Pataleo

 

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, jugó la carta del indignado al no firmar el nuevo Consenso Fiscal rubricado entre el Estado Nación y 19 jurisdicciones. Como San Luis y La Pampa no habían suscripto el anterior Pacto Fiscal macrista, tampoco lo hicieron en esta oportunidad aunque avalaron la iniciativa. En cambio, Larreta sí había acompañado la sucesión de acuerdos de la Alianza Cambiemos, diseñados por Macri para trasladarle el ajuste económico a las provincias.

Larreta se negó a rubricar este nuevo Consenso en rechazo a la decisión del gobierno nacional de avanzar en la recuperación del punto de coparticipación que el ex Presidente le había regalado por decreto con la excusa del traspaso de la Policía a la órbita de la Ciudad.

El jefe de gobierno judicializó la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se abocó al tema a la espera de que el Senado finalmente convierta en ley el proyecto, algo que debería suceder en el trascurso de esta nueva semana. Aunque tampoco está confirmado que de esa manera la Corte lo hará.

El pataleo del porteño es una buena excusa para explicar cómo la Alianza Cambiemos trazó el ajuste económico sobre las provincias y consolidó un esquema antifederal a pesar que desde lo discursivo pretendía instarle como “el gobierno más federal de la historia”.

 

Antifederalismo M

El 18 de enero de 2016, Macri firmó el Decreto 194/16 para aumentar la participación de la CABA en el Régimen de Coparticipación. El incremento fue del 168 por ciento al pasar del 1,4 al 3,75 por ciento de alícuota. Los gastos netos de la Ciudad para cubrir la transferencia de los servicios de seguridad (2016 – 2019) fueron de 39.525 millones de pesos según el análisis que realizó el Ministerio del Interior. Pero el incremento de las transferencias vía decreto fue de 125.794 millones de pesos. Es decir, Macri le regaló a Larreta 86.269 millones de pesos.

La marca del Consenso fiscal macrista fue el antifederalismo. En 2016, los Recursos de Origen Nacional (RON) crecieron para CABA un 252 por ciento mientras que para el resto de las jurisdicciones fue solamente un 32 por ciento. Entre 2015 y 2019, los RON para la Ciudad más rica del país aumentaron un 971 por ciento, mientras que para el resto fue una suba del 331 por ciento.

A los 4 meses de regalarle un nuevo esquema de coparticipación a CABA, Macri impulsó el primer Pacto Fiscal de su gestión. Por entonces, la mayoría de los gobernadores y gobernadoras consentían el plan económico cambiemita, que incluía un aval para que las jurisdicciones pudieran tomar deuda en dólares.

A cambio de acompañar el Pacto Fiscal, Macri les había prometido más fondos a través de un esquema de compensaciones –distribuido de manera discrecional— y que no se eliminaría el Fondo Federal Solidario (FFS), constituido por el 30 por ciento de lo que se recaudaba por retenciones a la soja, cuya distribución estaba destinada a financiar pequeñas obras públicas en los municipios.

Como contra partida, las provincias debían comprometerse a no contratar más empleados públicos, bajar impuestos a grandes empresas (en detrimento de pequeños comerciantes y consumidores), reducir alícuotas de Ingresos Brutos y alcanzar el equilibrio fiscal en sus jurisdicciones.

Las provincias firmaron y al poco tiempo, la Alianza Cambiemos derogó el Fondo Federal Solidario. Los defensores a ultranza del concepto de la “seguridad jurídica” les esquilmaron a las provincias 35.000 millones de pesos por lo que dejaron de recibir entre 2018 y 2019.

 

 

Pacto 2020

El Consenso Fiscal que fue firmado el viernes pasado, el cual deberá ser avalado por las legislaturas provinciales, les devuelve a las provinciales la potestad de manejar sus propias políticas tributarias al suspenderse “las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Si bien Ingresos Brutos es un tributo indirecto, es vital para las provincias y sus (relativas) soberanías económicas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias por coparticipación representan, en promedio, el 71,3 por ciento del total de recursos tributarios de las provincias. Pero en algunos casos llegan al 93 por ciento como en Formosa, o al 90 por ciento como en La Rioja.

Por eso las restricciones de administrar ese tributo pegaba de lleno en la ya de por sí reducida autonomía económica de las provincias. Las hacía más dependientes del Estado nacional. El macrismo había establecido un esquema de reducción de Ingresos Brutos que terminaba perjudicando las recaudaciones locales. Y dentro de este esquema, las compensaciones que se establecían eran otra forma de sujeción económica. Hubo meses en que las provincias no recibieron compensaciones por deliberada decisión del Poder Ejecutivo, tal como ocurrió en Santa Cruz y Chubut, por citar dos casos.

“Que como consecuencia de la citada emergencia se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, a la vez que los gobiernos nacional y provinciales necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población”, puede leerse en el texto del nuevo Consenso.

La otra pata de esta historia tuvo que ver con el endeudamiento en dólares. La Alianza Cambiemos les había augurado a gobernadores y gobernadoras libertad para tomar préstamos en moneda extranjera. Para ser autorizados, los mandatarios y mandatarias lo único que tuvieron que hacer fue avalar el pago a los Fondos Buitres y el mentado Pacto Fiscal.

Las provincias de Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron títulos por 12.336 millones de dólares, a un plazo promedio de 8,2 años. Tras las sucesivas devaluaciones del período, esa deuda se transformó en un salvavidas de plomo, de la misma manera en que sucedió a nivel nacional.

Por eso el nuevo Consenso Fiscal estableció restricciones a la toma de deuda en dólares. A partir del 31 de diciembre de este año, las provincias no podrán aumentar sus stocks en moneda norteamericana, salvo para el repago de la deuda ya contraída.

“Que resulta oportuno coadyuvar a definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las Provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, a la vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de sus deudas”, agrega el texto acordado con 19 provincias.

El Consenso Fiscal es otro de los proyectos incluidos en la agenda de Sesiones Extraordinarias del Congreso para ser aprobado antes de marzo de 2021.

 

 

 

Agenda caliente

El viernes, el Senado convirtió en ley dos leyes que irritan al establishment. La ley de manejo del fuego, que prohíbe realizar negocios inmobiliarios y productivos en aquellos campos que hayan sido incendiados (aprobada 41 a 28) y el tan esperado Aporte Extraordinario a las grandes fortunas. Casualmente, ambas leyes fueron cuestionadas por los mismos actores: los empresarios nucleados en AEA, en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Mesa de Enlace agropecuaria.

El Aporte Extraordinario recaerá en no más de 12.000 personas y permitirá recaudar por única vez 300.000 millones de pesos. Según el CEPA, solamente 250 personas financiarán el 50 por ciento de lo que se estima recaudar. Para la UIA, serían 1.500 empresas “afectadas”. ¿Será por eso que Aceitera General Deheza, propiedad del titular de la UIA Miguel Acevedo, dejó de liquidar divisas de sus exportaciones agropecuarias?

El resultado de la sesión en el Senado fue 42 votos afirmativos contra 26 negativos. “La mayoría de esas fortunas se encuentran en depósitos y acciones que están en el exterior. Para los que hablaban del campo, quiero decirles que ninguno va a tener que vender absolutamente nada, porque de los contribuyentes alcanzados, los campos representan solamente el 2,7 por ciento de sus patrimonios. La verdad que esas fábulas de vender máquinas, campos, propiedades, es una zoncera y una mentira que repiten por el solo hecho de no poder decir por qué no acompañan la sanción”, sostuvo Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza) al cierre del debate.

Para el CEPA, este tipo de gravamen a la riqueza no sólo tiene por objetivo la recaudación sino la limitación de la desigualdad. “En Argentina, solo 440 personas poseen entre el 6 y 9 por ciento del patrimonio nacional. Y el 83 por ciento de los bienes los tienen afuera. La riqueza es offshore”, indicó su reciente trabajo luego de la sanción de la norma cuestionada por el establishment.

El debate de este proyecto deberá ser la base para discutir la reforma tributaria que prepara el Poder Ejecutivo –con rasgos de progresividad y simplificación en la administración de algunos tributos—, por ahora afuera de las Sesiones extraordinarias.

 

 

 

Fondo

La semana arrancó con la media sanción en el Senado por unanimidad del proyecto que busca limitar el endeudamiento en dólares del Estado nacional –en línea con lo que fue firmado con las provincias– y establece la obligación de que cualquier acuerdo con el FMI deba pasar por el Congreso, algo que no hizo la administración de Mauricio Macri.

“Habiendo despejado exitosamente los primeros dos frentes (reestructuración de deuda bajo legislación extranjera y nacional), el siguiente paso de la estrategia delineada por el actual gobierno nacional es diseñar un programa plurianual para la estabilización macroeconómica que sea sometido a consideración del Congreso, que al mismo tiempo constituya un acuerdo de programa con el FMI. Las crisis derivadas de procesos de endeudamiento externo que se tornan insostenibles son muy costosas para la sociedad en su conjunto, especialmente para los sectores más vulnerables”, puede leerse en los fundamentos del proyecto votado el lunes de la semana pasada y que también forma parte del temario de sesiones extraordinarias.

Este proyecto de ley y el que debería venir una vez alcanzada la reestructuración con el Fondo, más el programa plurianual, forman parte del menú de consensos que Alberto Fernández pretende exhibir en los próximos meses.

 

 

 

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