¡Otra vez sopa!

 

El 3 de diciembre, el Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial y movilizó a las Fuerzas Armadas para bloquear el ingreso de opositores al Parlamento. La ley marcial puede ser declarada por el Presidente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución coreana, “cuando el orden social esté tan perturbado que las autoridades administrativas civiles no puedan preservar la paz pública en tiempos de guerra, incidentes u otra emergencia nacional equivalente”.

Corea del Sur no vivía una crisis política similar desde la masacre de Gwangju en 1980, como consecuencia del golpe de Estado que instauró la dictadura de Chun Doo-hwan (1980-1988). El actual Presidente ya había generado controversias hace tres años cuando elogió al ex dictador y nombró en el gobierno a dirigentes del partido Nueva Derecha, agrupación que podría ser catalogada como Alt-Right ^[1] .

Yoon Suk-yeol argumentó que tomaba esta drástica medida debido al bloqueo que le imponía la Asamblea Nacional. Afirmó: “Para salvaguardar una Corea del Sur liberal de las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas y eliminar los elementos antiestatales que saquean la libertad (…) declaro la ley marcial de emergencia”. El rápido reflejo de la oposición y de su propio partido —que lograron ingresar al Parlamento pese al bloqueo—, la movilización de la sociedad civil y la falta de apoyo internacional pusieron fin a la movida autocrática del mandatario surcoreano, que probablemente será sometido a juicio político.

Antes de volcarnos de lleno al tema de nuestra nota, no podemos obviar la referencia a la revista macrista Seúl, dirigida por Hernán Iglesias Illa, ghostwriter de Macri y excoordinador de Estrategia Comunicacional (2015-2019). La publicación, en su editorial del 23 de enero de 2021 titulada “Señales de Pyongyang”, afirmaba: “El nombre Seúl sí tiene un componente serio y es una declaración de principios (…). Ese componente serio es que nos definimos como defensores de la democracia y las instituciones republicanas (…). Comparada con Pyongyang, Seúl es indudablemente más democrática”. Una declaración de principios que anuda a Yoon Suk-yeol (en un extremo del planeta) con Macri, Milei y Villarruel (en el otro extremo del mundo).

 

 

Mientras tanto, lejos de Seúl…

Mafalda, el entrañable personaje de Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino), solía inquirir a su madre sobre las razones por las que debía comer aquello que detestaba. En particular, se quejaba de tener que tomar sopa de manera reiterada. Durante una entrevista concedida a la BBC en 2004, Quino develó el porqué de la tirria de Mafalda hacia ese plato: “Era una alegoría a los regímenes militares que tuvimos que soportar en esta parte del Cono Sur”.

Desde que Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, su ministro de Defensa, Luis Petri, ha planteado insistentemente —casi tan a menudo como la madre de Mafalda ofrecía sopa a su hija— la posibilidad de modificar el Decreto N.º 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa). Esta pretensión alude —como ya lo hizo Macri en 2018 a través del Decreto 683, luego derogado— al objetivo de contrariar el verdadero espíritu del legislador que entendió por “agresión externa” a las “agresiones estatales militares externas”, prohibiendo el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las denominadas “nuevas amenazas”. Este significante vacío construido por los Estados Unidos en la década de 1990, que abarca desde el terrorismo islámico hasta el HIV-SIDA, fue mutando en el primer cuarto del siglo XXI hacia el término “amenazas emergentes”, entre las que se destaca ese mash up ^[2] pseudo conceptual conocido como “narcoterrorismo”. Sobre este tema se explayó Sergio Eissa en este mismo medio en el mes de enero.

El empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior tuvo su primera avanzada con el proyecto denominado Ley Antimafia —que expande de modo notable la suspensión de las garantías constitucionales, característica del estado de sitio—, que obtuvo media sanción en Diputados y cuyo tratamiento por parte del Senado el gobierno incluyó para las sesiones extraordinarias a desarrollarse hasta el 27 de diciembre. Especialistas como Alejandro Alagia —fiscal general y titular de Derecho Penal de la UBA— sostienen que no se trata de una reforma del Código Penal, sino de “una reforma ilegal del estado de sitio constitucional.” Esto es así, según el experto, porque se reemplaza la figura constitucional del estado de sitio por la de “Zona de Investigación Especial”, la cual podrá ser autorizada por un juez a pedido del gobernador, el Ministerio de Seguridad o el Ministerio Público Fiscal.

La segunda avanzada para convertir a los militares en policías fue el proyecto presentado por el gobierno en agosto para modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. Dicha modificación permitiría a los militares realizar patrullajes, controlar personas y vehículos y detener civiles en flagrancia. Si bien la propuesta postula que el objetivo es la lucha contra el terrorismo, más bien pareciera que la modificación está destinada a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle cuando la población se sienta aterrorizada, evitando la exigencia del artículo 32 de la mencionada ley que prescribe la declaración previa del estado de sitio.

En este contexto, volvió al centro de la discusión en los últimos días la intención de modificar el Decreto N.º 727/2006. En esta oportunidad, se recurre a dos excusas. En primer lugar, se desempolva la vieja idea de custodiar “puntos de valor estratégico”, tales como las centrales nucleares de Atucha I y II, para de esta manera retirar a las fuerzas de seguridad federales y volcarlas a la frontera. Esta propuesta, que la derecha repite como una letanía desde hace al menos una década, es interesante si no se pierden de vista los criterios de la profesionalización militar, es decir, si no se busca simplemente hacer que los militares cumplan tareas de custodia policial. Sin embargo, esto que se presenta como algo novedoso ya se encuentra explícitamente regulado por el Decreto N.º 457/2021 (Directiva de Política de Defensa Nacional 2021), que sí aborda el tema desde una óptica profesional de la defensa y no desde una mirada policial ^[3].

Por otra parte, sorprende que el gobierno que tan obsesivamente insiste en la seguridad de las fronteras para hacer frente al narcotráfico omita con la misma intensidad la problemática del narcotráfico asociada a la Vía Troncal Fluvial Paraguay-Paraná, a la que el periodista de investigación y diputado provincial Carlos del Frade ha denominado la “hidrovía de la cocaína”. Sobre este asunto, y la disputa que libran Macri y Santiago Caputo en torno a los negocios de la mal llamada hidrovía, se explayaron esta semana los voceros oficiosos del Gordo Dan y de Fernando Cerimedo.

La segunda excusa para reflotar la necesidad de modificación del Decreto 727/2006 remite a un video, aparentemente grabado por narcotraficantes, en el que se amenaza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En cuanto a la amenaza, resulta sorprendente el timing de los supuestos narcotraficantes para difundir el material audiovisual, digno de la justeza para llegar a los cruces de históricos zagueros de la selección nacional como el mariscal Perfumo, Daniel Passarella o Roberto Ayala. La aparición del video permitió a sectores del gobierno —que operan como terminales del Comando Sur— insistir con la vieja propuesta de que las Fuerzas Armadas sean involucradas en la lucha contra el narcotráfico. El resto de los argumentos para hacer de las Fuerzas Armadas una guardia nacional son tan viejos y los hemos repetido tanto en este espacio, que no vale la pena volver sobre ellos.

En paralelo, desde hace un par de semanas, el Ejército Argentino se halla sumido en un escándalo de ribetes farandulescos, que concluyó con el pase a retiro del comandante operacional de las Fuerzas Armadas, general Jorge Fabián Berredo, y la denuncia por parte de este del subjefe de la fuerza, general Carlos Carugno, quien amenazó con despedir a la esposa de Berredo —una coronel médica que trabaja en el Hospital Militar Central— si este no dejaba el cargo que ocupaba en el Estado Mayor Conjunto.

Por fuera de los aspectos que podrían ser descritos con la histórica frase de Diego Latorre sobre el Boca de los ‘90, los periodistas más perspicaces dan cuenta de algo desatendido por los medios que siguen la interna castrense: que el trasfondo del retiro de Barredo tendría que ver con su oposición al intento de involucrar a los militares en tareas policiales. En cualquier caso, Berredo conocía de antemano la orientación que adquiriría el gobierno de Milei en cuanto a la policialización de las Fuerzas Armadas, de modo que la designación al frente del Ejército de un oficial más moderno que él —como se estila decir en la jerga militar— como Carlos Alberto Presti fue una oportunidad propicia para dar un paso al costado. Evidentemente, también las ambiciones personales de Berredo en el Estado Mayor Conjunto jugaron un papel preponderante para explicar su continuidad.

Así las cosas, la preocupación por Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección antártica pasará a ser un asunto abstracto propio de seminarios académicos, pues de lo que se trata, en definitiva, es de que las Fuerzas Armadas desatiendan por completo las apreciaciones estratégico-militares respecto del conflicto de soberanía con el Reino Unido. La combinación de occidentalización dogmática y desnacionalización estratégica que orienta al gobierno de Milei lleva a una política de defensa que, como dijimos, concibe a los militares como policías y a la cuestión Malvinas como un asunto ajeno a sus preocupaciones estratégicas.

Así lo hizo saber a principios de año, en su solicitud de pase a retiro, un coronel que —a diferencia de Berredo— decidió a tiempo “pasar a cuarteles de invierno”, puesto que entendió rápidamente cuál sería la orientación de la gestión de Petri y no lo movían sus ambiciones personales. En su nota del 6 de febrero de 2024, el oficial superior en cuestión informaba a su jefe: “Informo a usted que en el día de la fecha solicito el pase a situación de retiro con los siguientes fundamentos (…). La nueva orientación del nivel estratégico en materia de defensa nacional me genera un problema de conciencia, ya que entiendo que no existen otras amenazas a los intereses vitales de la Nación, que son el objeto de la defensa nacional, que la ocupación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y la amenaza que esto representa para el Atlántico Sur y la Antártida argentina, entendiendo que cualquier desviación de ese objetivo resta capacidades para el cumplimiento de la misión de las FFAA”.

 

 

El coronel ahora retirado tuvo claro que no habría espacio para sus preocupaciones profesionales cuando en el Ministerio de Defensa designaron a Juan Erardo Battaleme Martínez, titular de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Universidad del CEMA y docente de Ciencia Política de la UBA. Superado el duelo por el fallecimiento de Elizabeth Alexandra Mary, el funcionario asumió la Secretaría internacional del Ministerio, en donde se ocupa de los asuntos anglo-norteamericanos de la cartera. Desde allí, se resiste estoicamente a hablar de enclave colonial (como sostiene la DPDN 2021) o de una base militar británica en el Atlántico Sur, y prefiere el eufemismo “situación territorial irresuelta”, a la vez que considera necesario recrear el camino de la seducción con Londres. Por supuesto, a contramano de la DPDN 2021, Battaleme considera —apoyándose en el ex banquero Felipe de la Balze— que “no hay margen para realizar acciones que comprometan la seguridad hemisférica ni tampoco espacio para incorporar capacidades militares o realizar acciones que sean percibidas como desafíos a las pautas del orden de seguridad hemisféricas establecidas por Estados Unidos”.

Su “occidentalización dogmática” no se ve perturbada ni siquiera por el pragmatismo de su Presidente libertario en relación con la República Popular China. Por ejemplo, la semana pasada el funcionario exhibió con orgullo su participación en el Halifax International Security Forum, foro que en su sección oficial denominada “Principios sobre China” sostiene: a) “estamos unidos contra los intentos de China de interferir en las sociedades democráticas”; b) “estamos unidos contra la autocensura de las ideas relacionadas con China”; c) “estamos unidos contra la opresión de China a su propio pueblo”; d) “estamos unidos contra los intentos de China de controlar la tecnología e internet”; e) “estamos unidos en contra de castigar a quienes son críticos con China”; f) estamos unidos contra el comercio de productos chinos fabricados mediante trabajo forzoso”; y g) “estamos unidos contra la intimidación de China a quienes apoyan la democracia”.

 

 

Al foro Halifax y a Battaleme les faltó decir: “Estamos unidos en contra del swap chino”. Menos mal. Porque la expiración de este mecanismo financiero, renovado hasta 2026, hubiera implicado para nuestro país el pago de 5.000 millones de dólares (equivalentes a 35.000 millones de yuanes) en los próximos meses y un grave deterioro de la agenda financiera externa del país.

 

 

 

Reflexión final

De Oriente a Occidente, de Corea del Sur a la Argentina, de un extremo al otro del planeta, la receta se repite: como decía Mafalda, ¡otra vez sopa! O como explica Quino sobre aquella frase: otra vez los militares. La escena incluye: instalación de leyes marciales, movilización de las Fuerzas Armadas para bloquear Parlamentos y conversión de militares en policías para hacer frente al “narcoterrorismo”.

En el caso de la Argentina, el enésimo intento de Milei y Petri de involucrar a los militares en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico conlleva, a su vez, desatender las verdaderas cuestiones que debieran orientar la profesionalización militar. Militarizar la seguridad pública implica menospreciar las enseñanzas estratégico-nacionales, estratégico-operacionales y tácticas del conflicto del Atlántico Sur (1982), materializadas en el célebre Informe Rattenbach. En Malvinas quedó claro el resultado esperable con Fuerzas Armadas politizadas y adiestradas para misiones de naturaleza no militar. Policialización y desprofesionalización son el anverso y el reverso de una misma moneda.

No es sorprendente que esta desatención estratégica esté a la orden del día en el Ministerio de Defensa. Los funcionarios de esa cartera se ocupan más de su agenda anglo-estadounidense que del Atlántico Sur. Mientras tanto, se retiran coroneles y generales reacios a convertirse en policías. Todo normal en la Argentina de Milei.

 

 

 

 

^[1] La derecha alternativa (Alt-Right) es un conjunto heterogéneo de movimientos de extrema derecha y supremacistas blancos originado en los Estados Unidos, en cuyos inicios a partir de 2010 jugó un papel relevante el dirigente neonazi Richard B. Spencer.

^[2] Mash up es un término musical en inglés que da cuenta de la creación de una nueva canción a partir de la mezcla o fragmentos de otras canciones.

^[3] Según fija el Decreto 457/2021: “El Ministerio de Defensa podrá ordenar el establecimiento de un dispositivo de defensa militar para proteger uno o varios objetos de valor estratégicos. Esto supone el despliegue de una capacidad eminentemente militar para prevenir y conjurar un eventual ataque contra un objeto de valor estratégico, a partir de la disposición de la correspondiente ‘Alerta Temprana Estratégica’ o bien como resultado de la necesidad de contar con un dispositivo de defensa militar ante un evento de naturaleza estratégica (…). Este tipo de despliegue deberá ser entendido en el marco de una operación de carácter no permanente, de naturaleza esencialmente militar y no consistente en tareas clásicas de seguridad como las de custodia que realizan las Fuerzas de Seguridad”.

* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí