Parar la estafa

 

Inflación en dólares y renta financiera

El gobierno nacional inició 2025 festejando una inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC, del INDEC) del 117,8% para 2024, menor que la de 2023, “olvidando” la brutal devaluación del peso que Javier Milei y Luis Caputo concretaron el 12 de diciembre de 2023, a horas de asumir sus funciones: 118% que pasó a los precios y redujo el poder adquisitivo de los salarios.

Olvida en ese sentido que tal medición no representa los verdaderos consumos de la población, pues no pondera la incidencia relativa en la canasta familiar de los servicios –luz, gas, salud, transporte, internet, telefonía celular– y de la vivienda, de uso esencial para vivir bien. Si se actualizara como es obligatorio la Encuesta de Gastos de Hogares –se está usando la relevada entre octubre de 2004 y diciembre de 2015–, habría que sumar a ese 117,8% aproximadamente un 8,5% más, es decir que en realidad el alza ha sido de por lo menos un 126,3%.

Como correspondía, la actualización ya fue elaborada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) y convalidada por propio Fondo Monetario Internacional. Pero Milei, para sostener su estafa económica y social, impide que se aplique.

El gobierno también fingió “olvidar” que el salario mínimo vital y móvil –que fijó confabulado con las cámaras empresarias–, el salario promedio, las jubilaciones y pensiones crecieron muy por debajo de la inflación anual, con la consiguiente transferencia regresiva de ingresos de asalariados, jubilados y pensionados a las grandes empresas y sectores de ganancias excepcionales (ver anexo, nota 1).

Por ejemplo, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de diciembre 2023 fue de $156.000 y el de diciembre 2024 de $279.718. El incremento fue de sólo 79,3%, muy inferior al aumento de la canasta básica alimentaria, el combustible, la electricidad, etc. Esta situación empeorará en 2025 debido a los topes a la negociación salarial que el gobierno ha comenzado a imponer, a los nuevos ajustes tarifarios en ejecución que autoriza y al miedo a perder el empleo.

Milei y Caputo también miran para otro lado cuando el Banco Central estima una caída del 3,8% del PIB (Producto Bruto Interno) en 2024. Es decir, la producción de bienes y servicios bajó, aproximadamente, unos 20.000 millones de dólares. Por ejemplo, a noviembre de 2024 los despachos de cemento eran 23,9% menores que en 2023; la construcción cayó un 28,5%; la industria manufacturera, un 10,5%, y la producción de automotores, un 17,1%. Y no hay perspectivas de recuperación.

Es que el gobierno respalda y se respalda en los sectores a los que beneficia, como el capital financiero (fondos de inversión y grandes bancos privados ^[1]) o –entre otros– las grandes empresas productoras de medicamentos, las formadoras de precios de alimentos, energía y servicios, que ganaron fortunas gracias a la “libertad” de precios.

Esa “libertad” también permitió que los títulos públicos ajustables por inflación y las acciones de las grandes empresas mencionadas obtuvieran una ganancia exorbitante calculada en dólares. En 2024 los títulos públicos pagaron intereses a sus acreedores en base a un IPC anual de 117,8%, con un costo para volver a dólares del 20% (dólar CCL-Contado con liquidación), obteniendo una ganancia de no menos del 95% en dólares.

No es casual que las acciones de las empresas privilegiadas por la política económica, que cotizan en bolsa, en promedio subieron un 200%, ganando más del 170% en dólares.

 

Estafa financiera, económica y social

En el primer caso, el interés en dólares lo pagó el Estado –es decir el pueblo argentino–, con un ajuste fiscal equivalente a 12.170 millones de dólares (en pesos fue de $12.170.596,6 millones), de los cuales correspondieron a intereses de la deuda $10.405.810 millones y por amortización de capital 1.764.785,6 millones, siendo la deuda pública contraída por el gobierno de Milei de 96.012 millones de dólares.

Esa deuda pública es una estafa, que se denunció y sobre la que la justicia nunca se pronunció. Una deuda odiosa que se incrementará al compás de acuerdos con el FMI y sus condiciones, más los acuerdos “desesperados” que actualmente realiza con el sector financiero para sostener una ficción de estabilidad.

Ello resultó en un crecimiento de un 166% en términos reales de los “servicios de la deuda” (intereses y comisiones) en el presupuesto durante 2024. La contrapartida fue una caída real de las transferencias a las provincias del 75,1%, un ajuste de la obra pública del 76,5%, de las jubilaciones y pensiones del 12,5% y de los programas sociales del 47,2%.

El rendimiento de las acciones lo pagan los consumidores en un mercado cautivo, monopolizado o cartelizado, como es el caso de los alimentos, los medicamentos, energía, los servicios de comunicaciones y los insumos imprescindibles para la producción destinada tanto al mercado interno como, en ciertos casos, a la exportación.

El problema se agravó pues al crecer más el nivel general de precios de los bienes y servicios que el precio del dólar, se generó –en 2024– una inflación en dólares promedio del 45%. Ya en 2025 vamos por el mismo camino.

En efecto, por ejemplo, el precio pagado en diciembre 2024 a los tamberos por el litro de leche fue equivalente a 43 centavos de dólares por litro, un valor históricamente alto dado que en noviembre de 2023 se pagaban 27 centavos de dólar por litro. Lo mismo pasa en mayor o menor medida con la carne vacuna, aviar, porcina, pescados, etc. O con insumos como el gasoil, la electricidad y el gas, que por supuesto se trasladan a los precios al consumidor.

 

Esquema perverso

El gobierno, para seguir alimentando la renta financiera, decidió que el dólar oficial se ajustará al 1% mensual desde febrero 2025, con el objetivo de asegurar rentas altísimas para los tenedores de títulos públicos en pesos ajustados por el IPC e incluso vía tasas fijas pero positivas (tasa mayor a la inflación). Se deriva como consecuencia que los productos y servicios medidos en dólares serán cada vez más caros, favoreciendo su importación.

El gobierno apuntaló esa decisión al eliminar el Impuesto PAIS a la compra de dólares, al pago de bienes y servicios al exterior, y al reducir sistemáticamente los aranceles. Estamos ante un nuevo resurgimiento de las políticas aplicadas por Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura, de Domingo Felipe Cavallo durante la Convertibilidad, y también durante el gobierno de Mauricio Macri con Luis Caputo y Federico Sturzzeneger, para privilegiar la especulación financiera en el corto plazo. Estrategia que ha llevado a la quiebra a miles de empresas y ha derivado en colapsos sociales, económicos y financieros como en 2001.

Esto implica un mayor pago de intereses en dólares, debido a que el interés por el IPC y/o por tasas positivas resulta en un monto convertido en dólares cada vez mayor. Las muy graves consecuencias se anestesian, pues el ingreso en pesos de los impuestos y otros ingresos del Estado, también medido en dólares, parece mayor.

Lo mismo sucede con las tarifas de luz y gas. Al frenarse la tasa de crecimiento del dólar (con la nueva “tablita cambiaria”, que la limita al 1% mensual), las tarifas al consumidor medidas con un dólar más bajo parecen menores.

El financiamiento que logra el Estado por las licitaciones de títulos en pesos, Letras capitalizables del Tesoro (Lecaps), Bonos Capitalizables (Boncaps) y otras, deriva de que sean súper-rentables para sus compradores pero disparatadas para las cuentas públicas que siempre paga la sociedad.

En ese esquema perverso, el precio del dólar se vuelve un tema central, porque los países vecinos y los que producen los mismos bienes que exportamos devalúan sus monedas, con lo que perdemos competitividad, situación que el gobierno agrava con la “bicicleta financiera”, con la que no existe mejor renta que la que ofrece la intermediación financiera.

El gobierno trata de que el ingreso de divisas por un nuevo acuerdo con el FMI, la conversión de los dólares ingresados por el “blanqueo” en propiedades, bienes y servicios del país, y la reducción temporal por seis meses de ciertas retenciones, sean el puente hasta las elecciones legislativas de este año.

Estiman que luego podrán ajustar el tipo de cambio y que la deuda pública acrecentada por la administración (tablita) de la devaluación se resuelva con recursos provenientes de la privatización de empresas estatales, como la conversión en Sociedad Anónima del Banco de la Nación, y el extractivismo indiscriminado de recursos naturales como petróleo, gas, oro, plata, litio, hierro, cobre, minerales raros, entre otros.

El sostenimiento del actual esquema cambiario pone en riesgo a los sectores productivos nacionales, ya que impulsa el nuevo ciclo aperturista decidido por Milei, con resultados catastróficos para el empleo, la industria manufacturera y el mercado interno.

La apreciación cambiaria para sostener la “bicicleta financiera” nada tiene que ver con una real recuperación o fortalecimiento de nuestra moneda nacional; por el contrario, es funcional a su mayor deterioro y a la consolidación del bimonetarismo, acentuando la directa dependencia del dólar.

 

Una salida ordenada

Como venimos sosteniendo, urge salir de ese círculo vicioso de ajuste, endeudamiento y fuga de capitales que sólo favorece a la renta financiera, en detrimento de la economía real.

Persistir en este círculo perverso seguirá llevando a la quiebra a la industria manufacturera nacional e incluso fundirá a miles de productores agropecuarios, perjudicando principalmente a los pequeños y medianos establecimientos con miles de despidos, mientras que para las grandes empresas en muchos casos será más redituable importar los productos que fabricarlos en el país. Se sumarán a las 12.214 empresas –el 99% PyMES– cerradas y a los 205.009 puestos de trabajo registrados perdidos que indican los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 relevados por el CEPA.

Advertimos que es necesario oponerse decididamente al nuevo acuerdo con el FMI que gestiona con desesperación el gobierno e implica someterse nuevamente a sus condiciones. Son dólares para que siga la estafa, la fuga de capitales y el remate de recursos estratégicos. Solo tiene por fin respaldar la bicicleta financiera, garantizando el esquema de salida de ella de los tenedores de deuda argentina, momento en el cual tendrá lugar una nueva devaluación, que desde ya el Fondo Monetario reclama.

1. La salida de esta economía del desastre no necesita ni puede pasar nuevamente por una devaluación y shock regresivo en la distribución del ingreso en detrimento de los trabajadores, y en favor de las grandes corporaciones económicas. Se necesita cuidar las divisas y no dilapidarlas en ese círculo perverso.
2. Al contrario, para salir de esta situación hay que acordar una salida ordenada de este esquema, en el que Milei y Caputo utilizan al Estado para garantizar la renta financiera a costa de un ajuste brutal sobre la población y con un marco regulatorio –DNU 70/23, Ley de Bases, presupuesto público por decreto y otras disposiciones inconstitucionales– para garantizar la renta petrolera, gasífera, minera, a favor de las corporaciones transnacionales, locales o extranjeras.
3. Esa salida ordenada pasa por un acuerdo sobre un Plan Nacional Económico, Social y Federal entre los sectores cuya vida depende del mercado interno y están comprometidos con el interés nacional, a la par que se exige con urgencia:

• • no suscribir más acuerdos con condicionalidades del Fondo Monetario Internacional [2];
  • la inmediata resolución por el Poder Judicial de las causas vinculadas con el crédito que el gobierno del endeudador serial Luis Caputo y Mauricio Macri tomaron ilegalmente del FMI –y que éste otorgo en contra de su propio Convenio Constitutivo en 2018–, dilapidado para facilitar la fuga de capitales especulativos, práctica en la que se insiste en estos momentos con la gestión de un nuevo acuerdo por parte del gobierno de Caputo y Milei, y las autoridades del mismo Fondo Monetario;
  • la derogación de la normativa inconstitucional adoptada durante el actual gobierno, como la Ley de Bases, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el DNU 70/23 y el DNU 846/24, entre otros, señalando que un futuro gobierno deberá desconocer los beneficios irregularmente otorgados para el citado régimen de inversión;
  • la recuperación del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, también vital para la recuperación del mercado interno y la industria, partiendo de:
    • la regulación del comercio exterior y el desacople de los precios locales de los internacionales, particularmente los precios básicos relativos a las necesidades esenciales de las familias y los que determinan los costos de producción en las distintas actividades industriales;
    • el seguimiento público y publicitado de la estructura de costos de producción y comercialización de los consumos e insumos esenciales para las familias y la producción, básico para que el Estado regule precios acordes al poder adquisitivo de los ingresos de carácter alimentario de la población, con controles para evitar los abusos de posición dominante de los grandes formadores de precios.

Energía, alimentos, medicamentos, transporte y vivienda baratos son imprescindibles para un plan sustentable de industrialización.

• • La recuperación del poder del Estado sobre los tres pilares de la producción –energía, moneda y logística–, comenzando por suspender de inmediato la privatización de las empresas estatales y, en particular, la transformación en sociedad anónima del Banco de la Nación Argentina, principal entidad y empresa testigo en el sistema financiero.
  • Inmediata emergencia tributaria sustentada en el aporte de quienes más tienen, ya que no puede ser, por ejemplo, que Milei –sin antes cortarse la mano– empiece la baja impuestos por los autos de los ricos y no por la comida o los ingresos alimentarios de los trabajadores.

En un contexto internacional de creciente inestabilidad, incertidumbre y amenazas, deben afirmarse las necesidades del pueblo argentino: defender el trabajo y la producción nacional, una virtuosa articulación de nuestras economías regionales, y promover una mayor integración suramericana ante el proteccionismo de las principales potencias y la voracidad de las grandes corporaciones empresarias sin fronteras.

 

 

Anexos

 

Nota 1. Inflación y realidad

El gobierno solo habla del índice de inflación y no habla de los precios que se pagan por los alimentos, de los precios de los alquileres, de los precios de los servicios públicos. El índice de inflación no es la realidad que se vive y hoy nada tiene que ver con lo que les pasa a los trabajadores. En la tabla que sigue se demuestra el impacto en la “realidad”, tanto mediante la consideración de los aumentos de la canasta básica alimentaria, que fija el límite de la indigencia, de la canasta básica total, que establece el límite de la pobreza, de la nafta y de la energía eléctrica, vis a vis con la evolución del salario mínimo y el impacto de esos valores sobre su capacidad de consumo.

 

 

 

Nota 2. Deuda bruta, administración nacional.

La deuda pública de la Administración Nacional pasó de U$S 370.674 millones de diciembre 2023 a U$S 466.686 millones en diciembre de 2024.

 

 

El Foro Economía y Trabajo está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. [email protected] 11-49367981

Sergio Arelovich, Carlos Baraldini, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Eduardo Dvorkin Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinowsky, Santiago Mancinelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella y Nahuel Silva, Coordinación: Eduardo Berrozpe.

 

[1] Los bancos se beneficiaron con el pase de las Leliq y otros encajes remunerados a títulos del Tesoro de la Nación (deuda pública)

[2] Aclaración necesaria: con el antecedente de la aprobación de la resolución impulsada por la Argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, estableciendo principios para la reestructuración de deudas ante un cuadro internacional de crecientes desequilibrios financieros que particularmente dañan a la mayor parte de los países, debiera volver a impulsarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) un debate resolutivo sobre: a. Objetivos, funciones, recursos y prioridades del FMI como organismo de la ONU, para intervenir ante crisis de balanza de pagos; y b. La inalienabilidad de la soberanía jurídica de los países en conflicto sobre deuda, actualizando la doctrina Calvo/Drago para intervenir y combatir la especulación con las deudas soberanas.

 

 

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