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El gobierno de Mauricio Macri designó a dos agentes de inteligencia en el directorio de Tandanor S.A.C.I.y N. La vicepresidenta y contadora Alicia Crispina Pelorosso y el director Alfredo Macera nombrados el 29 de diciembre de 2015 fueron designados de manera concomitante, el 2 de enero de 2016, como empleados de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, parte del Sistema de Inteligencia Nacional coordinado por la Agencia Federal de Inteligencia. Permanecieron en sus cargos hasta diciembre de 2019, un periodo durante el cual el complejo de talleres navales de Dársena Sur se llenó de cámaras de vigilancia, perdió a sus principales cuadros técnicos de ingenieros, desvinculó a 200 de sus 650 trabajadores y desactivó los talleres de fabricación de barcos y submarinos más importantes de la región, mientras compraba barcazas de patrullaje a Francia y transformaba al principal polo de desarrollo metalmecánico de la industria naval en un barato taller de chapa y pintura. En el marco de una causa judicial que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, el nuevo directorio de la empresa estatal de participación obrera acompaña la denuncia y reclama ser tenido como querellante. La intervención directa en la selección de los directores desde el área de Inteligencia del Ministerio de Defensa muestra una nueva escalada del espionaje interno prohibido y el diseño transversal de una política de Estado.

 

Un espía conocido

La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar es un área del ministerio de Defensa que depende directo del ministro. Es uno de los tres organismos del Estado que integra la mesa del denominado Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) junto con la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, ambos bajo la conducción de la AFI. De la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependen los delegados de inteligencia de las agregadurías militares en el exterior. Durante la gestión de Cambiemos fue el área que comenzó a utilizar nombres de cobertura para sus trabajadores, al uso y costumbre de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

 

 

El 10 de diciembre de 2015 el flamante ministro Julio Martínez designó a cargo de la DNIEM a Eduardo Emilio Savarino. Savarino trabajaba hacía años como asesor en el Congreso y había acompañado al riojano en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Es un hombre de Mar del Plata, activo en el club de rugby IPR Sporting Club del Instituto Peralta Ramos donde se formaron sus hijos. Y un nombre conocido en los pasillos del edificio Libertador por su cercanía a la Inteligencia de la Armada.

 

 

Martínez dejó el ministerio en julio de 2017 pero le pidió a su sucesor Oscar Aguad que conservara a dos personas. Una era Savarino. Permaneció en la Dirección Nacional de Inteligencia Militar hasta el 27 de septiembre de 2017 cuando lo reemplazó María Noel Costa, actual jueza federal de Córdoba. Todavía faltaban dos meses para noviembre y la desaparición del ARA San Juan. Un capítulo que ahora investiga el nicho de la DNIEM y el alcance de la resolución secreta 04/2017 que encomendaba tareas de inteligencia sobre buques, naves y aeronaves provenientes y/o con destino a la gobernación de Malvinas.

Diecinueve días después de asumir su mandato, el 29 de diciembre de 2015, Savarino quedó a cargo de conducir una operación importante. Nadie sabe aún si Martínez estaba al tanto o delegó esa tarea. Pero Savarino era un hombre que lo acompañaba incluso a sus reuniones con Mauricio Macri en Casa de Gobierno. Ese 29 concurrió a la sede de Tandanor como representante del ministerio, participó de la asamblea del directorio y designó a las autoridades. Tandanor es una empresa mixta integrada conformada en un 90 por ciento por el Estado y en un 10 por ciento por participación obrera. Es parte de las empresas estratégicas del Estado que dependen de las áreas de producción para la defensa del Ministerio como Fabricaciones Militares. ¿Por qué todo esto quedó en manos del director de Inteligencia?

Según surge de la foja 93 de los papeles presentados al juzgado, durante la asamblea designó a como presidente a Jorge Arosa, retirado de la Armada e hijo del almirante Ramón Arosa, primer jefe de la Armada en la posdictadura, quien cuando declaró en la justicia sobre la intervención de Alfredo Astiz en el espionaje a las Madres de Plaza de Mayo dijo que el error de la Armada no había sido infiltrarlas sino no haberlo sacado en ese momento y enviarlo a París. En ese mismo acto Savarino también designó a la contadora Pelorosso y al abogado Macera como vicepresidenta y director.

 

 

El 2 de enero de 2016 Savarino los puso bajo su dependencia de manera paralela con el nombramiento en la DNIEM. A Pelorosso le asignó un cargo en el Departamento Administrativo y Financiero de la DNIEM. A Macera, en la División de Legales. Ambos cobraron dos salarios hasta septiembre de 2017 y aunque figuraban con sus verdaderos nombres nunca declararon ese ingreso en las presentaciones a la AFIP. Eso no está mal para la lógica de los agentes encubiertos. Y aunque en este caso no lo eran, el dato sirve para constatar la doble relación. ¿Por qué cobraban dos sueldos? ¿Tandanor era un espacio ad-hoc de Inteligencia? ¿O sólo era la forma de mejorar sueldos de la administración pública con fondos de una caja negra de fondos reservados sin control?

Para la época, la DNIEM tenía relación continua con Silvia Majdalani, segunda de la AFI. En la división de tareas, donde Gustavo Arribas manejaba la caja de la AFI, la DNIEM aparecía como espacio apetecible por los fondos en dólares debido a las operaciones de los agregados en el exterior. Eso durante los primeros años. Luego se acabaron los dólares. Savarino tuvo a los directores hasta que dejó su cargo. Costa disolvió ese vínculo pero los dejó en Tandanor. En diciembre de 2019 Pelorosso y Macera no quisieron dejar sus puestos, se negaron a irse sin indemnización y pelean vía litigio contra el Estado.

 

 

La denuncia

Tandanor estuvo abierto en pandemia. Con trabajadores repartidos en dos turnos bajo el esquema de trabajo esencial, las dársenas estuvieron llenas. A septiembre llevaban entregados más de 40 busques estatales y privados. Y tenían las gradas con otros nueve en reparación.

Entre marzo y abril de este año el nuevo directorio recibió una denuncia anónima vía correo electrónico con el contenido de los sucesos del cambio de directorio de 2015 y 2016. Los correos motorizaron una denuncia, que recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi. El juez pidió y recibió los documentos que confirmaron estos datos desde el ministerio de Agustín Rossi. El directorio se presentó luego como querellante. El juzgado no hizo lugar porque considera que no puede ser tomado como particular ofendido por el delito: no hubo una afectación directa a Tandanor como empresa por la conducta de Macera y Pelorosso. Tandanor apeló. La decisión está en manos de la Cámara Federal. Pero el juzgado se dispone esta semana a llamar a quien presentó la denuncia para escucharlo a viva voz.

“Recibimos mails anónimos en los correos electrónicos del Astillero con denuncias sobre que el mismo había estado conducido por personas ligadas a prácticas de épocas de la dictadura, con intención de vaciar al astillero, donde se sembraba el terror con servicios de inteligencia, con persecución de los trabajadores y activistas gremiales, y se nos instaba a denunciar tal situación”, señala un memo interno. “En el andar de la gestión fuimos tomando cuenta de la cantidad de despidos y actos de extrema violencia ocurridos en el Astillero y se decidió poner los antecedentes a disposición de la Justicia, fundamentalmente sobre la contadora Alicia Pelorosso y el abogado Alfredo Macera. La causa ingresó el día 12 de Junio de 2020 al Juzgado Federal N° 11 el N° CFP 3632/2020 Juez Martínez De Giorgi, fiscalía de Paloma Ochoa”.

 

 

La intervención

Tandanor es un astillero ubicado en Dársena Sur y ocupa 26 hectáreas del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) que también integra el Astillero Almirante Storni. Uno se encarga de arreglar buques. El otro de la construcción, especialmente de embarcaciones de alto porte como submarinos. Allí se hizo la puesta en línea de la media vida del ARA San Juan. Construyeron los barcos del Casino Flotante. Pero sus últimos años están marcados por la reestatización de la planta en 2008 y el trabajo de reparación y reconstrucción a nuevo del rompehielos Irizar, construido en 1977 en Finlandia e incendiado en 2007, que abastece una vez al año a las bases antárticas.

 

 

 

Privatizada en 1994 por Carlos Menem, con proceso de quiebra posterior, Tandanor quedó en 2001 en manos de los trabajadores. En 2008, el Estado la reestatizó con participación obrera. Para entonces quedaban sólo 150 trabajadores. El ministerio de Defensa conducido entonces por Nilda Garré inició un proceso de formación de cuadros técnicos con talleres de oficios y pasantías de seis meses, con acceso a la planta permanente a la que se incorporaron las primeras nuevas camadas. En diciembre de 2015 había 650 trabajadores efectivos y un número rotativo de entre 500 y 700 tercerizados y contratados de manera ocasional para abastecer las temporadas de mayor trabajo. Para entonces el Astillero Storni trabajaba contrarreloj en la terminación del Irízar. Querían inaugurarlo antes del cambio de gobierno. El gigante había despertado pero la obra no se terminó. Ese era el escenario cuando llegó el cambio de gobierno: el Irízar estaba terminado en un 80 por ciento.

 

 

En 2017 el Irízar comenzó las primeras pruebas en el agua. En 2018 realizó su primera campaña, que repitió en 2019. Pero cuando concluían las reparaciones en 2017 comenzaron los despidos. Hubo una primera ola de 50 trabajadores echados ese año y una segunda de 23 en 2018. El primero con eje en cuadros técnicos, el segundo en cuadros gremiales. Las protestas de esa segunda etapa incluyeron combates cuerpo a cuerpo con el directorio de la empresa. Eso derivó en una causa penal que aún sigue abierta contra parte de la Comisión Interna bajo la figura de asociación ilícita. Esa protesta también frenó los despidos masivos con una lista de 15 trabajadores ya preparada.

 

 

Jonathan Pucheta entró en Tandanor como pasante cuando se abrieron los talleres de tornería en 2008. Terminaba el secundario, le ofrecían viáticos de 1.25 pesos y ticket de 25 para comedor. Hoy es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales (SITTAN). Ama ese lugar. Durante los últimos años, en sus cuentas hubo 200 despidos. No sólo los 73 despidos directos, dice, también hubo otras desvinculaciones con retiros voluntarios y pérdida de cuadros técnicos que nosotros llamamos vaciamiento intelectual.

El directorio no retuvo a trabajadores más calificados que se habían formado en la experiencia del Irírzar, muchos estudiantes de ingeniería ahora recibidos, que conseguían rápidamente ofertas para duplicar salarios en astilleros privados o en el exterior.

Esta experiencia tiene alguna semejanza con lo que ocurrió en ámbitos científicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica en dictadura. Uno de los físicos que estuvo detenido desaparecido en la ESMA trabajaba en un equipo que había logrado separar plutonio por primera vez en la región, sólo adelantados por Estados Unidos. Lo hacían con fines pacíficos y para la producción de energía eléctrica, pero en el mundo de la Guerra Fría el plan nuclear molestaba a los países centrales. Los argentinos bregaban por la independencia nuclear como parte de la lógica de soberanía tecnológica y se oponían al desarrollo llave en mano que impulsaban los países desarrollados para el cono sur. Carlos Calle fue secuestrado el 28 de marzo de 1976. Lo liberaron siete meses más tarde. Se exilió y pasó sus años productivos a cargo de centrales de investigación nuclear en Europa.

Pucheta dice: “En Tandanor y el Cinar, que es la fábrica de submarinos, el macrismo lo que vino a hacer es a separarlas: querían que Tandanor se encargue nada más de reparar buques. Y ahora este gobierno tiene que reparar y tiene que construir”.

 

 

 

El Irízar puso fin a una etapa. Y el hundimiento del ARA San Juan terminó de ponerle una llave al Storni. Por un lado los submarinistas de la Armada  quedaron en estado de shock y todavía parecen dispuestos a construir un submarino para cualquier otro país pero no para acá. Y por otro lado, la dirección de la empresa no impulsó líneas programáticas de desarrollo industrial.

“Se deshicieron de los que sabían y abandonaron el Storni: le pusieron una llave y cerraron la puerta de la planta”, dice Miguel Tudino, el presidente del directorio que hoy busca los teléfonos de los que se fueron para recapitalizar los talleres a partir de la reincorporación de una parte de los trabajadores.

 

 

¿Y si todo era cuestión de dinero?

Varias veces el gobierno anterior habló de Tandanor como administración exitosa. Macri estuvo apenas asumió en enero de 2016. Antes de irse, el 19 de agosto de 2019, inauguró el barco Santiago S de la empresa Arenas Shipping. Aguad dijo que tras muchos años de escasa actividad la empresa estatal “cerró julio de 2019 con 127 millones de pesos de superávit: antes daba pérdidas y ahora se autoabastece, los empleados cobran su sueldo al día”.

Sin embargo eso no es lo que pasó. Entre escenas de espionaje con pase de información de Tandanor al área de Inteligencia; una planta que se llenó de cámaras de vigilancia; relatos de trabajadores que recibían reclamos porque los directores les objetaban con quién debían o no debían juntarse, lo que pasó en realidad es el cambio de dimensión y de escala. Ese fue el verdadero problema.

Una parte del Astillero continuó haciendo reparación de buques y grandes navíos pero abandonó el trabajo de motores y mecánica pesada a gran escala para transformarse en lo que los trabajadores mencionan como taller de chapa y pintura. En esa misma línea, con el taller convertido en una sala de maquillaje, se iban cerrando los proyectos que mantenían abierto al gigante para la construcción de las naves: el Storni. Ese lugar está asentado en 5 de las 26 hectáreas del predio. Zona del puerto sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy los trabajadores o por lo menos Pucheta está convencido que si el gobierno anterior ganaba las elecciones iba a ser destinado a un proyecto inmobiliario.

“Para entender las razones hay que conocer la historia de Tandanor”, dice. Y vuelve a la privatización de Carlos Menem con Tandanor aún con dos plantas: la 1 en Dársena Norte, que recién este año volvió al patrimonio del Estado, y la 2 de Dársena Sur. En diciembre de 2019 vencía el convenio de alquiler entre el Ministerio de Defensa y el Storni, que tenía plazo de diez años. He ahí una de las razones de la sospecha. El convenio ahora acaba de suscribirse por otros 10 años.

 

 

El Estado espía

La intervención del área de Inteligencia de manera directa en la designación de funcionarios es uno de los fenómenos del Estado macrista que hasta ahora no había aparecido. La Inteligencia operó a través de la AFI, con sus estructuras orgánicas y paralelas. Tuvo una dimensión paraestatal descrita por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla para el caso de D´Alessio. Ingresó, hizo espionaje y barrió el territorio de la provincia de Buenos Aires de cuadrícula en cuadrícula a través de las bases del Proyecto AMBA. Hizo espionaje a las viudas del ARA San Juan. Fue especialmente activa para los períodos de campaña electoral y para las operaciones de prensa que fogonearon la propaganda política contra el kircherismo, operó entre los detenidos de Ezeiza y sirvió para operaciones judiciales. Pero hasta ahora no había aparecido un caso en el que un agente de inteligencia colocara a sus hombres, o mujeres, directamente en la mesa de un directorio. Esto es como si Arribas o Majdalani hubiesen designado de manera personal a tropa propia en el directorio de YPF o de otra empresa del Estado, dice una vieja especialista. Y tiene razón. Sólo este dato subraya la dimensión transversal de una política de Estado.

 

 

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