Pandemia y economía

 

En medio de la crisis derivada de la pandemia, con el 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, el gobierno sigue permitiendo que en los alimentos que producimos se igualen los precios internos con los externos.

La botellita de 900 cc de aceite comestible mezcla se vende en Ámsterdam (puerta de entrada a Europa) a 1,8 euros (unos 2 dólares) y en la Argentina, donde se produce, sin costos de embalajes, transporte y aranceles, la misma botellita se vende a 200 pesos.- La diferencia es que el salario promedio en la Argentina según RIPTE, que es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, era en enero (último dato disponible) de 68.100,73 pesos, menos de 700 dólares por mes, en tanto en Europa central el salario promedio es de unos 3.200 euros (unos 4.000 dólares) y en los Países Bajos de 4.433 euros mensuales, por ende en Holanda esa botella significa el 0,04% y en la Argentina el 0,3% del salario promedio mensual.

Peor aún, el gobierno nacional arribó a un acuerdo con CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales) por el cual no se le aumenta la tasa del derecho de exportación (retenciones) y no se cierran los registros de exportación en las ventas de soja, girasol, harinas y aceites del complejo aceitero a cambio de que garantice la venta de 29 millones de litros de aceite de soja y girasol en el mercado interno al precio citado.

Sabemos por el Presidente de CIARA-CEC y conspicuo representante del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino), Gustavo Idígoras, que pretenden renovar el acuerdo pero también que el gobierno les reduzca la alícuota de retenciones (12% en general y 30% para la soja), cuando la principal medida para desacoplar los precios internos con los externos de lo que se produce es exactamente la contraria: subir el derecho de exportación. El pretexto de los establecimientos agro industriales es que deben importar soja y otros granos de países lindantes (principalmente Paraguay, que exporta más soja de la que produce), y que tienen capacidad ociosa en la industria aceitera y producirían más si bajan las retenciones.

Mientras ellos deben importar soja y otros granos, en 2020 la Argentina exportó 39 millones de toneladas de maíz. El único trabajo fue recolectar los choclos y desgranarlos. No se le agregó ningún otro valor y se vendieron montañas de granos de maíz.

Paralelamente, en la revista FORBES, que publica sobre los hombres más ricos del mundo, aparecen los dueños de las cinco grandes acopiadoras y exportadoras de granos y aceites: ADM, Bunge Cerval, Cargill, Louis Dreyfus y Glencore, todas ellas con sede en los Estados Unidos y con puertos propios en nuestro Río Paraná. También aparece, con una fortuna de 2.400 millones de dólares, Gregorio Pérez Companc, que tiene las firmas Molinos Río de la Plata y Molino Agro y grandes extensiones de tierras; y Roberto Urquía, presidente de Aceitera General Deheza, con un patrimonio de casi 1.000 millones de dólares.

Los datos duros permiten entender por qué hicieron hasta lo imposible para que Vicentin SAIC, que tiene deudas con el Banco Nación, la AFIP y la ANSeS, no sea una empresa mixta y de esa manera co-administrada por el Estado. No quieren que el Estado entre al negocio y sepa cómo se hace. Por eso el Decreto 949/2020 de reprivatización de la mal llamada hidrovía del Paraná es defendido por los principales referentes de las cadenas de exportaciones, por ejemplo el presidente la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, quien en un reciente seminario sobre Hidrovía en la Cámara de Diputados de Santa Fe afirmó que “el concesionario debe ser quien cobre el peaje y no el Estado, (porque) sabemos lo que sucede después”. O el director ejecutivo de la Cámara del Acero y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carlos Vaccaro, quien cuestiono la intención de que el Estado intervenga y aseguró que “no hay razón para cambiar algo que funcionó exitosamente 25 años”. Omitió aclarar para quién fue beneficioso. Para el pueblo argentino, que ve día a día cómo aumenta el precio de los alimentos, claramente no lo fue.

En la misma revista, con un patrimonio superior a los 800 millones de dólares, figura Eduardo Costantini, que tiene emprendimientos inmobiliarios y pertenece a la familia dueña del Frigorífico Rioplatense, que conforma el Consorcio ABC de exportadores de carne vacuna y realiza el 80% de esas ventas al exterior. “No tenemos la financiación, tenemos una tasa de inflación que es inconsistente con cualquier crecimiento de largo plazo, porque vos no podes trabajar con todos los precios regulados y por ahí con un 30 y pico o 40 y pico por ciento de inflación anual. Las tarifas públicas tienen que pisarlas porque si no se cae el salario real, 42% de pobreza... no funciona ese sistema económico”, dijo Constantini a FORBES. Lo que no dijo es que el precio de la carne vacuna aumentó un 75% en el mercado interno argentino durante 2020, como asevera ROSGAN (mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario y compañías consignatarias). Se queja de la inflación que ellos mismos generan y de la que se benefician.

Por supuesto, ambos agrupamientos (CIARA-CEC y Consorcio ABC) prometen para 2021 un incremento del 30% en los envíos al exterior, con tres condicionamientos:

• Que se reduzcan las retenciones;
• Que se vuelva a licitar el Río Paraná (“Es una de las pocas obras de infraestructura multimillonarias que va a ser financiada íntegramente por el sector privado” y no debe entrometerse el Estado, dice Idígoras, como si el Paraná no nos perteneciera a todos; y
• El plan de promoción de las exportaciones 2021 de la Cancillería, que tiene prevista una batería de 657 acciones comerciales en ferias y mercados en todo el mundo, allí sí con apoyo explícito y gasto estatal.

Paralelamente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, coincidió con los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la necesidad de sostener los niveles de actividad del sector manufacturero a pesar del recrudecimiento de la pandemia de coronavirus. El funcionario se reunió virtualmente con la Junta Directiva de la UIA, donde se habló sobre los cuidados sanitarios estrictos en las empresas. Además se planteó la necesidad de priorizar la vacunación a sus trabajadores para que las industrias no paren.

A su vez, por resolución conjunta 4/2021 de los ministerios de Salud y de Trabajo, los empleadores “podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores” que hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas” contra Covid-19 “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”. Quienes no hayan podido acceder a la vacuna se verán obligados a justificar el porqué mediante declaración jurada.

Y lo mismo podemos extender a la tozudez del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias de seguir dando clases presenciales contra viento y marea para que las escuelas funcionen como guarderías de niños y adolescentes y los padres puedan ir a trabajar.

El problema es complejo porque con los niveles salariales logrados por los gobiernos de Macri y, pandemia mediante, de Alberto Fernández, cumpliendo con la exigencia que le hiciera Paolo Rocca a la Presidenta Cristina Fernández en 2015, las remuneraciones ya son menores a las de Brasil: en 2015 el salario promedio según el RIPTE era de 15.600 por mes –a un dólar promedio de $9,10 significaban 1.736,26 dólares–, en tanto en enero 2021 era de 700 dólares mensuales, tras una devaluación de nuestra moneda de 1.000% reflejada en el incremento del Índice de Precios al Consumidor del INDEC; el salario promedio en Brasil, por su parte, bajó de ser el equivalente de 1.400 a 1.200 dólares por mes.

 

El drama de la pobreza

La Argentina no es un país pobre, es severamente injusto. Sólo así se explica que 50 familias argentinas integren la lista de los más ricos del mundo mientras más de 19 millones de residentes en nuestro país vivan bajo la línea de pobreza y 4.700.000 en la indigencia. El drama reside en cómo se afronta la situación de la población que no cuenta con recursos y si no trabaja no come, a lo que se suma el hacinamiento de las viviendas, la falta de agua corriente, etc. Ese drama no se soluciona solamente con chicos comiendo en la escuela (servicio que debería mantenerse con todas las medidas preventivas), ni con el IFE (que es indudablemente una ayuda) o con otras medidas asistenciales sino fundamentalmente –ante un Estado deficitario y endeudado– redistribuyendo el ingreso.

El Estado Nacional cobra en cuenta gotas la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario que alcanza a unas 13.000 personas, menos del 1% del total de contribuyentes que presentan anualmente la declaración del impuesto a los Bienes Personales, que poseen sus bienes en el país y en el exterior, más los residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país, en ambos casos cuando al 18 de diciembre de 2020 excedieran los 200 millones de pesos. La recaudación estimada será en torno a los $420.000 millones (menos del 1% del PIB argentino) cuando las cuentas de la Administración Nacional fueron deficitarias en $2,3 billones en 2020 y se estima en la ley de Presupuesto 2021 (que no preveía esta segunda ola de Covid) que el déficit fiscal será de $1,5 billones.

En ese marco y en medio de la segunda ola se deben tomar medidas drásticas y de urgencia que den debida respuesta al problema y que básicamente son:

• El Estado Nacional se obliga a pagar una tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas la tenencia de LELIQ (letras de liquidez del Banco Central) que al 31 de marzo 2021 alcanza a $1,9 billones. Esa suma se destina a la población beneficiaria del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total, a las pequeñas y medianas empresas, y al propio Estado.
• Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Ese informe dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares. Hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle “señores, ustedes no pagaron impuestos a las ganancias y otros por el monto de dólares que compraron. ¿De dónde extrajeron esa suma?”. Con lo cual, además de la necesaria y perentoria recaudación se lograría avanzar sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
• Recuperar la administración del Río Paraná y fiscalizar los ingresos y egresos cobrando los aranceles y derechos de exportación, que a su vez deben incrementarse sideralmente en torno al 35% de alícuota para los productos primarios mientras dure la pandemia.

Ante la crisis la cuestión no es administrar sino invertir, priorizar la vida y la salud de la población, y los que más están en riesgo son los que menos recursos tienen. Por ende es indispensable y urgente implementar medidas de redistribución, sacarle a los que más tienen y abastecer al pueblo de vacunas, medicamentos y asistencia social por lo menos en lo más agudo de la pandemia.

 

 

 

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