Paladines de la reconciliación
Los PROmotores del modelo de verdad sudafricano tienen mucho que ocultar
El jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, declaró días atrás en referencia al régimen de segregación racial: “Con los años '70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación... Lo que no puede pasarnos… [es] seguir dedicándole a lo que pasó el tiempo que tendríamos que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral”. Estas palabras tienen relevancia por tratarse de un conspícuo miembro del gobierno, que intenta instalar una versión remozada de la Teoría de los Dos Demonios; el mismo gobierno cuyas decisiones han incrementado la inflación, la pobreza y la informalidad laboral, derrotas en los combates de la actualidad que constituyen apenas la punta de un iceberg.
La coincidencia de este pronunciamiento con las arbitrarias detenciones de altos funcionarios del gobierno anterior y dirigentes sociales afines, las denuncias extorsivas a dirigentes gremiales, el fraguado relajamiento de las condiciones de detención de genocidas y el ascenso de un gendarme imputado en la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado no son casuales, ni mucho menos.
Los encarcelamientos antojadizos han apuntado en términos generales a nombres emblemáticos del único gobierno que desde la recuperación democrática vinculó el terrorismo de Estado con la imposición de un proyecto político, económico e ideológico retardatario, y que —consecuente— sostuvo una política de juzgamiento con vigencia plena de garantías. Ese proyecto es el mismo que están restaurando los patriotas que hoy conducen el Estado; para lo cual necesitan distraer la atención general, disciplinar a todo aquel que tenga capacidad de obstaculizar el logro de tan noble objetivo y —en un intento por dar cobertura a la indispensable represión que practican— quebrar la amplia legitimidad social del repudio a los métodos aberrantes que aplicaron las Fuerzas Armadas: la política, la economía, la historia y la memoria son distintos frentes de un mismo campo en disputa, la totalidad social.
De la contradicción real kirchnerismo-antikirchnerismo, el régimen pretende suprimir uno de sus términos. Sabe que el silenciamiento del kirchnerismo acallaría la voz más representativa de los intereses populares. El aparato propagandístico habla de cerrar la grieta, de que esta es la gran oportunidad de construir el país que nos merecemos; nos convoca a olvidar el pasado y a unirnos sin banderías políticas, y agrega que sólo el sectarismo puede inspirar a quienes niegan colaboración a este esfuerzo de todos los argentinos. Sin embargo, que los buitres de la deuda y la libre empresa, los financistas que se hacen cada vez más ricos mientras empobrecen a los sectores populares y los socios del despojo extranjero se hayan unido en esta gesta de salvación nacional, protagonizando acciones patrióticas como la fuga de divisas, el impulso a la más cruda especulación del capital, la protección de los gastos suntuarios de una minoría a expensas de las condiciones de vida de la mayoría, debería —cuanto menos— despertar dudas y sospechas en los más desprevenidos. Pero estas son intuiciones por ahora bloqueadas por el guión de Durán Barba, con Macri y Peña Braun como primeros actores.
En línea con aquella epopeya emancipadora, la derecha rescata la Teoría de los Dos Demonios y acusa al movimiento de derechos humanos de haber impuesto una versión sesgada —incompleta— de la verdadera historia. Para salvar esta carencia habría que develar la verdad completa, honrar a las otras víctimas; manipulación de la memoria que no sólo busca lavar la imagen de los genocidas y justificar formas brutales de represión: pone subrepticiamente en cuestión la deslegitimación de las fuerzas armadas como actor político, un hito del que parecía no haber retorno.
Asimismo alienta entre sordinas la capciosa reconciliación, que cuenta entre sus impulsores a la cúpula de la Iglesia Católica y a revolucionarios como la doctora Carrió, y acoge la leyenda según la cual los victimarios se convierten en víctimas de los juicios por crímenes de lesa humanidad: de prosperar este intento, los criminales podrían alcanzar también el rango de patriotas. El episcopado se autopropone neutral hablando desde un púlpito ubicado en el cielo, por encima de todos, lugar que en estas instancias del proceso histórico sólo existe en la imaginación de algunos obispos: salvo honrosas excepciones, la jerarquía eclesiástica fue corresponsable por complicidad de los crímenes de sangre de la última dictadura, con lo cual es razonable suponer que sus proposiciones están más cerca de la impunidad que del amor entre hermanos.
Los PROmotores del modelo de verdad sudafricano sugieren que es moralmente superior al modelo de justicia argentino: en Sudáfrica el sacrificio de justicia habría servido al objetivo mayor de obtener la verdad completa. Sin considerar que los balances están en curso y que trasladar resultados para situaciones sustancialmente distintas sería repetir un error que está en el ADN de los sectores dominantes, es fundamental tener presente que en nuestro caso el reclamo de verdad completa se basa en dos premisas falsas, orientadas a quebrar la amplia legitimidad social de los juicios: 1) Que no han aportado verdad, que han sido y son la planificada venganza de un grupo de militantes ideologizados, y 2) Que en un ámbito distinto al de los juicios —a lo mejor en el marco de la reconciliación— hablarían los únicos que no han hablado.
La primera se cae teniendo en cuenta que tanto las relaciones que se establecieron entre la Conadep y los juicios por la verdad como los procesos penales, han puesto en evidencia que verdad y justicia se han complementado en la experiencia argentina, fusión que ya es parte del patrimonio nacional y ejemplo para la humanidad; los juicios no cierran las controversias sobre el pasado, son un valioso aporte para su comprensión, no un obstáculo. La segunda no resiste el menor análisis: a esta altura de los acontecimientos, una mínima dosis de realismo obliga a considerar que la ruptura del rígido pacto de silencio entre los victimarios, sus parientes y amigos es una quimera; en más de 30 años —salvo alguna excepción— no han querido decir lo que saben ni siquiera en tiempos en los que gozaron de impunidad.
Hay que reconocer que este gobierno es más sutil, y más peligroso, que el regenteado por la oligarquía en los años '90: en lugar de imponer abiertamente la impunidad a través de indultos o leyes, presiona al permeable Poder Judicial y consigue esperpentos como el 2x1 en favor de quienes están cumpliendo condenas, al tiempo que vacía áreas estatales que deben sostener los juicios.
La cruzada se completa con el negacionismo, pero no sólo vinculado a la cifra de desaparecidos; la mayor preocupación de los patriotas, una cuestión a ocultar en protección de los altos intereses nacionales, fue anticipada por Rodolfo Walsh en su histórica Carta Abierta: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
El texto denuncia la relación que tiene por protagonista necesario al poder económico, corporizado en personas, grupos económicos, empresas y otras instituciones, como ha sido confirmado por prestigiosos investigadores de distintas disciplinas (Cuentas Pendientes. Verbitsky, Bohoslavsky y otros, 2013).
Al gobierno le sobran razones para este ocultamiento: algunos componentes de aquel poder económico que promovió o facilitó el golpe de Estado del ´76 y obtuvo beneficios a cambio de apoyar el plan sistemático de desapariciones forzadas, torturas, exterminio y sustitución de identidades, integran en la actualidad el bloque de poder. Tal el caso de Ledesma, Techint, la Sociedad Rural Argentina, Clarín y La Nación, entre otros.
El debate honesto es siempre bienvenido. Lo único inadmisible es dar la espalda a la evidencia de los hechos. En otras palabras, es intolerable cualquier expresión del negacionismo.
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