Para que el Estado se haga responsable

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará este lunes la falta de respuestas del Estado argentino frente a la investigación del atentado a la AMIA y de su encubrimiento. Será en una reunión convocada a pedido de Memoria Activa y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El Estado argentino estará representado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería.

“Es una reunión muy importante. Es la instancia previa a que el caso parte a la Corte Interamericana. Para nosotros es una oportunidad para contarle a la Comisión qué pasó durante estos 25 años”, explicó Diana Malamud, que se encuentra en Quito para participar de la audiencia.

Por Memoria Activa prestarán sus testimonios Malamud y Adriana Reisfeld. Estarán acompañadas por su abogado Rodrigo Borda. La agrupación de familiares y amigos de las víctimas del atentado preparó un informe que hace un recorrido por el sinuoso camino que tomaron las investigaciones por el ataque en sí y por la desviación de la investigación – que será entregado a los comisionados. La representación del CELS estará a cargo de Paula Litvachky, la directora del Área de Justicia y Seguridad del organismo.

 

 

El reclamo

En 1999 Memoria Activa decidió denunciar al Estado argentino por su responsabilidad en el atentado y en el encubrimiento. En 2005, se firmó un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado se comprometía a investigar y sancionar a los responsables y reformar el sistema de publicidad de los fondos reservados. Pero el Estado no cumplió. En 2009, Memoria Activa pidió dar de baja el acuerdo.

La audiencia del lunes será de alegatos. La Comisión escuchará a las partes y luego deberá realizar un informe de admisión y fondo antes de girar el caso a la Corte IDH. Las sentencias del tribunal son vinculantes para el Estado argentino.

“Nosotros esperamos que los tiempos sean rápidos”, dice Malamud. “Ojalá trabajen con celeridad. La causa AMIA lo amerita y es una de las más antiguas que tiene la Comisión”.

 

 

Una línea hasta el presente

Para Paula Litvachky, la audiencia abrirá una ventana para plantear la responsabilidad del Estado en múltiples aristas.

“El caso AMIA es parte de los debates actuales sobre el funcionamiento de las agencias de inteligencia, las policías y la justicia, así como el secreto de Estado”, explica la representante del CELS. “El encubrimiento fue posible porque el Estado se amparó en el secreto”.

Con la solución amistosa, el Estado argentino se había comprometido a habilitar la declaración de los agentes de inteligencia en el juicio y a blanquear los fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI). Pero los años mostraron que las reformas que se necesitan son más profundas y que tiene una actualidad acuciante en la justicia federal. Fue parte del debate que guió la reforma de la ley de inteligencia en 2015, pero la experiencia muestra que está lejos de ser saldado.

 

El Estado

La delegación del Estado argentina estará integrada por Mariano Fridman y Ramiro Badía, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Por la Cancillería irá Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos.

Fridman es el director nacional del Programa Verdad y Justicia. Tiene bajo su órbita el área del Ejecutivo encargada de investigar el atentado. Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, se le había dado rango de secretaría, pero lo perdió en simultáneo con la ida de su entonces titular, el radical Mario Cimadevilla, que pegó el portazo denunciando presiones del ministro de Justicia, Germán Garavano, para no acusar a los fiscales José Barbaccia y Eamon Müllen.

Junto a Marta Nercellas, Fridman actuó como abogado de la DAIA y con relación directa con Rubén Beraja, dirigente de la DAIA y uno de los acusados por el encubrimiento del atentado en el juicio que comenzó en 2015 y se extendió hasta febrero de este año.

No trascendió cuál será la postura que asumirán los representantes del Estado, especialmente a pocos días de un cambio de gobierno. Durante la administración Macri, la estrategia había estado apuntada a revitalizar el acuerdo de solución amistosa mientras publicitaban una re-jerarquización como secretaría de Estado de la Unidad AMIA –que terminó subsumida dentro de un Programa– y la apuesta al juicio en ausencia. De eso ha quedado poco y nada para exhibir.

 

 

 

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