Para no negar libertades

 

El macrismo fue un terreno fértil para discursos que negaron o relativizaron los crímenes cometidos durante la última dictadura. El negacionismo tuvo un momento de amplificación desde la voz de funcionarios de primera línea y ganó espacio en medios tradicionales y no tanto, como las redes sociales, hasta que se mencionó un posible proyecto de ley al respecto.

El Cohete contactó a Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedirle su opinión sobre esta problemática.

¿Qué opinión tiene del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina?

EL: La Relatoría Especial y la CIDH han reconocido particularmente que la Argentina ha sido pionera en materia de verdad, memoria y justicia transicional a nivel regional y destacamos la importancia fundamental del trabajo desempeñado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP), que tuvo como objeto indagar e investigar los casos de desaparición forzada y que concluyó con el informe Nunca Más, así como por las políticas y decisiones judiciales que, gracias a la permanente persistencia de las víctimas y sus organizaciones, se mantuvieron durante gobiernos posteriores.

Como Relator también he trabajado intensamente en contextos transicionales, para que los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información adquieran una importancia estructural en la reconstrucción de la verdad. En ese sentido, en visitas a varios países como Chile, El Salvador y Uruguay; así como en casos que hemos llevado a la Corte Interamericana en este período, como el del periodista Vladimir Herzog asesinado por la dictadura brasileña o el caso que este mes tendremos en la Corte Interamericana sobre la desaparición del diputado Flores Bedregal en Bolivia en 1980, hemos indicado que los Estados tienen la obligación de garantizar a las víctimas, sus familiares y a la sociedad en el acceso a la información y a los archivos acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos. Y también que el derecho a ser informado sobre lo sucedido y de acceder a la información incluye a la sociedad en general, en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos.

Hay una propuesta de ley para sancionar expresiones que nieguen o relativicen los crímenes cometidos durante la última dictadura. ¿Considera que puede ser una herramienta efectiva para abordar la problemática?

EL: A mi juicio el camino correcto es promover más acceso a los archivos del aparato represivo y a los contenidos de los juicios, más políticas positivas de memoria y verdad, adaptadas a los actuales contextos que no son los mismos de hace 20 años. En cuanto a la criminalización del negacionismo de las atrocidades del pasado, pienso —al igual que anteriores relatores— que no parece ser un medio idóneo para alcanzar el objetivo declarado de promover la verdad y la memoria sobre los hechos del pasado. Este tipo de normas a mi juicio no cumplen con el test de necesidad y proporcionalidad que toda sociedad democrática debe observar y que exige la Convención Americana. Por una parte, prohíben a quien expresa una idea equivocada o condenable decir lo que piensa e impide que la sociedad la condene, rebata y procese esa información falsa o malintencionada, a través del debate público informado. Sienta además un precedente para que una mayoría parlamentaria distinta imite en el futuro ese tipo de figuras penales para criminalizar a organizaciones de la sociedad civil, periodistas o defensores en un sentido distinto o revanchista.

Una preocupación central tiene que ver con las expresiones de funcionarios públicos –especialmente durante el gobierno anterior– relativizando los crímenes. ¿Se podría pensar en un estandar distinto para quienes ocupan la función pública?

EL: A mi juicio los funcionarios públicos tienen un deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos y también el deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan violaciones a los derechos humanos. En contextos como los que ha vivido la República Argentina, la CIDH ha reafirmado la importancia de escuchar la voz de las víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, antes de realizar pronunciamientos desde la función pública.

Creo que los mecanismos para hacer valer esa obligación de cuidado pueden ser políticos y pueden estar reforzados por una decisión al más alto nivel de que los funcionarios, en particular los de confianza política que tienen un mayor predicamento, atiendan a la voz de las víctimas y respeten las resoluciones tanto de las comisiones de la verdad establecidas por el propio Estado o los contenidos de las decisiones judiciales.

Hay dos principios muy valiosos en juego, por un lado el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y el Nunca Más, y, por otro, la libertad de expresión. ¿Cómo se supera esa tensión?

EL: El Estado, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y el medio artístico deben tener un papel fundamental en reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos, reparar a las víctimas y formar una opinión pública vigorosa que contribuya a la consolidación democrática y a la reconstrucción del Estado de Derecho. Por supuesto que el Estado tiene una obligación jurídica frente a la Constitución y a los tratados internacionales, en cambio los demás actores tienen una responsabilidad social e histórica, pero creo que hoy la sociedad en su conjunto está exigiendo que todos estos actores que contribuyan al Nunca Más.

En cuanto a los Estados, la CIDH ha establecido el contenido concreto de esa obligación con la memoria, la verdad y la justicia para que los familiares de las víctimas, y la sociedad, sean informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Esta información debe comprender: la conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, especialmente en caso de masividad o sistematicidad;  los elementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueron perpetradas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; los elementos para establecer si los mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles; la identificación de las víctimas y sus grupos de pertenencia así como a quienes hayan participado de actos de victimización;  y la comprensión del impacto de la impunidad.

¿Hay algún modelo exitoso que suponga no tolerar expresiones negacionistas sin afectar la libertad de expresión?

EL: La situación de América Latina y de la Argentina en particular nos obliga a pensar en forma permanente en estas situaciones. Todas las recomendaciones anteriores son aplicables y tal vez sea buen momento para pensar en una batería de medidas legislativas para promover la difusión proactiva de información a nivel de los poderes del Estado y la educación. Generar nuevas formas de difusión proactiva a través de redes sociales, informes específicos que disputen las narrativas negacionistas y políticas de educación que aborden la historia reciente.

Por otro lado, a la luz de la potencia que tiene Internet y las redes sociales, en muchos sentidos positivas surge también un nuevo desafío ante los fenómenos de negación o exaltación de las dictaduras y sus atrocidades por parte de actores políticos o individuos coordinados y esto debe problematizarse. Como se ha hecho con el problema de la desinformación deliberada, pienso en que hay que generar espacios de reflexión de múltiples partes interesadas, incluyendo a las plataformas de Internet, para pensar en remedios y estrategias que no afecten a la libertad de expresión.

¿Por qué había considerado que era problemática la ley aprobada en la provincia de Buenos Aires que se refería a los 30.000 desaparecidos?

EL: Por las mismas preocupaciones que acabo de exponer. El foco de esa ley también es el de sancionar y de generar una especie de censura específica y, si bien entendía la preocupación, quería poner de presente a la legislatura provincial de que hay obligaciones estatales, un marco internacional y otros caminos propositivos para reforzar la verdad, la memoria y la justicia con las víctimas.

 

 

 

 

 

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