Para qué

 

Lo primero que debemos preguntarnos es para qué se sacrifica a la población, condenando a la pobreza y a la desesperación, en mayor o menor medida, a todos cuya remuneración u otro tipo de ingresos es en pesos, salvo los grandes formadores de precios, que incluso hacen sus cálculos de costos y beneficios implícitamente en dólares [1].

El titular del Poder Ejecutivo nacional, elegido en balotaje por trabajadores, jubilados y pensionados, desocupados, pequeños o medianos productores y comerciantes que producen y venden al mercado interno, en su lenguaje vulgar y chabacano, no reconoce nuestra moneda y solo piensa en dólares. No le interesa que la canasta básica total, que no contempla los gastos en vivienda (como si ese tema estuviera resuelto y no se haya liberado por el DNU el precio del alquiler) haya sido, en el mes de enero de 2024, para una familia compuesta por cuatro miembros y según el INDEC, de 285.561 pesos para no ser indigentes y de 596.823 para no ser pobres, sabiendo que el salario mínimo, vital y móvil es de 156.000 pesos y que gran parte de los asalariados perciben esa suma o algo más. Sin embargo, en la reunión del Consejo Nacional del Empleo y SMVyM del jueves 15 de febrero de 2024, encabezada por la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente es Daniel Funes de Rioja, a quien pertenece el estudio jurídico en el que se redactó el Capítulo IV del DNU 70/23, que conculca derechos laborales y que la Justicia suspendió en su ejecución (dando lugar al reclamo de la central de trabajadores), se ofrece para marzo de 2024 un aumento del 18,8%, cuando la inflación acumulada de diciembre y enero fue del 50,1% y la de febrero de 2024 va a oscilar en un porcentaje similar a la de esos meses.

Es más, el Presidente, ante esa situación, rechazó la posibilidad de mediar y menos de definir por el justo reclamo de los trabajadores, ante una inflación provocada por la devaluación y liberación de los precios propiciada por su gobierno, sosteniéndose en la reaccionaria teoría de que el mercado (en este caso trabajadores y empresarios) debe fijar el precio. O sea, devaluar nuestra moneda lo hace manu militari, el DNU también, pero eso sí: el salario debe ser fijado por el mercado, cuando todo el derecho laboral apuntala al trabajo.

Milei lo dice claramente cuando afirma en declaraciones públicas a los medios que “la licuadora y la motosierra no se negocian”; esto significa la desvalorización permanente de nuestra moneda con respecto al dólar para que se reduzcan en términos reales (de poder adquisitivo) los salarios, jubilaciones y pensiones con el fin de que las empresas formadoras de precios tengan mayor beneficio y el Estado nacional menor costo por el pago de las remuneraciones y por las erogaciones previsionales.

Ese mismo rol servil al poder económico es el que afirma que el objetivo es reducir en un 0,5% del PIB (es en pesos, pero equivale a unos 2.400 millones de dólares) el gasto previsional, cuando el 60% de los jubilados y pensionados cobran por mes la mínima o, a lo sumo, dos veces la mínima, que es de 105.712,61 pesos, independiente del bono de 55.000 pesos que les dan a los que perciben ese monto mínimo.

O cuando pretende disminuir las partidas de gasto social al congelar los planes sociales remunerativos con una inflación anual de tres dígitos.

 

 

A su vez necesita aumentar los ingresos en un 1,5% del PIB (es en pesos, pero equivale a unos 7.200 millones de dólares) y al excluir el capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (medida que tomó el Poder Ejecutivo a través del ministro de Economía, Luis Caputo, antes de que se trate dicho proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación), no se incrementarán los derechos de exportación (retenciones) como estaba formulado en el proyecto. Tampoco repondrá el Impuesto a las Ganancias a la IV categoría (trabajadores que perciben remuneraciones hasta 15 veces el SMVyM), ni cobrará por adelantado el Impuesto a los Bienes Personales (con claros beneficios para los que así lo hubieran realizado, pero era dinero en efectivo para el Tesoro de la Nación). Acciones con las que esperaban incrementar los ingresos del erario público nacional en un 1,5% del PBI en el corriente año 2024.

Como el gobierno no pudo aprobar el llamado capítulo fiscal de la ley Ómnibus, pretenden recuperar 0,5% del PIB con la actualización del impuesto a los combustibles [2] (al costo de volver a azuzar la inflación, dado que el gasoil y la nafta atraviesan transversalmente toda la economía). Y el punto restante es el que empezó a descargar sobre las provincias con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público (Fondo Compensador del Interior) y el Fondo de Incentivo Docente

 

 

Las provincias

Es claro que no se puede devaluar y liberar los precios en un país que tiene más del 50% de su población bajo la línea de pobreza y en donde los principales mercados están fuertemente concentrados y centralizados en pocas manos que les permite fijar las condiciones, todas supeditadas a la venta al exterior [3]. Como es claro también que el DNU 70/23 como el malogrado proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fueron redactados por grandes estudios jurídicos e impositivos pagados por los sectores dominantes del país y que eran para otro gobierno y que el actual asumió en su rol de ser funcional a dichos sectores. Sectores que imponen un modelo extractivista, agropecuario exportador sin importarles la población, la contaminación ambiental y el presente y el futro de nuestra patria.

Por eso fue necesaria la deuda irracional de más de 100.000 millones de dólares, que benefició básicamente a una minoría rentista y parasitaria de la Argentina, que el gobierno del Frente de Todos no investigó. Es más, acordó con el FMI su pago a diez años. Que como en la misma gestión no pudo abonar la totalidad de los intereses, debió colocar más títulos de deuda en pesos, pero que cuando asumió como ministro Sergio Massa, desde agosto de 2022, fueron todos bonos ajustables por inflación o por dollar linked (dólar oficial), con lo cual no se “licuaron” con la inflación o con la devaluación, muy por el contrario, así se valorizan.

Gobierno del Frente de Todos que, a lo largo de cuatro años, le vendió a precio oficial 28.240 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA a grandes empresas supuesta o realmente endeudadas para que cumplan con sus compromisos en el exterior. Y que incluso desde agosto de 2022 acordó con parte de esas empresas, que son importadoras (armadurías de Tierra de Fuego, automotrices, etc.), para no frenar el nivel de actividad, que traigan de afuera lo que quieran, sin controlar a qué precio ni si se podía producir acá [4], que se les iba a reconocer esa deuda en divisas.

El gobierno de Milei, como continuación en lo jurídico y en lo económico de las dos administraciones nacionales anteriores, acepta una VII revisión del Acuerdo firmado con el FMI por Adolfo Sturzenegger (presidente del BCRA) y Nicolás Dujovne  (ministro de Economía) en junio de 2018. Pero para poder aplicar el severo plan acordado con el FMI de obtener un superávit primario del 2% del PIB (es en pesos pero equivale a 9.600 millones de dólares) y con aumento de las reservas internacionales netas del BCRA en 10.000 millones de dólares para el corriente año 2024, debería haberlo consensuado con las provincias cuyo pueblo y administración sufre el ajuste fiscal (la “licuadora” y la motosierra que dice Milei), quienes, por un lado, perciben una menor coparticipación al elevarse en octubre de 2023 el mínimo no imponible de la IV categoría del Impuesto a las Ganancias (que se distribuye en su totalidad entre la nación y las provincias y que exime a 800.000 trabajadores de pagar el gravamen). Por otra parte, sus ingresos tributarios crecen menos que la inflación, por ende, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones hacen que las provincias pierdan ingresos.

En ese marco, son amenazadas por el gobierno central.

1. Disminuir en un 0,5% del PIB las transferencias no automáticas (es en pesos, pero equivalente a unos 2.400 millones de dólares anuales)
2. Desregula el financiamiento por los bancos de provincia al Tesoro local, con el cual se financiaban para pagar en tiempo y forma las remuneraciones al personal público (A 7674 del BCRA del 24/01/24).
3. El gobierno central no admite que se paguen los tributos nacionales con los “bonos provinciales”.

Ante esa situación, las provincias no se van a quedar con los brazos cruzados y van a exigir de la Nación que se respeten los acuerdos y pactos fiscales preexistentes. El gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, el día 11 de febrero de 2024,  cuestionó las actitudes que mantiene el Presidente Javier Milei y consideró que el jefe de Estado "no está en su sano equilibrio". Para concluir que "de continuar la administración nacional en el esquema destructivo que impone, el conjunto de las provincias debe iniciar el juicio político al Presidente”. Que es el comienzo de la aplicación de la Ley de Acefalia.

 

 

En síntesis

La única respuesta de por qué el gobierno hace lo que hace es que es funcional al avance del gran capital local y extranjero (aún con sus contradicciones internas que las tienen), sobre el trabajo, el patrimonio nacional y nuestros recursos naturales. Que avanza por la falta de referentes del campo popular tras el desgobierno del Frente de Todos.

Pero que esa situación no es para siempre y que las distintas centrales de los trabajadores ocupados y desocupados, por un lado, y las administraciones provinciales, por otra parte, existen y, ante la soberbia del gobierno, tienen instrumentos constitucionales (por ejemplo un paro nacional por tiempo indeterminado), no solo para poner freno al actual estado de situación, sino, incluso, para dar por terminada una experiencia que es una estafa a la población que los votó para estar mejor y no para ser excluidos de su patria.

 

[1] Pueden y hacen convertir los pesos en divisas y por eso fijan sus precios a nivel internacional. La tasa de ganancia la estiman en dólares.

[2] El impuesto a los combustibles era una suma fija de 27,7 pesos por litro desde mediados del año 2021. Se actualiza para ser de 202 por litro en mayo de 2024 (incremento de 630%).

[3]Al revés de lo que afirmaba en su libro Poder y Mercado Murray Rothbard, de quién Javier Milei se dice cultor, que lo que no se vende en los Estados Unidos, se vende afuera y si no se deja de producir. El gobierno actual prioriza las ventas al exterior y luego en el país, o se deja producir cuando a ninguno de los dos mercados le interesa. El mercado define y no un plan integral nacional.

[4] La única observación pública la hizo la Vicepresidenta de la nación, cuando el grupo Techint prefirió traer los caños sin costura de su controlada Usiminas S. A. de Brasil, en lugar de producirlos en la planta de San Nicolás que era de SOMISA y que Menem le vendió a este grupo.

 

 

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