Para los amigos, todo
La Argentina se sumó a un consorcio anti-corrupción que armó el Departamento de Estado
Unos meses después de la revelación de los Panamá Papers que terminó salpicando a Mauricio Macri, el gobierno argentino fue uno de los cuatro que se sumaron a una iniciativa del Departamento de Estado para apoyar y financiar a un consorcio de investigación sobre casos de corrupción.
El Consorcio Global Anti-Corrupción (GACC por su sigla en inglés) se creó a finales de 2016, después de una cumbre mundial sobre transparencia. Está liderado por dos organizaciones: el Proyecto Informativo sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y Transparencia Internacional. Fue el mismísimo Departamento de Estado que lo pensó y que se encargó de conseguir fondos para que este consorcio empiece a funcionar, aunque no fueron muchos los países interesados en hacer sus aportes. Solo se sumaron Australia, Dinamarca, Noruega y la Argentina – cuya situación dista bastante de la del cuarteto.
La Argentina apareció como aportante en 2017 con 10.000 dólares –según surge de la página del Ministerio de Justicia– y el aporte lo realizó directamente a la Embajada de los Estados Unidos, no al GACC. Hasta ahora este consorcio se encargó de investigar casos de corrupción en Rusia, Azerbaiyán y el Reino Unido. Bien lejos de estas costas.
Tampoco hay periodistas argentinos en el GACC, confirmaron desde Transparencia Internacional.
En Panamá
La encargada de tramitar el aporte a la embajada de los Estados Unidos fue la titular de la Oficina Anti-Corrupción (OA), Laura Alonso, según surge de información proporcionada por voceros del Ministerio de Justicia ante una consulta de este medio.
Las gestiones de Alonso comenzaron en 2016, después de participar de la Conferencia Internacional Anti-Corrupción, que se celebró en los primeros días de diciembre en Panamá, y donde –como era esperable– se discutió sobre el impacto de la revelación del entramado de empresas offshore al que recurren líderes mundiales y los empresarios más poderosos para esquivar impuestos locales, entre otras cuestiones.
Cuando se conocieron los Panamá Papers, Alonso tuvo un célebre momento tuitero al usar su cuenta para defender al Presidente. “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, escribió la funcionaria que se ocupa de asegurar la ética y la integridad en la función pública.
Durante la cumbre, Alonso moderó una mesa el sábado 3 de diciembre, centrada en la cooperación institucional para combatir la corrupción y en la conformación de una red latinoamericana para las agencias públicas dedicadas a la transparencia y a la anti-corrupción.
En la Argentina
La Cancillería le solicitó a la Oficina Anti-Corrupción a través de la nota 1839/16 que considerara hacer una contribución económica a favor del GACC, atento a la participación de esa Oficina en la conferencia de Panamá.
Alonso contestó afirmativamente. El ministro de Justicia, Germán Garavano, firmó la resolución y el 19 de diciembre de 2017 el Ministerio transfirió 177.500 pesos (10 mil dólares al cambio de ese día). En las resoluciones surge que es un aporte no reintegrable.
Las dos organizaciones que integran el GACC fueron consultadas por El Cohete. Este medio sólo obtuvo la respuesta de Transparencia Internacional. “La Argentina se mostró interesada en recibir información sobre el GACC, pero hasta ahora ese fue todo el involucramiento”, dijeron desde Transparencia Internacional.
Buenos amigos
El GACC surgió de una iniciativa del Departamento de Estado. En los primeros meses de 2016 –y hasta el 31 de agosto de ese año– mantuvo abierta una convocatoria para organizaciones de la sociedad civil que quisieran impulsar investigaciones sobre corrupción gubernamental. Transparencia Internacional y OCCRP ganaron ese llamado.
En coincidencia con el interés del Departamento de Estado a escala global, en la Argentina empezaron a moverse investigaciones sobre corrupción. De hecho, la Corte Suprema lanzó una base de datos online con las causas que tramitaban ante los tribunales federales, y que tenían como abonados a los funcionarios kirchneristas. El gobierno, por su parte, impulsó una batería de leyes para favorecer esas investigaciones. Entre ellas la ley del arrepentido, cuyas bondades militó el entonces juez Sergio Moro ante sus colegas argentinos en una reunión coorganizada por Garavano y el entonces presidente supremo Ricardo Lorenzetti.
Alonso, que terció a favor del subsidio al GACC, tiene una larga relación con una de las organizaciones que integran el consorcio. Poder Ciudadano, la organización que ella dirigió entre 2006 y 2009, es el capítulo local de Transparencia Internacional.
Según revelan los cables filtrados por Wikileaks, Alonso fue históricamente una fuente de consulta en temas vinculados a corrupción y transparencia para la embajada de Estados Unidos. Así lo muestra un reporte que da cuenta de una reunión con organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, realizada el 12 de marzo de 2007, con el entonces embajador Earl Anthony Wayne. Entonces Alonso le pidió al embajador que apoyaran una ley del arrepentido “con todas las protecciones que se encuentran en Estados Unidos”.
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