OTRO SISTEMA DE SALUD ES POSIBLE

Una historia de ahogo y despojo en el PAMI de Cambiemos

Por Alejandra Dandan

 

“No sólo sucedió con grandes empresas, también pasó con las pequeñas: a nosotros nos tocó”, dice Luis Ruiz. “No podíamos pagar las cuentas, aumentaron la luz, los gastos fijos y después nos descontaron tres meses de ingresos desde el PAMI. Hubo que resistir porque este lugar había sido desmantelado una vez, y volvimos a armarlo con laburo, dejando horas de descanso y con médicos que pusieron el hombro. Ellos pensaron que uno se iba a arrodillar y les iba a decir: ‘Sí, señor’. Pero no. Salimos a denunciarlos”.

Luis Ruiz es propietario de un pequeño sanatorio, el Policlínico Guernica. La mayor parte de sus ingresos dependen del PAMI. En 2018 y 2019, la obra social de los jubilados le descontó tres meses por pacientes supuestamente derivados por él a una clínica de Avellaneda: eran derivaciones apócrifas. En rojo, con deudas a proveedores y obligado a vender una ambulancia, en mayo de 2019 se le aparecieron dos personas para comprarle el sanatorio. Eran dos directores de un lugar llamado Clínica Avellaneda, desde donde le sacaban pacientes falsificando datos de un mecanismo denominado “rechazo conforme”. En el PAMI no lo querían, le dijeron los visitantes, porque no aceptaba coimas. Pero Ruiz continuó. El organismo que ahora conduce Luana Volnovich encontró decenas de reclamos como estos apenas comenzó la gestión. Investigaron y presentaron papeles en Justicia Federal. Hoy existen, por lo menos, cinco causas semejantes tanto en la zona sur del conurbano como en el norte. Hubo allanamientos, arrepentidos, hallazgo de valijeros. Las primeras hipótesis muestran que durante los últimos años crecieron distintos mecanismos de estafas con luz verde del PAMI. En la zona sur, tuvo características de mafia con grandes operadores del sistema privado que se expandieron asfixiando a operadores pequeños con métodos como el robo de pacientes. Unos ahogaban a otros hasta obligarlos a vender. En esas causas hay dos actores importantes: el gerente financiero de PAMI de la gestión Cambiemos, Guido Giana, y el empresario de Avellaneda Roberto Bustamante, a quien los investigadores describen como el pulpo detrás de casos como Guernica. Una de las denuncias centrales es la de Ruiz, con el acompañamiento de sus abogados Eduardo Tavani, Marcos Aldazabal y Martín Haissiner. Y otra es de una mujer: hermana de quien estuvo casada durante 23 años con Bustamante. Esta excuñada presentó audios, chats y una declaración impactante, primero en Comodoro Py y luego en Quilmes. La denuncia incluye hasta datos de historias clínicas engordadas a través de un sistema informático que simulaba al oficial. Los testimonios ahora están en dos causas separadas de Quilmes, donde después de idas y vueltas quedó radicado el caso de Guernica. El PAMI se presentó para ser tenido como querellante y está pidiendo la unificación.

 

 

 

 

 

“Tengo un amigo en la cúpula del PAMI”.

 

 

 

El otro lado de Guernica

El Policlínico Guernica es un centro médico del segundo cordón del Conurbano con una larga historia. Sus antiguos dueños lo cerraron en la crisis de 2001, con el dinero compraron campos y ganado, dejaron cuarenta familias sin trabajo y a la comunidad sin un servicio necesario. Sufrió saqueos en los que perdió hasta las tapas de luz. Luis Ruiz era hasta entonces un técnico en diálisis uruguayo, exiliado en la Argentina en 1977 y litigante en causas de lesa humanidad. En 2008 intentó recuperar la clínica y en 2011 generó un contrato con el PAMI para afiliados que hasta entonces debían recorrer 60 kilómetros para atenderse en La Plata. Ahora tiene 50 trabajadores. El 95% de los ingresos provienen de las prestaciones al organismo, pero si mantiene abiertas las puertas es porque la vida, después del exilio forzado, le enseñó que todo es producto de la lucha.

“Todo esto empezó en el año 2017”, dice, con el cambio de gobierno. Hasta entonces, los operadores del PAMI recibían dinero a cambio de una contraprestación, pero la nueva gestión empezó a pagar un monto fijo a cada clínica por determinada cantidad de pacientes. El sistema conocido como “cápita” generó, al mismo tiempo, un mecanismo llamado de “rechazo conformado”: cuando un sanatorio no podía atender a un paciente por diversas razones, el prestador debe emitir un papel de “rechazo conformado”. El papel es entregado a PAMI y PAMI deriva al paciente a otro lugar. Luego, PAMI le paga a quien brindó el servicio y se lo descuenta a quien no lo brindó.  Hasta ahí es lo que debía pasar, pero sobre ese mecanismo se montó otro de escala imponderable.

En el año 2018, Ruiz vio algo raro en las cuentas. PAMI le descontaba razonablemente por los pacientes que no podía atender. Pero, ese año, los descuentos aumentaron de manera drástica. “A medida que pasaban los meses, los débitos aumentaban y no se correspondían con los rechazos que habíamos emitido”, explicó en su presentación judicial. En diez meses, le habían descontado tres meses completos por supuestos rechazos de atención. Ante esa situación “inexplicable” pidió y logró reunirse con el gerente financiero de PAMI, Guido Giana. Era el 19 de abril de 2019.

Ruiz lo conocía de Guernica, donde Giana había sido concejal y aparecía como joven promesa del PRO. En la gestión de Cambiemos, era gerente financiero de PAMI Central y estaba debajo del subdirector ejecutivo, Víctor Hugo López Monti. Su nombre apareció recientemente en una causa del juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, que investiga el fiscal Fernando Domínguez. La causa comenzó por una propagación de Covid-19 en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y terminó como una megacausa en la que se investigan estafas millonarias contra hospitales y contra el organismo. La clínica pertenece a Benjamín Teitelbaum, un empresario de mucho peso en la cámara de clínicas y sanatorios privados, con vínculos muy fuertes en la política. Teitelbaum estuvo detenido, procesado y luego quedó en libertad. Una empleada arrepentida señaló a Guido Giana como una suerte de valijero: “Hasta diciembre de 2019, Teitelbaum hacía personalmente entregas mensuales en efectivo del 6% de las sumas que efectivamente se cobraban de aquellas facturadas al PAMI en concepto de ‘retornos’ a funcionarios. De ese valor, el 4% se lo otorgaba a Pablo Lera, hasta entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín, y el 2% restante lo entregaba al gerente de Finanzas de PAMI Central, cuyo nombre no pudo especificar –escribieron en el expediente–, pero recordó que el dueño del sanatorio decía que era un ‘pendejo nuevo del PRO’”.

 

 

El año pasado, Giana cobró fama durante las tomas en Guernica, atrincherado en su campo de 300 hectáreas con quince policías. El episodio lo llevó a la mesa de Mirtha Legrand  y los diarios reprodujeron que había cumplido un sueño imposible. Hoy es candidato a concejal e integra, además, la dirección del Sanatorio Güemes en un sistema de puertas giratorias que también incluye a su ex jefe López Monti. Giana es, nuevamente, gerente financiero y López Monti, director general.

 

 

 

Aquel 19 de abril de 2019, Luis Ruiz lo visitó. Y le contó lo que estaba pasando con los pagos, que le descontaban más de lo debido. “Era tan evidente el deterioro, que Giana nos otorgó un adelanto financiero de 3.136.584 pesos para evitar el cierre, y se comprometió a investigar el caso”. Pero eso no pasó.

Tras meses de espera, Ruiz se puso a investigar. Descubrió que le habían descontado 6 millones de pesos en diez meses y detectó que 89% de los pacientes habían sido derivados a una sola institución: Clínica Avellaneda Medical Center (Clínica Avellaneda), que creía parte del Grupo Médico La Torre S.A. Todos habían sido derivados ahí, aunque era sólo una de las 20 opciones posibles. Luego constató, “para mayor sorpresa”, que en muchos casos el Policlínico Guernica ni siquiera había hecho las supuestas constancias de rechazo que igual le terminaban descontando.

Los casos fueron analizados más tarde por el equipo de Volnovich y la UFI PAMI del fiscal federal Javier Arzubi. Detectaron por lo menos 30 Órdenes de Prestación que permitieron derivar y atender afiliados en Avellaneda, pero que pertenecían a la “cápita” del Sanatorio Guernica S.A. La UFI solicitó investigar a Bustamante y a la Unidad de Gestión Local 10. Ruiz, por su parte, ya había sumado más datos. Pescó que sólo en un mes, febrero de 2019, Avellaneda había atendido 96.8% de pacientes supuestamente derivados por un monto de 1.606.817 pesos. También vio que no eran muchos pacientes sino sólo cinco, por montos siderales. En mayo de 2019, ocurrió la visita de los dos directores de Avellaneda. Eran Adrián Torres y Leonardo Fernández. “Se presentaron, pidieron ver las instalaciones y luego nos ofrecieron comprarlo”, recordó Ruiz, y agregó que era obvio que el lugar no estaba a la venta, aunque estaban ahogados financieramente y muy golpeados. Dato que se sabía. Ellos le dijeron, además, que el Policlínico estaba “mal visto".

—¿Por qué? —preguntó Ruiz.

—Porque no paga coimas y, en salud, es sabido que todos roban.

Antes de irse, le ofrecieron 1,2 millones de pesos a modo de compensación. Ruiz no aceptó. Comenzó otro capítulo.

 

La boca del lobo

En noviembre de 2019, las cuentas del Policlínico Guernica tuvieron otro golpe: le descontaron 700.000 pesos de un tirón. Llamó de nuevo a Guido Giana. Pero el gerente financiero de PAMI le indicó que se contacte con un tal Roberto Bustamante, alguien que Ruiz no conocía, para que solucione el problema. Giana era quien debía o no debía autorizar los pagos y los descuentos, pero en esa ocasión no sólo no resolvió el problema: lo mandó a la boca del lobo. Ruiz llamó a Bustamante y se vieron ese mismo día.

“Bustamante es una persona poderosa y con muchos contactos”, declaró la ex cuñada del empresario de Avellaneda, Anahí Celeste Chayán, en otra causa judicial. Ligado a las internas de Independiente, Bustamante es conocido en el universo que combina salud y gastronomía. En 2011, aparece mencionado como principal fabricante de prótesis del país con contratos con 60% de las obras sociales. Es cabeza de innumerables sociedades. En 2008, Carlos Pagni lo ubicó como amigo y socio del ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, en el todavía restaurante Tierra de Parrilleros de Puerto Madero.

 

 

Roberto Bustamante.

 

Cuando se reunieron, Bustamante le aseguró a Ruiz que iba a investigar lo que estaba pasando, pero también le repitió que quería comprarle el lugar para expandirse en Guernica. Ruiz finalmente presentó la denuncia en la UFI y entregó una copia en el Concejo Deliberante de Lanús, donde hay una delegación del organismo. Una hora más tarde, recibió un mensaje de Bustamante. Se quejaba por el camino que habían tomado las cosas. Y le dijo:

—Al menos yo te aviso y sabés que el que avisa no es traidor.

 

 

 

La cuñada

Este es sólo uno de los mecanismos de estafa. El juzgado federal de Quilmes tiene otra causa, que empezó durante la pandemia, con la denuncia de la ex cuñada de Bustamante, Anahí Celeste Chayán. Entre 2017 y 2019, Chayán trabajó como presidenta de Organización Médica S.A. (OMSA), una empresa ubicada en la calle Alicia Moreau de Justo de la Ciudad de Buenos Aires, de la que dependía la Clínica Avellaneda. Denunció a su ex cuñado luego de una desvinculación de la empresa. Primero presentó un escrito en Comodoro Py y luego lo ratificó con una declaración, cuando la causa pasó a Quilmes. Sobre la base de su declaración, en agosto se pidieron allanamientos a la clínica. La mujer aportó audios, listado de pacientes y chats. Pero sobre todo reveló dos datos: el uso de un mecanismo de engorde de historias clínicas con falsos estudios a partir de un sistema informático que simulaba el del PAMI y la relación de Bustamante con Guido Giana. El Cohete accedió a la declaración. Ella lo cuenta de esta manera:

“En la Clínica Avellaneda usan el sistema llamado Qtech Soluciones Informáticas S.R.L., especializado en asignación de turnos, donde médicos y enfermeras vuelcan la evolución real de los pacientes. Paralelamente, contratan un sistema que se llama SAMA, que es un simulador de la facturación del PAMI. Esto les permitía ir agregando estudios a los pacientes, hasta que salta un alerta como indicador de que se superó el tope que cubre la obra social. De esta manera, se engordan las historias clínicas”, explicó. Según dijo, la clínica había contratado a tres personas para que cargaran esos datos. Y señaló: “Tengo entendido que al PAMI le están facturando varios servicios por el mismo paciente en un día. Por ejemplo, un laboratorio lo facturan tres veces el mismo día o se le hacen tres ecodopplers”. También agregaban prácticas de laboratorios o estudios cardiológicos que nunca se hacían. Para probarlo, sugirió, bastaría comparar los dos sistemas.

Entre los papeles, presentó chats de la época del conflicto con Guernica. En uno, discute el director médico y la gerente de Prestaciones sobre si debían o no debían cargar tres estudios en un día. En el medio, había una denuncia de sobrefacturación. En el diálogo, aparece Bustamante. “Como se observa –detalla la mujer–, Bustamante les llama la atención porque dice que esas cosas no se discuten por teléfono”.

 

 

 

 

 

¿Qué significa esto?

 

La línea de arriba

Chayán también habló del PAMI Central. Y la declaración es clave. “Mi ex cuñado posee un contacto en el PAMI que se llama Guido Giana, quien era director de Finanzas. Este amigo suyo le informaría a Bustamante cuando sobrepasaban la facturación. En otras palabras, le diría: ‘Este mes te pasaste con la facturación, facturá un poquito menos’. Y en base a esa información manejarían los números”.

Algunas veces, agregó, Bustamante solicitaba que le adelante dinero.

 

 

Hola, Guido.

 

 

Hasta allí, la primera declaración. Luego, Chayán amplió los datos. Mencionó a otra persona. Dijo que él y Bustamante tenían fluida comunicación con funcionarios porque “la facturación en reiteradas ocasiones resultaba excesiva y por tanto recurrían al señor Guido Giana para que arreglara su pago”. En esa época, “recuerdo haber presenciado comentarios, que se jactaban de haber arreglado con dinero una denuncia similar a la presente que provenía de una UGL de Guernica, por intermedio de Giana, quien por su contacto en el gobierno nacional poseía poder para ello. Con el conocimiento actual que tengo sobre lo que ocurría en Avellaneda –agregó–, sólo puedo inferir que, dada la sobrefacturación que se realizaba con el engorde de historias clínicas, debían recurrir a su contacto en el PAMI de manera frecuente. Debo destacar que por mi labor cotidiana intervine en la facturación y otras cuestiones que ponían en mi conocimiento los problemas que se suscitaban por la facturación”.

La irradiación del mecanismo no se conoce aún. Además del caso de Guernica, un expediente de Lomas investiga a otras víctimas, entre las que se encuentran una clínica de Lanús y otra de Claypole. La causa de San Isidro tiene otros patrones. Así como, al parecer, la zona sur estuvo marcada por la dinámica del apriete y la asfixia contra los chicos, en el norte crearon un sistema de estafa con servicio de ambulancia contra los hospitales públicos.

Luis ahora recuerda a Bertolt Brecht.

“La más hermosa de las dudas es cuando los débiles e indefensos levantan las cabezas y dejan de creer en la fuerza de los opresores”, dice. “Llegó un momento en que nos plantamos, dejamos de creer en esa fuerza, en esa duda que te genera romper con eso. Nosotros llevamos adelante esto, y es como decir que tenés que denunciar siempre. Siempre. Siempre hay que denunciarlos. Ya estás perdido. Pero aún así, hay que hacerlo. Eso era lo que quería dejarles a mis hijos y a toda la gente que nos acompañó. Nos hicieron muchísisimo, muchísimo daño, pero aquí estamos y seguimos pensando que otro mundo es posible. Y que otra salud también es posible. Un sistema integrado de salud con asociaciones de profesionales que no sean asociaciones de negocios. Y creo que estamos en condiciones de dar ese gran salto”.

 

 

 

 

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