PANDEMIA Y LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

 

La pandemia ocupa hoy el primer plano de la escena política mundial y parece haber precipitado una recesión de la economía global y una orgía especulativa en el sistema financiero internacional de magnitudes inéditas. Los Estados Unidos, primera potencia del mundo, tiene la mayor cantidad de contagiados y muertos y se deshilacha al impacto de turbulencias pocas veces vistas en su historia contemporánea.

Luego de casi una década de flexibilización monetaria, tasas de interés cercanas a cero o negativas y endeudamiento creciente, la Reserva Federal no ha logrado superar las causas estructurales que detonaron la crisis financiera de 2008 y ha perdido la posibilidad de manipular las tasas de interés para gestionar una recesión. En un contexto de gran endeudamiento, el apagón económico global producido por la pandemia ha desencadenado una crisis económica ante la cual la Reserva Federal no ha encontrado otro recurso que seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, pero con mayor intensidad.

Así, en poco tiempo ha inyectado dosis masivas de liquidez en el sistema financiero a fin de impedir un default de grandes corporaciones. El resultado ha sido una desconexión creciente entre la economía real y lo que pasa en las finanzas, creando condiciones para que la crisis trascienda el ámbito económico, impregne lo político y desborde al ámbito de los conflictos geopolíticos. Mientras cunde el desempleo masivo y una ola de defaults de créditos para el consumo (hipotecas, estudios, autos y gastos de tarjetas de crédito), se suma al cierre de empresas de distinto tamaño en distintos sectores de la producción. La fuerte intervención de la Reserva Federal en el mercado financiero para salvar a las corporaciones altamente endeudadas logró revertir momentáneamente la caída del precio de sus acciones, asegurado grandes ganancias en ciertos sectores, especialmente los  vinculados a la alta tecnología. Hoy el valor de las acciones de tres corporaciones representa el 16% del S&P 500 y más de un tercio del Nasdaq 100 (zerohedge.com 23 7 2020).

El costo de esta intervención ha sido un aumento de la especulación, conjuntamente con mayor endeudamiento y desigualdad económica y social. En este contexto de enormes contrastes, un crimen racial ha detonado una protesta social que expone una profunda crisis de legitimidad institucional. Sin embargo, mas allá de las características intrínsecas a la sociedad norteamericana, la crisis institucional es un aspecto inherente a la crisis sistémica que hoy azota al mundo que conocemos.

En los últimos años una ola de movimientos de protesta social, con distintos signos políticos y culturales, se ha esparcido por el mundo. La concentración del poder en pocas manos, como consecuencia de la expansión mundial del capitalismo monopólico global, ha dado lugar a una creciente desigualdad económica y social y a un aumento de demandas que, al no encontrar canales institucionales para expresarse, erosionan la legitimidad de las instituciones políticas. Este fenómeno también ha sido alimentado por una creciente incidencia de los medios de comunicación altamente concentrados sobre las decisiones políticas y sobre la formación de la opinión publica.

El uso de tecnologías cada vez mas complejas ha potenciado el rol de los medios y de las redes sociales sobre el control de la población a través de la manipulación de la información, de las opiniones y de la creación de un sentido común que reproduce a una estructura de poder basada en la maximización de ganancias en todos los ámbitos de la vida social. En este contexto, el desarrollo descontrolado de la pandemia ha contribuido a que la crisis institucional y el rol que en la misma juegan los medios de comunicación emerja a la luz del día en la mayoría de los países, independientemente de las ideologías y las especificidades de sus respectivas instituciones.

 

 

Polarización política y rol de las corporaciones tecnológicas

La pandemia avanza descontrolada en los Estados Unidos y arranca jirones del manto que ha ocultado por mucho tiempo la profundidad de una crisis de legitimidad institucional que viene de lejos. Trump ganó las elecciones de 2016, montado sobre esta crisis prometiendo “limpiar el pantano” de Washington DC “dominado por el establishment” de los partidos políticos y de los medios de comunicación. Sin clientela política propia, Trump confrontó hábilmente con la prensa liberal y utilizó a Twitter como base de su campaña electoral. Cuatro años después, la situación es muy distinta.

Las promesas hechas a los que lo votaron en 2016 han quedado en el tintero. Su administración incorporó a poderosos intereses financieros, y desarrolló una política económica que privilegió a la especulación y desembocó en la actual crisis económica. Paralelamente, aumentó el presupuesto militar dando fuerte financiación al complejo industrial militar e incorporó a su gabinete a conocidos dirigentes neoconservadores con participación en la gestión de las guerras de Afganistán e Irak. Su política exterior se caracterizó por una creciente militarización de la política económica. Habiendo prometido poner fin a las guerras, desencadenó una guerra comercial con China que al poco tiempo se transformó en una guerra tecnológica y hoy amenaza con convertirse en un enfrentamiento militar en algunas zonas sumamente sensibles.

Su política de devolver la grandeza de América que habría sido “saqueada por China” contó con el apoyo del Pentágono y la reticencia de las grandes corporaciones tecnológicas con fuerte penetración en el mercado chino (zerohedge.com 26 5/7 12 2018; 13 5 2019). A pesar de los esfuerzos de Trump y del Pentágono por cortar una relación que "pone en peligro a la seguridad nacional", estas corporaciones tecnológicas continúan con fuerte presencia en el mercado chino y mantienen intrincadas relaciones tecnológicas con este país. La presión del gobierno norteamericano sobre las mismas ha incluido el intento de regular su actividad monopólica y la utilización de los contratos del Pentágono para fomentar la rivalidad entre corporaciones y disciplinar a las que han sido más adversas a Trump y a sus políticas (zerohedge.com 25 10 2019; 15 4 2020).

Durante su gobierno, Trump sufrió varios intentos fallidos de juicio político en el Congreso liderados por el partido Demócrata, funcionarios de los organismos de inteligencia y la prensa liberal. Ahora, en vísperas de las elecciones de noviembre, enfrenta a todos estos sectores a los que se ha sumado el núcleo más duro de neocons que buscan quitarle apoyo dentro del propio partido republicano. Asimismo las grandes corporaciones tecnológicas que dominan Internet y las redes han pasado a la ofensiva para impedir su triunfo electoral. Trump no logró doblegar su poder monopólico ni interrumpir sus intrincados lazos tecnológicos con China (zerohedge.com 2 6 2019; nationaldefensemagazin.org 13 5 2019; cnbc.com 23 5 2020; zerohedge.com 24 6 2020). Ahora ha redoblado la apuesta y busca quitarles su protección legal ante posibles juicios por el contenido de la información que manejan (zerohedge.com 29 5 2020).

Así, tanto los medios de comunicación escritos y televisados como Internet y las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla. A la masiva y continua producción de fake news por parte de los principales medios liberales se suma el reconocimiento explícito del ejercicio de la censura por parte de Google, YouTube, Facebook y Twitter. Estas corporaciones admiten públicamente que utilizan técnicas complejas para censurar opiniones políticas, comentarios sobre la pandemia y la cuarentena, comentarios de política incluyendo opiniones sobre los gobernantes chinos y sus políticas (zerohedge.com 1 2/, 26, 27 5/ 2020 axios.com 30 6 2020). También censuran abiertamente los comentarios de Trump que consideran racistas y/o fake news al no adecuarse a la “verdad de los hechos”. Esta verdad depende de criterios propios que no son transparentes (axios.com 12 9 2019; zerohedge.com 30 6/11 7 2020).

La controversia entre Trump y las corporaciones tecnológicas no le ha impedido ser el principal usuario de Twitter y producir constantemente comentarios racistas y fake news para movilizar a sus seguidores y recuperar el terreno perdido en los ratings como consecuencia de su mal manejo de la pandemia y de la represión que desató sobre la protesta social por el asesinato de George Floyd. Esta represión, sin embargo, se ha convertido en el talón de Aquiles de su campaña política. En la ultima semana ha inaugurado una nueva estrategia electoral centrada en la intensificación de la represión, buscando gestar un clima de violencia preelectoral que polarice aun mas al electorado y le asegure la participación masiva de sus votantes.

 

 

Intensificando la crisis institucional

Esta estrategia consiste en usar fuerzas federales esparcidas en distintas reparticiones del Estado y limitadas a actividades específicas —como por ejemplo el control de la inmigración, del narcotráfico, de parques nacionales, etc.—. e inyectarlas en la represión de las manifestaciones en distintas ciudades, sin el consentimiento de las autoridades estatales e incluso sin previo aviso.

Trump fundamenta su decisión en la necesidad de resguardar los valores esenciales y la “seguridad nacional amenazada por la anarquía”. En la práctica, está intentando hacer lo que ningún Presidente hizo hasta ahora: crear una fuerza de policía con el objetivo de controlar la protesta social en todo el territorio nacional. Desde los orígenes del Estado norteamericano, una preocupación central a todos los gobiernos ha sido proteger el federalismo inherente a su sistema político del peligro que representa para la autonomía de los Estados la existencia de un poderoso Ejecutivo nacional capaz de mantener una policía permanente y con cobertura de todo el territorio nacional. Ahora Trump intenta imponer esta alternativa.

El operativo debutó una semana atrás con el desembarco en Portland de agentes de seguridad, pertenecientes al Departamento de Homeland Security (DHS) que tiene a su cargo la seguridad de las fronteras. Esto se realizó sin permiso ni notificación a las autoridades locales. Camuflados, sin identificación y usando vehículos alquilados y sin chapa, las fuerzas federales se metieron en una zona tomada desde hace semanas por una protesta social y reprimieron brutalmente secuestrando manifestantes e hiriendo severamente a uno de ellos (zerohedge.com 22 7 2020). Esta situación provocó la airada respuesta de las autoridades locales: el gobernador y la alcaldesa, y del Procurador General del Estado (US District Attorney), quienes iniciaron acciones legales contra DHS y las autoridades federales involucradas.

La cosa sin embargo no quedó ahí. El lunes de esta semana Trump anunció que Portland era solo el comienzo del operativo que continuará con el envió de tropas federales a “New York, Chicago, Filadelfia, Detroit y Baltimore y todas esas ciudades que son un desastre…todas gobernadas por demócratas liberales… vamos a enviar mas tropa federal de la que se imaginan" (theatlantic.com 21 7 2020). Esto provocó el rechazo inmediato de las autoridades locales involucradas (zerohedge.com 22 7 2020).

El operativo de Portland implica una ruptura violenta de la autonomía de los Estados y de la competencia de las autoridades locales. Atenta además contra autoridades federales como el Procurador General de cada estado (DA) y coloca al país en la peligrosa vía del enfrentamiento violento entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales y autoridades municipales. Esta ruptura es acompañada de una profunda polarización política, y se da en circunstancias en que la protesta social no ceja, cunden los estragos de la recesión económica y se acercan unas elecciones que prometen ser las más cuestionadas de la historia contemporánea, en la medida en que ya existen decenas de juicios en distintos Estados y ciudades pidiendo la nulidad o cambios en las reglas estipuladas para la votación.

Así, presionado por los acontecimientos, Trump fuga hacia adelante y genera situaciones que agudizan la crisis institucional. En este contexto, la protesta social admite creciente participación de todas las razas y agrega al reclamo de la desfinanciación de los departamentos policiales, llamados a la huelga para mejorar condiciones de trabajo y salarios para todxs. En este clima crece la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones, su legitimidad y el futuro de la protesta social.

 

 

Cacerolas, fusiles y control de la post pandemia

La pandemia entró en una fase arrolladora superando los 6.000 contagios diarios. Así, el país ocupa el sexto lugar de más contagios diarios en el mundo. Esta noticia llega en plena flexibilización de la cuarentena, como resultado del embate de los anticuarentena liderados por dirigentes macristas y con amplio apoyo del “periodismo de guerra”.

La acumulación de pruebas en las causas judiciales sobre el espionaje ilegal de la era Macri y una reforma judicial que ya entra en gateras, parecen preocupar al macrismo y al periodismo involucrado. Mientras el abogado del ex Presidente reconocía que “hubo espionaje ilegal” durante su mandato, pero desvinculaba a su cliente del mismo, un diputado de JxC re twitteaba una convocatoria a cambiar las cacerolas por los fusiles. En un país con mas de 30.000 desaparecidos, esta barbaridad pasó de largo: no fue cuestionado por las autoridades de su partido y ninguna autoridad judicial se preocupó por el caso.

Otro sector anti cuarentena, la AEA —organización que nuclea a los grandes empresarios que apoyaron al gobierno de Macri—, se apuntó un gol esta semana al acordar con los dirigentes de la CGT trabajar “una agenda común para la post pandemia” en base a “inversión privada, eliminación de la presión impositiva y creación de empleos de calidad”. De paso, presionaron al gobierno para evitar el default (lanacion.com 21.7 2020). En esta asociación resuenan ecos de un pasado en el que los principales dirigentes sindicales se aliaban a grandes empresarios y a una dictadura militar, para sabotear hacia fines de los '60 las mejoras salariales que reclamaban las bases obreras en todo el país. Por ese entonces, esta alianza entre una “burocracia sindical” y la “patria contratista” abrió un periodo de intensas luchas, signadas por la resistencia de las bases obreras a aceptar “planes” que implicaban ajuste salarial y pérdida de empleos, y prometían inversiones que nunca llegaban y eran sustituidas por subsidios de todo tipo, evasión de impuestos y fuga de capitales. Esta alianza generó una crisis de legitimidad institucional que abrió las puertas al Terrorismo de Estado.

Hoy estamos lejos de ese entonces. Sin embargo, en plena pandemia y en una economía devastada, los grandes empresarios siguen reclamando subsidios de todo tipo sin considerar lo que pueden y deben aportar a la reactivación económica y a los costos de la pandemia. Mientras tanto, los dirigentes de la CGT, que aceptaron una disminución de un 25% de los salarios y pago en cuota de los aguinaldos de sus representados durante la pandemia, nada reclaman de sus nuevos socios de AEA a pesar de que saben que la falta de inversiones, la evasión impositiva y la fuga de capitales han sido dos arietes del vaciamiento económico que nos llevó a la situación actual.

Lo que está en cuestión por estos días no es si los grandes empresarios participan o no de la lucha contra la pandemia y de la reactivación económica, sino cómo lo hacen, cuánto aportan de su capital y cómo controlará el Estado el destino de subsidios que eventualmente pueda otorgar. Frente a este nuevo intento de marcarle la cancha al gobierno, este debería convocar a la participación activa de los movimientos sociales y organismos sindicales para elaborar medidas concretas e inmediatas para reactivar la economía. Asimismo, el mejor antídoto a los anticuarentena es mostrarle a la población los estragos concretos de la pandemia y el enorme esfuerzo que el gobierno hace para combatirla y para alimentar a vastos sectores sociales que se precipitan aceleradamente en la pobreza. El silencio, el aumento de las víctimas de la pandemia y la desmovilización crean el caldo de cultivo para la desestabilización del gobierno.

 

 

 

 

 

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