Pandemia en tiempos de financiarización

 

Inmediatamente luego de que Alberto Fernández anunció el DNU por el cual se dispuso la cuarentena total hasta el 31 de marzo, el Banco Central tomó medidas para expandir la capacidad prestable de las entidades financieras. Esa expansión se instrumentará con la liberación de encajes (la parte de los depósitos que las entidades financieras están obligadas a mantener sin prestar) para los créditos que los bancos otorguen para los fines que el BCRA disponga, ligados a atender los efectos sobre el nivel de actividad que las medidas de prevención provocarán. También fijó una tasa anual máxima del 24% para esa gran masa de créditos a volcarse al sistema. Esas medidas están encuadradas dentro de la actual Carta Orgánica de la entidad sancionada cuando Mercedes Marco del Pont conducía la entidad y el actual presidente, Miguel Pesce, era su vice. No podrían haberse adoptado si hubiera regido la promulgada a principios de los '90 por Menem-Cavallo, ni tampoco en el marco de una nueva que el gobierno de Macri se había comprometido a establecer cuando firmó la carta de intención con el FMI.

Matías Kulfas,Ministro deDesarrolloProductivo, anunció una resolución estableciendo precios máximos para productos esenciales, disponiendo que "las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización —de aquellos bienes considerados sensible— deberán incrementar su producción al máximo de su capacidad para satisfacer la demanda y asegurar el acceso de todas y de todos los ciudadanos a los productos".

Ni las tasas máximas, los encajes diferenciales, los precios máximos ni tampoco la expansión crediticia del 50% decidida por el BCRA son herramientas aceptadas por los economistas neoliberales ni por los organismos de la financiarización. Tampoco la asignación específica del crédito, ni la fijación de obligaciones cuantitativas de producción, como lo hace la resolución del ministerio de desarrollo productivo.

Los apologetas del libre mercado detestan la actual Carta Orgánica del BCRA. Algunos de ellos que manchan la tradición anarquista, nominándose libertarios, venían machacando por la disolución del Banco Central, lo que no es otra cosa que quitarle al Estado su soberanía monetaria y su capacidad de creación de crédito. También es recurrente en muchos economistas de esa vertiente la prédica de la dolarización de la economía, extinguiendo la moneda nacional para reemplazarla por la divisa norteamericana. El condimento que agregan los neoliberales y su extremo “libertario” es la violenta crítica a la política. Su intención es la promoción de la ausencia estatal en el manejo de las políticas distributivas y productivas.

Hoy, ante la pandemia, como ocurrió durante la crisis de 2001, frente a circunstancias que muestran, incontrastablemente, la incapacidad del mercado de organizar la vida de la sociedad, eligen el bajo perfil, el silencio y/o el retiro.

Los controles de precios que fueran devaluados por el permanente discurso del dispositivo de la economía de la financiarización articulada con el aparato mediático, muestran ser un instrumento necesario de la política económica. Hoy por la pandemia que atravesamos, pero también lo son cuando las políticas nacional populares necesitan doblegar las resistencias de grandes capitales al establecimiento de sus definiciones productivas y distributivas para una mayor justicia social. Unas veces son necesarios para evitar la inmoralidad de los “vivos” en momentos de emergencia, otras para lidiar con la indolencia de los “poderosos” cuando un gobierno democrático quiere mitigar la pobreza y reducir la desigualdad.

¿Cuáles hubieran sido las posibilidades de acción con un Banco Central maniatado, o sin siquiera su misma existencia? ¿O con un país sin moneda propia? ¿O con un gobierno sin la fuerza del Estado para controlar los precios? ¿O sin la exigencia de utilizar la capacidad productiva sobre los que tienen la propiedad de los medios para la producción de bienes esenciales?

Los más pragmáticos (oportunistas) de los neoliberales intentarán argüir que se trata de un hecho exógeno, extraordinario, que requiere de un modo de funcionamiento de emergencia. No lo es. Ni las enfermedades son ajenas a la vida habitual de las sociedades, ni las epidemias y pandemias transcurren en sociedades sin especificidades. Tampoco la capacidad para afrontarlas son una cuestión independiente de las relaciones sociales estructuradas con un tipo determinado de desarrollo tecnológico.

Con el estado de conocimiento actual, con la disposición para la producción aportada por el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología, con los recursos que la naturaleza dispone, el desarrollo de las capacidades para enfrentar esta pandemia podría haber sido mucho más potente y con mayor alcance y eficiencia. Sin embargo, el neoliberalismo y su combate contra los Estados del bienestar y otros modos de economía social desestructuró los sistemas de salud y redujo sensiblemente sus posibilidades y eficiencia. No sólo lo hizo en los países periféricos, sino que también en las naciones centrales. El predominio del libre mercado y la financiarización ha sido devastador para una correcta asignación de recursos para la salud. Las endebles infraestructuras en países europeos denotan que la pandemia del coronavirus no se despliega sobre el género humano en abstracto, sino en una instancia determinada de una formación económica y social: el capitalismo de la financiarización. Eso se traduce en la insuficiencia de número de camas, de respiradores, de establecimientos. No sólo en su número absoluto, sino en el número relativo por habitante comparado entre países (inclusive entre aquéllos de desarrollo no muy dispar). Además se expresa en la presencia de sistemas de salud quebrados, tabicados entre hospitales públicos, otras formas de medicina social, regímenes prepagos y medicina privada. El neoliberalismo desorganiza la salud.

Los intelectuales orgánicos del capital financiero no sólo cuestionaron la existencia de bancos centrales y monedas propias en los países con dependencia periférica. Impugnaron la propia existencia de los derechos humanos en su sentido positivo (de acceso, los que el Estado debe proveer). Negaron ese carácter a los Derechos Económicos y Sociales. Confrontaron con el paradigma de la Declaración Universal de posguerra, sin haber alcanzado a sustraerlos de la institucionalidad. Pero las políticas que pregonaron e impulsaron debilitaron su vigencia en la práctica. Los servicios sociales que cubren esos derechos fueron mercantilizados. Esa mercantilización no sólo implica la eliminación de su gratuidad, también define la posibilidad de su disposición en condiciones de igualdad, y transfiere las condiciones de su propia producción, en su cantidad, calidad y estructura a la lógica de la ganancia. La salud y la educación fueron degradadas en los últimos treinta años, época en que paradójicamente hubo una verdadera revolución diagnóstica y de posibilidades terapéuticas. Hayek, el pensador emblemático de la corriente neoliberal, los caracterizaba como falsos derechos, que al ser reconocidos como tales pondrían en peligro a los que él reconocía como únicos verdaderos derechos, los civiles de tradición liberal (que incluían el de propiedad) y los políticos con una lógica restrictiva.

Siendo las pandemias una cuestión de la medicina social, las deficiencias frente al coronavirus, manifiestas en la desesperada necesidad de “achatar” la curva de concentración de casos, indican hasta qué punto el acontecimiento actual no sólo es una catástrofe adjudicable a la relación del hombre con la naturaleza, sino también a la naturaleza de su organización social. A la financiarización.

En la crisis mundial sanitaria que hoy vivimos han resurgido por parte de los gobiernos, de las organizaciones políticas, de referentes sociales, los llamados a la solidaridad y a la responsabilidad social. El lazo social, el cuidado propio unido al cuidado del otro. La noción de una vida compartida. La necesidad de interrumpir la vorágine consumista. Esta lógica comunitaria se une a la reaparición de una irremplazable presencia estatal en roles sociales y económicos. Mientras se trazan estas abruptas modificaciones culturales, los mercados se derrumban, los incentivos de éstos a la producción se despedazan, incapaces de organizar nada emergen como espacios anárquicos donde el pánico inversor se despliega. Impotente, el régimen de la financiarización relegará su dinámica autorregulatoria por un tiempo, para que la sociedad se haga cargo en su conjunto de un drama cuya solución no se compadece con ninguna de sus lógicas. Es que el hombre solidario no es una categoría de su reino.

La de su reino es que, como Casparrino señala en su tesis de maestría defendida esta semana en FLACSO, La relación entre Economía y Derechos Humanos. Acumulación, hegemonía y genocidio, “(el) consumidor racional es el soberano absoluto en la representación neoclásica de la sociedad… constituye el centro de la teorización del agente económico… Las inversiones y distribución de recursos están marcados por sus gustos y elecciones racionales… Esta hipotética ilusión de soberanía supone, junto con la anulación de la concepción de clases basada en el conflicto por la distribución del excedente de los clásicos, un borramiento del poder económico, que sucumbe ante este sujeto… el agente representativo neoclásico (neoliberal), ya sea en su función de consumidor como de propietario indiscriminado de un factor productivo, se constituye no sólo en una caracterización de comportamiento de los sujetos del proceso económico. Representa el punto de apoyo de una modelización social exenta de ejercicio de poder económico y de contradicciones que deban ser gestionadas por actores o lógicas extraeconómicas, bajo la égida de un sujeto que transforma la soberanía política en la soberanía del consumidor”.

La anulación de la sociedad como un ámbito de contradicciones, que no sólo suprime la clase social, sino también la categoría de pueblo, implica componer la vida actual a partir de la relación del individuo con las cosas, y lo social por la simple sumatoria de las relaciones que cada individuo sostiene con el mundo de los objetos, sobre la base de sus deseos. La necesidad como concepto resulta suprimida, las necesidades de los sectores populares no es su problemática. Como dice Wendy Brown, los deseos o necesidades humanas se convierten en una empresa rentable, desde la preparación para ingresar a las universidades hasta los trasplantes de órganos, desde las adopciones hasta los derechos de contaminación. Hasta arribar al punto máximo de la financiarización de todo. ¿Qué comportamiento solidario puede transcurrir en esta arquitectura de lo social? Brown en El pueblo sin atributos sostiene que la “interpretación del homo economicus como capital humano no sólo deja atrás de sí la de homo políticus, sino la del humanismo mismo”. Las ideas de igualdad y libertad mutan del espacio de lo político al de lo económico, siendo sustraídas a la democracia para ser entregadas al mercado. La igualdad deviene en desigualdad y la inclusión se transforma en desregulación mercantil.

Estas sociedades desintegradas —organizadas en el paradigma expuesto—, con capacidades productivas abundantes pero pésimamente asignadas, con Estados debilitados a favor de los intereses corporativos, han recibido el impacto de la pandemia. Asociar los dolores y devastaciones sólo a una guerra con un enemigo inesperado emergente de la naturaleza indómita, omite los fuertes ingredientes socio-económicos que han condicionado y limitado la posibilidad de enfrentarla con todas las potencialidades que la Humanidad hoy tiene. Tanto en la atención y cura médica, como en la contención y remediación de las graves y dolorosas consecuencias económicas y sociales que provoca en el presente y legará para el futuro.

Cristina Fernández, en la carta que escribió previamente a su regreso de Cuba, expresa que “(la) salud… en tiempos de pandemias con ribetes bíblicos, vuelve a ser un bien comunitario que exige de todos y todas, solidaridad, humanismo y, sobre todo, compromiso social”.

Un verdadero programa que recupera a la salud como un bien y derecho social. Cuando superemos la pandemia, empezando ya ahora, habrá que emprender el camino de desmercantilizar y desfinanciarizar sustancialmente el sistema de salud. No solamente en la Argentina. Es una tarea para la Humanidad. La lógica individualista, de Estado ausente y poder en manos del capital financiero desarticuló muchas posibilidades para enfrentar el coronavirus con todas las (y mejores) armas.

 

 

 

 

 

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