Para que Córdoba se redima

A la memoria combativa de Tomás Di Toffino, en agradecido homenaje a la lucha incansable y amorosa de su familia.

 

El martes 15 de diciembre fue una jornada crucial para muchxs en Córdoba, en la Universidad Nacional y allende sus límites.

En el órgano máximo de cogobierno universitario, el Consejo Superior, se discutió la designación como profesores eméritos, la más alta dignidad a la que puede aspirar unx docente universitarix, de los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, funcionarios de la última dictadura cívico militar.

 

 

 

 

 

 

Esa postulación fue realizada por el Consejo Directivo de la citada Facultad, por iniciativa de su actual decano Guillermo Barrera Buteler, presentada inicialmente en 2018, por el entonces decano de esa Casa de Estudios, y actual vicerrector de la UNC, Pedro Ramón Yanzi Ferreyra.

Tanto Palazzo como Barbará forman parte de cierto establishment cordobés que combina, infelizmente, las tramas estatales e ideológicas de la dictadura militar, el neoliberalismo rapaz de los años '90 y la clerecía jerárquica local, de innegable gravitación en la vida de la ciudad y la provincia de Córdoba, que nos remite al infausto recuerdo del Cardenal Primatesta.

En ellos se materializan emblemas de lo más ominoso del pasado y del presente cordobés. Palazzo, ahijado predilecto –en todo el alcance de esos términos—, del genocida Luciano Benjamin Menéndez, es encomiado por él en una carta de 1980 en la que agradece su entusiasta colaboración para extirpar a los “elementos comunistas” en la EPEC, Empresa Provincial de la Energía de Córdoba, de la que fue Gerente de Personal durante la dictadura, en especial a “los seguidores de Tosco”.

Jorge Edmundo Barbará fue firmante, junto a numerosos docentes de la UNC en aquellos años, de un conocido manifiesto en favor de la dictadura titulado “Carta Abierta al Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Señor Raúl Castro”, el 14 de octubre de 1978 en el Diario Córdoba, en el que se defiende a la dictadura y se califica de “campaña anti-Argentina” a las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos de ese período. El tono de esta proclama y sus argumentos están en línea con los intentos de la dictadura por ocultar sus crímenes y presentarse como víctima de una trama de calumnias ante la visita de la CIDH en 1979.

Una exposición más amplia de estas cuestiones puede verse en el artículo de Dante Leguizamón publicado en este medio.

No obstante resulta esencial recordar algo simple y contundente. Ambos profesores fueron funcionarios estatales durante la dictadura cívico militar, bendecida por miembros prominentes de la jerarquía eclesiástica. Palazzo fue, además de Jefe de personal de EPEC, Fiscal de Estado adjunto desde 1979, bajo el gobierno del interventor militar en Córdoba, Adolfo Sigwald. Barbará fue funcionario de la administración de Rubén Juan Pellanda, interventor municipal desde abril de 1981 hasta enero de 1982,  al asumir como interventor provincial. Luego fue Subsecretario de Gobierno desde el 8 de mayo de 1981, y a partir del 29 de enero de 1982, Secretario de Gobierno hasta el final de la dictadura.

La responsabilidad que les cupo como funcionarios en el sostenimiento de un Estado genocida que implementó el terrorismo es innegable, gravísima e incontestable.

Hasta aquí, algunos hechos, pero, ¿cuál es su significado? ¿Qué implica que a finales de 2020 en una universidad pública se pretenda rendir honores a dos funcionarios de la dictadura, a dos de sus sostenedores políticos e ideológicos?

En primer lugar, es preciso recordar que en la Universidad Nacional de Córdoba, a diferencia de la UBA, UNR, UNL, entre otras, no ha habido una normativa que impida de modo expreso, específico y claro que quienes han tenido responsabilidades políticas e institucionales durante la dictadura, accedan a la docencia, a la gestión institucional, a la representación política en los órganos de cogobierno. Tal situación ha dado lugar a que muchos de quienes desempeñaron oficios públicos de diverso nivel en este período, continuaran, durante la democracia, con la actividad universitaria en roles docentes o en tareas de gestión, recibiendo, en algunos casos, reconocimientos académicos sin mayor excusa.

Estos dos docentes ejercen en la actualidad cargos político institucionales en la Universidad pública. Palazzo es consejero docente en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNC, Barbará es secretario de Extensión universitaria y Relaciones Internacionales de esa misma Facultad.

Funcionarios dictatoriales en el pasado y funcionarios universitarios hoy, a los que se pretendió erigir en modelos de docencia y ética universitaria, pertenecen al corazón de la Córdoba clerical, de la Córdoba neoliberal, de la Córdoba dictatorial, de la Córdoba ultramontana. Hablamos de la derecha enquistada en el Poder Judicial, como en ninguna otra parte, articulada en una trama de favores mutuos, privilegios seculares, sostenimiento de castas profesorales, políticas, económicas, de dádiva recíproca de canonjías.

En la Universidad Nacional de Córdoba, luego de la dictadura, continuaron ejerciendo la enseñanza reconocidos ideólogos de este régimen, quienes recién se retiraron de la docencia cuando les llegó el tiempo de la jubilación, los mismos que señalaban a docentes y estudiantes, que vigilaban contenidos y bibliografías, que mantenían algunos volúmenes “sospechosos” en los anaqueles de las bibliotecas para espiar a lxs eventuales lectorxs. Los libros transformados en trampas mortales.

Nadie puede decir, con honradez, en el sector más activo de la UNC, que ignora esto. Pero, claro está, la tradicional y más granada dirigencia cordobesa, universitaria, gubernamental, judicial, religiosa, se maneja con un perfecto y aprendido jesuitismo, con silencio y disimulo. Que no se diga, que no se pronuncie en alta voz, que no se difunda lo que todos saben.

El tejido político institucional y social que nos conduce a los expedientes de Palazzo y Barbará tratados en el Consejo Superior de la UNC tiene antecedentes precisos. Sólo señalaré uno, contenido en un horroroso discurso de Luciano Benjamin Menéndez filmado por los servicios de radio y televisión universitarios, conservado en los archivos del Centro de Documentación Audiovisual de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades de la UNC.

 

 

 

 

 

 

Allí el genocida señala la necesidad del trabajo conjunto de civiles y militares en la lucha contra la “subversión”, y ante un auditorio de destacados colaboradores del terrorismo de Estado, militares, eclesiásticos y civiles, profesores muchos de ellos, pronuncia su sentencia: “De los actuales subversivos nos ocupamos los soldados, de que no crezcan nuevos deben ocuparse ustedes, así lograremos aniquilar el marxismo en nuestro país, y cerrarle toda posibilidad de resurgimiento futuro”. Las palabras de Menéndez son atrozmente certeras. Luego del fin de la dictadura, incluso cuando ya se había pronunciado la frase “Nunca Más” en la naciente democracia, los civiles cómplices, en los poderes del Estado y en la Universidad también, seguían realizando su tarea en más de un sentido, ideológico, institucional, judicial, eclesiástico, y, por supuesto, económico, garantizando los intereses de aquellos que medraron con la dictadura genocida.

Ahora bien, en Córdoba también se lucha, y se lo hace de modo intenso y persistente, en Córdoba se resiste al aire irrespirable que imponen los poderes fácticos.

La intentona de elevar a la más alta dignidad universitaria a estos dos funcionarios públicos de la dictadura fracasó, abriéndose una etapa que articula pasado y presente de modo contundente, promisorio y verdadero, en el largo camino ya marcado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por las Hijas y los Hijos, por los organismos de derechos humanos, y por cientos de militantes universitarios, sindicales, sociales.

En una histórica sesión que duró más de seis horas sucedió algo clave, una gran voz colectiva se abrió paso y encontró su lugar en el Consejo superior de la UNC, labrada con pronunciamientos de organismos de derechos humanos, de organizaciones sindicales –también de docentes y no docentes—, estudiantiles, sociales, con una multitud de diálogos y reconstrucciones de memorias políticas e institucionales forjadas durante décadas.

Una particular versión del negacionismo intentó implementarse en esa sesión. El decano de la Facultad de Derecho, algunos decanxs y consiliarixs del oficialismo rectoral tributario de la alianza UCR-PRO, urdieron una maniobra conforme a la cual ambos candidatos al profesorado emérito “declinaban” su postulación a través de sendas notas en las que se proclamaban merecedores de la tradicional canonjía universitaria, y fustigaban a quienes señalaban la verdad sobre su participación en el sostenimiento de la dictadura. Pretendían así que el asunto se volviera “abstracto”, que “desapareciera”, y fuera archivado en la Facultad de Derecho, quedando sin tratamiento y posibilidad de impugnación y exposición pública.

Este hecho da en el centro del dilema cordobés: lo que no se dice no existe, queda archivado para siempre, cancelado y silenciado en las entrañas del poder real. La voz colectiva que no calla, que no se reconcilia, que no perdona y que no olvida, esta vez, impidió la infamia, y expuso la maniobra. Ni Palazzo ni Barbará son ni serán profesores eméritos de la UNC, ningún otro sostenedor político institucional de la dictadura cívico- militar, bendecida por dignatarios eclesiásticos, podrá serlo. Fue un día histórico y conmovedor para muchxs frente a los intentos de impunidad de unos pocos, cuya fuerza se deshizo ante la verdad de una memoria acrisolada en la lucha.

María Saleme de Burnichón, educadora popular, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades entre 1988 y 1990, quien sufrió en su propia vida y la de su familia el terrorismo de Estado, sostuvo en su discurso de la Colación de Grados de 1989: “Decir —no callar— lo que es necesario que desde la Universidad sea cumplido, es simplemente reformular nuestra historia como país; es romper los silencios cómplices aunque porten vestiduras académicas; es rescatar la memoria y tal vez nadie como nosotros, que nos consideramos portadores de un saber de excelencia, esté tan obligado a tenerla. Ni la Universidad puede saber a ciencia cierta cuál es su rol hoy y mañana, ni nosotros tener certeza sobre la validez de nuestro desempeño, si juntos, no decimos con claridad dónde estamos parados, si juntos no emprendemos la búsqueda de un conocimiento verdadero que no está, por cierto, reñido con el ejercicio de la imaginación, sí con la fabulación, sí con la falsi­ficación”.

Para que Córdoba se transforme, para correr los velos y hacer saltar los cepos, para derrumbar sus muros de complicidad, sus cavernas de simulación, sus besamanos de privilegios y exclusiones, es preciso no callar, nunca, bajo ninguna forma ni excusa. Una lección aparentemente pequeña, pero enorme en su densidad histórica: es posible, necesario e indispensable decir NO.

Que se cumpla lo expresado y aún por realizar en la última línea del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. Que Córdoba se redima.

 

 

 

 

* Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC

 

 

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