Parque Nacional Los Cadáveres

 

Finalmente el gobierno convirtió el predio militar de Campo de Mayo en reserva ambiental. El decreto publicado el viernes en el Boletín Oficial establece que será dividida en tres partes. Las organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas para pedir una intervención. Abuelas de Plaza de Mayo señala en un comunicado que la medida fue tomada sin consultar a quienes trabajan e investigan la presencia de marcas y restos de desaparecidos de la dictadura.

Aquí el comunicado:

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos el decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial que crea la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo y pone en riesgo, así, la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico-militar. En la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron, al menos, tres centros clandestinos de detención; allí permanecieron alrededor de 5.000 víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres.

El decreto fracciona la guarnición militar en tres espacios distintos: la "Reserva Ambiental” propiamente dicha, otro espacio de uso militar intensivo y un tercer espacio de amplias dimensiones del que no se especifica el destino. De acuerdo con información periodística que cita fuentes gubernamentales, ese tercer espacio sería destinado a ampliar una planta del CEAMSE que ya funciona en el lugar y a emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, no puede descartarse que en los tres lugares se hallen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

Por ello, junto a otros organismos de derechos humanos, víctimas y querellantes, realizamos una presentación al “Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias” y al “Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Naciones Unidas, solicitándoles que intervengan frente a esta situación. Allí advertimos que “existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el Estado Argentino”. En tal sentido, solicitamos “tengan a bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran y garantizar los derechos de las víctimas”.

Por otro lado, en el escrito se advierte sobre la falta de participación y consulta a las víctimas y a la sociedad civil en las medidas que se vienen llevando adelante con respecto al lugar de memoria e investigación que constituye Campo de Mayo, violando uno de los pilares básicos del derecho internacional en la materia.

A casi 35 años del retorno de la democracia en nuestro país, las investigaciones no están concluidas, numerosas víctimas no alcanzaron justicia y muchos genocidas no fueron juzgados; los restos de la mayoría de nuestros hijos e hijas no aparecieron, todavía quedan alrededor de 300 nietos y nietas por encontrar y los crímenes se continúan perpetrando hasta que no sepamos el destino de todas y todos ellos. Exigimos que el Estado argentino actúe de acuerdo a las obligaciones internacionales asumidas e impulse verdaderas políticas para el Nunca Más.

 

 

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