Pasito a pasito

 

Por ahora la lista es corta: en la Argentina sólo hay tres empresarios condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Dos ex directivos de la automotriz Ford y uno de la compañía de transporte La Veloz del Norte integran el selecto grupo. A ellos podrían sumarse Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, ex administrador de la empresa, quienes irán a juicio acusados como partícipes de una serie de secuestros en Jujuy en 1976, luego de que la Corte Suprema revocara la falta de mérito que los había beneficiado.

Esta semana se supo además que, si no hay sorpresas, Tucumán será escenario de otro juicio oral y público contra empresarios cómplices de los militares. La Cámara Federal de la provincia procesó a cuatro directivos del ingenio La Fronterita por crímenes contra 68 víctimas de la represión ilegal, en su mayoría trabajadores y trabajadoras de la empresa, entre 1975 y 1978.

¿Vendrán más fallos como el de Tucumán? ¿Cabe esperar un “efecto Blaquier” en la agenda judicial? Fiscales y querellas coinciden en que todavía es muy pronto para sacar conclusiones. En el país hay otras 25 causas sobre responsabilidad empresarial en la dictadura cuyo trámite se sigue dilatando en la etapa de instrucción, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Son casos complejos y sujetos a vaivenes de toda clase. Se avanza a cuentagotas.

 

 

La Fronterita

Jorge Alberto Figueroa Minetti, administrador de La Fronterita y presidente del directorio de la empresa José Minetti y Cía., que explotaba el ingenio, y Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos, miembros del directorio, fueron procesados como partícipes necesarios prima facie de secuestros, torturas, abusos, violaciones y asesinatos contra trabajadores y trabajadoras del ingenio, habitantes de sus colonias y vecinos de la zona que estuvieron secuestrados en un centro clandestino de detención (CCD) montado por el Ejército en el inmueble de la propia empresa, ubicada en el departamento de Famaillá, al sur de la provincia. Varias víctimas pertenecían al sindicato de La Fronterita.

Con otra composición de jueces, la Cámara tucumana había confirmado previamente una falta de mérito en favor de los empresarios dictada por el juez de instrucción en 2019. Sin embargo, a fines del año pasado la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión y marcó la línea que ahora siguió la Cámara tucumana al receptar la acusación presentada por el fiscal Pablo Camuña.

“El procesamiento identifica los aportes concretos de los empresarios al plan represivo y su accionar coordinado con las fuerzas armadas −dice Camuña−. Es un esquema parecido al que se vio en el caso Ford, con un CCD funcionando en la propia fábrica y una mayoría de víctimas que trabajaban en el ingenio. La empresa maximizó sus beneficios económicos a través de la represión y la desarticulación de la organización sindical. No fueron casos random, sino un accionar sistemático y sostenido durante varios años”.

La Cámara consideró que hay indicios suficientes como para juzgar la responsabilidad de los empresarios en la represión ilegal ejecutada en Tucumán desde febrero de 1975, cuando se implementó el Operativo Independencia en la provincia. Minetti y los demás llegarán a juicio acusados de haber cedido un sector del ingenio para un CCD, de haber autorizado la libre circulación del Ejército para allanar viviendas y secuestrar personas que luego fueron torturadas y asesinadas, de haber aportado vehículos para los secuestros y de haber entregado información a las fuerzas represivas sobre las posturas políticas y sindicales de trabajadores y pobladores. De los 68 casos investigados en la causa, 43 corresponden a víctimas que trabajaban en La Fronterita, diez de las cuales eran dirigentes o militantes de base del sindicato del ingenio.

El aporte empresarial fue necesario para el despliegue represivo de la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército, integrada por 260 hombres, con responsabilidad territorial sobre Famaillá y con influencia directa sobre las localidades rurales aledañas a La Fronterita. Eso incluía tanto las colonias del ingenio donde vivían los trabajadores y sus familias como varios pequeños poblados rurales cercanos. Según el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, la base de operaciones de la fuerza de tareas “funcionó en terrenos privados del ingenio La Fronterita, incluyendo el ‘Comando de la Laguna’ donde se alojaba a la oficialidad, el ‘Tambo’ en el que permanecían las tropas y los ‘conventillos’, viviendas que habían sido utilizadas por trabajadores temporarios de dicho establecimiento y que fueron utilizadas como CCD”.

 

 

 

Los motivos históricos de la represión

La historiadora Silvia Nassif, investigadora del CONICET, estudia las transformaciones del sector azucarero del noroeste argentino durante el período 1966-1983 e investigó el proceso represivo en La Fronterita. Nassif explica que el ataque contra el movimiento obrero azucarero de Tucumán, por entonces uno de los más combativos y movilizados del país, se inició durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuando se impuso un proceso de reestructuración económica del sector que llevó al cierre de 11 de los 27 ingenios que funcionaban en la provincia.

“La lucha obrera y las puebladas en Tucumán estuvieron asociadas a ese proceso de desmantelamiento con impacto en la mano de obra −dice Nassif−. En 1966, la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar [FOTIA, el principal sindicato azucarero de la provincia] decía representar a unos 100.000 trabajadores. Para 1973, ese número se había reducido a la mitad”.

Un hito de la lucha azucarera en la provincia fue la huelga general de 1974, en el contexto del Pacto Social del tercer peronismo, cuando la FOTIA se opuso a la incorporación de las llamadas “máquinas integrales” en la zafra que amenazaban miles de puestos de trabajo. Aunque el movimiento obtuvo algunas de sus reivindicaciones, después de la huelga se desató una persecución contra sus principales dirigentes que se agudizó desde el inicio del Operativo Independencia y que se prolongó durante la dictadura.

En La Fronterita, la represión apuntó directamente contra referentes de su organización obrera. Uno de los dirigentes desaparecidos fue Jacobo Ortiz, un pelador de caña que había llegado a secretario general del sindicato del ingenio, puesto que hasta entonces siempre había sido ocupado por obreros industriales. “El protagonismo de Ortiz era una expresión del importante grado de conciencia que existía entre los trabajadores rurales del ingenio”, dice Nassif.

Según la historiadora, el clima persecutorio era explícito para los empleados. Los capataces de la empresa brindaban información al Ejército a partir de los censos realizados en las colonias, y los secuestros y torturas ocurrían en el propio ingenio. Una víctima refirió que sus torturadores le dijeron sin tapujos que sus patrones lo habían mandado a secuestrar. Al igual que en el caso Ford, varios trabajadores fueron despedidos mientras permanecían en cautiverio.

La represión en La Fronterita era un medio para el disciplinamiento de un movimiento sindical fuerte que había crecido en los años previos y que había ganado un lugar central en la lucha obrera en el noroeste argentino, a partir de la articulación de sectores políticos diversos y provenientes de distintas ramas del peronismo y de la izquierda.

El ataque a la organización sindical se tradujo en una transformación total de las relaciones capital-trabajo dentro del ingenio, que redundó en beneficios económicos para la empresa. Entre 1975 y 1982, La Fronterita se deshizo de más del 60% de su planta laboral sin enfrentar ninguna huelga por eso; aumentó su producción de azúcar en un 30%; y se quedó con otro ingenio, el Bella Vista, que había pertenecido a la Compañía Nacional Azucarera (Conasa).

Las consecuencias de la represión fueron duraderas. En la actualidad, la actividad azucarera emplea entre 10.000 y 15.000 personas y es uno de los sectores de la economía con peores condiciones salariales y peores índices de trabajo no registrado. El potente movimiento obrero que se había erigido entre fines de los ‘60 y principios de los ‘70 está desarticulado.

“Aunque los militares tuvieron un rol principal en el proceso represivo, los empresarios no tuvieron un papel secundario sino que se articularon con las fuerzas armadas para llevarlo a cabo −señala Nassif−. Si no se comprende esa coincidencia estratégica en la decisión de disciplinar a la mano de obra, no se puede entender la transformación económica que vino después en el sector”.

 

 

 

 

El panorama general

La Fronterita es apenas una entre varias causas de responsabilidad empresarial que se tramitan actualmente en el país. Mercedes Benz, Astilleros Río Santiago, La Nueva Provincia, Molinos Río de la Plata, Norwinco SA, Petroquímicas Sudamericana, Propulsora Siderúrgica de Ensenada, SIAP, Frigorífico Swift, Acindar, Perkins y San Roque son algunas de las 25 compañías cuyos casos se encuentran en instrucción o investigación preliminar.

Según la fiscal federal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay distintos factores que obstaculizan el avance de esas causas. “Uno de ellos pudo haber sido el factor político, que a través de los años marcó el aletargamiento de las investigaciones −dice Ramos−. Tenemos relevados varios casos de dictados de falta de mérito, que es una forma de mantener los procesos abiertos pero sin tramitarlos y dilatándolos en el tiempo”.

Las faltas de mérito en favor de los empresarios suelen alegar pruebas insuficientes, lo que a su vez se asocia con las dificultades específicas que existen en estas causas para la recolección de material probatorio. Según la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en varias causas de responsabilidad empresarial, uno de los mayores problemas es que las empresas tienen la facilidad de restringir e incluso bloquear el acceso a sus archivos, que contienen documentación clave para los procesos judiciales. Los sindicatos, por su parte, suelen presentar falencias en la conservación, catalogación y puesta a disposición de sus propios acervos documentales.

Frente a ese panorama, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad está relevando, a partir de la consulta a fiscales de todo el país, en qué aspectos específicos aparecen obstáculos para avanzar en la búsqueda de prueba, con el objetivo de implementar hacia el futuro mecanismos que permitan agilizar las investigaciones trabadas. “Se necesita una estrategia para impedir que las empresas sigan utilizando vericuetos para retacear documentación o para ganar tiempo −advierte Ramos−. No siempre alcanza con allanar una empresa, porque a veces la documentación física no está ahí sino, por ejemplo, en estudios contables o jurídicos”.

Mientras la gran mayoría de las causas esperan en instrucción, en los próximos meses podría haber novedades en casos emblemáticos que ya pasaron por juicio oral. La Sala II de Casación tiene pendiente su veredicto sobre la condena a los directivos de Ford, mientras que la Corte Suprema volverá a recibir pronto un recurso extraordinario por el caso de los hermanos Julio y Emilio Méndez, absueltos el mes pasado por Casación en relación con el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, luego de que la propia Corte fallara en su favor en 2020. El beneficio del máximo tribunal para los Méndez se había conocido meses antes de su revés contra Carlos Blaquier. La batalla legal por la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado se libra caso a caso. La Fronterita es un paso más, pero sólo uno.

 

 

 

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