Pandemia, desigualdad e impuestos

 

En tiempos de coronavirus es buen momento para reflexionar acerca del rol del sistema impositivo como herramienta para reducir la desigualdad social y la pobreza. Ahora es cuando el mundo completo reclama la intervención del Estado. Porque es el Estado quien se hace presente en momentos críticos para salvaguardar los derechos tanto de pobres como de ricos.

Sabemos que el impacto económico de esta pandemia podría ser muy grave, tanto más para los sectores vulnerables. Es el Estado el encargado de velar por la protección de todos, tanto en términos sanitarios como en materia de acceso a los bienes mínimos indispensables para la subsistencia. En este contexto, los países centrales cuentan con abundantes recursos para hacer frente a momentos críticos, pero los países periféricos tendrán mayores dificultades para obtener recursos. Ahora bien, entonces ¿quiénes soportarán el costo de esta crisis? ¿Quiénes deberían soportar esta mayor carga?

Entre los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer frente a sus necesidades financieras se encuentran, por un lado, los recursos propios generados a través de ingresos tributarios, otros ingresos no tributarios, emisión monetaria y  por otro, recursos obtenidos a través de endeudamiento público.

El sistema tributario puede tener un rol fundamental en esta situación de emergencia. Los impuestos progresivos, como ya se ha mencionado en otros artículos, son un instrumento muy valioso en materia de distribución del ingreso. El actual estado de situación parece ser un momento ideal para empujar a las sociedades hacia mayores niveles de justicia impositiva y equidad distributiva. Las medidas deberían orientarse a reducir los impuestos a las empresas y personas más afectadas, y aumentarlos a aquellas empresas que continúan obteniendo importantes beneficios y a los estratos sociales más altos, que se han visto históricamente beneficiados por la regresividad del sistema tributario.

El gobierno de Alberto Fernández va en ese camino. Actualmente funcionan reducciones específicas de impuestos regresivos como el IVA para los jubilados, quienes obtienen devoluciones del 15%. Asimismo se dispuso un bono extraordinario para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y una suma por “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos para los sectores más vulnerables, personas desempleadas, trabajadores de casas particulares, trabajadores informales y monotributistas clase A y B. Medidas que probablemente deban profundizarse.

Aunque, en sociedades tan desiguales como las de América Latina, la política redistributiva no debería enfocarse únicamente en aumentar el gasto social, sino que el sistema tributario podría cumplir un rol sustancial como nivelador de la estructura económica-social. Es decir, a través de la política tributaria es posible mejorar la distribución del ingreso, no solamente a partir del gasto público —gracias a la recaudación de ingresos fiscales—, sino también a través de la conformación de una estructura tributaria progresiva.

A nivel internacional ha quedado demostrado que la concentración de ingresos y de riqueza se ha elevado crecientemente y América Latina es una de la regiones más desiguales del mundo. En cuanto a la riqueza global, Piketty explica que el 0,1% más rico del planeta posee una participación del 20% sobre la riqueza total, y el 1% más rico del planeta posee una participación del 50% en la riqueza total, es decir, la misma que el 99% restante. En relación con los ingresos, el informe de desigualdad del año 2018 realizado por World Inequality Lab muestra que la desigualdad de ingresos ha crecido aceleradamente desde 1980, resultando en que el 1% de mayores ingresos a escala global recibió el doble de los ingresos que el 50% más pobre. Además, el informe señala que los Estados se han vuelto más pobres frente al sector privado. La riqueza privada neta ha experimentado un incremento generalizado en las últimas décadas, pasando de 200-350% del ingreso nacional en la mayoría de los países ricos en 1970, a 400-700% en la actualidad; mientras que la riqueza pública neta ha disminuido en prácticamente todos los países desde la década de 1980, lo que limita la capacidad de política pública de los gobiernos.

En América Latina, las estadísticas de la CEPAL indican que en 2017 la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población fue del 55,9% (esto incluye a las personas en situación pobreza extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres) y si se le adiciona la población de estratos medios-bajos representan el 76,8% sobre el total. Según CEPAL, en América Latina la población bajo la línea de pobreza creció de 30,1% en 2015 a 30,8% en 2018, mientras que aquella que vivía en situación de pobreza extrema aumentó de 10,7% a 11,5%.

En la Argentina, las últimas estadísticas de INDEC (a septiembre de 2019) muestran que el 10% de la población más rica obtiene ingresos 2215% más elevados que el 10% de la población más pobre, a la vez que el 20% más rico de la población obtuvo el 49,9% de los ingresos y el restante 80% de la población obtuvo el 50,1%. En junio de 2019, según INDEC, el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza era del 35,4% y de las personas indigentes, del 7,7%. La UCA estima que esos valores son de 40,8% y 8,9%, respectivamente, a diciembre de 2019. En términos de riqueza, una parte de los residentes argentinos atesora activos externos por alrededor de 384.000 millones de dólares, que fueron acumulados entre 1970 y 2018.

Modificar la distribución de ingresos y riqueza va a requerir cambios importantes en materia de política tributaria tanto a nivel internacional como local. En el plano global, los impuestos son reconocidos como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN Sustainable Development Goals):

17.1 “Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación del apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional de recaudación de ingresos fiscales y de otra índole.” Asimismo, en el objetivo 16.4 se estableció la importancia de reducir los flujos financieros ilícitos: “De aquí a 2030, reducir significativamente los flujos ilícitos financieros y de armas, fortalecer la recuperación y devolución de activos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada”.

En este sentido, es buen momento para poner sobre la mesa en el debate global la persistencia de la opacidad y el secretismo en el sistema tributario y financiero global,y la necesidad de avanzar en medidas tales como la creación de registros públicos de beneficiarios finales, la ampliación del intercambio automático de información financiera y fiscal, la eliminación del criterio de entidad separada que permite que las multinacionales creen estructuras complejas de evasión fiscal utilizando vinculadas en guaridas fiscales, entre muchas otras medidas posibles.

En el plano local, la progresividad tributaria es una herramienta eficaz para limitar la concentración de ingresos y riquezas. Se ha mencionado en artículos anteriores que el impuesto a las ganancias es un instrumento efectivo que permite gravar a las personas de mayores ingresos con alícuotas diferenciales de manera directa.

Tomemos como ejemplo a los países de la OCDE para analizar las tasas máximas del impuesto a los ingresos personales (equivalente al impuesto a las ganancias para personas físicas en Argentina). El promedio de las tasas máximas del impuesto a los ingresos personales  en los países de la OCDE es 41,2 %. Asimismo, en la mayoría de estos países las tasas máximas superan el 35% y llegan hasta el 60,1%. En este sentido, en Argentina, podría evaluarse la posibilidad de elevar el impuesto para las escalas de ingresos más elevados. En el cuadro que se muestra a continuación es posible apreciar los países de la OCDE con tasas máximas de impuesto a los ingresos personales que superan el 35%:

 

 

Las estrategias de “planificación fiscal abusiva” —una forma sutil de llamar a la elusión fiscal— de las empresas multinacionales y de las personas de alto patrimonio erosionan los recursos disponibles para la política pública y la capacidad de respuesta del Estado ante circunstancias como las actuales y, por ello, pueden ser consideradas embestidas contra los derechos humanos. Ello pareciera quedar más claro en este momento, cuando los fondos escasean y los recursos estatales equivalen a bienes esenciales para garantizar la integridad física de ricos y pobres.

 

 

 

 

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