Paren de callarnos

 

“Avancen compañeras”, clama una mujer de contextura pequeña, mientras agita ambas manos. Lleva una amplia remera blanca atada en la zona de la cadera con una inscripción en letras violetas: “Nada sin Cristina”. Promediará los 35 años, cifra análoga a la sensación térmica de ese miércoles 8 de marzo. Buscando la sombra de un tilo, la cabecera de la movilización se abre paso en el asfalto de la calle 7 de la ciudad de La Plata. Allí, unas quince mujeres y disidencias llevan pegado a sus piernas un pasacalle donde se lee: “Con proscripción no hay trabajo ni democracia. Trabajadoras somos todas y todes”.

Un redoblante marca el paso de las primeras columnas, las de las trabajadoras, nucleadas en la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), Atulp (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata), el Sindicato de Prensa Bonaerense y CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), entre otros sindicatos. Una de las marchantes –la que lleva colgada al cuello la frase “Somos el grito de las que ya no están”– agita un pomo de espuma apuntando al cielo. Las de atrás cierran los ojos y, con una fugaz sonrisa de alivio, reciben la falsa nieve. Una mujer que había quedado rezagada de su grupo apura el paso, mientras le acomoda el piluso celeste a la bebé que lleva en brazos. “Tratar de loca a una mujer es típico de machirulo”, imprime la pancarta que lleva amarrada en su mochila.

Con la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) aparecen tres muchachas que combinaron una pincelada de glitter verde en los pómulos. También compartieron la cartulina violeta al manufacturar la cartelería que erigen sobre sus cabezas y sostienen con brazos tiesos: “Oíd el ruido de rotas cadenas”; “Mascota del poder, jamás”; “No se puede proscribir el amor”, invocan alternativamente. Detrás de la bandera de la Federación Universitaria de La Plata, una joven de top naranja y short de jean con el pelo atado en un voluminoso rodete mantiene una caja de cartón desplegada con una inscripción en imprenta mayúscula: “A ti te ofende mi lucha, a mí me cuesta la vida no alzar la voz”.

Con un baile de saltos carnavaleros, la voluntad de los cuerpos quiebra la inercia del aire caliente y húmedo, haciendo propio eso que Rosa Luxemburgo, militante revolucionaria asesinada hace más de un siglo, advirtió: “Quien no se mueve, no siente las cadenas”. Y los cánticos se elevan al punto de rasguñar las cuerdas vocales con el aliento.

 

 

 

Micaela

 

 

 

 

Micaela Bastidas nació cerca de Cusco en 1744. Como su padre era descendiente de africanos y su madre era indígena, la apodaron Zamba, el fruto de ese mestizaje. Con su compañero de vida, el cacique Túpac Amaru II –recordado por ser pionero en decretar la abolición de la esclavitud negra en América Latina–, lideraron la batalla anti-imperialista conocida como la Gran Rebelión.

Mientras Amaru partió a la región de La Paz para robustecer sus tropas, Bastidas se encargó de la administración política, de cara a asegurar el aprovisionamiento de los independentistas. También capitaneó las tareas de inteligencia, desarrollando un sistema de comunicaciones con chasquis que abarcaban todo el territorio de la resistencia indígena. Entre los motivos de su alzamiento, se computaba el combate a los abusos misóginos de los colonizadores y la restitución de la participación política de la mujer.

En 1781, Micaela Bastidas, su esposo y sus tres hijos fueron condenados a ser descuartizados en vida. Entre los castigos, estaba previsto cortarles la lengua por haber hablado en contra de los españoles. Empezaron por mutilar y ahorcar a sus hijos frente suyo. Los documentos indican que Micaela se opuso tenazmente a que le arrancaran la lengua. Los verdugos imperiales intentaron decapitarla con un torno, pero fracasaron por la delgadez de su cuello. También ensayaron estrangularla, pero la mujer seguía batallando contra la muerte, por lo que concluyeron su obra a garrotazos y patadas en su estómago y su pecho. Las partes de su cuerpo fueron exhibidas en las plazas públicas de distintos pueblos, en un malogrado intento aleccionador, ya que esto sólo sirvió para potenciar el grito emancipatorio latinoamericano.

El ensañamiento contra las mujeres que se sublevan contra la opresión colonial y patriarcal, el cruel encono contra sus hijos, la sobreexposición de las imágenes del daño con fines de disciplinamiento general… suena actual, ¿no? Nuestra historia está plagada de ejemplos de mujeres perseguidas por empuñar su voz. El afán de “cortarles la lengua”, de silenciarlas, es una práctica que reverbera bajo nuevas formas hasta nuestros días.

La semana pasada, integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitaron la Argentina para analizar la violencia política contras las mujeres. Luego de reunirse con autoridades de los tres poderes del Estado, mujeres víctimas de violencia en el ámbito político, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia y de medios de comunicación, el Comité de Expertas presentó sus observaciones y recomendaciones, en las que concluyeron que en la Argentina “subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan de la vida pública”. La delegación constató que “la violencia política contra las mujeres se ha visto exacerbada por medios de comunicación y a través de redes sociales”, mediante “símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante”. Asimismo, expresaron con especial preocupación que sus entrevistadas manifestaron que el temor a represalias de un elevado costo personal “obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura”.

Las expertas de la OEA hicieron un llamado de atención sobre el silenciamiento y la ausencia de condena pública frente a las agresiones contra las mujeres, lo que reproduce y magnifica su impacto: “El discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras, como la Vicepresidenta, la Presidenta de la Cámara de Diputados, o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y Las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”.

La gravedad institucional de los ultrajes que los medios de comunicación ejecutan sobre la figura de la Vicepresidenta de la Nación –cotejadas con un documentado informe que Cristina Fernández de Kirchner entregó al Comité–, llevó a que la presidenta del Comité, la peruana Marcela Huaita Alegre, concluyera que hay una naturalización de la violencia y “una degradación de su imagen que puede llevar al atentado que hubo”. Otra integrante de la delegación, la psicóloga costarricense Sylvia Mesa Peluffo, tuvo que invocar una flamante categoría para definir el hecho: intento de “magnifemicidio”.

El informe de la Vicepresidenta trae a la memoria la tapa de la revista Noticias del 17 de diciembre de 2015 (eran los primeros días del gobierno de Cambiemos), en la que se ilustró una cofradía de varones de la política, la Justicia y los medios –Ricardo Lorenzetti, Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, Hugo Moyano y Héctor Magnetto– encapuchados con túnicas negras: los “monjes” le daban la espalda a Cristina Fernández de Kirchner, que aparecía con las manos atadas envuelta en llamas, bramando convaleciente. “EL PACTO (Para que Cristina no Vuelva Nunca Más)”, tituló el magazine de mayor difusión del país, demostrando que el machismo es reticente a los sobreentendidos. La loca, la puta y la bruja son los estereotipos más recurrentes del acoso mediático por motivos de género.

Siete años después, cuando la injuria y la denigración sistemática demostraron no ser métodos eficaces para paralizar su lengua, le gatillaron en la cabeza.

 

 

 

Eva

 

 

 

 

—Le cortamos un dedo.

—¿Era necesario?

El coronel es de plata, ahora. Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza.

—Tantito así. Para identificarla.

—¿No sabían quién era?

Se ríe. La mano se vuelve roja. “Beba”.

—Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende?

—Comprendo.

—La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos.

—¿Y?

—Era ella. Esa mujer era ella.

Lo anterior es un fragmento de Esa mujer, el cuento en el que Rodolfo Walsh, con un magistral uso de la elipsis, narra la apropiación, las vejaciones y el ocultamiento de los restos de Eva Perón. El periodista recupera una entrevista que le realizó al teniente coronel Carlos Moori Koenig, quien había secuestrado el cadáver de Evita en una pieza lindante a su dormitorio personal en las dependencias del Servicio de Informaciones del Ejército. Tras exhibirlo como trofeo de guerra, el coronel colaboró en su desaparición. El escrito de Walsh se publicó en 1966, en un tiempo en el que estaba prohibido nombrarla.

El borramiento de su cuerpo se extendió por 14 años. Fue escondida en Milán bajo una lápida apócrifa, hasta que en 1971 su cadáver mancillado fue restituido a su esposo. El borramiento de su nombre se prolongó por casi dos décadas, desde que el dictador Pedro Eugenio Aramburu penalizó su mera mención a través del decreto-ley 4.161 del 9 de marzo de 1956, hasta la asunción del gobierno constitucional de Héctor Cámpora en 1973.

Hoy somos testigos de un borramiento tipificado como “inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”. La proscripción del peronismo dista de ser sólo un apartado para los libros de historia.

Para los imperialistas europeos, el cuerpo de las mujeres fue un territorio más de conquista y de rapiña. No era poco frecuente que fueran intercambiadas como parte de una ofrenda o violadas como botín luego del sometimiento de un poblado. En 1782, cuando los españoles logran detener a Bartolina Sisa –comandanta del ejército aymara de La Paz– la raparon, la desnudaron, le cortaron los senos y la pasearon por las calles de Chuquiago atada a la cola de un caballo con una soga al cuello.

La sexualización de las mujeres víctimas de violencia política sumó un capítulo de la infamia con el fallo de 1.616 fojas de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que, como señaló la abogada Natalia Salvo, condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión admitiendo que “no pueden establecer la responsabilidad penal, no hay pruebas y los actos son ‘en apariencia’ legales”. El mensaje mafioso de este trío varonil –que eligió el aniversario de la proscripción del peronismo para enviar a la hereje a la hoguera– utiliza doce veces la palabra “promiscuidad” para fundamentar su veredicto. La elección de un vocablo ambiguo que significa, a la vez, “conducta de la persona que mantiene relaciones sexuales poco estables con diversas personas” y “situación de caja única entre entidades, que hace que operen con alto grado de comunicación entre sus patrimonios”, no resulta nada azarosa. Algunos ejemplos:

 

• Página 178: “Naturalmente, la promiscuidad que ello evidencia entre distintas personas –integrantes de las constructoras y de los gobiernos nacional y provincial– será un aspecto a abordar a lo largo de esta sentencia”.

 

• Página 471: “Los actos administrativos que anteceden nos eximen de mayores explicaciones; son la prueba patente de los vínculos promiscuos existentes entre los funcionarios y el empresario que obligaron abusivamente el patrimonio del Estado nacional en miras de un beneficio personal de unos pocos, al menos, de los aquí enjuiciados, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y el propio Báez”.

 

• Página 1.043: “A raíz de esos antecedentes profesionales fue designado en el segundo cargo de mayor relevancia jerárquica de la institución vial a través del Decreto nro. 299/2011, firmado el día 10 de marzo del año 2011 por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. El súmmum de la promiscuidad tantas veces señalada.”

 

• Página 1.201: “Las contrataciones en cuestión generaron un flujo de dinero constante y sostenido en el tiempo en favor de la ex Presidenta, que sólo se detendría cuando las alarmas públicas sobre esos vínculos promiscuos se volvieron imposibles de ignorar”.

 

Dando muestras de instigación sincronizada, Clarín tituló: “Causa Vialidad: para los jueces, la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez tenía ‘lazos promiscuos’”. El término “lazos” aparece entrecomillado, pero no se desprende de la sentencia. Era un invento a secas de la corporación mediática.

La apremiante necesidad de una reforma judicial feminista quedó ampliamente probada con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que selecciona 60 fallos paradigmáticos que cercenan los derechos de las mujeres y disidencias. Allí se destaca que sólo el 31% de las máximas autoridades del Poder Judicial son mujeres. A más de cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Micaela, la Corte Suprema se excusó en su autonomía para negarse a recibir la capacitación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En 2019, un juez citó a Cristina Fernández de Kirchner a nueve indagatorias en el mismo día. Y no cualquier día, sino el 25 de febrero, aniversario del natalicio de Néstor Kirchner. La última citación le llegó a la hoy Vicepresidenta de la Nación el día de su cumpleaños.

“Es mía”, dice el Partido Judicial. “Esa mujer es mía”.

 

 

 

Hebe

 

 

 

 

No se puede hablar de la lucha de los feminismos populares en nuestro país sin ponderar a ese grupo de mujeres de pañuelo blanco, invisibilizadas en plena plaza pública, que convirtió una marcha silenciosa en un grito que resonó en el mundo entero en tiempos de mutismo obligatorio. Víctimas del despojo más siniestro, decidieron honrar la vida de sus hijos levantando sus banderas. “¡Unas locas!”, fulminaba el poder patriarcal para desacreditar su voz. Sin embargo, como inapelable ejemplo de salud mental comunitaria, sanaron nuestra democracia. Son, también, las que eligieron estar más cerca de los que sufren en tiempos de borramiento de las mayorías.

Desde hace dos décadas, la Asociación Madres de Plaza de Mayo organiza anualmente un congreso de Salud Mental y Derechos Humanos. En su onceava edición, en 2012, Hebe de Bonafini describió con extraordinaria sencillez una realidad política que se mantiene en boga: “El enemigo que tenemos es muy duro, es muy difamador. Pero, ¿cómo estaremos haciendo las cosas de bien, si les jodemos tanto?”

 

 

 

 

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