PAPELES QUE SON UN FUEGO

 

El Cohete accedió al informe contable clave elaborado por DAJuDeCO, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte, a pedido del juez Ariel Lijo. El informe coteja la propuesta realizada por el Correo Argentino SA y aceptada por el Estado nacional en el año 2016 con análisis de 216 escenarios posibles. Uno de sus párrafos señala de manera categórica que “del estudio se desprende que independientemente de la posible fecha de homologación que se considere y del tipo de tasa de interés aplicable, el porcentaje de quita estimado resulta superior al 92 por ciento en los 216 escenarios analizados”. Los escenarios contemplan tasas y cálculos propuestos por la defensa de los imputados y hoy es una de las herramientas más importantes que no sólo avala la denuncia que ya en 2017 formuló la fiscala Gabriela Boquín para impedir la homologación del acuerdo, sino que además abre las puertas a los primeros procesamientos en la causa y al pedido de indagatoria de Mauricio Macri, solicitado por el primer fiscal de la causa. Es además una herramienta que pone nerviosos a los abogados de la familia del ex Presidente porque también representa un aval a las actuaciones de Boquín en la causa de la quiebra, con la compañía intervenida e investigada por un vaciamiento de 35 millones de pesos.

 

 

El informe compulsa cuatro puntos importantes. Uno es un análisis financiero que compara el valor de la deuda a 2016 con la propuesta del Correo Argentino SA aceptada por el Estado nacional. El estudio buscó determinar el monto de la quita y cuantificarla. Es en ese punto que señala que independientemente del año de homologación del acuerdo –2016, 2017 o 2018– y del tipo de tasa de interés aplicada, el porcentaje de quita resulta superior al 90%.

A modo de ejemplo, un gráfico de barras representa la propuesta aceptada por el Estado el 28 de junio de 2016, que contemplaba el pago de 15 cuotas anuales de capital más una de intereses en el último año. El gráfico toma como dato de partida el monto de la deuda verificada y certificada a 2016, de 296.205.376,49 pesos, acordado por todas las partes. A partir de allí muestra la evolución de los montos en cuotas que van desde 2019 hasta 2034.

 

 

Como se ve, el gráfico contiene barras pequeñas abajo y grandes arriba. La evolución señala dos cosas: una brutal desproporción entre los pagos pactados en los primeros años, cercanos a los 2 millones de pesos, y el final con 258 millones. El gráfico siguiente completa el análisis. Permite observar el peso diferencial de cada cuota sobre el valor de la deuda. Como puede observarse, los mayores porcentajes de capital a pagar estaban proyectados para ser pagados en las últimas cinco cuotas.

 

 

 

A este respecto, el informe señala dos cosas. Una, que el 89,3% de la deuda iba a pagarse en las últimas cinco cuotas. Y que la distribución de cuotas más abultadas en los últimos años es la clave que “incide en que la deuda se diluya en el tiempo dando como resultado los valores de quita estimada”. Y repite: de las condiciones de la propuesta aceptada por el Estado nacional surge que la cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una son las variables que inciden directamente en el cálculo realizado para determinar el porcentaje de quita.

 

Tasas y Tazones

Otro gráfico importante es la simulación de tasas, denominado de deuda verificada a junio de 2016 según coeficiente de ajuste y régimen de capitalización. Refleja cambios en el monto de la deuda de acuerdo a la aplicación de distintas tasas de interés. Para el análisis utilizaron cinco tipos de tasas posibles: la Tasa Badlar usada por bancos privados; la Variación Histórica diaria del Dólar, la Tasa Activa promedio del Banco Nación, la Tasa de inflación o coeficiente CER y la Tasa Libor, en desuso pero exigidas por la defensa no sólo porque les otorga el mejor escenario sino porque además estaba vigente en el contrato de 2001. Las tasas se calcularon con dos tipos de datos: cálculos de capitalización compuesta (capital más interés) y capitalización simple. También en este escenario todos los números les dieron mal:

 

 

Según el gráfico, la compulsa muestra dos grandes valores: uno mayor y otro menor. El número más elevado es el monto de la deuda ajustado a 2016 como producto del cruce de la Tasa Bladar y del régimen de capitalización compuesta, y arroja un monto de 14.476.793.539,14 pesos. El número más bajo surge del cruce de la Tasa Libor y el régimen de capitalización simple, y arroja un monto de deuda sensiblemente menor de 821.336.152,40 pesos. Es el número más bajo de todos los cálculos. Y del que se sujetan los abogados de Macri. Pero aún con ese número bajo el porcentaje de quita no varía: continúa siendo de 92% porque –según los técnicos– el problema no es la tasa ni el número sino las cuotas y la pérdida de valor del dinero que se produce con el paso del tiempo por el número de cuotas programadas en la propuesta, que se extienden hasta 2033.

Finalmente, otro de los puntos del informe es un estudio cronológico de las propuestas presentadas para el pago de la deuda por el Correo SA desde 2003 hasta 2016. Otro cuadro compara para ese caso siete propuestas a partir de cuatro variables: capital, cuotas, intereses y tiempos de espera. Hay variaciones importantes entre el año 2014 y las dos propuestas de 2016. Y números que confirman –y también superan– los que la fiscal Gabriela Boquín ya denunciaba en 2017.

 

 

Según el informe, la sexta propuesta del 6 de junio de 2016 representaba una quita del 99,16% de la deuda mientras que la séptima era de 98,82%. También señala que el saldo de la quita en pesos a febrero de 2017 era de 4.656.446.266,20 pesos y a marzo de 2033 –año de la última cuota– la quita sería de 70.163.910.895,30 pesos.

El informe completo consta de 93 páginas, desarrolla la totalidad del objeto solicitado por el juzgado, contó con la participación de un equipo compuesto por contadores, actuarios y abogados entre otras disciplinas. Tiene cuatro anexos y fue concluido el 16 de diciembre de 2020. Hoy es parte de la causa penal que se inició en 2017 tras la denuncia de Boquín. En esa causa, Lijo investiga responsabilidades del entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, de funcionarios de su área y de empleados del Correo Argentino. Todos fueron indagados por el juez, que pidió el cotejo contable a la DAJuDeCo en noviembre de 2019 para resolver sus situaciones procesales. El área que hizo el informe no es el Cuerpo de Peritos Anticorrupción, cuestionado por la Bicameral de Inteligencia del Congreso. Y el resultado es central para avanzar con los procesamientos pendientes y analizar indagatorias pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni tanto para el ex Presidente como para la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. También es importante para Boquín.

 

Tablero

Se sabe, el Correo mantiene una deuda con el Estado Argentino desde 2001, cuando entró en concurso de acreedores. El concurso no debía haber llevado más de tres años pero lleva 19. Entre 2003 y 2015 el Correo hizo ofertas que el Estado rechazó. En junio de 2016 hizo dos ofertas que el nuevo gobierno aprobó y luego debió rechazar. Boquín sostiene desde entonces que el acuerdo resultaba ruinoso para el Estado y abusivo, sobre la base de un cálculo de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. El cálculo estableció que la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que ascendía a 70.000 millones de pesos significaba un 98,87% en perjuicio del Estado. Boquín, que es fiscal ante la Cámara en lo Comercial, pidió que se investigue al holding familiar por violación de la Ley de Ética Pública.

Existe una causa penal y otra comercial. La comercial está en el juzgado de Fernando D´Alessandro y, desde diciembre, Boquín pide al juez los informes de la interventora que también habría detectado maniobras de vaciamiento. La causa penal es la de Lijo. Está imputado Aguad, su director de asuntos Jurídicos Juan Mocoroa, el titular de la compañía Jaime Cibils Robirosa y el abogado Jaime Kleidermacher. Los primeros dos fiscales pidieron indagatorias y fueron desplazados. Primero el fiscal Zoni, quien incluyó a Macri en el pedido, y luego Gerardo Pollicita. En su hipótesis, Aguad instruyó al director de asuntos jurídicos para lograr un acuerdo en la Cámara Comercial que licúe la deuda del Correo, según explicó Irina Hauser.

Las defensas objetan esa imputación y abrieron una causa paralela penal contra la fiscala Boquín, en la que la acusan de integrar un armado político. El informe contable que ahora avala sus cuentas también refuerza su posición en el resto de las causas, el verdadero tablero de ajedrez contra el que luchan los abogados del Grupo Macri. Hace sólo diez días la Cámara Comercial les rechazó el pedido para acudir al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un territorio conocido al que acudieron para intentar recusar a la fiscala tras la derrotas sufridas en los tribunales nacionales.

 

 

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