Para visibilizar las violencias

 

Estar pendientes de la ropa cuando salimos a la calle. Cambiar de recorrido para volver a casa para no sentirnos incómodas porque los pibes de la esquina nos van a gritar algo violento sobre nuestros cuerpos. Bajarse del colectivo o del subte porque un hombre nos toca sin consentimiento, o se toca mientras nos mira. Tratar de caminar por calles iluminadas y transitadas, preferir ir en grupo. Llevar gas pimienta en la cartera. Escribirle a una amiga para que sepa que llegamos bien. Estas son algunas de las estrategias que las feminidades implementamos a diario para transitar un espacio público que parece no pertenecernos y en el cual estamos constantemente en riesgo.

El acoso sexual en espacios públicos, también conocido como acoso callejero, es una de las formas de violencia contra las mujeres más invisibilizada. Pese al esfuerzo que realizan diferentes organizaciones feministas y algunos sectores de la política para abordar el tema, se encuentra aún muy naturalizado. Se evidencia, por ejemplo, con comentarios como el del ex Presidente Mauricio Macri, cuando afirmó que “a todas las mujeres les gusta que les digan un piropo, por más que les digan una guarangada como ‘qué lindo culo que tenés’”, en una entrevista hace algunos años o, más recientemente, en la pregunta de un conductor a una mujer acosada en el subte respecto a si “estaba vestida sexy”.

Un proyecto de ley aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Senadores y girado a Diputados el pasado 8 de abril –en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero– busca corregir esta situación a través de la incorporación al Código Penal de un artículo sobre la prevención de este tipo de violencia y su sanción mediante multas.

 

 

La base del iceberg

En mayo de 2019 el acoso callejero fue incorporado a la ley nacional 26.485 para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, promulgada en 2009. Fue la última violencia en ser tipificada hasta el momento. El artículo 6 incluyó en su inciso G a la violencia contra las mujeres en el espacio público como “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

En nuestro país, el 96% de mujeres y otras feminidades refieren haber sufrido alguna forma de acoso callejero y aseguran que comenzaron a recibir esa modalidad de violencia entre los 9 y los 22 años. Los datos son de la última encuesta realizada en 2019 por la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). La organización, al advertir la inexistencia de estadísticas oficiales sobre el acoso, comenzaron a elaborar datos propios en 2015, tal como hicieron con los femicidios. Entre los últimos resultados de la consulta, realizada a más de 800 mujeres de todo el país, revelaron que 81% de las encuestadas se sienten inseguras en la vía pública. En particular, las mujeres, adolescentes, niñas y feminidades trans de entre 15 a 19 años. Además, el 50% sufrió comentarios sexuales explícitos, el 47% afirma haber sido seguida por un hombre en alguna ocasión y el 37% estuvo expuesta a que un hombre se desnudara o les mostrara sus partes privadas. “Desde que iniciamos las encuestas notamos que quienes dicen haber sido acosadas en algún momento de su vida superan el 90% cada año. Pudimos ratificar que los primeros acosos se dan a temprana edad, pero creíamos que eran en la adolescencia. Cuando hicimos las encuestas de 2017 y 2019 nos encontramos con la sorpresa de que muchas, la mayoría, atravesaban estas situaciones en la infancia”, explicó a El Cohete a la Luna la coordinadora nacional de MuMaLá, Silvia Ferreyra.

 

 

Pese a que los datos muestran que se trata de una modalidad de violencia que enfrentan casi la totalidad de las mujeres, lesbianas y otras feminidades, el acoso en la vía pública sigue siendo subestimado. Al graficar las violencias como un iceberg, donde sólo se ve en la punta las más extremas y más de la mitad se encuentran invisibilizadas, permanece en la base empujando para salir a la superficie. “Vemos que se desconoce que el acoso es una forma de violencia. Por ejemplo, muy poca gente llama a la línea 144 por haber sufrido una situación de acoso. Tampoco está informada de que en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos es una contravención”, describió Ferreyra.

La socialización de géneros hizo que desde muy chiquitas las mujeres sean relegadas del ámbito público para volcarse al foro privado y doméstico. El acoso callejero es una manera de disciplinar a las feminidades, que busca excluirlas del espacio público. Ju Santarosa Cobos, directora de la organización Acción Respeto: por una calle libre de acoso –que se dedica desde 2014 a concientizar sobre este tema– postula que existe una “romantización del acoso” que dificulta comprenderlo como un tipo de violencia. “A nosotras se nos enseña a ser abiertas, a que tenemos que recibir cualquier comentario, a ser sumisas, calladitas y que no tenemos que hacer enojar a los demás. Somos objetos antes que personas, en un sistema patriarcal diseñado para el disfrute y el goce ajeno. La romantización del acoso se da a partir de esos elementos de una cultura que interpreta que las mujeres en el espacio público están fuera de lugar”, aseguró. Ella lo vivió en carne propia, por primera vez, cuando tenía 11 años. Andaba en bicicleta cuando desde una obra en construcción un grupo de hombres le gritaron comentarios vulgares sobre su cuerpo. Su papá había presenciado la situación y cuando llegó a su casa le dijo que nunca respondiera a ese tipo de comentarios. "Básicamente me estaba diciendo que me callara y no incitara la furia de mi acosador", recordó años después en una nota a la revista estadounidense VICE.

Según explicó, el acoso tiene dos componentes: la falta de consentimiento en la interacción y el contenido violento del mensaje. “Es una acción unilateral, es un reclamo impune de energía, es una eyaculación verbal. Sin interpelar a la otra persona, además posee un contenido agresivo”. Aclaró que debe diferenciarse de un piropo, que se da en una interacción a partir de un vínculo de confianza entre dos personas y se dice con el objetivo de halagar o hacer sentir bien al otro. El acoso, por el contrario, busca marcar una relación de dominio.

En la misma línea, la coordinadora de MuMaLá afirmó que “se naturalizó tanto que pueden decirnos cualquier cosa, por más que no nos conozcan, que no sepan si nos gusta o no. Muchas personas no entienden que se trata de violencia. Se cree que la violencia empieza cuando comienzan los golpes. Nosotras insistimos tanto con hablar del acoso porque creemos que es la puerta de entrada para discutir el tema de la violencia en la sociedad”.

 

 

Una ley que acompañe

Con 67 votos a favor y uno en contra del senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley sobre acoso sexual que ya había recibido media sanción de Diputados en 2019. Resolvieron incorporar una serie de modificaciones que obligan a devolverlo a la Cámara Baja para que vuelva a ser votado. El primer proyecto había sido presentado por la ex diputada Victoria Donda, actual presidenta del INADI. Incorporaba al Código Penal el artículo 129 bis referido a la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. El Senado propuso tres modificaciones relevantes que, según explicó en la sesión del 8 de abril el presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, "no cambian el espíritu" de la norma, pero tienden a perfeccionarla.

La primera de ellas es que incorpora a la violencia en espacios privados con acceso público, como boliches, bares o shoppings. La segunda es la inclusión del acoso virtual, tomando un proyecto de las senadoras de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri. Santarosa Cobos, quien asesoró en la construcción del proyecto de ley, dijo que “el espacio digital también está entendido, además, como un espacio público, porque es de libre acceso y se replican allí muchas dinámicas y la estructura del acoso callejero”. Por su parte, la senadora del Frente de Todos por San Luis María Eugenia Catalfamo remarcó que la inclusión de lo virtual era fundamental porque “en el marco de la pandemia se incrementó el ciberacoso”, aunque recordó que esta violencia existe desde que las tecnologías de la información y la comunicación adquirieron relevancia. La encuesta de MuMaLá reveló que el 60% de las mujeres y otras identidades sexogenéricas feminizadas recibieron en 2019 comentarios de índole sexual, no consentidos, no deseados y no solicitados a través de Twitter, Facebook y WhatsApp. Entre las más jóvenes supera el 70%, es decir, que dos de cada tres mujeres de entre 15 y 19 años fueron hostigadas con comentarios sexuales no deseados en las redes sociales. La tercera modificación planteada incorporó la aplicación de multas que hoy equivaldrían a un rango de entre 3.8  y 20.000 pesos. Mientras que el proyecto que obtuvo sanción en Diputados establecía sumas en pesos, el Senado dispuso que los montos se computen en unidades arancelarias, a fin de que no sea necesaria su permanente actualización por ley ante los retrasos que podrían implicar la suba de la inflación. Se determinó que las multas sean más elevadas en el caso de que el acoso se ejerza sobre menores de 18 años o si el acosador fuera un funcionario público o de la fuerza de seguridad.

 

 

El proyecto busca, además, contribuir a un cambio cultural profundo mediante la incorporación de políticas públicas de difusión y concientización en la ley 26.485 y talleres obligatorios para los condenados. “La ley va a poder visibilizar lo que le sucede desde hace años a las mujeres y diversidades. No es un cambio que se va a dar de un día para el otro, pero tenemos que comprometernos a realizarlo desde todos los organismos, no solamente desde el Legislativo”, expresó Catalfamo.

La senadora señaló que el acoso sexual puede ser, en ocasiones, una puerta a otras violencias contra las mujeres. Durante su exposición, recordó el caso de Úrsula Bahillo, la adolescente que fue asesinada por su ex novio Matías Martínez el pasado 8 de febrero. “El femicidio es la última instancia de la violencia, la más extrema. Antes de llegar a ese terrible desenlace existen otras violencias, como la psicológica o el acoso sexual. Si nosotros logramos abordarlas de antemano, a lo mejor podremos disminuirlas. Si la justicia hubiera identificado a quien en ese momento era el acosador de Úrsula, quizás su vida no hubiera tenido ese desenlace fatal”, opinó, en conversación con este medio.

En tanto, Santarosa Cobos consideró que la penalización no es la solución, sino que es una herramienta más a la hora de poder hacer una denuncia. “Los cambios culturales son procesos que llevan tiempo y es necesario, en la urgencia, poder brindar una herramienta a quienes están viviendo esta violencia. Una no puede decir a una mujer o a una disidencia que está siendo acosada en la calle: 'Esperá tranqui que se viene el cambio cultural en un rato’”, manifestó. La activista, quien además es integrante de la Red de Abogadas Feministas, explicó que, al no existir la figura penal del acoso, se trata de subsumir las denuncias en otras figuras, como la de amenazas. “Creemos que es importante que el Estado mande el mensaje de que este comportamiento es una forma de violencia de género en los espacios públicos y, como tal, va a tener una sanción y un reproche social”, destacó. Finalmente, Ferreyra señaló que si se abre la posibilidad de un proceso judicial, el Estado y las delegaciones de las direcciones de género locales tienen que acompañar a las personas que quieran denunciar con asesoramiento legal.

El regreso de la ley con sus modificaciones a Diputados implicará un nuevo debate, que las senadoras consideran que no tomará mucho tiempo. Estiman que será sancionada en las próximas semanas. Luego, habrá que esperar a su reglamentación para conocer cómo será el circuito que garantice a las víctimas que denunciar no sea un proceso tedioso, eterno y revictimizante.

 

 

 

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