Desafíos ante la devastación

 

“La clase dominante ejerce el consenso en la superestructura, sin modificar las condiciones de vida de los sectores populares (subalternos), mediante la hegemonía que ejercen los intelectuales orgánicos de la clase dominante sobre los intelectuales del resto de los sectores sociales, definiendo una situación que (de no mediar una gran ‘revolución de ideas’) no necesariamente será transitoria, sino que surge como una alternativa orgánica de largo plazo. Donde los ‘progresismos’ se adaptan al modo de ver y resolver los problemas de la sociedad con el cristal de sus enemigos profundizando esa hegemonía”.

En nuestro articulo Los desafíos de la hora, de junio del 2023, rescatábamos del libro Sectores dominantes en la Argentina, de Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, esta descripción del paso de la dictadura militar a la democracia, que resume acabadamente el proceso que desemboca en la situación actual de la Argentina.

Y sosteníamos nosotros: “Si bien durante estos 40 años hubo avances en la consolidación de las instituciones democráticas, no podemos dejar de ver que una vez terminada la dictadura y devastado el aparato productivo del país, los sectores dominantes avanzaron en la redefinición del sistema político y de la sociedad civil, diseñando una estrategia que continuó con la tarea dictatorial, pero utilizando otros medios. Así, con este planteo, los sectores dominantes no pretendieron construir acuerdos democráticos, sino impedir la organización de los sectores populares, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento. Ya no con la represión y el aniquilamiento de sus organizaciones, sino a través de un proceso de integración de las conducciones políticas, sindicales y sociales de los sectores populares. De esta manera los sectores populares fueron inmovilizados y no generaron una alternativa política y social que cuestionara las bases de sustentación del patrón de acumulación del capital y la concentración y extranjerización de la economía argentina”. Y rematábamos: “Ha quedado demostrado que ellos NO pretenden acuerdos con los sectores populares. Ellos quieren ‘esclavos siglo XXI’”.

Este planteo nos parece central para caracterizar las responsabilidades que les corresponden a esos dirigentes que, debiendo representar a las clases populares, no pueden o no quieren hacerlo.

Pero no nos equivocamos si decimos que la responsabilidad central del aniquilamiento de la institucionalidad democrática en la que nos encontramos es de los sectores dominantes, que pudieron imponer esa visión de la política que tanto daño nos está haciendo.

No confundir este concepto nos permite mirar más claramente qué papel juegan hoy los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, las mal llamadas “organizaciones de la sociedad civil” y hasta nuestro movimiento de derechos humanos.

El proceso de aniquilamiento de la institucionalidad democrática fue lento pero sostenido, con avances feroces y rápidos, como ocurrió durante el menemismo, la primera Alianza y el macrismo, y otras veces con menos visibilidad y encontrando escollos inesperados, como fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina luego de la crisis del 2001, que si bien representaron una enorme recuperación de los derechos de las clases populares, no pudieron o no tuvieron la capacidad de entender este proceso de concentración del poder y las transformaciones que devinieron de ese esquema de dominación.

Nuestra Constitución dice que el “pueblo no delibera ni gobierna sino es a través de sus representantes”. Esos representantes deben ser elegidos por los partidos políticos y luego votados por la ciudadanía para ejercer durante dos, cuatro o seis años.

Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, provincias y municipios, son elegidos de esta forma. Pero ocurre que los partidos políticos (o frentes electorales) no respetan lo que debería ser el funcionamiento democrático de esas instituciones, que deben contar con órganos internos elegidos por sus afiliados (cada vez menos personas se afilian), con reuniones periódicas para discutir y fijar los lineamientos que deben respetar sus legisladores, intendentes, gobernadores y el propio Presidente. En definitiva, se llegó al absurdo de aceptar que los legisladores no responden a quienes los votaron o a los afiliados del partido tal o cual sino al gobernador o Presidente, que de esta forma fue acumulando un poder que le permite por sí mismo ser partido, gobierno y oposición, todo al mismo tiempo. A diario vemos cómo se transgreden esos valores éticos que deberían tener los representantes del pueblo: compra de votos, saltos de partido en partido, falta de debate político, acuerdos espurios, etcétera. El parlamento donde deberían saldarse las discusiones políticas para beneficio de la población se transformó en lo contrario: todo es permitido y todo es válido en esa institución insigne de la democracia. El llamado “palacio” se fue convirtiendo cada vez más en un lugar donde cierto sector tiende a monopolizar la gestión de la política, porque conoce los secretos y laberintos del quehacer de la política, sus lenguajes y normas, absolutamente alejados de quienes lo votaron, como se percibe por estos días, donde los problemas que enfrentan millones de compatriotas son ajenos a los que se viven dentro del “palacio”. Mal que nos pese existe, en definitiva, una aristocracia política que en menor o mayor grado ha venido sirviendo a los intereses de los sectores dominantes.

En el campo sindical ocurre algo similar, no porque no se realicen elecciones y los afiliados renueven su confianza en las conducciones que por décadas detentan ese poder, sino porque la elección de autoridades pasa a tener un mero carácter simbólico, ya que las decisiones que toman esas conducciones están condicionadas por esta penetración de las clases dominantes: en muchos sindicatos (industriales) la patronal es el mayor aportante, en otros los trabajadores se identifican más con sus patrones que con sus idearios (peones rurales) y también hay otros donde no hay patrones (encargados de edificios).

En el caso de las organizaciones sociales, el entramado y la acción de los grupos concentrados de poder es aún más complejo. La demonización del “piquetero” o el “planero” fue un proceso condicionante de las respuestas que fueron construyendo los movimientos sociales como salida para los excluidos del sistema.

En el caso de las mal llamadas “organizaciones de la sociedad civil”, no son más que la forma elegante de captar la voluntad y la actividad de cientos de miles de ciudadanos que son apartados por los sectores dominantes de las organizaciones de la democracia. ONGs y fundaciones que sostienen su funcionamiento gracias a dádivas (no menores) que aportan otras fundaciones (George Soros, Bill Gates, etcétera) o directamente gobiernos extranjeros o agencias gubernamentales (la últimamente muy publicitada USAID), que en su afán de conseguir fondos para seguir “haciendo el bien” asumen compromisos que nunca tienen que ver con los intereses populares.

En el caso de los organismos de derechos humanos, que con las Madres, Abuelas, familiares y sobrevivientes marcaron la reconstrucción de los valores éticos y morales de la democracia por muchos años en una sociedad que ansía vivir en paz, les queda pendiente jugar un papel activo y de reafirmación de lo que Eduardo Luis Duhalde llama “filosofía de los derechos humanos de un modelo transformador, que busca un Estado inclusivo, un Estado equitativo, un Estado que refleje las necesidades de la sociedad, las proyecte y las haga políticas de Estado”, en contraposición al negacionismo fascista y racista que hoy sostienen los poderes concentrados.

Llegamos entonces a este nuevo intento (el cuarto desde 1976) de transformar a la Argentina en una colonia en la actual división internacional del trabajo y del reformateo de las relaciones sociales, económicas y de poder que llevan a cabo los ultramillonarios (también llamados tecno-feudales) a nivel mundial, en su intento por frenar el desarrollo sostenido de otras economías o conjuntos de naciones que se asocian con el común denominador de la cooperación y el crecimiento. Así llegaron a jugar ese partido en nuestra Patria, usando el mascaron de proa que representa el gobierno de Javier Milei, al cual definimos como fascista y racista porque no se detiene en lo que conocemos como derechas o ultra derechas, sino que directamente busca acabar con la vigencia de la institucionalidad democrática.

Nuestra posición es que los responsables de esta situación son los poderes concentrados transnacionales y en menor medida nacionales, y que la tarea central de los sectores populares es, sin miedos ni soberbias, poder discutir, debatir, proponer y resolver esta falta de opción para las clases populares.

Una opción que defienda la soberanía política, que promueva la independencia económica de la nación y resguarde los bienes naturales comunes de toda la sociedad para su beneficio y no para que lo extraigan cuatro vivos. Poder dotarnos de un programa a cumplir que sea entendible y asimilable para la sociedad argentina del siglo XXI, que nos permita remover los cimientos donde se sustenta hoy el poder real y reconstruir esa democracia sustantiva o social que millones de argentinos y argentinas vimos despuntar allá por 1983 y que no logramos concretar.

Confiamos plenamente en las potencialidades de nuestro pueblo para sobreponerse a esta situación y comenzar a empoderar a quienes están en condiciones de dar un vuelco importante a las formas y los valores a defender en la política, en el accionar gremial, en los compromisos con los sectores más vulnerados y, por supuesto, en el campo de los derechos humanos, seguir por el camino de Memoria, Verdad y Justicia para construir un frente antifascista y antirracista que sirva de referencia a una sociedad que le da la espalda a formas perimidas de hacer el bien común o a –lo que es lo mismo– hacer política.

 

* Mabel Careaga y Héctor Francisetti integran la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

 

 

 

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