Palo y zanahoria

 

En las dos últimas semanas, el Departamento de Estado desplegó un ambicioso programa de persuasión extorsiva sobre los países ubicados en el llamado “hemisferio occidental”, con el objetivo de limitar sus vínculos comerciales y de cooperación con Moscú y Beijing. Los modelos de proximidad desplegados en América Latina y el Caribe ofrecen un amplio menú de alternativas que van desde las amenazas y las sanciones hasta la oferta de mejores condiciones para las exportaciones, garantías para la continuidad de remesas o para la autorización ampliada de visados.

El pasado 7 de abril se suspendió a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como resultado de las denuncias realizadas por Ucrania respecto de crímenes de guerra. La medida se llevó a cabo sin que mediaran relevamientos ni investigaciones en el terreno. El 21 de abril se resolvió suspender a Rusia de su sitial como Observador Permanente de la Organización de Estados Americanos. En la primera votación la Argentina avaló la suspensión, mientras que en la segunda inhabilitación se abstuvo. Entre estas dos votaciones, el Departamento de Estado intentó infructuosamente la expulsión de Moscú del Consejo de Seguridad de la ONU.

El último miércoles, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, invitó a los ministros de economía del G20 a boicotear el discurso de Anton Siluanov, jefe de la cartera de hacienda de Moscú. El representante argentino en el encuentro desarrollado en Washington desechó la cancelación y permaneció en su banca junto otros 16 funcionarios. Las únicas tres representaciones que abandonaron las deliberaciones fueron la propia Yellen y los ministros de Canadá y el Reino Unido. En la conferencia de prensa, Yellen justificó el limitado éxito del boicot propuesto: “Para retirar a un país de cualquier participación se requiere realmente un nivel de acuerdo muy alto en muchos foros, incluido el G20, y no hubo ese nivel de acuerdo”.

La ofensiva de sanciones, boicot y bloqueos está directamente relacionada con el propósito de debilitar a cualquier país que defienda su soberanía contra las reglas impuestas por Estados Unidos, y/o que busque articular bloques comerciales alternativos al configurado por el atlantismo. Esa fue la causa geopolítica por la que se estimuló el conflicto ancestral entre los sectores nacionalistas ucranianos y los rusos: se buscó impedir la constitución de un eje geopolítico continental eurásico, capaz de articular a Europa Occidental con el Sudeste Asiático, colocando a Moscú como nexo entre ambos continentes. Una vez en guerra –azuzada previamente–, la máxima autoridad del Tesoro estadounidense postuló los próximos pasos: “Lo recaudado por las ventas de petróleo y gas es una fuente importante de ingresos para Rusia. Sería muy útil buscar la manera de reducir esos ingresos”.

La ofensiva de Washington se relaciona con el sorpresivo fracaso de sus sanciones: a pesar de que se separó a Rusia del sistema SWIFT y se le congelaron reservas en el exterior, el valor del rublo se estabilizó en valores similares a los exhibidos en forma previa a la intervención militar; el gas, el petróleo y el carbón ruso siguen despachándose hacia Europa Occidental; y el Banco Central continúa incrementando sus reservas internacionales. Durante la última semana sumó 1.700 millones de dólares, alcanzando la suma de 611.100 millones. Esa es la razón por la que el 13 de abril la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, adelantó el pedido de exclusión de Vladimir Putin de la próxima cumbre del G20, a realizarse entre el 15 y el 16 de noviembre próximos en Bali. Para reforzar la presión, la titular del Tesoro mantuvo el último martes una reunión con el ministro de Finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, a quien le exigió supresión del Presidente ruso de la lista de invitados para noviembre.

La acometida del Departamento de Estado se dirige prioritariamente sobre América Latina y el Caribe (ALyC). A mediados de abril, funcionarios cercanos a Anthony Blinken se conectaron con el embajador argentino en Washington para conminarlo a cuestionar a Putin en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La decisión de acompañar la propuesta de suspensión de Rusia de dicha institución fue decidida por Alberto Fernández, Gustavo Béliz y Santiago Cafiero luego de las intimidaciones extorsivas insinuadas en relación con la continuidad de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

 

 

 

Chantajes diplomáticos

 

 

Una arremetida similar se observó durante las últimas dos semanas contra el gobierno mexicano, cuestionado por Washington por su neutralidad respecto a la intervención militar rusa. La irritación de la administración Biden contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se expresó con relación a la nacionalización del litio –aprobada durante la última semana por el Parlamento– y la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, avalada por la Suprema Corte de Justicia. Una semana antes de estos dictámenes, el ex jefe del Departamento de Estado de Barack Obama y actual titular de la agencia climática de la Casa Blanca, John Kerry, advirtió que la nueva legislación eléctrica generaría “deterioros del medio ambiente”, y que su aplicación produciría una exclusión de las empresas estadounidenses que invertían en México. AMLO informó –luego de su reunión con Kerry– que Washington pretendía “imponer un grupo para vigilarnos, para observar [los debates sobre las normativas eléctricas]. Eso no lo permite nadie. A lo mejor en otros tiempos, con gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes”.

La contrariedad por las nuevas regulaciones eléctricas se suma al peligro –conjeturado por los funcionarios estadounidenses– de una potencial utilización del litio mexicano por parte de las empresas chinas. La nacionalización del mineral fue aprobada el último martes luego de que su precio internacional se incrementara un 400% en el último año. El litio es uno de los componentes centrales de las baterías necesarias para la fabricación de vehículos eléctricos. La empresa automotriz Tesla –del mega-millonario Elon Musk– aparece como uno de las impulsoras de las presiones diplomáticas y coercitivas para garantizarse dicho insumo y evitar que esos recursos lleguen a impulsar la competencia de los autos producidos por Beijing.

La producción del mineral tendría que aumentar un 500% hasta 2050 para poder hacer frente a la reconversión productiva que se pretende para la industria automotriz. El Servicio Geológico de los Estados Unidos cuantifica las tenencias de su vecino en 1,7 millones de toneladas –el 2,3% de las reservas mundiales–. El líder es Bolivia, con 21 millones, y en segundo lugar aparece la Argentina, con 19 millones. El 24 de julio de 2020 Musk respondió a una imputación sobre su participación en el golpe contra Evo Morales, promovido y avalado por el Departamento de Estado: “Nosotros derrocaremos a quién queramos”. Según Kenneth Smith, un contratista de la embajada, Washington y Ottawa podrían impugnar la nacionalización del litio en México ya que vulnera algunos de los acuerdos alcanzados en el T-MEC (Tratado de libre comercio firmado por Canadá, México y Estados Unidos). El tema de fondo es el temor a que China pueda acceder a alguna porción de esa cadena de valor, o a comprarle directamente al Estado su producto.

La ofensiva no es solo contra México o la Argentina. La Casa Blanca ha repudiado abiertamente la neutralidad de los BRICS (alianza económica y política compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en relación con la intervención militar en Ucrania. Sin embargo, el último martes el ministro de Economía de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, le respondió al Departamento de Estado anunciando que propondrá la candidatura argentina para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS. La arremetida de la administración Biden también se vio frustrada en Panamá, donde se hicieron presentes Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional. La visita pretendió impulsar algún tipo de restricción a las embarcaciones con productos chinos o rusos a través del canal, pero sus peticiones no fueron consentidas. En el caso de Honduras, pese a las resistencias del gobierno de Xiomara Castro, la dependencia financiera de las remesas provenientes de familiares residentes en Estados Unidos impuso un alineamiento respecto de la situación de Ucrania.

Venezuela es paradójicamente una de las más favorecidas. Dada la soberanía adquirida por ese país desde 1999, Biden carece de mecanismos extorsivos (políticos, comerciales o militares), al tiempo que implora volcar barriles de petróleo al mercado internacional para evitar la espiral inflacionaria a nivel global. Lo mismo se intentó con Arabia Saudita, país al que se le solicitó aumentar la producción de petróleo para bajar su precio y socavar de esa manera la obtención de recursos de Moscú. El reino, sin embargo, se negó a incrementar la producción.

En el caso de Cuba la situación es ambivalente. Por primera vez desde 2018, el 21 de abril se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos para darle continuidad a los acuerdos migratorios incumplidos por las autoridades de Washington en los últimos cuatro años. Estos encuentros concedidos por la administración de Biden buscan descomprimir los niveles de confrontación con América Latina y el Caribe –sin dejar de extorsionar– para volver a priorizar lo que los think tanks demócratas denominan la “emergencia euroasiática”. Sin embargo, las sanciones contra Putin parecen hacer más mella en sus socios que en Moscú: a principios de febrero partió desde Rusia un carguero con una donación de 19.526 toneladas de trigo para La Habana. El embajador ruso en La Habana, Andréi Guskov, explicó que la demora se debió a la desconexión de varios bancos rusos del sistema SWIFT, que impidieron abonar el flete.

Quien no parece contar con ese tipo de problemas es Colombia, el único que sigue a pie juntillas las recomendaciones de Washington. Mientras Iván Duque sigue sin dar explicaciones sobre las cotidianas masacres de dirigentes sociales y campesinos, sus autoridades se suman de forma automática a todas las medidas y discursos solicitados por la Casa Blanca. El jueves la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Sajárova, destacó en un comunicado que “tomamos nota de las declaraciones del Presidente de Colombia sobre las relaciones ruso-colombianas. Lamentamos que las hiciera en el espíritu de la retórica negativa impuesta a otros países por el gobierno de Estados Unidos”.

La embestida contra China –promovida por Washington– incluye zanahorias y augurios: se les repite a los gobiernos de América Latina y el Caribe que en el futuro podrán sustituir segmentos de las cadenas de suministro, hoy controlados por China, presagiando una nueva etapa de deslocalización (nearshoring) que impulsaría el crecimiento del subcontinente, si es que son capaces de ofrecer mercados internos reducidos y salarios exiguos.

El modelo promovido por la administración Biden es el de una fragmentación permanente de la economía mundial, con dos circuitos alternativos de comercio y cooperación internacional basados en bloques geopolíticos. Para lograr ese objetivo deberá esmerarse en cortar sólidos lazos e impedir –de forma simultánea– que Eurasia no logre eludir el apartheid impuesto.

El novelista Henry Miller deslizó, poco tiempo antes de su fallecimiento, una duda que inquieta de forma punzante a los analistas internacionales: “Mi única duda es saber si Estados Unidos acabará con el mundo, o si el mundo va a acabar con Estados Unidos”.

 

 

 

 

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