Pa' todos el invierno

 

En economía se define como “matriz productiva” a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado, cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrolla los inexistentes) y, de acuerdo a los fines determinados en nuestra Constitución nacional, cómo se hace para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, a la creación de riqueza y a la vez al bien común, a la igualdad de oportunidades y al progreso.

Es más, consecuentemente con ese objeto de crecimiento y distribución del ingreso se realizó la Constitución nacional de 1949 (Constitución escrita por el proyecto político del 17 de octubre de 1945, en el que el pueblo se hizo presente y partícipe), que declaró los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Sobre estas bases, aparecen los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura como el vértice de un nuevo concepto de democracia participativa nacional y popular.

La autodenominada “Revolución libertadora” derogó la Constitución de 1949 para limitar la independencia económica pregonada por Juan Perón el 9 de julio de 1947: “Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas”. Así, se abrió el país al capital internacional mediante el llamado “Plan Prebisch”, que Arturo Jauretche titularía “el retorno al coloniaje”, pero debió reconocer los derechos laborales que plasmó en la Constitución de 1957 que, en su art. 14 bis afirma: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".

”Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Las dictaduras militares de 1955, 1966 y 1976 violentaron la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, pero, conscientes de que el pueblo argentino conservaba su amor a la patria, no hicieron (al menos pública y descaradamente) alarde de subordinación al capital extranjero.

Por ejemplo, el RIGI (Régimen Especial de Promoción para las Inversiones de Grandes Empresas), que forma parte del proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tiene su antecedente en el Decreto Ley de Hidrocarburos N° 17.319, que fue promulgado en 1967 durante la dictadura militar de Onganía. Esta ley estableció el marco regulatorio para la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos en el país. Uno de sus capítulos más controversiales fue el Régimen de Inversiones para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que otorgó amplios beneficios e incentivos fiscales a las empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras [1]. O sea que no solo relegaron a YPF (en ese entonces empresa del Estado) para apropiarse y distribuirse la renta petrolera, sino que generaron el marco legal para su perpetuación, en lugar de que la renta petrolera fuera del Estado.

Pese a las dictaduras de 1955, el gobierno de Arturo Frondizi y la dictadura de 1966-1973, el modelo de sustitución de importaciones que implicaba trabajo y poder de los trabajadores persistía. Por eso, su destrucción y reemplazo por un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador en la dictadura militar de 1976 (“Rodrigazo” previo), en la que la burguesía local aceptó subordinarse a la economía mundial que exigía una Argentina que produjera alimentos y materias primas. Lo hizo, en primer lugar, por el temor a los trabajadores (de allí la destrucción de la producción fabril), y en segundo lugar, porque es una burguesía rentista y fugadora de capital, que vive de la diferencia abismal entre el costo de producción y el precio internacional de esas materias primas (incluye petróleo, gas y todo tipo de minerales), alimentos, y forrajes en el país con respecto al mundo, por contar con abundantes recursos minerales y con tierras fértiles.

Para ello fue necesario endeudar al país, que esa plata la fugue la casta dominante enriqueciéndose y que las obligaciones las pague el pueblo argentino. Con el fin de conseguir las divisas para pagar la deuda se priorizó vender al extranjero por encima de la producción y su venta al mercado interno.

La Argentina pudo tener problemas de falta de ingreso genuina y de estrangulamiento del sector externo en algunos años del siglo XX en los que una tasa sostenida de crecimiento del PIB hizo que crecieran más las importaciones que las ventas al exterior, pero eso no es cierto en el siglo XXI, puesto que, si tomamos la suma acumulada desde el año 2000 hasta el marzo del año 2024 inclusive, las exportaciones superaron las importaciones en 281.046 millones de dólares, divisas que se emplearon para pagar deuda y fugarla y eso explica que residentes argentinos tengan a su nombre una suma equivalente en el exterior y que la deuda externa pública bruta sea de 403.044 millones de dólares al 31 de marzo de 2024.

 

 

La deuda nunca investigada y el camino elegido para pagarla (capital y crecientes intereses) es la que impone la matriz productiva que genera el modelo extractivista, agropecuario exportador, que engendra la extrema pobreza por desocupación y malas remuneraciones y la extrema riqueza por apropiación de la renta y, con ello, la destrucción del aparato productivo por la minoría (local y extranjera) que se apropia de los recursos que nos pertenecen a todos los habitantes de este país.

La deuda que benefició y beneficia a una minoría rentista y parasitaria es la que hace que el embajador Marc Stanley, el 30 de agosto de 2022, en la cena anual del Centro de Estudios Americanos en la Argentina (CEA), afirmara: "La Argentina puede abastecer de energía al mundo y alimentarlo para poder ayudar a recuperar y hacer crecer a su propia economía”.

 

 

El RIGI

Como caballo de Troya del capitalismo financiero mundial, dentro del proyecto que, cínicamente, denominan “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, crean el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), que lo que hace es generar enclaves económicos extranjeros (con sus propias normas y leyes) dentro del país y, en el mejor de los casos, asociados a grandes capitales locales. Es más, le dan estabilidad fiscal a lo largo de 30 años (no pueden cobrarles nuevos gravámenes de ningún tipo) y los proyectos estarán bajo jurisdicción extranjera (esencialmente el CIADI [2]), sustrayéndolos de la Justicia nacional. De esa manera se aseguran de cobrar fuertes multas en caso de que un gobierno que defienda lo nuestro incumpla con las condiciones impuestas de aprobarse la ley.

A partir del tercer año de funcionamiento de la actividad, podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país y sin tener que abonar retenciones o derechos de exportación. La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta por ser el vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.

La creación RIGI declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. En esto viola lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución argentina que establece que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, dado que el RIGI reduce al 25% el impuesto a las ganancias, en lugar del 35% que rige para las empresas en el país. Además, no se cobra arancel a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y demás bienes y accesorios de capital, no se exige ningún requisito que implique garantizar un “compre nacional” o que contrate mano de obra argentina, entre otras grandes ventajas que se otorgan.

¿Qué es lo que hacen las naciones que se respetan a sí mismas y se proyectan en el futuro independientes y libre de verdad, no con la falacia de los llamados libertarios? La evidencia empírica indica que los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones.

Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo, detenta un fondo soberano creado en 1990, basado en las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,626 billones de dólares.

 

 

En el centenar de fondos soberanos existentes, hay cinco de Latinoamérica. Chile cuenta con dos fondos de producción y exportación de cobre, con activos por 22.000 millones de dólares. Colombia con un fondo de 12.000 millones de dólares y México con otro de 7.000 millones de dólares, basados ambos en las exportaciones de petróleo y gas. Perú con un fondo de 5.000 millones de dólares y Bolivia con un fondo de 400 millones de dólares para recursos mineros.

 

 

En síntesis

De consumarse la infame traición a la patria (art. 29 de la Constitución nacional), la Argentina dejara de ser una nación para pasar a ser una factoría exportadora, y se deberán hacer cargo los traidores.

No puede haber un destino nacional y común con el grado de pequeñez, de prebendarismo y de miopía de la burguesía que tenemos; y solo un Estado consciente, con un plan y asegurando la participación de la población (los canales y los instrumentos de participación), puede ponerles los límites y obligarlos a cumplir las leyes, a la vez que debe ser capaz de conducir a una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria. Eso en nuestro país ha sucedido pocas veces, las más o son gobiernos impuestos por los grandes empresarios y la Embassy o son funcionales y temerosos del poder económico.

Debemos ser una nación en la “que solo esta ley rija, es pa’ todos la cobija o es pa’ todos el invierno” (El Paso de los Libres, Arturo Jauretche).

 

 

 

 

 

[1] Enrique Aurelli, “La trama energética II. Gas natural y lobby en Argentina”. 

[2] CIADI: Es una institución del Banco Mundial especialmente establecida para arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos e inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales. El objetivo es la seguridad jurídica a los capitales de inversión internacionales. La Argentina tiene demandas de la generadora de electricidad AES que data desde el año 2002; la constructora alemana Hochtief Aktiengesellschaft; dos empresas de Austria que reclamaron en diciembre de 2014 por la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar en Salta; tres aseguradoras de Países Bajos, Orígenes AFJP, y Metlife seguros, en 2019 por la eliminación del régimen de capitalización; el grupo español Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste; etc.

 

 

 

 

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