Pataleo y veto en Jujuy

El gobernador Sadir dio marcha atrás con el arancelamiento de la salud pública jujeña

Por Diego Kenis
Sadir y su ministro Gustavo Bouhid (aquí jurando hace un mes) adjudicaron el recule a la desinformación y la confusión.

 

El gobernador jujeño Carlos Sadir, ministro de Hacienda y Finanzas durante los dos mandatos de su antecesor Gerardo Morales, decidió finalmente aplicar el veto total a la ley impulsada por el propio oficialismo para arancelar el acceso a prestaciones de salud pública provincial a decenas de miles de personas que no cuentan con otro tipo de cobertura. Desde su aprobación, a mediados de diciembre, la ley había despertado creciente resistencia entre sectores diversos, que la canalizaron bajo múltiples formas: política, judicial, gremial y periodística. La victoria no es menor, porque el experimento norteño podía convertirse en receta de otras jurisdicciones.

Como informó El Cohete, Sadir estaba dejando correr en silencio el tiempo para que la normativa votada por la Legislatura el 18 de diciembre quedase promulgada de hecho, pese al reclamo de veto elevado nueve días más tarde por el Foro Provincial de Defensa de la Salud Pública con el respaldo de más de 800 firmas. Superaron el millar cuando se añadieron las de referentes nacionales en materia sanitaria, gremial, académica y de derechos humanos.

 

 

El escueto comunicado oficial del miércoles 15 se ocupó de aclarar que la determinación de Sadir no surgía del aval o acceso al pedido del Foro, ni a otras formas de resistencia ante las que no quiso claudicar. En cambio, uno de sus dos párrafos la adjudicó a “la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma”. Un segundo artículo de su oficina de prensa reprodujo el deseo del gobernador de que “cada medida que tomemos sea clara, justa y esté correctamente explicada a la ciudadanía”.

 

Mal y pronto

Nadie más que el oficialismo provincial es responsable de la desinformación y confusión señaladas como razones para el veto de una ley que decía considerar acertada. El gobierno siempre contó con herramientas para clarificar confusiones y el propio ministro de Salud, Gustavo Bouhid, intentó hacerlo cuando la polémica se había extendido en la provincia y alcanzaba repercusión nacional. De ese modo, el pataleo oficial toma colores de reconocimiento de un trámite exprés y el poco éxito para defenderlo luego.

En síntesis:

  • el proyecto de arancelar el acceso a la salud pública mediante cuotas obligatorias mensuales fue aprobado ocho días después de su presentación, sin previo paso por la comisión de Salud;
  • de apuro, poco antes de la sesión en que se preveía su tratamiento, se practicó sobre el texto original una modificación de las excepciones al pago;
  • en rigor, las condiciones empeoraron: inicialmente se requería acreditar ingresos inferiores a la suma de dos salarios mínimos, un cálculo antipático pero concreto que mutó luego a la ambigua certificación de pobreza, bajo discrecional consideración de la autoridad de aplicación;
  • el intempestivo cambio era desconocido por algunas bancas opositoras y por la opinión pública; y
  • recién tres semanas después de la votación el ministro Bouhid lo informó a la comunidad, al efectuar un descargo en redes sociales frente a la polémica instalada.

Para el ministro, es incorrecto asociar a la malograda ley con una “privatización” del sistema, porque no preveía consignaciones de servicios a privados. Algo tan cierto como que la adjudicación no resulta el único modo de favorecerlos, ni de privar el acceso a quienes no lo paguen.

Días más tarde llegó el primer pronunciamiento gubernamental en papel. El veto de Sadir podría ser un indicio del grado de efectividad de su ministro para defender la medida.

 

Quién paga las cuentas

Aunque con escasa cobertura periodística porteña, el tema ya había llegado al Congreso Nacional: la diputada jujeña Leila Chaher, de Unión por la Patria, presentó el viernes 10 un proyecto para repudiar la decisión legislativa provincial por violar los derechos que en la materia consagran tanto la Constitución argentina como la de la propia jurisdicción.

 

 

En su argumentación, Chaher caracterizó al arancelamiento como un nuevo “avance hacia la privatización” y fechó el inicio de ese camino dos Presidencias atrás, cuando Mauricio Macri impulsó la llamada “Cobertura Universal de Salud” y el gobernador Morales estrenó un “Plan Estratégico” provincial junto al ministro Bouhid, heredado por Sadir. Con lo dispuesto en 2024 por la ley ahora vetada, Jujuy demostró su sintonía con la idea de Macri de 2016: el reemplazo de la prestación pública por un esquema de cobertura por seguros.

Esa línea de análisis —que también sostuvo la Asociación Latinoamericana de Medicina Social— añade un ingrediente más a la razón esgrimida por el oficialismo norteño al presentar y defender el proyecto. En efecto, los recortes aplicados hacia partidas sanitarias por Javier Milei agravaron la frágil situación de una provincia reendeudada desde 2017, pero bajo ese prisma histórico no parecen constituir el único factor.

El oficialismo provincial formó parte del frente macrista que a nivel nacional imaginó el desmantelamiento de la salud pública tal como se la conoce desde hace décadas, mientras el ministro Luis Caputo tomaba una deuda externa innecesaria que en su actual reencarnación libertaria pretende pagar con las privaciones de los sectores más vulnerables. Más que causa y consecuencia, la correspondencia del ajuste nacional con el provincial parece fundar la Doctrina de las Dos Motosierras, que El Cohete exploró en noviembre pasado para el caso de la educación en Jujuy.

Chaher espera que, tras el veto, Sadir “reclame los fondos que Milei le quitó a nuestra provincia”. El economista y diputado provincial Gastón Remy, del Frente de Izquierda, propuso por su parte eludir el derrame del ajuste con la implementación de un esquema impositivo que cobre más a quienes más ganan.

 

 

Son dos alternativas, no excluyentes. Una tercera sería que el gobierno de Sadir insista en trasladar el pago a los bolsillos de una sociedad ya empobrecida. Ante esa decisión se encuentra hoy.

 

Lo que el veto se llevó

Además de llegar al Congreso Nacional, la polémica y el descontento por el arancelamiento jujeño comenzaron a derivar la mirada colectiva hacia los intereses del campo de la medicina privada, en el que el Foro Provincial de Defensa de la Salud Pública denuncia la participación de referentes políticos locales. Uno de ellos, el legislador peronista Rubén Rivarola, reconoció durante la sesión en que apoyó el proyecto su propiedad sobre una clínica en Palpalá. También empresario periodístico, las páginas de su diario El Tribuno se cerraron a la publicación de una solicitada del Foro para protestar contra la medida que Rivarola defendió en el recinto.

 

La solicitada que el diario de Rivarola no quiso publicar.

 

 

Por otra parte, el pretendido arancelamiento abrió el camino a un diagnóstico del mapa sanitario jujeño. Entre huelgas y negociaciones con el gobierno de Sadir por condiciones salariales y laborales, la gremial Asociación de Médicos de la República Argentina calificó a la salud provincial como “devastada”. El Cohete volcó a varias de sus ediciones algunos componentes que verifican tal evaluación, como la deficiente distribución de profesionales de la medicina en el territorio, los índices de vulnerabilidad social y el porcentual de habitantes que para atender urgencias y consultas dependen exclusivamente de un sistema público por el que se pretendía que comenzaran a pagar.

Buscado o no, el efecto de poner en pausa esos debates a través del veto conlleva una momentánea tranquilidad para el oficialismo y sus aliados, sostenidos o transitorios.

 

 

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