seguridad A1 Black Crow SRL, con domicilio legal en San Martín de los Andes y contratada por la provincia para prestar servicio en el predio afectado a Girsu.

La argumentación estatal para sostener el presunto perjuicio y las piezas en juego conducen necesariamente a Jorge Lara, secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente. Este funcionario público actúa como un verdadero ministro sin cartera y encarna como pocos el establishment provincial, permaneciendo por décadas en la estructura burocrática a pesar de las internas del MPN y los recambios de gobierno. En este caso, él mismo es miembro del directorio del Corfone que dice haber sido perjudicada por el cambio de candado de la tranquera; firmó la resolución que desafectó las 54 hectáreas a la familia Soto Villagra; impulsa el proyecto de tratamiento regional de la basura y tiene en San Martín de los Andes su patria chica. A la vez es el responsable de mantener a los Soto Villagra sin el título de propiedad, ya que nunca avanza la dirección de Tierras bajo su órbita en culminar ese trámite.

La provincia aseguró en su denuncia penal que el cambio de candado turbó la posesión del campo “La Escondida”, propiedad de YPF, que mantiene un convenio con Corfone para forestación, cierre del perímetro y limpieza de los sectores para la prevención de incendios. Así Lara hizo entrar por la ventana a YPF en este caso. De acuerdo a la descripción del lugar y las imágenes satelitales analizadas, la servidumbre de paso que se usa para acceder a la forestación de YPF no es coincidente con el camino a la cantera donde en enero de este año empezaron a apilar paquetones de contenido que jamás se peritó, según los abogados que representan a la familia.

En audiencia por la denuncia penal, Juan de Dios Luchelli, subsecretario de Medio Ambiente, el segundo de Lara, declaró que en la dirección de Tierras y el área a su cargo los trabajos previos fueron desde agosto del año pasado, y que finalmente mediante una resolución le fueron adjudicadas a la subsecretaría a cargo de su superior 70 hectáreas para llevar a cabo el proyecto sobre deposición final de residuos.

 

 

El elegido

La parcela de esta familia tenía casi 2.000 hectáreas hasta que se llenó el embalse Alicurá, dejándola en unas 1.200 aunque en la documentación del caso se refieren sólo a la fracción de 984. Son tierras de estepa, áridas, muy frías en invierno, con algunas vertientes de agua dulce suficientes para la cría de ganado vacuno.

 

 

La familia complementa sus ingresos con otras actividades en el pueblo, lo que es muy frecuente en los pequeños productores de la zona, por lo que no es raro que algún día no estén en el campo, como pasó cuando el inspector de Tierras fue sin avisar previamente, pese a que lo exige la legislación vigente.

Las inspecciones de tierras son un instrumento clásico usado por la burocracia estatal tanto para negar derechos a los ocupantes de tierras fiscales como para crearlos en beneficio de apropiadores, tal como hemos documentado en otros casos.

Mil hectáreas en esta zona agroecológica, sin humedales ni ríos que la atraviesen, es una unidad productiva muy chica. Diferente es la situación de los linderos, en los que pesan las superficies y los bienes de la naturaleza a los que acceden las propiedades de Alicurá SA, Los Molles SA, Caleufu SA y Mojacar SA, esta última de escasa superficie pero con amplio acceso a la costa del río Limay.

Este conflicto muestra cómo en la lucha central por el control del territorio convergen, a la vez, visiones de políticas públicas en que el área rural (y los derechos de su población) pueden sacrificarse selectivamente para cubrir las fallas estructurales del desarrollo urbano, en este caso de los enclaves turísticos de cordillera. A la vez brinda más elementos sobre la estructura de la propiedad de la tierra y la presencia de grupos económicos en la región.

Sin analizar aquí el proyecto de deposición final de residuos en Alicurá (ni en sus aspectos medioambientales, ni de costos operativos, ni de los capitales beneficiados), en una primera mirada del conflicto surge que:

• El Estado pretende sacrificar el proyecto de vida de una familia de pequeños productores ganaderos para solucionar una de las consecuencias del crecimiento urbano del cordón de localidades turísticas fuera de sus propios ejidos; y
• Se invoca el interés colectivo de las comunidades locales sin que éstas estén informadas de los alcances de las medidas, tratando de sumarlas de hecho a la acción estatal de despojo contra Soto Villagra.

En campaña electoral, el gobernador Omar Gutiérrez anunció una licitación pública por equipamiento para los municipios que usarán el proyecto Alicurá, desconociendo que hay acciones judiciales en trámite y que el debate público apenas se inició. La conocida estrategia de los hechos consumados.

 

 

 

 

 

(Javier Grosso analizó las imágenes satelitales y realizó la cartografía para este informe.)

 

 

 

 

 

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