Paga de favores

 

El gobierno de Macri pergeñó un esquema de subastas y ventas de inmuebles estatales a precio vil que contó con varios denominadores comunes: había un solo oferente y si eran dos, estaban integrados comercialmente. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaba un valor para la venta y luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) rebajaba los precios. De esta manera, el Estado perdió de recaudar 74 millones de dólares.

Hace diez días, la Oficina Anticorrupción realizó una ampliación de su primera denuncia – de la que El Cohete dio cuenta en este artículo – porque detectó que entre los beneficiarios del desfalco estuvieron Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, junto al testaferro Ignacio José María Sáenz Valiente. A su vez, el organismo dejó entrever que, incluso, el ex jefe de los espías podría haber actuado como prestanombres del propio ex Presidente.

También se detectó una venta que favoreció a una financiera del Grupo Techint y se agregaron pruebas que surgieron de la lectura del libro Hermano, escrito por Santiago O’Donnell. A partir de ese texto, la OA sindica a otros posibles testaferros –como el tío de Macri, Jorge Blanco Villegas, y su hermano de la vida Nicky Caputo—  que podrían haber actuado en nombre.  A esta altura, vale recordar el “préstamo” – inexplicable— que el ex Presidente mantenía con su amigo del alma por 22 millones de pesos.

La denuncia de la OA y la AABE quedó radicada en el juzgado federal 11, que luego de la muerte de Bonadío fue subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi. Esa subrogancia se venció y tras un nuevo sorteo, el juzgado le tocó a Julián Ercolini, quien ya había intervenido al principio del proceso.

“El juzgado 11 parece estar signado por el macrismo, Bonadio, Martínez de Giorgi, Ercolini. Me hace acordar al sketch de Berugo Carámbula donde todos los sorteos los ganaba una tal Melba Mondragón de Domínguez”, ironizó un letrado que sigue el detalle de las causas donde participa el Poder Ejecutivo.

 

 

Arribas

El inmueble subastado en Ortiz de Ocampo 3219 en julio de 2018 contó con dos oferentes: Fides Investa S.A. y Fideicomiso Vías de Ocampo. Sin embargo, ambas sociedades eran una sola porque estaban integradas comercialmente, tal como surgió del expediente revisado por la AABE y la OA.

El Fideicomiso Vías de Ocampo se conformó el 3 de julio de 2018, y recién obtuvo la póliza del seguro de caución de mantenimiento de oferta, requerida en el pliego de bases y condiciones para participar de la subasta, el 11 de julio de aquel año.

La subasta debía concretarse el 6 de julio. Pero tres días antes del vencimiento del plazo, la misma fecha en la que se formó el fideicomiso mencionado, la AABE consideró necesario realizar una prórroga para el 13 de julio.

Para la OA, esa dilación fue parte de una planificación para favorecer a la sociedad que efectivamente se quedó con el inmueble. “No puede soslayarse que la operación se concretó por un monto de U$S 2.509.535,45, menor que el fijado como valor venal por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, sostuvo el organismo que conduce Felix Crous en la ampliación de la denuncia.

Una vez adjudicado el inmueble, se inició un sucesivo pase de manos. Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, se quedó con una parte vía su posible testaferro Ignacio José María Sáez Valiente.

El mismo día de la subasta, Vinsa SA CII, titular del cien por ciento de las participaciones del Fideicomiso Vías de Ocampo, cedió todos esos derechos a Back Line S.R.L. A su vez, esa sociedad de responsabilidad limitada traspasó los derechos a las siguientes personas: Ariel Guillermo Goldszer (22,5%), Juan M. Santagada (27,5%), Guillermo Luis Navone (10%), Ignacio José María Sáenz Valiente (10%), Marcos Podestá (10%), Oslam S.A. (10%) y Federico José Leyría (10%).

En su declaración jurada de 2018, Gustavo Héctor Arribas registró una inversión de 41.604.000 pesos en el Fideicomiso Vías de Ocampo. Una de las preguntas que se formuló la OA –a modo de pedido de prueba— apunta a determinar cuándo se incorporó el ex AFI al Fideicomiso.

¿De dónde surge la posible vinculación de Sáenbz Valiente con el ex jefe de los espías?

Para hacerse de ese 10 por ciento, Sáenz Valiente – otrora abogado del Grupo Clarín e integrante de la Corporación Puerto Madero junto a una de las hijas de Silvia Majdalani, la número 2 de la AFI macrista-, depositó 1.250.000 dólares el 27 de julio de 2018, como aporte para el pago de la seña de la subasta adjudicada al Fideicomiso Vías de Ocampo.

Por entonces, la divisa norteamericana –en su cotización ilegal blue— rondaba los 33,28 pesos, según consignó la OA. Convertido a moneda local, el aporte del ex abogado de Clarín equivalió a la misma cifra declarada por Arribas. ¿Alcoyana Alcoyana?

Por otro lado, Sáenz Valiente tomó notoriedad el 6 abril del año pasado, cuando la firma Green Salud S.A, en la que es socio y además presidente, fue contratada en forma directa por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la provisión de 15.000 barbijos, por los que se pagaron la sideral suma de 3.000 pesos por cada unidad.

La hipótesis de la OA es que Sáenz Valiente fue un testaferro de Arribas, y que este a su vez podría haber sido un prestanombres del ex Presidente.

 

 

Todo conduce a Macri

La constitución del Fideicomiso Vías de Ocampo contó con el patrocinio jurídico del estudio encabezado por Daniel Sabsay, mientras que las firmas del acuerdo fueron certificadas por el escribano Marcelo Ernesto Nardelli Mira, según destacó la OA.

Dicho escribano trabajó en el Club Atlético Boca Juniors durante el período en el que Mauricio Macri presidió dicha institución y Arribas hacía negocios con el traspaso de jugadores.

Nardelli Mira también fue el escribano de la firma Virreyes Agropecuaria S.A., donde convergieron Carlos Aníbal Reyes Terrabusi (socio de Eduardo Costantini en Consultatio, otra de las empresas involucradas en la adquisición de terrenos a precio vil) y Jorge Alberto Blanco Villegas, tío del ex Presidente Macri y su presunto testaferro, según narró Mariano Macri en el libro Hermano, del periodista Santiago O´Donnell. Villegas es otro de los que fueron mencionados por la OA en la primera denuncia de septiembre del año pasado.

“En virtud de lo señalado, y en el supuesto de que el juez lo considere pertinente, se podría investigar el posible vínculo económico entre Reyes Terrabusi, Jorge Alberto Blanco Villegas y el ex Presidente Mauricio Macri”, puede leerse en el texto presentado ante el Juzgado Federal 11.

 

 

Techint

La nueva subasta fraudulenta que agregó la OA a la causa que ahora debe investigar Ercolini tiene que ver con Techint, la empresa de la familia Rocca, uno de los empresarios que decidió pegar el faltazo a la convocatoria de Alberto Fernández.

El 25 de junio de 2019 se pre-adjudicó un lote de Catalinas 2 donde hubo un solo oferente, la empresa Santa María SAIF. Esta sociedad es una financiera del holding que lidera Paolo Rocca. No sólo fue el único oferente sino que pagó 4,4 millones de dólares menos que el valor asignado originalmente por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Para la OA, estos beneficios a empresarios amigos del macrismo no deberían quedar afuera de un análisis más estructural del período (2016-2019), caracterizado por la cooptación de una elite empresarial del aparato estatal para incrementar sus negocios.

En esta línea, el organismo denunciante recordó que una vez que Macri ganó las elecciones en 2015, Rocca –aportante en la primera campaña de Cambiemos— habría logrado colocar a Miguel Ángel Ponte (ex Tenaris) en la Secretaría de Empleo y a Mario Agustín Dell Acqua (ex Ternium) en Intercargo y luego presidente de Aerolíneas Argentinas.

Por otro lado, Luis María Betnaza, hijo con nombre homónimo del Director Corporativo de Techint, fue nombrado vicepresidente del Comité de Gestión del Fideicomiso de Administración del Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Decreto 65/18). Luego fue jefe de Gabinete de la Vicejefatura de Gobierno de CABA. También hizo un aporte dinerario a la campaña de Macri en 2019.

El macrismo convalidó la entrega de tierras e inmuebles fiscales con reducciones artificiales del 33 por ciento. Un desfalco para el Estado de 74,5 millones de dólares, registrado solamente en 17 expedientes que fueron analizados primero por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego por la AABE y la Oficina Anticorrupción.

Como suele entonar Gerardo “El Alemán” Dorado: “Se trata de la paga de favores, de acomodados y deudores”.

 

 

 

 

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