Patricia y los Rey

Protocolo anti-piquete y anti-bloqueo a medida del MEAB

Por Fernando Latrille

 

Se reglamentó el protocolo antibloqueo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así lo dispone la Resolución 901/2024. Patricia Bullrich ejecuta como ministra, con su fuerza de seguridad, lo que impulsó por fuera del Estado cuando estimuló la creación del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB). En febrero se reunió con esa organización empresarial que agita el fantasma de "extorsión sindical" para esconder la violación a convenios colectivos de trabajo.

Ariel Rey fue candidato a intendente en las elecciones pasadas en la ciudad de San Pedro y salió segundo en las generales, detrás del candidato ganador de Unión por la Patria, Cecilio Salazar. Es uno de los propietarios de la empresa distribuidora de alimentos de la ciudad de San Pedro que lleva su apellido. Consiguió el apoyo del MEAB, que en su momento motorizaba Bullrich y que se referenciaba en el PRO. Hoy el MEAB responde a Milei. Los Rey denunciaron en 2021 a sindicalistas de Camioneros y lograron su injusta detención. Contaron para ello con la abogada Florencia Arietto, que ahora es senadora bonaerense por La Libertad Avanza. Desde su origen, Ariel Rey forma parte del MEAB.

El inicio del MEAB se inscribe cuando, el 1 de mayo de 2021, Patricia Bullrich junto a Florencia Arietto estuvieron en la empresa Lácteos Mayol. La firma, que se encuentra ubicada en la localidad bonaerense Gobernador Udaondo, denunciaba extorsión sindical, aunque no respetaba el convenio laboral de sus trabajadores y eso llevó a la protesta gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA).

 

Patricia Bullrich y el MEAB.

 

Ese conflicto llegó a un acuerdo. Pero ahí comenzó toda una estrategia con apoyo político del PRO que junto a empresarios judicializaron la protesta. Esa articulación permitió la conformación del MEAB, que tuvo como fundadora y presidenta a la empresaria rosarina Verónica Razzini, actual diputada nacional por el PRO.

 

 

En nombre de la producción y el trabajo

“Ustedes saben la cantidad de años que bloquearon empresas y no dejaron trabajar a miles y miles y miles de personas. Gente que tuvo que cerrar sus empresas y la fuente de trabajo porque algunos vivos querían quedarse con la empresa. Hoy eso se terminó porque tenemos un protocolo antibloqueo”, anunció Patricia Bullrich en un spot en el que publicitaba la resolución emitida por su Ministerio. Imágenes de protestas sindicales captadas por noticieros acompañan la palabra de la ministra, orgullosa de dar un paso más para coartar el derecho a la protesta.


“El que hace piquete en la puerta de una fábrica se va como con el protocolo anti-piquetes que ha liberado las calles de la Argentina. Esta nueva herramienta es a favor de la producción y del trabajo, lo que necesitamos en la Argentina”, dice la ministra. Ante la recesión que generan las políticas de ajuste de la pareja de hermanos gobernantes, Bullrich asegura y pone a disposición de empresarios, en nombre de la “producción” y “del trabajo”, palos y gases de su fuerza para los gremios que protesten en el futuro inmediato por los despidos que vendrán.

En la Comisión de Legislación Laboral en el Congreso, el MEAB se manifestó en defensa de la figura penal del bloqueo a empresas. Ariel Rey fue uno de los expositores en el marco del análisis de los proyectos de ley sobre modificaciones de las leyes 14.250 de Convenios Colectivos de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales. En la Cámara de Diputados, el 29 de agosto, se refirió a lo padecido “en carne propia”. Dijo haber sufrido “la impotencia de cómo se pisotean los derechos” de quienes solamente quieren “trabajar en paz”.

Señaló también que tanto sus empleados como su familia soportaron “insultos, agravios y una presión constante por parte de quienes, con la excusa de la protesta, ejercen violencia y coacción”. Ariel Rey enumeró que, como resultado de su valiente decisión de denunciar, obtuvo el logro de “seis trabajadores despedidos, ocho imputados y dos secretarios gremiales detenidos con prisión preventiva a la espera del juicio oral”.


Rey recordó que uno de los gremialistas detenidos es de San Nicolás y que el sindicato de Camioneros realizó una protesta parando el servicio de recolección, que tanto él como el intendente nicoleño aprovecharon para calificar de extorsión. En ese caso, Manuel Passaglia, por entonces intendente, fingió una lucha contra la supuesta “mafia sindical” de los Moyano, mostrándose con dureza.

Pero el empresario Ariel Rey no contó, en su exposición en la Comisión de Legislación Laboral en Diputados, cuál era el motivo del reclamo de los trabajadores en su empresa distribuidora de alimentos. Si bien tras la denuncia de los Rey en 2021 logró que el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el delegado del mismo gremio de la ciudad de San Pedro, Fernando Espíndola, fueran imputados por delitos de turbación de posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción, el conflicto comenzó por el incumplimiento empresarial de su distribuidora. Por eso empezaron los bloqueos gremiales. Después del reclamo sindical, los Rey pasaron a 12 trabajadores a Camioneros y pagaron la diferencia y deuda existente. A ese pago los Rey lo llamaron extorsión y el Poder Judicial los avaló. El 8 de abril de 2022 lograron que se dictaran las prisiones preventivas de los gremialistas. Florencia Arietto consiguió que la Fiscalía 7 del departamento judicial de San Nicolás —a cargo de María del Valle Viviani— impute y pida la detención de los sindicalistas. La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui convalidó la decisión.

 

 

Periplo judicial

El lunes por la tarde se conoció que la Cámara de Casación Penal nulificó y revocó la decisión de los Camaristas de San Nicolás que confirmaba la elevación a juicio y confirmaba además las juezas del Tribunal Oral. “Cuando elevaron la causa a juicio, nosotros nos opusimos porque decíamos que había elementos dirimentes que tenían que haber sido analizados”, explica, en diálogo con El Cohete, uno de los abogados defensores de los gremialistas, Javier Moral.

Esos elementos no analizados que Moral enumera eran “la pericia contable; la pericia informática; las des-grabaciones de las escuchas, donde los Rey se comunicaron con los imputados, y resultan una evidencia para establecer que los sindicalistas nunca extorsionaron, más bien todo lo contrario”, como contamos oportunamente en El Cohete. En un audio se escucha al empresario Rey ofreciéndole a Cabaleyro: “Te voy a hacer ganar plata”. Todos esos elementos de prueba que afectan la garantía en juicio los pasaron para el juicio oral y público, explica el abogado defensor.

El 13 de julio de 2023, la Cámara de Apelación y Garantías de San Nicolás rechazó por inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juzgado de Garantías 3, que no hizo lugar a los planteos de recusación, nulidad, cambio de calificación y el sobreseimiento de los imputados, y dispuso la elevación a juicio de la causa seguida a Fernando José Espíndola y Maximiliano Cabaleyro.

El 27 de octubre de 2023, la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa. Dejó sin efecto la resolución de la Cámara y reenvió las actuaciones a la instancia de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Recibida la causa en la Cámara, el juez a cargo, sin excusarse, decidió no intervenir e integrarla con otros del mismo fuero y jurisdicción.

La defensa cuestionó que la Cámara se integró con juezas del Tribunal en lo Criminal 1, que aceptaron la competencia pese a intervenir en el juicio oral y objetaron que puedan desempeñarse para un cargo diferente. Expresaron que en el caso debieron intervenir jueces de Cámara de otro departamento judicial. La Sala V del Tribunal de Casación Penal resolvió el pasado lunes 9 de septiembre que era admisible el planteo de la defensa. Declaró la nulidad del sorteo realizado y lo actuado y remitió la causa a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, para que dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado.

“Lo concreto es que, por tercera vez, el máximo Tribunal Penal de la provincia de Buenos Aires nos da la razón y revoca resoluciones que eran avaladas por (María Eugenia) Maiztegui, (Román) Parodi (en referencia a los jueces de Garantía del Departamento Judicial de San Nicolás) por la fiscal (María del Valle Viviani) y todas las Cámaras. Es la tercera vez que Casación marca el camino de que toda la causa está mal instruida”, dice Javier Moral.

 

 

Confesión

El gobierno de Macri, del que Patricia Bullrich fue ministra, se encargó desde su inicio de llevar adelante una persecución contra toda organización sindical. Los Moyano fueron el blanco predilecto cuando se negaron a una reforma laboral que permitiera estropear derechos. Bullrich actúa en pos de lo que decía el gobierno de Macri entonces y ella continúa repitiendo hoy: el combate contra “la mafia sindical”. Para eso el MEAB cumple un rol importante y su fuerza de seguridad con su nuevo protocolo cree poder brindar una efectiva respuesta.

La idea de que el bien son los empresarios y el mal toda organización gremial es lo que intentan instalar y el protocolo es otra herramienta más para obturar el derecho a protestar. El caso de Rey es significativo. Quien escribe mantuvo una conversación con el empresario. En esa conversación, Ariel Rey manifiesta que su equivocación estuvo en “pasar de Comercio a Camioneros, porque también vienen con el reclamo de los aportes según lo que dice la ley de prescripción 24 meses para atrás”.

 

 

La confesión de Ariel Rey que aquí se revela está en línea con lo que sostuvo el propio contador de la distribuidora, Víctor Grabovieski, quien declaró en la causa y reconoció la deuda de los Rey con el sindicato y la obra social de Camioneros por un monto de 805.383,03 pesos. Aceptó que a la obra social se le adeudaban 492.323,03 pesos; 289.601,95 pesos al aporte sindical y 23.457,76 pesos de administrativos, correspondientes al período entre septiembre de 2019 y marzo de 2021. Su declaración no fue valorada en la causa, porque la idea era criminalizar a los sindicalistas.

También —como informó oportunamente El Cohete—, el contador de los Rey declaró en la audiencia del 10 de febrero de 2021, ante el Ministerio de Trabajo, que el Sindicato de Choferes de Camiones aseguró que la empresa tenía una deuda con nueve trabajadores por la suma de 3.736.119 pesos por diferencias salariales de los últimos 24 meses. En el audio, Ariel Rey confiesa lo mismo que su contador. Pero criminalizar el sindicalismo fue el objetivo, aunque se valiera para ello de falsedades, porque, como sostenía Robert Merton, “la prueba falsa crea con frecuencia una creencia verdadera”, y eso es lo que lograron. 

 

 

 

 

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