¿Parirás con dolor o con amor?

 

“El nacimiento no es una enfermedad”.

Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Fortaleza, Brasil (1985)

 

Pasados 37 años desde esa declaración de la Organización Mundial de la Salud, perviven –casi universalmente– las prácticas que tributan al enfoque excluyente del embarazo como faceta corporal patológica, lo que implica convertir a una parturienta en paciente, por consiguiente, pasible de una intervención.

Esta concepción del embarazo está sostenida, entre otras razones, en un imperativo de carácter religioso y de hegemonía cultural sobre el parto, que atraviesa casi tantos siglos como el patriarcado. Se lee en la Biblia: “Multiplicaré sobremanera las molestias en tus embarazos, y con dolor parirás a tus hijos. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará” (Génesis 3.16). La referencia a “parirás con dolor” existe en la mayoría de las traducciones de la Biblia desde hace cientos de años. Así, esta creencia se ha tornado en verdad indiscutible, lo que redunda –también– en mayor vulnerabilidad en las parturientas. La sentencia “divina” enlaza con la cultura del médico hegemónico, que en esta cuestión permea al sistema de salud, sea privado, público o mixto. Las intervenciones innecesarias, los maltratos, injurias, atropellos que padecen parturientas y sus bebés –antes, durante el parto y en el puerperio– son ejercidas por todes les profesionales que supuestamente las asisten.

 

 

 

El emblemático documental Callate y pujá (2001) y muchos otros que circulan por las redes nos eximen de inventariar ejemplos. “La voz en off que nos va narrando (en el documental citado) los derechos de esta mujer no deja lugar a dudas del resultado: ella ha experimentado en sus carnes la vulneración total y absoluta de todos y cada uno de los derechos sobre su parto y el nacimiento de su hijo” [1].

La doctora en Comunicación (UNLP) y magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social (UNLZ) Beatriz Morrone aporta a la historización del drama de los partos deshumanizados: “A fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó a institucionalizarse y a medicalizarse el parto con el fin de disminuir las muertes maternas y neonatales resultantes de los partos. Esto fue considerado un progreso, ya que efectivamente dichas muertes disminuyeron, pero –a la vez– significó la incorporación en hospitales, regidos por los conceptos de personas enfermas, de una enorme mayoría de mujeres y recién nacidos sanos. Pasaron a internarse para el parto separados de su familia, en ambientes intimidantes, con horarios restringidos de visitas, con recién nacidos colocados detrás de vidrios aislantes y a recibir, en general, un trato despersonalizado, desvalorizante y poco afectuoso con consecuencias iatrogénicas, como la lesión del vínculo madre-hijo y la introducción de otros líquidos y sucedáneos en la alimentación del recién nacido sano, con graves consecuencias para la lactancia materna. El parto se transformó en un acto médico, cuyos significados científicos dejaron de lado los otros aspectos. Dejó de ser privado y femenino para ser vivido de manera pública, con presencia de otros actores sociales” [2].

De ese avance de la medicina se pasa a la situación actual, en la cual, además de la violencias, se incentivan las cesáreas innecesarias, las internaciones –que llegan a ser de hasta cuatro días, principalmente en clínicas privadas costeadas por las obras sociales–, el uso generalizado de las episiotomías, las cesáreas “programadas” y algunas otras prácticas que disminuyan el tiempo que los equipos profesionales deben dedicar a esos nacimientos intervenidos, mejorando las rentas obtenidas por los mismos.

 

 

Un camino recorrido

Desde 2009, las mujeres y disidencias sexuales contamos con la ley (entre tantas otras sancionadas en esa década) de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en la cual se pone en la mira la violencia obstétrica. Ya en 2004, el Parlamento argentino sancionó la Ley de Parto Humanizado (25.929), que recién fue reglamentada en 2015. Es evidente que promover el ejercicio de este derecho de las personas gestantes no fue prioritario. Aun con un gobierno popular, quedó enredado en la maraña burocrática de un Estado al que faltaba bastante transformación para alcanzar la dimensión popular, feminista y democrática a la que aspiramos.

Obviamente, durante el gobierno aniquilador de derechos de la Alianza cambiemita, no se tomó medida alguna que garantizara la vigencia del parto respetado. Al contrario, se rebajaron partidas dedicadas a la salud maternal e infantil y se barrió y judicializó el extraordinario Plan Qunita, amén de suprimir el Ministerio de Salud nacional.

En 2015 y 2018, relevamientos realizados por el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) de la ONG Las Casildas detectaron que 7 de cada 10 mujeres que tuvieron partos en ese periodo informaron que les rompieron artificialmente la bolsa, a pesar de ser esta una maniobra que ha demostrado no tener beneficio alguno y que comporta una alta cuota de riesgos.

En un segundo relevamiento, realizado por el mismo Observatorio, se detectó que el 74,6% de las mujeres encuestadas reportan haber sufrido maltrato verbal y/o físico por parte del equipo médico. El 24,5% refiere haber padecido conductas aleccionadoras y sólo el 14,6% considera haber recibido información completa y verdadera sobre el proceso que estaba atravesando y las intervenciones realizadas.

Próxima a cumplir 20 años desde su sanción, la ley ha recibido la adhesión de la mayoría de las provincias argentinas, aunque es muy difícil obtener información sobre su efectiva implementación. La ley nacional 26.485 complementa la de Parto Respetado, incorporando la definición de violencia obstétrica, como la que “ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizó en mayo del año pasado una Jornada Regional sobre la temática. Entre Ríos y Chaco están abocadas a su implementación y la provincia de Buenos Aires avanza en su aplicación, tanto en lo que hace a la reglamentación, protocolización y adiestramiento del personal involucrado, como en la difusión de los derechos que asisten a personas gestantes y sus bebés, desde el momento de la concepción hasta su nacimiento y aún más allá. El 31 el mayo de ese año, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y el entonces ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, presentaron la Guía de Implementación del Parto Respetado en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Los dos ministerios trabajan mancomunadamente en la cuestión. Además, la Legislatura provincial –a través de diputadas del Frente de Todos– viene interviniendo activamente sobre el tema, convocando a jornadas regionales de debate y formación de referentas, personal sanitario y organizaciones sociales.

 

 

Las universidades públicas marchan (si es que lo hacen) en forma extremadamente lenta y desigual en el involucramiento del parto humanizado, el cual debería formar parte de la currícula de sus carreras. La formación de les egresades de las carreras de Medicina y de Obstetricia, más que insatisfactoria, desconoce el alcance y ejercicio de la mínima intervención, tanto durante la gestación como al momento del parto. De lo que se trata es de producir un cambio cultural en el cual el equipo de salud pueda ubicarse en el rol de acompañamiento y no en el de concentración del saber. Esto es necesario no sólo en las carreras mencionadas. Nos atrevemos a decir que Psicología, Trabajo Social, Bioquímica y Derecho no deberían eludir o ignorar el tema, dado que es esencialmente una cuestión de derechos humanos que involucra el derecho a la salud y el rol indelegable del Estado en garantizar su ejercicio y velar por el cumplimiento de las leyes.

 

 

Prácticas abusivas

Las inne-cesáreas son consideradas una sutil naturalización de la violencia obstétrica en el entramado social. En la Argentina se ha registrado hasta un 70% anual de cesáreas en el sistema privado de salud y un 36% en hospitales públicos, mientras que la Organización Mundial de la Salud preconiza, como tasa de cesáreas necesarias, sólo un 10-12%. La Maternidad de Moreno Estela de Carlotto (estatal), institución modelo inaugurada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, presenta un 14% anual de cesáreas, con tendencia a la baja. En el caso de la episiotomía, también está cuestionada por entidades médicas como intervención rutinaria. Estas dos prácticas se realizan principalmente para evitar “riesgos”’ en los partos, y también para hacerlos más cómodos, rápidos y satisfactorios económicamente para los profesionales que los asisten.

 

 

 

El rol del Estado es insoslayable y en el terreno de la violencia obstétrica no sólo implica la puesta en marcha plenamente y con financiación del parto respetado o humanizado, sino también la difusión amplia y sistemática de los derechos que asisten a las parturientas y a sus bebés para garantizar el ejercicio de una autonomía que está condicionada por factores económicos, culturales y sociales que afectan desigualmente a las mujeres.

Está en debate también la regulación o no de la figura de las doulas, término que procede de la antigua Grecia y significaba “esclava sierva”. En la actualidad, se refiere específicamente a una mujer experimentada, que a voluntad de la persona gestante, la acompaña durante el embarazo y eventualmente asiste al parto.

 

 

Condiciones para un parto humanizado

No sólo las leyes, su reglamentación y los protocolos pertinentes forman parte del ejercicio del parto humanizado o respetado. Que el Estado debe ser garante de los derechos conquistados incluye la asignación y ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes. Entre otras inversiones –para asegurar que el parto sea realmente humanizado– se impone una adecuación de los espacios donde se produce el acto sexual denominado parto, una de las experiencias más altamente emocionales concerniente a la condición femenina, en tanto y en cuanto el embarazo y el parto serán consecuencia del amor, el deseo y el goce. No omitimos en esta consideración que existe la inseminación artificial –la cual puede incluir mujeres sin pareja– que no excluye en absoluto el amor y el deseo de maternar.

Las salas no deben ser un quirófano o algo similar. Se debe disponer en ellas de elementos que faciliten el parto y debe garantizarse la presencia de aquella persona designada por la parturienta para que la acompañe en ese momento crucial. La adecuada atención de les bebés, una vez nacides, implica prioritariamente que no sea separade de su madre, ni sometide a la ingesta de medicaciones o suplementos supletorios de la lactancia.

Las llamadas Casas de Parto existen en muchísimos países. En la Argentina hay algunas privadas, que son aptas sólo para embarazos de bajo riesgo. Otro tanto sucede con los partos domiciliarios. Pueden tener dispositivos que faciliten el parto, como los baños preparados para parir en el agua u otros recursos que contribuyan a retomar la idea de “parto fisiológico”. En este sentido, las Casas de Parto o similares deben estar articuladas con el sistema público de salud.

Insistimos que en tanto y en cuanto el sistema de salud pública no asuma plenamente las acciones que garanticen un parto sin violencia obstétrica, el parto respetado ejercitado por el sistema privado de salud se beneficiará con la importante renta que suministra y la –obvia– diferencia de clase que eso implica, dado que las clases populares no pueden costear el elevado costo de una atención que pasa a ser un privilegio. En definitiva, se trata de seguir modificando las prácticas nocivas y demoler esta cultura que violenta los derechos de las personas gestantes, sus hijes y sus familias.

 

 

 

[1] Calafell Sala, Núria, “La violencia obstétrica y sus modelos de mundo”, en Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia Nº 10, pp. 331-354, Universidad Nacional de León, León, 2015.

[2] Morrone, Beatriz, “Violencia obstétrica: cuando las leyes no alcanzan”, II Jornadas de Género y Diversidad Sexual (GEDIS), “Ampliación de derechos: proyecciones y nuevos desafíos”, La Plata, 2016.

 

 

 

 

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