Para no ver el bosque

 

Antonio Horacio “Jaime” Stiuso recorrió esta semana los más de 200 kilómetros que separan a Dolores de la ciudad de Buenos Aires para repetir lo mismo que había dicho la semana anterior en los tribunales de Comodoro Py: que había sido víctima de la banda que lideraba Marcelo D'Alessio y que este grupo estaba vinculado a la diputada Elisa Carrió y al periodista de Clarín Daniel Santoro. La estrategia dual de Stiuso muestra que la investigación del D’Alessiogate es un partido que se pretende jugar en dos canchas, con algunos jugadores –como el fiscal Juan Pablo Curi– buscando inclinar la balanza hacia los tribunales de Retiro.

Comodoro Py está revolucionado desde que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dio impulso a la investigación contra D’Alessio y sus asociados, poniendo la mira en hombres fuertes de los tribunales federales como el fiscal rebelde Carlos Stornelli. La cantidad de causas crece día a día. D’Alessio y sus acciones comienzan a desmembrarse en pequeñas partes dando lugar a la investigación de hechos fragmentados donde todo el mundo quiere poner un pie mientras el caso paulatinamente deja de mirar el horizonte del único bosque posible que sigue en Dolores.

Aquí un repaso de las principales denuncias que cocinan los tribunales de Retiro.

 

 

Causa Traficante

El juez Luis Rodríguez investiga la trama de la extorsión contra el despachante de aduanas Gabriel Traficante, a quien D’Alessio le pidió 600.000 dólares en 2016 para dejarlo fuera de la llamada causa de los contenedores. Un mecanismo que según el juez Rodríguez también incluyó publicaciones de Daniel Santoro en el diario Clarín ante las resistencias de pago del despachante. El falso abogado tiene procesamiento firme en esta causa. El principal interrogante que debe resolver Rodríguez ahora es si indaga a Santoro.

Stiuso se presentó el jueves 8 para ratificar su denuncia ante Rodríguez. Al entrar al despacho, su abogado le dijo: “Es la primera vez que te veo en los tribunales federales sin tus lentes oscuros”. El espía pretende ser querellante. Antes de que el juez decida deberá opinar el fiscal Eduardo Taiano si su denuncia corresponde con el objeto de la causa, porque Stiuso hizo una presentación difusa y con un hilo conductor que se remonta a su salida de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) en diciembre de 2014.  En su presentación habló del “homicidio” del fiscal Alberto Nisman y de haber sido víctima de un ataque del gobierno kirchnerista que lo forzó a un exilio prolongado hasta febrero de 2016.

Según el ex director de Operaciones de la SI, existió una articulación entre una presentación judicial y una difusión mediática para vincularlo con el contrabando en la que habría operado el eje D'Alessio-Carrió-Santoro.

De acuerdo con Stiuso, la maniobra es la siguiente: Carrió se presentó en una causa que tramitaba en el juzgado federal de Ariel Lijo contra Juan José Gómez Centurión, por entonces titular de Aduanas. Al ex carapintada lo había denunciado el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, por estar supuestamente involucrado en una maniobra de contrabando. En su presentación, Carrió hizo una defensa cerrada de Gómez Centurión y apuntó contra Stiuso que estaría vinculado al tráfico ilegal de mercaderías a través de su amigo Damián Sierra, que en 2015 lo había ayudado a salir del país.

Lo que marca Stiuso para subirse a la causa Traficante es que en la presentación de Carrió se aludió a la causa de la mafia de los contenedores, la misma con la que D'Alessio extorsionó al despachante de aduanas.

 

 

 

Por otro lado, sostiene que el empresario Mariano Martínez Rojas –vaciador del diario Tiempo Argentino— lo quiso involucrar como uno de los “siete fantásticos” en una causa sobre cómo se usaban las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI) para esquivar el cepo cambiario entre 2012 y 2015. Dice que para eso, entre otras razones, habría sido coacheado.

Las denuncias que vinculan a Stiuso al contrabando no son nuevas. De hecho, en febrero de 2015, lo habían denunciado Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por haber importado 94.000 kilos de mercadería que no estaban destinados a la entonces SI.

 

 

La denuncia de Stornelli

El juez Julián Ercolini investiga la denuncia presentada por Carlos Stornelli contra Marcelo D'Alessio por usar su nombre en la extorsión a Pedro Etchebest. Es la causa que inició el fiscal rebelde en Comodoro Py para retener el caso en Retiro, cuando el juez de Dolores comenzó a investigar su participación en la banda de D'Alessio.

La causa tironea jurisdicción con Dolores. Y por las derivaciones es la más importante de Comodoro Py. Ercolini se resistió a avanzar, pero la abrió obligado por la Cámara Federal. Delegó la investigación a la fiscal Alejandra Mángano. Ella le tomó indagatoria a D'Alessio. Ahora se espera que resuelva su procesamiento. D'Alessio mencionó por primera vez a Pablo Pinamonti, tercero en la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como responsable de su pesquisa contra Etchebest.

Stornelli busca probar que conoció a D'Alessio a partir de noviembre de 2018 a través de Santoro, quien se lo presentó como especialista, agente de la DEA y testigo dispuesto a declarar en la causa del gas licuado. También sostiene que D'Alessio y Etchebest complotaron contra él.

 

 

 

La fiscalía tiene una posición distinta. Le cree a Stornelli. Pero por ahora toma sólo la primera parte de la hipótesis: investiga a D'Alessio. Pidió copia de su declaración en gas licuado. Pidió antecedentes: tres causas previas al caso Traficante en las que D'Alessio fue sobreseído por delitos similares en los que pedía plata y extorsionaba con el armado de causas a conocidos. Los tres tramitaron en instrucción.

La fiscal quería que declare Pedro Etchebest, porque no le coincide la información que ella recabó con lo que el productor agrícola declaró en Dolores. Los investigadores de Py dudan de la extensión de la reunión del 8 de enero en el balneario CR de Pinamar. Sostienen que no puede haberse extendido por cuatro horas, y buscan información sobre las oficinas de Puerto Madero en las que trabajaron D'Alessio, Etchebest y los dos ex policías detenidos en la causa de Dolores, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, que reportaban a la AFI.

Uno de los ejes de esa causa es la declaración de D'Alessio en la causa del gas licuado en Comodoro Py. Ese es un foco de tensión en Retiro. Y es un foco de Dolores. En Retiro es la causa madre de los cuadernos, la razón por la cual quedó en manos de Claudio Bonadío. En Dolores es la causa testigo que prueba uno de los objetivos de la banda de D'Alessio: intervenir en causas de alto voltaje político para acusar a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner o sus allegados con información ilegal y operaciones de prensa. La posible intervención de Santoro y de Stornelli en esa asociación ilícita es uno de los puntos pendientes en Dolores.

 

 

 

 

Operación PUF

Hay dos causas. Una en el juzgado de Rodríguez y otra en el juzgado de Bonadío. Las investigaciones empezaron de la misma manera: anónimos. Uno le llegó al fiscal Carlos Stornelli. El otro a Elisa Carrió. En los dos dicen lo mismo: que Etchebest era parte de una operación organizada por los funcionarios del gobierno anterior detenidos en la cárcel de Ezeiza para voltear la causa de los cuadernos y a su fiscal estrella, Stornelli. La causa de Rodríguez pasó a ser investigada por el fiscal Jorge Di Lello. Se espera un cierre sin procesados. La causa de Bonadío pasó a Mángano. En ese expediente Carrió presentó otras cuatro denuncias. Por eso también se la conoce como "la causa Carrió".

Uno de los ejes menos conocido es esa causa se ciñe sobre uno de los hijos de Etchebest, Matías Albano, a quien acusan de haber armado una operación junto con empresarios y funcionarios kirchneristas presos en Ezeiza. La línea a la que apuntan es que Etchebest (hijo) habría estado detenido en ese penal por una causa de trata laboral en un campo de Balcarce y que allí se habría urdido la maniobra. Fue precisamente el propio D’Alessio quien introdujo el dato en una declaración indagatoria ante el juez de Dolores. Un dato que Carrió presentó en Retiro, como réplica de una vieja gimnasia repetida entre los dos.

Hasta ahora, la causa PUF no avanzó más allá de la difusión de las escuchas de los presos de Ezeiza.

 

 

 

 

Rívolo, también

Carlos Rívolo, el fiscal que asiste a Stornelli en la causa cuadernos, también denunció al otro falso abogado que tiene el D'Alessiogate, Carlos Liñani, después de una nota del director de El Cohete. Liñani, que maniobró ante el ex secretario presidencial Pablo Barreiro, se jactaba de tener línea directa con Rívolo, a quien el fiscal dijo desconocer.

El viernes a última hora el juez de la causa, Sebastián Casanello, procesó a Liñani por defraudación en tentativa, lo que en la jerga legal se conoce como “venta de humo”. No utilizó la figura de tráfico de influencias porque para que existiera Liñani debería en verdad tener trato con Rívolo, cuestión que no pudo acreditarse.

 

 

 

 

La cuenta de D'Alessio

Durante la feria, D’Alessio hizo lo propio para seguir engordando las causas que lo tienen como protagonista. Denunció ante la fiscalía de Alejandra Mángano que alguien había entrado a su cuenta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Como Mángano no estaba, quien recibió la presentación fue su colega Federico Delgado, que la mandó a sorteo y le cayó en suerte a Casanello. El juez la delegó en el fiscal Taiano, que también interviene en la causa Traficante. Como para el fiscal no está claro qué tipo de delito está denunciando D’Alessio, lo convocaron para el próximo martes a prestar declaración en los tribunales de Retiro.

Así es todo en las múltiples causas que lo tienen a D’Alessio como protagonista: una cuerda en tensión que va desde Dolores a Comodoro Py y de Comodoro Py a Dolores.

 

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