Otros frigoríficos son posibles

 

“Siempre que puedo y tengo un rato, me pongo el delantal blanco y botas para no perder la costumbre. Este es un lindo trabajo para el que le gusta”. Cristian Montiel tenía 18 años cuando ingresó al frigorífico La Foresta, ubicado en la localidad de Virrey del Pino. En casi tres décadas de labores acumuló experiencia en todos los pasos que incluyen la faena de una vaca. Pueden llegar a intervenir hasta 50 personas, desde el martillero y degollador (con tareas obvias), el cuartero, manuchero, matambrero, el que remueve las tripas, el cuero y quienes cortan las medias reses.

Montiel ahora es el presidente de la cooperativa que logró recuperar el frigorífico luego de que sus dueños privados liquidaran la empresa hacia fines de la década del '90. La planta recobró impulso en 2006. Las patronales agropecuarias de la Mesa de Enlace recordarán ese año como el del primer cierre de exportaciones de carne vacuna del kirchnerismo. Para otres, en cambio, es la fecha que le da sentido a todo.

Si existe “otro campo” por fuera de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, también hay otros frigoríficos que quieren sentarse a negociar junto al gobierno nacional las posibles alternativas para abaratar el precio de la carne con la mirada puesta en el consumo popular.

Pero no es una tarea sencilla. Durante el gobierno macrista, el radical Ricardo Buryaile, titular de la cartera de Agroindustria, firmó una resolución (R 21 E/2017) que excluyó a las cooperativas –frigoríficos recuperados– de la categoría “matarifes abastecedores”. Es decir, les prohibieron la venta directa, empujándolos a comercializar su producción a través de terceros. El resultado: la carne es más cara en el mostrador por la acumulación de intermediarios, aunque no es el único motivo que hace subir su precio.

“Si ellos entran, nosotros nos pasamos a ser cooperativas, dejamos de pagar impuestos y tenemos trabajadores en negro”. La proclama (cuasi extorsiva) es muy actual. Es lo que escuchan los actuales funcionarios del Ministerio de Agricultura por parte de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF, conducida por Ricardo Bruzzese) cuyos integrantes acusan de “ilegales” a la mayoría de los frigoríficos recuperados.

“Para la Mesa de Enlace también somos ilegales”. Miguel Saavedra hace 17 años que trabaja en Frigocarne. Arrancó como técnico mecánico, oficio que estudió en el ENET 3 de Avellaneda. En 2004 participó de la toma de la fábrica cuando sus dueños empezaron a vaciar la empresa, proceso que duró tres años. En 2007 volvieron a faenar. Hoy es el presidente de la cooperativa.

 

 

Rompan todo

El gobierno nacional alcanzó un acuerdo con frigoríficos exportadores para volcar una mayor cantidad de toneladas de carne vacuna al mercado interno y excluir de las ventas al exterior determinados cortes que son de consumo masivo en el país. Pero además se firmaron los lineamientos de un Plan Ganadero, que venía negociando el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) desde hace meses.

En el CAA confluyen las grandes aceiteras, diferentes cámaras de las economías regionales de todo el país y la Mesa de Enlace con la flamante incorporación de la Sociedad Rural. De las negociaciones con el gobierno también participó Dardo Chiesa, ex presidente de CRA, como representante de la Mesa de la Carne.

Si hay un final cantadísimo –que les gana a todos los spoilers del mundo–, es la posición de la Mesa de Enlace cuando lo que está en juego son sus angurrientas pretensiones de rentabilidad a costa del bolsillo de las mayorías.

“No hay plan ganadero con exportaciones cerradas”, sostuvo CRA a través de un comunicado, y a continuación pegó el portazo de la mesa de negociación.

“Luego de haberse producido la primera reunión informativa del Plan Ganadero que ha propuesto el Gobierno Nacional, desde Confederaciones Rurales Argentinas anunciamos que dejaremos ese espacio hasta tanto no haya una señal concreta que busque una solución efectiva y sostenida en el tiempo, por lo que comenzar a trabajar con las exportaciones cerradas, constituye una traba insalvable.”

Tal como sostuvimos en la nota “Mejor hablar de ciertas cosas”, publicada la semana pasada en El Cohete a la Luna, el ingreso de la SRA al Consejo Agroindustrial auguraba una mayor virulencia. Para la Mesa de Enlace, la única negociación posible con el gobierno nacional debería incluir, primero, su capitulación.

 

 

Otra mirada

Los frigoríficos recuperados están nucleados en una cámara integrada por las diferentes cooperativas que cuentan con 1.425 trabajadores y trabajadoras. Calculan que su producción de faena asciende a 536.621 cabezas, lo cual implican alrededor de 110 millones de kilos gancho de medias reses vacunas y 11.600 cabezas de cerdo.

Hace dos meses le presentaron al gobierno un documento para sentarse a negociar en la mesa grande, junto al resto de los actores de la carne. “Somos el 4 por ciento del mercado interno, pero con la capacidad de llegar a un 10 por ciento del total”, afirman.

“Hoy producimos 10.000 animales al mes, pero estamos al 50 por ciento de nuestra capacidad. Luego de la recuperación de la fábrica, pudimos invertir 30 millones de pesos en maquinaria. Podríamos tranquilamente sacar productos envasados y venderlos sin necesidad de intermediarios. Podemos competir con Coto tranquilamente”.

Saavedra habla desde las instalaciones de Frigocarne en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires. La mención a Coto –que apareció en varios listados de la Aduana con una posible subfacturación de exportaciones, tal cual informó El Cohete oportunamente– no es azarosa. Fue una de las grandes firmas que quiso quedarse con el frigorífico recuperado.

“Somos 150 trabajadores y podríamos ser el doble”, explica Miguel. De ese total, sólo 12 son mujeres. Su hijo de 22 años también trabaja dentro del frigorífico, como pañolero.

La discusión de fondo que pretenden dar las cooperativas recuperadas pasa por la posibilidad de vender carne envasada directa del frigorífico, sin tener que pasar por terceros. Ahora se la tienen que comprar a los matarifes –a quienes les brindan el servicio de faena– porque sigue vigente la resolución de 2017. Pero no siempre fue así.

“Antes comprábamos animales, hacíamos los cortes y los vendíamos directamente”. Ese antes –recuerda Saavedra– corresponde al último gobierno kirchnerista.

La Foresta, uno de los frigoríficos más grandes del Conurbano bonaerense, procesa 8.000 cabezas de ganado por mes, pero tiene capacidad para 25.000 vacunos. En su momento llegaron a ser 500 trabajadores. Hoy son 160, entre quienes se encuentran seis mujeres que se desempeñan en producción y otras seis en diferentes áreas administrativas o tareas de limpieza.

 

 

“El acuerdo del gobierno con los frigoríficos exportadores no alcanza. Esos cortes van a llegar solamente a los grandes supermercados. Hoy Coto y los súper manejan el mercado de hacienda. Nosotros planteamos que el Estado tiene que ver en los frigoríficos cooperativistas una ayuda para bajar el precio de la carne”.

Montiel está convencido de que si ellos pudieran vender de manera directa los cortes de carne de su propia faena, el kilo en el mostrador podría bajar hasta 200 pesos.

 

 

De igual a igual

Lo primero que reclaman los frigoríficos recuperados es que los habiliten como “matarifes” y se dé marcha atrás con la resolución del macrismo. Pero los abastecedores presionan ante las autoridades calificándolos de competencia desleal.

Según el Centro de Estudios Agrarios (CEA), existen en el país 7.500 matarifes y abastecedores, aproximadamente el 80 por ciento del mercado local. ¿Tanto le jode a la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica la presencia de las cooperativas?

Los frigoríficos recuperados le acercaron una propuesta al Ejecutivo nacional que parece bastante razonable. Si el Estado necesita comprar carne para escuelas, comedores y la Tarjeta Alimentar, ¿por qué no podrían participar con cortes a 200 pesos más barato el kilo?

“Queremos trabajar con los municipios, que puedan comprarnos de manera directa. Pero como el Estado paga a 90 días y nosotros debemos pagarles a los productores pequeños en el momento, con quienes ya estamos en diálogo, pensamos que se podría conformar un fideicomiso, y que esos recursos sirvan para solventar toda la cadena sin dilaciones”, explica Saavedra.

Si las grandes cerealeras del CAA cuentan con un fideicomiso aceitoso, ¿por qué no los frigoríficos cooperativistas?

Es más, también cabría pensar que los recursos que se destinan por ley a financiar al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) –una especie de impuesto encubierto, según algunos analistas–, se orienten a subsidiar el precio de la carne en góndola.

El IPCVA se financia con un porcentaje que pagan productores por cada animal que venden y se faena. Lo gestiona la Mesa de Enlace y no se sabe muy bien cuál sería su utilidad, más allá de la cuantiosa caja en publicidad para el establishment agropecuario.

Los frigoríficos recuperados sostienen que deberían sentarse en la misma mesa de negociación que la Sociedad Rural o el Consejo Agroindustrial. Porque el tema de fondo, para ellos, es que esos actores también son parte del problema.

“Es una discusión nuestra de todos los días, cómo cuidar la mesa de los argentinos. Está perfecto que el Plan Ganadero apunte a incrementar el stock y que se limiten las exportaciones para privilegiar el mercado interno. Pero queremos discutir de igual a igual con la Mesa de Enlace porque tenemos capacidad de incidir en el mercado para bajar los precios”, concluye Saavedra.

 

 

 

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