Pagar por cobrar

 

En la recta final de su mandato, el gobierno provincial de Mariano Arcioni aceleró la vía administrativa para tercerizar a capitales privados el cobro de impuestos propios del Estado de Chubut, los que actualmente percibe a través de la Dirección General de Rentas (DPR) y otros organismos públicos. Sin comprometer su propia firma, Oscar Antonena, ministro de Economía y Crédito Público, a principios de marzo ordenó a un organismo a su cargo lanzar la licitación pública para instrumentar esa reforma estructural.

Esa eventual licitación choca con compromisos institucionales tomados por la provincia con el gobierno nacional, sobre todo con un proyecto con financiamiento internacional acordado con Silvina Batakis, cuando era secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior. El equipo político-técnico de Antonena avanzó durante un año y medio con un análisis de mejoramiento y modernización de la recaudación que realiza la DGR con la consultora Karstec S.A., firma inscripta en Corrientes con contratos en esa provincia y Córdoba. En principio hubo acuerdo político en el grupo gobernante para que ese contrato se realizara a través del Banco del Chubut, estrategia que fracasó, según se deduce del escueto texto de la Resolución 96, fechada el 7 de marzo y publicada en el Boletín Oficial.

Como plan B, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) lanzará la licitación pública, que no necesariamente estará direccionada a favor de Karstec, como se preveía en el irregular expediente administrativo de su contratación para un estudio preliminar. Sobre la base de ese estudio, el Banco del Chubut S.A. debía llamar a una licitación pública internacional para la modernización y unificación de la liquidación y cobro de los impuestos que hoy ejecutan la DGR, la Dirección de Catastro e Información Territorial y la Subsecretaría de Pesca.

Por resolución, Antonena anuló la 145 del año pasado a favor del Banco y, en su lugar, acudió a la UEP, a cargo de Rosendo Lago. Los trabajadores estatales del sector cuestionaron desde el primer momento este intento de reforma estructural del organismo de recaudación propia, que representa una transferencia de fondos e información estratégica al capital privado.

 

 

 

 

 

 

Trípode de poder

Los recursos fiscales propios son clave para cualquier gestión de gobierno, y las políticas impositivas y de recaudación dan cuenta del perfil de un modelo. En las provincias se articulan sobre el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), Catastro y Rentas, entre otros organismos públicos. La DGR publica la recaudación propia, así como las coparticipaciones federales automáticas por regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas.

A la vez, en Chubut funciona la Dirección General de Catastro e Información Territorial (DGCeIT), que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia. Es un obstáculo institucional para el proyecto de tercerización de la recaudación propia ya que este organismo cobra tasas y sellos a los particulares. A fines del año pasado, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto a la medida de Antonena.

Queda para otro momento analizar la ideología profunda de esos dispositivos fundamentales en la materialización del despojo del territorio tradicional, junto a la cartografía que imaginó y dibujó los nuevos mundos; los planos y mensuras que recortaron el espacio que finalmente se inscribió como propiedad privada. También los mecanismos a través de los cuales esos dispositivos son usados por las burocracias contemporáneas.

 

 

 

 

 

Apuro por transferir

Las reformas estructurales reconocen diferentes objetivos. Cierto es que los organismos y estructuras públicas, desde su origen –en el período de la conformación del Estado argentino y luego de formación de las provincias– amortiguaron la transformación tecnológica hasta que entidades financieras internacionales acudieron con ayuda en la fase neoliberal. Falta un análisis detallado de programas propios para el sector recaudación desde los '90 para las provincias argentinas.

En 2019 el país acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito para el fortalecimiento de la administración tributaria y financiera, que prevé el fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro y del diseño del federalismo fiscal argentino, para destacar los componentes directamente vinculados al conflicto desatado en Chubut. Ese crédito se canaliza como Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial Fase II, al que Arcioni y Antonena adhirieron, recibiendo tres millones de pesos como aporte no reintegrable. El programa se inició en 2016 con Corrientes, Mendoza Neuquén y Salta.

Desde la Secretaría de Provincias, Batakis monitoreó de cerca los números de Chubut, sobre todo en 2020, cuando se produjo un atraso de tres meses en el pago de haberes a los empleados públicos. También siguió la reestructuración de la deuda pública. En ese vínculo permanente y directo con la ex funcionaria nacional, la provincia se sumó al proyecto de modernización y reunificación de la matriz impositiva que se continúa desarrollando. Según fuentes locales, ese trabajo todavía no está en condiciones de lanzar una licitación internacional para que una consultora privada lo desarrolle después, instancia que el ministro provincial conoce y que le permite acelerar su propia reforma privatizadora que, necesariamente, chocará con la que desarrollan técnicos de Nación. Para cuando ese choque se produzca, tal vez ya habrán pasado las elecciones en la provincia, cualquiera sea el resultado.

 

 

 

 

 

 

Planeta Antonena

El ministro es escribano; le dicen “Cacho” en confianza. En plena pandemia por el Covid-19 en 2020, se casó con Bruno Antonio Barría. Un decreto de Arcioni de fines de 2021 relocalizó a Barría, quien dejó el área de Seguridad Vial para desempeñarse en Rentas. Pero el pase mayor lo dará el propio Antonena. Será administrador de las cuentas del Superior Tribunal de Justicia, se supo al comenzar el año.

 

 

 

 

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