¿Parques nacionales o parques privados?

De coto de caza para los militares a espacios cinco estrellas para las fiestas de Cambiemos

 

En línea con las premisas roquistas de la conquista del desierto y el aniquilamiento de los pueblos indígenas de la Patagonia, Francisco Perito Moreno expresó en el acta de donación de las 7.500 hectáreas que dieron origen al sistema de Parques Nacionales de Argentina el “deseo que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas que faciliten las comodidades para la vida del visitante culto”. Hoy, el renovado plan de gestión del gobierno para el sistema de parques nacionales avanza en un modelo que vuelve a ser cerrado donde la promoción del turismo cinco estrellas viene a reemplazar de alguna manera al viejo, anhelado y querido visitante civilizado. El anuncio de Campo de Mayo aparece en esa dirección. Pero, a tenerlo claro, no es lo único.

Los planes de gestión elaborados por Cambiemos desde enero de 2015 está basados sobre lo que se conoce como el modelo norteamericano del NPS (National Park Service): espacios pensados como reservas sin gente. Quienes desarrollan estas propuestas no son especialistas en espacios verdes sino hombres del mundo de los CEOS, entrenados, obviamente, en el marketing. Es interesante repasar alguno de esos nombres: el presidente de Parques Nacionales hoy es Eduardo Bréard, director de marketing de la empresa Philip Morris durante 25 años y vicepresidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero desde 2008. Alrededor existe una serie de hombres, "vocales", designados por los distintos ministerios. Como vocal por Ambiente lo acompaña Pablo Galli, director de marketing durante diez años en Pepsi Cola Internacional, CEO en Uruguay y Chile de esa compañía, CEO de Telefé, Canal 9 y más tarde presidente de la asociación argentina de Marketing. Desde Turismo lo hace Roberto Brea, director ejecutivo de Investment Banking Services y CTI, presidente desde 2015 de la farmacéutica argentina Laboratorios Andrómaco S.A. Y por el ministerio del Interior está Luis Giménez Tournier, quien desarrolló su profesión durante más de veinte años en entidades bancarias argentina y del exterior, fundó Omnigraphics Argentina y dirige Inalambrik S. A., una compañía dedicada al desarrollo de software móvil. La única cabeza con pasado verde es el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, hombre del riñón de Marcos Peña, ex Greenpeace y Banco de Bosques, pero también conocido como especialista en juntar dineros de donaciones millonarias, foráneas en su mayor parte.

Este es el equipo verde del Gobierno. Ezcurra suele aparecer como voz pública, y es el encargado de sumar nuevos metros de parques nacionales. Durante su gestión, lleva la cuenta de haber aprobado leyes y decretos de cuatro nuevas áreas y proyectado por lo menos otras diez áreas protegidas, algunas de carácter binacional como Gualeguaychú-Fray Bentos. En esa carrera donde las cuentas estadísticas se mezclan con anuncios de marketing rimbombantes, el consenso que supone crear un parque nacional y el beneficio que eso significa para la conservación del planeta se transforman en una carrera para alcanzar lo que en realidad son metas establecidas por organismos internacionales.

En esa línea pueden leerse los anuncios de Campo de Mayo, vendido como el futuro parque más grande de Argentina cuando en realidad es muy posible que las variables de análisis sean bastante distintas. Como ocurría en los años '90, también ahora, en paralelo a la creación de nuevas áreas, se echa gente y pierden participación en el desarrollo de los territorios las comunidades que supone un área protegida.

En la historia de la evolución de estos lugares, han existido otros tipos de prácticas de manejo de recursos que no eran de exclusión, sino de uso común para el bien común. Y la diferencia entre bien común y recurso no es meramente semántica.

Las Comisiones Asesoras Locales (CAL) eran una instancia de participación de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y tenían voz en las decisiones que los afectaban directa o indirectamente con respecto al manejo de los parques. Las gestiones de elaboración de planes de manejo de parques trazadas desde 2003 habían intentado avanzar en esa dirección, con participación de vecinos, sociedades de fomento, escuelas, universidades y eran, también, una herramienta de democratización de las decisiones sobre prioridades. Es decir, eran las comunidades las que decidían dónde estaban sus prioridades. En el último año, la dirección de Parques avanza en un programa de parque para pocos que entre otros efectos, clausura esa experiencia.

Entre los objetivos, el área determinó la expectativa de aumento de la recaudación en un 50 % para los próximos seis años y un incremento de 40 % de las visitas “pagas” para el año 2023. Ese programa conjuga números y gente con una apuesta de acceso donde el camino de la macriparquización se acerca al roquismo. Turismo de culto en parques para pocos que buscarán paliar tal vez —con recaudación propia— los ajustes que viene sufriendo el presupuesto del área desde hace dos años desde el tesoro nacional.

Este ajuste está obligando de hecho a los Parques Nacionales a buscar fondos para su funcionamiento en otros lugares. Uno de esos lugares es el público pensado como consumidor pago. Pero en un contexto de crisis, la pregunta es: ¿cuán viable resulta la duplicación de las visitaciones pagas? ¿No será que piensan imponer entradas pagas a más áreas naturales nacionales? ¿Y no será ese un camino para privatizar cada vez más el espacio público? ¿Será que se proponen priorizar al “visitante culto” relegando la función social de las áreas protegidas?

Recientemente la Dirección contrató a una especialista en búsqueda de donaciones entre el mundo de las empresas y fundaciones. Ella se llama Pilar Escardó, presentada en su página de Linkedin como responsable de fundraising en la vicepresidencia de administración de Parques Nacionales. Esta es, nuevamente, la otra pata del incremento del presupuesto mientras se achica la participación del Estado. Nada que no pase en otros ámbitos de la estructura nacional.

Pero acá entra otro tema: las Fuerzas de Seguridad y los casos de violencia del último año. Con el objetivo de suplir la necesidad de contar con más personal para determinadas actividades exclusivas de los guardaparques, la actual gestión delegó a través de un convenio general algunas tareas en la Gendarmeria Nacional. Las resoluciones HD 286/2016 y 338/2016 le ordenan cumplir tareas de patrullas y asistencia en incendios forestales. La presencia de las Fuerzas Armadas en jurisdicción de los parques nacionales no es nueva, pero las nuevas funciones vuelven a reforzar la hipótesis de disputa territorial, ahora protegiendo las bellezas escénicas y turísticas de verdaderas propiedades privadas contra la permanencia, avance o ocupación de comunidades locales.

La denuncia de usurpación en Villa Mascardi (Resolución 71/2017) y el posterior asesinato de Rafael Nahuel a manos de agentes de Prefectura Nacional en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi es un ejemplo de que las prácticas de co-manejo con las comunidades mapuches y el respeto por los tratados internacionales y los derechos indígenas, pueden esperar. El desalojo del camping Yapay Peñi, administrado por la familia Alarcón de la comunidad mapuche, 12 días después del asesinato de Rafael Nahuel, y la denuncia de querer instalar un lodge de pesca y alojamientos para un turismo cinco estrellas en el Parque Nacional Los Alerces, va en ese mismo sentido.

 

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