Pasito a pasito, suave, suavecito

 

Las notificaciones se abarrotaron en el celular del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, apenas pasada la medianoche del martes. Cuando la reunión declinaba, abrió el WhatsApp y leyó: “Tarea cumplida”.

Cinco horas de debate en un plenario de comisiones recalentado, con el aire cargado de iones que rebotaban de un lado al otro del anexo C, en Diputados. Una reunión que tuvo que ser presencial porque Juntos por el Cambio (JxC), no quizo acordar el tratamiento remoto y la firma digital. El protocolo de funcionamiento mixto exige que las autoridades de cada comisión –presidente y vice– den conformidad a la modalidad virtual. Sino, los dictámenes se refrendan en persona. Por eso, los diputados peronistas Rodolfo Tailhade y Hernán Pérez Araujo decidieron convocar a reunión presencial para el día martes 18 de mayo y aprovechar así el dispositivo sanitario desplegado para la sesión del día siguiente: hisopado generalizado, traslados hasta el palacio y desinfección. Tuvieron que sentar a 45 integrantes de dos comisiones para dejar listo el dictamen hasta que llegue el momento de bajar al recinto.

 

 

 

 

 

 

 

Como las autoridades de cada comisión se reparten proporcionalmente según el número de integrantes de los bloques, en general la presidencia es para el oficialismo y la vice, de Cambiemos. Esta discusión política que se reedita cada dos años, cuando cambia la composición de la Cámara, en contexto de pandemia y sesiones remotas mutó a un escollo para el normal funcionamiento parlamentario. Es bien sabido que si se busca obturar la aprobación de una ley –retacear el quórum, impugnar la reunión o excesivas cuestiones de privilegio– el debate se demora.

Y la reunión donde se dictaminó favorablemente la modificación de la ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la ley 27.149 del Ministerio Público de la Defensa (MPD), no fue la excepción.

 

 

Un largo camino al dictamen

Cuando Martín Soria juró como ministro, el 29 de marzo, comenzó a cotejar la media sanción que había llegado del Senado a principios de diciembre del año anterior, mientras aún era diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por eso conoce bien el expediente 128-S-2020, y fue uno de los que empezó a trabajar en los puntos que podrían modificarse para conseguir las mayorías que no tiene el oficialismo en Diputados.

Al día siguiente de asumir, Soria participó de un conversatorio junto a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, la diputada y sindicalista Vanesa Siley y Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura. Criticó al sistema de justicia que “lejos de garantizar los derechos de las mujeres y minorías, consolida violencias y estereotipos de género”. No es casualidad, entonces, que quince días después del conversatorio, el ministro de Justicia inicie una serie de consultas sobre el proyecto con una docena de fiscalas que se desempeñan en el fuero federal.

 

 

Con ellas analizó no solamente el artículo 7 que formaliza la Procuraduría contra la Violencia de Género, sino también las dificultades para acceder a cargos de mayor jerarquía y las desigualdades de género estructurales. Veinticuatro horas después, el martes 13 de abril, recibió a Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, para revisar el proyecto. Tomó nota de las recomendaciones y coincidieron en que “el cargo de Procurador General debe dejar de ser vitalicio. Con el paso a un sistema acusatorio, es necesario un mandato temporal que permita la alternancia de la máxima autoridad del MPF para poder desarrollar políticas criminales y programas institucionales más ágiles y eficientes”.

La semana siguiente anotó los comentarios de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y del presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle y María Paula Asaro. Coincidieron en que el proyecto garantiza un “incremento presupuestario y eso fortalece la autonomía”. Y que las decisiones de mayorías y plazos de mandatos “son de la política”.

Con las recomendaciones bajo el brazo y el compromiso de volcarlas en la redacción final, participó del plenario de comisiones el lunes 26 de abril. Sugirió una serie de modificaciones que incluyan:

• Forma de designación para el interinato en el caso de una vacancia. Elegido por el Poder Ejecutivo en base a una terna elaborada por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
• Paridad de género para la integración del Tribunal de Enjuiciamiento y los jurados de concursos.
• Eliminación del requisito de cargo jerárquico para ser titular de una procuraduría.
• Modificación de la antigüedad para fiscal general de 10 a 5 años.
• Composición de los jurados de concursos. Número impar.

De esa reunión y de la siguiente, el viernes 14 de mayo, donde constitucionalistas dieron su opinión del proyecto, JxC decidió no participar. Pero sí estuvieron presentes el día del dictamen. Y presentaron uno propio de rechazo a la iniciativa. Tienen la expectativa que el oficialismo no consiga los 129 para el quórum el día del tratamiento. Y trabajan para impedirlo.

 

 

Electricidad en el aire

Mientras los presidentes de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales se concentraban en armonizar las propuestas surgidas de las reuniones plenarias, la conducción política del bloque oficialista se esmera en garantizar una serie de sesiones donde incluir en el temario el proyecto del MPF –antes de un nuevo vencimiento del protocolo de sesiones remotas– a mediados de junio. En la agenda de trabajo quedan aún pendientes los proyectos referidos a: consenso fiscal, biocombustibles, etiquetado frontal, promoción ovina y zonas frías, que suscitan gran interés de algunos sectores claves para garantizar 129 presentes en la sesión. El quórum no es lo que preocupa.

El proyecto del oficialismo toma como referencia el que presentó en 2016 el entonces ministro Germán Garavano y que fue defendido por Cambiemos. En aquel se flexibilizaban las mayorías para la designación y la remoción del cargo, pero se garantizaba la posibilidad de desplazamiento por decisión del Ejecutivo, sin acuerdo del Senado. De eso quedó sólo el acortamiento de los plazos y la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. También se incorporaron artículos de proyectos de senadores opositores. Pero nada de eso convence a JxC para apoyar el texto.

La única firma distinta del dictamen de mayoría es del diputado José Luis Ramón. Eso le valió amenazas e insultos. La violencia política que experimentó durante las cinco horas que duró la reunión plenaria, con interrupciones, gritos y desvalorizaciones, se multiplicaron en las redes sociales y en las inmediaciones de su vivienda. Antes de llegar a su banca en 2017, ejerció de abogado en representación de usuarios y consumidores mendocinos. Litigó en los tribunales por el indiscriminado aumento de la tarifa del gas durante la gestión de Juan José Aranguren y por eso propuso la incorporación de una procuraduría especializada en derechos de consumidores, para “garantizar justicia ante los abusos del poder concentrado”.

 

 

 

 

El factor Graciela

Las mayorías que exige la ley vigente para la designación del procurador es una rémora menemista. Una cláusula más que obstruye los procesos democráticos que dejó el Pacto de Olivos. Fue el resultado de una decisión coyuntural del acuerdo legislativo alcanzado en la primera ley orgánica 24.946 que se aprobó en marzo de 1998, tras la reforma constitucional.

Recién en 2015 se modificó parcialmente y se dotó al MPF de un rol más activo, con la incorporación de una serie de funciones y herramientas de acceso a la justicia, intervención en casos de asimetría o vulnerabilidad, acciones colectivas, protección del medio ambiente y de consumidores. Veinte años después, ese acuerdo que necesita de 48 votos de un total de 72 bancas resulta imposible de concretar. Por eso varios diputados opositores coinciden en que “hay que destrabar la situación” y devolverle “legitimidad al MPF”.

La diputada Graciela Camaño lo sabe, y lo vivió. Fue protagonista de los debates en 2016 y 2017 y autora de varios proyectos de ley, e incluso acompañó la propuesta del macrismo en la firma del dictamen con disidencias. Redactó junto a la diputada de PRO Silvia Lospennato el reglamento de la Comisión Bicameral.

 

 

Pero esta vez, tratando de escabullirse de la grieta, presentó un dictamen. Sostiene las mayorías especiales de los dos tercios para la designación del titular de la Procuración, pero acuerda en el acortamiento de los plazos. Es más permisiva la relación entre fiscales y espías para la inteligencia criminal y permite mayor incidencia a la Comisión Bicameral en los concursos y tribunales de enjuiciamiento.

Los tres dictámenes emitidos en el plenario de comisiones se constituyeron en una sólida plataforma desde donde proyectar lo que vendrá en el debate.

 

 

 

 

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